STC15830-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15830-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02224-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 20 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Fernando Castellanos Pe\u00f1a contra los Juzgados Cuarenta y Nueve Civil Municipal y Cuarenta y Siete Civil del Circuito, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2020-00366. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el solicitante acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00ablibertad contractual, a la buena fe y a la seguridad jur\u00eddica\u00bb, que considera quebrantados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del asunto refiri\u00f3, que el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de esta capital conoci\u00f3 en primera instancia del proceso de resoluci\u00f3n de contrato que adelant\u00f3 contra Claudia Liliana Parra Mu\u00f1oz, donde se \u00abcometi[eron] m\u00faltiples irregularidades que condujeron a la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales\u00bb, toda vez que \u00abse desconoci\u00f3 la primera notificaci\u00f3n personal realizada a la demandada\u00bb y, agotado el tr\u00e1mite de rigor, se negaron las pretensiones de la demanda en sentencia del 8 de febrero de 2022, decisi\u00f3n que fue mantenida en sede de apelaci\u00f3n el 6 de septiembre siguiente por el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Sostiene que las citadas autoridades incurrieron en v\u00eda de hecho, \u00abal haber desconocido la primera notificaci\u00f3n realizada a la demandada y estar la sentencia desprovista de congruencia respecto de la defensa formulada en la contestaci\u00f3n de la demanda, se desconoce por qu\u00e9 se estim\u00f3 responsabilidad en mi contra sin ser debidamente formulada y desconociendo la transcendencia y prevalencia de las estipulaciones contractuales (\u2026) al desconocer y restarle transcendencia al contrato base de acci\u00f3n, a la carta de solicitud de cancelaci\u00f3n de matricula (sic) mercantil suscrita por la demandada y facilitada por la respectiva C\u00e1mara de Comercio, por desconocer la confesi\u00f3n de la demandada quien indic\u00f3 que de su parte cancel\u00f3 voluntariamente la matr\u00edcula mercantil del establecimiento de comercio objeto de controversia (\u2026) [y] al no existir justificaci\u00f3n legal razonable para apartarse de la prevalencia de las estipulaciones y convenios contractuales comerciales\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental, \u00abdeclarar la nulidad de las actuaciones desde la notificaci\u00f3n de la demandada y en su lugar ordenar al a quo dar validez legal a la primera notificaci\u00f3n personal electr\u00f3nica realizada a la demandada y proceder de conformidad teniendo por no contestada la demanda\u00bb y, en consecuencia, \u00abdeclarar la nulidad de las actuaciones desde la sentencia de primera instancia por estar afectada de los defectos legales y procedimentales antes referidos\u00bb, ordenando al a quo \u00abemitir nuevamente la respectiva sentencia valorando y dando validez al contrato de compraventa base de acci\u00f3n, en especifico (sic) a la cl\u00e1usula 4, se d\u00e9 validez a la prueba de confesi\u00f3n realizada por la demandada, se valore y d\u00e9 validez legal a la carta facilitada por la C\u00e1mara y Comercio de Bogot\u00e1 la cual evidencia la cancelaci\u00f3n de la matricula (sic) mercantil por parte de la demandada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juez Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del resguardo, toda vez que en el caso denunciado \u00abno se cumplen las causales de procedibilidad acotadas en el l\u00edbelo inicial para la formulaci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. Habida cuenta, que la decisi\u00f3n de instancia fue proferida atendiendo el estudio en conjunto de las pruebas recaudadas, previa valoraci\u00f3n de su contenido con base en las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
Aunado a ello, no se observan irregularidades por parte del despacho en las actuaciones del proceso, y se garantiz\u00f3 a las partes los medios de defensa para controvertir las decisiones de las cuales tuvieran reparos (\u2026) [y lo que se advierte es] una insatisfacci\u00f3n [del actor] al no haberse proferido decisi\u00f3n en favor de sus pretensiones, y no exactamente porque exista una violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, la Juez Cuarenta y Siete Civil del Circuito de esta urbe se\u00f1al\u00f3, que \u00abcon la presente acci\u00f3n de tutela el interesado pretende restarle su car\u00e1cter subsidiario y excepcional, buscando a trav\u00e9s de la misma, que se revoque una providencia que le result\u00f3 desfavorable y que fue proferida dentro del marco legal, por lo que deviene como improcedente la solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por incumplir con el requisito de la inmediatez en relaci\u00f3n con la inconformidad de haber tenido por notificada a la demandada por conducta concluyente, toda vez que habiendo tenido lugar esa actuaci\u00f3n por auto del 11 de marzo de 2021, \u00abse desborda ampliamente los l\u00edmites de razonabilidad, desvirtuando la urgencia y necesidad de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados con la decisi\u00f3n cuestionada\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, y en cuanto a los reproches efectuados frente a las sentencias que definieron el litigio revisado, denegando las pretensiones de la demanda, \u00abno se atisba un actuar caprichoso o antojadizo que distorsione los lineamientos legales. Tampoco se vislumbra que las decisiones refutadas, resulten abiertamente arbitraria o manifiestamente ilegales, pues fueron motivadas razonadamente, teniendo en cuenta las normativas aplicables, las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite y las probanzas oportunamente relacionadas, todo lo cual lleva a negar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor disinti\u00f3 de la determinaci\u00f3n, se\u00f1alando que \u00abNo comprende este ciudadano el motivo por el cual (sic) no se valoraron y emiti\u00f3 consideraci\u00f3n frente a las pruebas dejadas de valorar por el juzgado de primera y segunda instancia tales como la confesi\u00f3n de la demandada, la carta de la C\u00e1mara y Comercio de Bogot\u00e1, la carta de cancelaci\u00f3n del registro mercantil formulado por la demandada a la c\u00e1mara y comercio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron, dentro del asunto verbal de resoluci\u00f3n de contrato por incumplimiento adelantado por el actor contra Claudia Liliana Parra Mu\u00f1oz (n\u00ba 2020-00366), las garant\u00edas esenciales invocadas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1 El requisito de inmediatez respecto del auto que tuvo por notificada a la demandada <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11109-2022, 24 ag. 2022, rad. 00324-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que el accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional para cuestionar el auto proferido el 11 de marzo de 2021, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 dispuso \u00abtener por notificada por conducta concluyente\u00bb a la demandada, toda vez que el resguardo fue incoado el 12 de octubre de 2022, es decir, transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o y medio desde su emisi\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones y actuaciones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que se exponen como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, los actores nada dijeron para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvieron en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, y entre otros en STC5794-2022, 11 may. 2022, rad. 00091-01, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
3.2. La razonabilidad de la decisi\u00f3n que zanj\u00f3 el asunto cuestionado <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige tambi\u00e9n contra los fallos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2022 por el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC6513-2022, 26 may. 2022, rad. 00079-01). <\/p>\n
Analizada la presente queja, de cara al material probatorio adosado al expediente, la Sala establece que la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad convocada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, al revisar los argumentos esbozados por el ad quem en el prove\u00eddo adoptado, por medio del cual se resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de febrero de 2022 por el Juzgado 49 Civil Municipal de Bogot\u00e1\u00bb, que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda declarativa formulada por el querellante contra Claudia Liliana Parra Mu\u00f1oz, se advierte que se soport\u00f3, principalmente, en que \u00abla inscripci\u00f3n del registro de la venta no es un requisito legal ni convencional para perfeccionar la venta o el contrato de un bien comercial\u00bb, raz\u00f3n por la cual, la inconformidad del apelante, aqu\u00ed interesado, en que la demandada incumpli\u00f3 con lo acordado al no haber inscrito la venta de un establecimiento comercial en el registro mercantil, no conlleva, per se, a declarar la resoluci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Y para ahondar en lo precisado se\u00f1al\u00f3, que si bien entre las partes se celebr\u00f3 un contrato de compraventa del establecimiento de comercio denominado \u00abCANDY\u00b4S\u00bb, oblig\u00e1ndose la vendedora a realizar el registro ante la C\u00e1mara de Comercio, lo cual no hizo, pero s\u00ed cancelar la matr\u00edcula mercantil que estaba vigente, lo cierto es que \u00abAcorde con lo concluido por el a quo el deber de registro es del comerciante, o persona que ejerce la actividad comercial al tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 20 de nuestra ley mercantil y en ese orden, no era quien dejaba de ser comerciante precisamente por la venta del bien, quien deb\u00eda proceder a nuevo registro. De suyo la cancelaci\u00f3n del mismo se refiere a la cancelaci\u00f3n de la actividad de la demandada como comerciante y por el contrario, el due\u00f1o del establecimiento de comercio por el hecho de serlo, deb\u00eda integrarse al ejercicio comercial y en consecuencia registrarse ante la C\u00e1mara de Comercio, con el correspondiente cumplimiento de las normas registrales\u00bb; de ah\u00ed que, \u00abSin duda, lo acordado en el contrato en la cl\u00e1usula cuarta no deb\u00eda entenderse sino como un deber de colaboraci\u00f3n de las partes en la cancelaci\u00f3n del registro por parte de la vendedora y correlativamente el inter\u00e9s del comprador demandante en inscribirse como comerciante\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente precis\u00f3, que \u00abel art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil establece que los contratos bilaterales llevan impl\u00edcita la condici\u00f3n resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado y que \u201cen tal caso podr\u00e1 el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u201d; entonces, debe entenderse que \u00aben materia de negocios sobre establecimientos de comercio no se requiere como solemnidad el registro de la venta como parece entenderlo el demandante, el otorgamiento de escritura p\u00fablica y otros deberes que si lo exige por ejemplo la venta de bienes inmuebles. El presunto incumplimiento por parte de la demandada que se le atribuye en la forma planteada no es de tal naturaleza que pueda afectar el fin del contrato cual era el traspaso del establecimiento comercial. Si lo que pretend\u00eda el actor era la disoluci\u00f3n de la venta ac\u00e1 ventilada, con base en el incumplimiento de un registro, sin duda no lo era en contra de su vendedora con quien se perfeccion\u00f3 el contrato en debida forma. Circunstancias alternas o la entrega del bien a quien a quien lo administraba en la \u00e9poca del contrato resulta una externalidad al objeto del contrato que no lo afecta y que en efecto no es materia de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para finalmente concluir, que \u00abel a quo no err\u00f3 al valorar el contenido del contrato, puesto que se extrae sin dificultad que tal registro a cargo de la demandada no era una circunstancia de tal trascendencia que alterara la finalidad del contrato y aunque era una convenci\u00f3n entre las partes, la ley destina la inscripci\u00f3n en el registro mercantil a cargo del demandante comprador\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, a diferencia de los se\u00f1alado por el querellante, la autoridad del Circuito accionada s\u00ed valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportadas por el demandante dentro del litigio, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
De este modo, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales, pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, respecto de lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada en STC8904-2022, 13 jul. 2022, rad. 01131-01). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone respaldar el fallo impugnado, precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) frente al auto que tuvo por notificada a la demandada dentro del litigio cuestionado, el accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, sin que se advirtiera una raz\u00f3n que justificara dicha demora y, ii) el fallo de segunda instancia atacado no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por la parte ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15830-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15830-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02224-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69123\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}