STC15953-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC15953-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01148-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Heriberto Manuel Garc\u00eda Charris frente a la sentencia de 22 de septiembre de 2022, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la salvaguarda que el recurrente le interpuso a las Comisiones Seccional y Nacional de Disciplina Judicial, extensiva a los intervinientes en el expediente n\u00b0 11001110200020170598701. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pidi\u00f3 \u00absea revocada la sentencia emitida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial (…)\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que con ocasi\u00f3n de la compulsa de copias que dispuso la Tesorer\u00eda Principal del Ministerio de Defensa se adelant\u00f3 en su contra el proceso disciplinario de la referencia en el que la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 lo sancion\u00f3 con doce (12) de meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado al hallarlo responsable \u00abde cometer las faltas previstas en los numerales 91 y 112 del art\u00edculo 33, a t\u00edtulo de dolo, por numeral 6\u00b0 de su art\u00edculo 28 (\u2026)\u00bb (31 ag. 2020), apel\u00f3 y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial revoc\u00f3 parcialmente lo as\u00ed resuelto y dispuso \u00ababsolver al disciplinado del cargo establecido en el numeral 9 (intervenir en actos fraudulentos) del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007 (\u2026)\u00bb y en ese sentido redujo el castigo a cuatro (4) meses (13 jul. 2022). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que las autoridades acusadas incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria porque realizaron un estudio eminentemente objetivo y prescindieron del subjetivo lo cual contrar\u00eda el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
2. Tanto la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial como la Seccional hicieron el recuento de lo actuado y defendieron la legalidad de los pronunciamientos de instancia. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por considerar que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4. El precursor impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La revisi\u00f3n del plenario sometido al escrutinio de esta Sala muy pronto permite afirmar que el veredicto que modific\u00f3 la \u00absanci\u00f3n\u00bb en el asunto disciplinario cuestionado (13 jul. 2022), no fue el resultado de criterios subjetivos. <\/p>\n
N\u00f3tese que la Magistratura censurada, luego de examinar la conducta del disciplinado relacionada con los actos fraudulentos resalt\u00f3 que: <\/p>\n
Ahora, en lo atinente al uso de pruebas falsas luego de realizar el correspondiente uso de los medios de convicci\u00f3n expres\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) la falta se configur\u00f3 en el evento de aportar, con sus derechos de petici\u00f3n el oficio OFI16-44300 MDN-DSGDA-GFAT del 13 de junio de 2016, en el que supuestamente se indicaba que obraban mesadas por valor de $130.000.000, el cual aport\u00f3, pero verificada la base de datos de la entidad, se constat\u00f3 que era ap\u00f3crifo, puesto que con ese radicado se dio respuesta al hijo de su procurada, inform\u00e1ndole que no exist\u00eda registro de acreencias a su progenitora. Adem\u00e1s, se acredit\u00f3 que insisti\u00f3 en su petici\u00f3n el 31 de agosto de 2017 a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela No. 201700381. <\/p>\n
Frente a los extremos probatorios que demanda el art\u00edculo 97 de la Ley 1123 de 2007 para sancionar, esto es, materialidad de la falta y responsabilidad del disciplinado, ninguna dificultad presenta el proceso, puesto que se demostr\u00f3 que el abogado investigado utiliz\u00f3 pruebas falsas en una actuaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
As\u00ed al establecer la dosimetr\u00eda de la sanci\u00f3n a imponer rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la falta endilgada y efectivamente reprochada por esta Corporaci\u00f3n al investigado, el art\u00edculo 40 de la Ley 1123 de 2007, consagra cuatro clases de sanciones, la censura, suspensi\u00f3n, exclusi\u00f3n, y la multa la cual se impone de manera aut\u00f3noma o concurrente con las de suspensi\u00f3n o exclusi\u00f3n, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduaci\u00f3n all\u00ed establecidos. <\/p>\n
En lo que corresponde a la sanci\u00f3n d\u00edgase que la misma debe mantenerse en su naturaleza, pero se degradar\u00e1 el lapso de inhabilidad temporal impuesto al togado, toda vez que se absolver\u00e1 del cargo de que trata el art\u00edculo 33 numerales 9 y 11 de la Ley 1123 de 2007, en los t\u00e9rminos antes se\u00f1alados, por ello, es menester sostener que la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n en el ejercicio profesional pero se reducir\u00e1 de un (1) a\u00f1o a cuatro (4) meses, resultando de esta forma adecuada de conformidad a los criterios se\u00f1alados en el art\u00edculo 45 ibidem, pues para el caso se trat\u00f3 de un comportamiento grave, catalogado en una de las faltas contra la recta y leal realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del Estado e imputada a t\u00edtulo de dolo; por lo tanto merece reprochabilidad, pues los abogados deben generar ejercicios de confianza con sus clientes obrando de manera honrada y transparente, m\u00e1s no convertirse en defraudadores de la confianza profesional, como para el evento ha ocurrido y sin que en su comportamiento se vislumbre ninguna justificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable y desplegada por el abogado investigado, a quien se le exig\u00eda un actuar trasparente en aras de la recta justicia conforme se examin\u00f3, la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n, impuesta por esta Judicatura cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado no s\u00f3lo a cumplir el mandato conferido, sino con la principal misi\u00f3n del abogado de defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares3. <\/p>\n
Finalmente, se cumple tambi\u00e9n con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuaci\u00f3n al fin de la sanci\u00f3n, con lo que justifica la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta al doctor Garc\u00eda Charris, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993 \u201c(\u2026) La razonabilidad hace relaci\u00f3n a que un juicio, raciocinio o idea est\u00e9 conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acci\u00f3n o expresi\u00f3n de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad\u201d. <\/p>\n
En este orden de ideas, el examen del sumario objeto de esta causa superlativa muy pronto revela la impertinencia de la s\u00faplica, habida cuenta que, como se evidenci\u00f3, la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Corporaci\u00f3n convocada estuvo soportada en la valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el plenario, a partir de los cuales determin\u00f3 la reducci\u00f3n de la sanci\u00f3n en favor del disciplinable. <\/p>\n
Queda claro as\u00ed que el anhelo del censor se reduce a exponer su inconformidad con el prove\u00eddo atacado e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera que debi\u00f3 dirimirse el asunto, sin que ello por s\u00ed, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce que este mecanismo no tiene como finalidad contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cu\u00e1l de ellas ostenta mayor asidero, pues como bien lo ha dicho esta Sala: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (CSJ STC1981-2018, memorado en STC12600-2022). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad. <\/p>\n
2\u0002 Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, ama\u00f1ar o tergiversar las pruebas o poderes con el prop\u00f3sito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas. <\/p>\n
3\u0002 De anta\u00f1o el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 196\/71 ya consagraba esta misi\u00f3n; ello en armon\u00eda al art\u00edculo 229 Superior y 19 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
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