STC15957-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15957-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04060-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Omar Yamid Ruge Jim\u00e9nez instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad, a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo con radicado No. 2019-00352-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se \u00abrevo[que]\u00bb el fallo calendado 2 de noviembre de 2022, y que como consecuencia de ello se ordene al Tribunal convocado profiera una nueva decisi\u00f3n en la que disponga \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n en la forma solicitada o m\u00ednimamente la suma certificada\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de tales pretensiones, adujo que con base en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios asistenciales y las cuentas de cobro que fueron aceptadas promovi\u00f3 el juicio objeto de escrutinio contra la Cooperativa Odontol\u00f3gica de Antioquia \u2013 Coodan; tr\u00e1mite en el cual pese a que no se recurri\u00f3 la orden de apremio, que en la citada convenci\u00f3n se estableci\u00f3 la forma de pago junto con las tarifas, y que el ejecutado \u00abCONFES\u00d3 que al demandante se le adeudaban unos valores y que la tesorer\u00eda (\u2026) inform\u00f3 que las sumas (\u2026) ascend\u00edan (\u2026) [a] $87 millones aproximadamente\u00bb, la Colegiatura aludida confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abfalta de exigibilidad jur\u00eddica por la v\u00eda ejecutiva\u00bb; en sentir del actor, no se tuvieron en cuenta los medios de prueba, as\u00ed como que los documentos aportados cumpl\u00edan con los requisitos del articulo 422 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El Magistrado sustanciador de la Corporaci\u00f3n accionada precis\u00f3 que los defectos f\u00e1cticos, materiales o sustantivos que argumenta el gestor no pasan de ser un desacuerdo con la valoraci\u00f3n probatoria aplicada en la sentencia criticada, decisi\u00f3n en la que resolvi\u00f3 todos y cada uno de los argumentos objeto del recurso de alzada; le Cooperativa aludida puntualiz\u00f3 que la relaci\u00f3n contractual referida no se renov\u00f3 entre las partes y la prestaci\u00f3n de los servicios por parte del actor se realiz\u00f3 a EPS\u00b4S a trav\u00e9s de una uni\u00f3n temporal de la que solo administra los recursos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero se\u00f1alar que el examen constitucional recae exclusivamente en la providencia del Tribunal (2 nov. 2022), en tanto es aquella la que finiquit\u00f3 definitivamente el litigio; y estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el tropiezo del resguardo porque la decisi\u00f3n criticada, se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen descabellados o absurdos; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, la Corporaci\u00f3n aludida, para confirmar la sentencia de primer grado, que acogi\u00f3 la excepci\u00f3n denominada \u00abfalta de exigibilidad jur\u00eddica por la v\u00eda ejecutiva\u00bb, despu\u00e9s de destacar que el actor dio alcance de facturas a los documentos b\u00e1culo de la acci\u00f3n -cuentas de cobro- y memorar las normas que rigen para los distintos instrumentos cambiaros, precis\u00f3 que desde cualquier arista que se miren dichos legajos no reun\u00edan los requisitos para que pudieran ejecutarse. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, respecto del presunto t\u00edtulo aludido, advirti\u00f3 que no cumpl\u00edan la exigencias del art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio, pues en ning\u00fan lugar del cuerpo se evidenci\u00f3 \u00abi) el estado del pago del precio, ii) la fecha de recibo (\u2026) iii) la descripci\u00f3n del servicio prestado, pues se qued\u00f3 corto en describir el concepto cuando se\u00f1ala \u201c\u2026por concepto de realizaci\u00f3n de (\u2026.) hechas a pacientes de la EPS CRUZ BLANCA\u2026\u201d y, tampoco se observa (\u2026) iv) la discriminaci\u00f3n del impuesto asumido por el adquirente de la operaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que de acuerdo a la regulaci\u00f3n tributaria, las cuentas de cobro tampoco se pod\u00edan considerar equivalentes a facturas en servicios de salud o como t\u00edtulos ejecutivos, habida cuenta que algunas presentan confusi\u00f3n en cuanto al consecutivo de numeraci\u00f3n \u00ablo que hace imposible verificar un sistema que permita individualizar y distinguir de manera equ\u00edvoca cada operaci\u00f3n\u00bb; carecen de la discriminaci\u00f3n del impuesto asumido por el adquiriente de la operaci\u00f3n y de concepto en la medida que en ninguno de los aportados \u00abse avizora a que obedeci\u00f3 el servicio prestado\u00bb sin que se pueda \u00abcircunscribir al contrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb comoquiera que \u00abquedar\u00eda en ciernes la incidencia del contrato de uni\u00f3n temporal de la Cooperativa del cual es socio el odont\u00f3logo (\u2026) demandante\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 en relaci\u00f3n a lo \u00faltimo, que si bien, el representante legal de la citada asociaci\u00f3n apunt\u00f3 que se le adeuda determinada suma al actor, dicha erogaci\u00f3n \u00abla vincul[\u00f3] a la existencia del contrato de la IPS Uni\u00f3n Temporal Red COODAN, en la cual, tanto el aqu\u00ed demandante como otros (\u2026), est\u00e1n a la espera que el pago de $1.800 millones de pesos que adeuda la liquidada Cafesalud\u00bb. <\/p>\n
Ahora, frente a la certificaci\u00f3n del contador de la ejecutada, destac\u00f3 que si bien da cuenta de valores por facturas que se adeudan al all\u00e1 actor: <\/p>\n
\u00abalgunas no coinciden en consecutivo, no tienen fecha y adem\u00e1s, fue el mismo demandante quien se\u00f1al\u00f3 que a\u00fan restaba descontar el impuesto y la comisi\u00f3n, por lo que, tampoco puede el Tribunal emprender la tarea de imputar el valor del impuesto para cada operaci\u00f3n y menos, la supuesta comisi\u00f3n del 10% que le cobraba la Cooperativa por captar los clientes de las EPS para hallar el valor adeudado en cada factura, con mayor raz\u00f3n, si se desconoce el concepto del servicio prestado, tanto en las cuentas de cobro allegadas, como en la relaci\u00f3n de facturas certificadas por el contador de la Cooperativa\u00bb <\/p>\n
Finalmente sent\u00f3 que las tan mentadas cuentas de cobr\u00f3 tampoco ten\u00edan la calidad de t\u00edtulo valor, tras advertir que: <\/p>\n
i) no consta en su contenido una fecha a partir de la cual sea exigible el monto en ellas comprendido, aunque ese requisitos se suple simplemente con admitir que nacieron vencidas; ii) pero lo que no se supera es que las cuentas de cobro no provienen del deudor, pues \u00e9l no suscribe estos documentos, argumento que sin duda fue el que quiso explicar el funcionario de primera instancia, (\u2026) y, iii) tampoco puede decirse que sean plena prueba en su contra, ya que son pruebas constituidas \u00fanicamente por el acreedor a su favor. <\/p>\n
Bajo este entendido, en verdad, las denominadas cuentas de cobro, solo corresponden a documentos en los que se pone en conocimiento de la DIAN el valor por el que se prest\u00f3 un servicio, sin siquiera saber cu\u00e1l, por ende, la recepci\u00f3n de este documento por parte de la sociedad ejecutada de manera alguna puede asimilarse a la aceptaci\u00f3n de una factura de compraventa o su equivalente en los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio o en el decreto 4747 del 2007 para el sector salud, puesto que no re\u00fane los requisitos para ser considerado como tales. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n y las normas aplicables al asunto, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos, se advierte que se analiz\u00f3 en conjunto los medios de prueba recaudados que permitieron concluir, que contrario a lo sostenido por el aqu\u00ed actor, los documentos aportados b\u00e1culo de la acci\u00f3n no reun\u00edan las condiciones suficientes para su exigibilidad, sin que sea aceptable dar un alcance a tales legajos, con la parcialidad de los medios de convicci\u00f3n auscultados como es lo pretendido. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se advierte un desvi\u00f3 grosero del ordenamiento procesal que rige el litigio, en punto del examen de los supuestos t\u00edtulos objeto del recaudo, pues respecto de la puntual materia ha sido pac\u00edfica la posici\u00f3n de esta Corte en cuanto a la \u00abpertinencia y necesidad de examinar los t\u00edtulos ejecutivos en los fallos, incluidos los de segundo grado, pues, se memora, los jueces tienen dentro de sus deberes, escrutar los presupuestos de los documentos ejecutivos, \u201cpotestad-deber\u201d que se extrae no s\u00f3lo del antiguo Estatuto Procesal Civil, sino de lo consignado en el actual C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (STC290-2021). <\/p>\n
De manera que se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Omar Yamid Ruge Jim\u00e9nez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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