STC15964-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04034-00 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
<\/p>\n
STC15964-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04034-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
<\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
<\/p>\n
Advertido lo anterior, se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Silvana Mej\u00eda Gonz\u00e1lez y Samuel Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez le interpusieron a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, extensiva a los intervinientes en el proceso 08758-31-84-002-2021-000270-01. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- Silvana Mej\u00eda, actuando en nombre propio y en el de su menor hijo, Samuel Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, pidi\u00f3 que \u201cse dejen sin efectos jur\u00eddicos la providencia del 11 de octubre de 2022, por medio de la cual se orden\u00f3 a la Secretar\u00eda correr traslado de los reparos concretos formulados por la parte recurrente en la primera instancia y el auto del 10 de noviembre de 2022 que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra la anterior providencia, y en su lugar, se ordene al despacho accionado, expedir una nueva providencia declarando desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Expuso, en esencia, que Pedro Rodr\u00edguez Garc\u00eda impugn\u00f3 la sentencia desestimatoria de la pretensi\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad que le elev\u00f3 a Samuel Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez. No obstante que sustent\u00f3 la apelaci\u00f3n por fuera de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n de la alzada, el Tribunal, con estribo en la sentencia STC5497-2021, se abstuvo de declarar desierto el recurso y, en su lugar, orden\u00f3 correr traslado de los reparos que el recurrente expuso ante el juez de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
Precis\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n, y la que la ratific\u00f3, son arbitrarias, toda vez que el citado fallo constitucional, que admiti\u00f3 la posibilidad de tener en cuenta sustentaciones anticipadas, tuvo dos salvamentos de voto y, adem\u00e1s, es inaplicable al caso. Lo \u00faltimo, debido a que fue expedido para conjurar la situaci\u00f3n de \u201cuna apelante que no sustent\u00f3 su recurso dentro del t\u00e9rmino legal, cuando en Colombia no se hab\u00eda superado significativamente la emergencia por el COVID-19\u201d, mientras que, en el caso, \u201cla falta de sustentaci\u00f3n ocurri\u00f3 en septiembre de 2022 cuando ya la emergencia (\u2026) ha sido superada en gran medida (\u2026)\u201d, mediante la reactivaci\u00f3n de todas las actividades de la sociedad. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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Como cuesti\u00f3n preliminar se precisa, que la guarda se resolver\u00e1 exclusivamente a favor del menor de edad Samuel Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, ya que es parte del proceso objeto de queja constitucional. Si bien, la accionante Silvana Mej\u00eda Gonz\u00e1lez intervino en la causa, no lo hizo en esa calidad, sino como representante legal de Samuel, por ende, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en nombre propio, el juicio acusado. <\/p>\n
<\/p>\n
Dicho esto, se advierte que la protecci\u00f3n invocada no puede abrirse paso, comoquiera que la decisi\u00f3n por medio de la cual, el juez plural pas\u00f3 por alto la extemporaneidad de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n y, en consecuencia, resolvi\u00f3 tramitarla con los reparos planteados ante el a quo, no es arbitraria. <\/p>\n
<\/p>\n
Por el contrario, se ajusta a los lineamientos trazados por esta Corporaci\u00f3n en la materia, predicables para todos los casos en los que la alzada se haya interpuesto en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 o, ahora, de la Ley 2213 de 2022, como aqu\u00ed aconteci\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, se incurre en exceso ritual manifiesto cuando se declara desierta la apelaci\u00f3n de sentencias por no haber sido sustentadas ante el superior, a pesar de haberse cumplido la carga anticipadamente. Todo, porque si bien, a la luz del entonces art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, hoy 12 de la Ley 2213 de 20221, es desacertado que el recurrente sustente la apelaci\u00f3n antes de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que la admite o niega la pr\u00e1ctica de pruebas, la desatenci\u00f3n de esa forma no es suficiente para declarar la deserci\u00f3n del recurso, pues, de todos modos, el acto procesal cumpli\u00f3 con su finalidad, y el juzgador de segundo grado conoci\u00f3 los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver (STC10263-2022, STC9412-2022, STC7473-2022, STC7359-2022, STC5335-2022, STC16123-2021, STC5790-2021, entre muchas otras). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese sentido, se ha dicho: <\/p>\n
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Desde esa l\u00f3gica, a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad- quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Dicho en otras palabras, sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiente el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia.<\/p>\n
Ciertamente los falladores est\u00e1n llamados acatar y hacer cumplir las formas prescritas por el legislador, como las que se han impuesto para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n \u2013por escrito y en un momento espec\u00edfico-, de modo que no pueden desconocerlas. Pero tambi\u00e9n lo es que no las pueden exigir irreflexivamente, pues no son simples ritualidades desprovistas de sentido, sino medios destinados para dotar de validez y eficacia los actos procesales designados a hacer efectivos los derechos de las partes, en este caso, el de impugnar las providencias judiciales (STC5790-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, es cierto, como lo alega la quejosa, que dicha postura no es un\u00e1nime en la Sala, pero no por eso es inaplicable al caso, ya que su fuerza vinculante depende, nada m\u00e1s, de que sea la tesis mayoritaria, como en efecto lo es. En ese sentido, a voces del art\u00edculo 54 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia (270 de 1996, \u201c[t]odas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n, de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n lo es, que la hermen\u00e9utica fue sentada en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada con ocasi\u00f3n de la pandemia del COVID-19, e igualmente que la misma ya fue levantada. Sin embargo, esas circunstancias tampoco son raz\u00f3n para sostener la p\u00e9rdida de su vigencia, porque, aunque la interpretaci\u00f3n tuvo que ver con esa coyuntura de salud, no fue para conjurar situaciones asociadas a ella, su esencia, realmente, est\u00e1 atada a la modificaci\u00f3n que introdujo el legislador extraordinario al tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencias establecido en el C\u00f3digo General del Proceso, la cual, pas\u00f3 de ser transitoria -por dos a\u00f1os- a permanente, en virtud de la citada Ley 2213. <\/p>\n
<\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, n\u00f3tese que en el fallo STC5497-2021, sustento de la postura confrontada, se dijo: <\/p>\n
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De este modo, cierto es que el cambio de la realidad que trajo la emergencia sanitaria conllev\u00f3 a que se abandonar\u00e1, moment\u00e1neamente, la necesidad de sustentar oralmente el recurso de apelaci\u00f3n, para ser suplida por el sistema de anta\u00f1o, esto es, que las inconformidades de los apelantes contra las providencias judiciales se formularan por escrito (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Y en la citada sentencia STC5790-2021, entre otras providencias, la Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso estableci\u00f3 que el impugnante debe cumplir tres cargas a fin de que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida: i) interponer la apelaci\u00f3n, ii) formular los reparos concretos ante el juez de primera instancia y iii) sustentar el recurso ante el superior, (CSJ STC3969-2018, STC7113-2018, STC6359-2020, entre otras); estructura que cambi\u00f3 con la entrada en rigor del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020.<\/p>\n
La modificaci\u00f3n realmente radic\u00f3 en la forma de recaudo de los argumentos del recurrente para los casos que no requieren la pr\u00e1ctica de pruebas, esto es, ya no ser\u00e1 oralmente y en audiencia, sino de manera escrita y dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese sentido qued\u00f3 consignado en la parte motiva del Decreto al indicarse que (\u2026) se regula la segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar, en los casos en que no se decreten pruebas en segunda instancia, sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos. En consonancia con ello, se dispuso en el art\u00edculo 14: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
Significa que la percepci\u00f3n directa, la inmediaci\u00f3n, el debate hablado, as\u00ed como los otros tantos matices y beneficios que le son propios al r\u00e9gimen de oralidad, ya no son predicables en un contexto guiado por la escrituralidad (\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
Por ende, la tesis de la Sala recreada sobre el ambiente de la palabra hablada para justificar la deserci\u00f3n del recurso en ese escenario por la ausencia del apelante a la audiencia contiene unos elementos filos\u00f3ficos diferentes a la problem\u00e1tica surgida en un entorno gobernado por la escritura, como lo reglamenta el susodicho Decreto (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Por eso, en la actualidad, pese a la extinci\u00f3n del estado de emergencia sanitaria, la hermen\u00e9utica, respecto a tener en cuenta sustentaciones anticipadas del recurso de apelaci\u00f3n, opera con todo su vigor frente a aquellos casos en los que la alzada haya sido formulada en vigencia del Decreto 806 de 20202, como aconteci\u00f3 en este episodio, pues el recurrente impugn\u00f3 el veredicto de primer grado el 11 de mayo de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, toda vez que el fallador plural se abstuvo de declarar la deserci\u00f3n de la alzada con fundamento en pautas aplicables al caso, esa decisi\u00f3n no puede ser tildada de arbitraria o antojadiza, \u201csin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u201d (STC5790-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, como lo advirti\u00f3 la autoridad convocada, y se puede constatar del expediente, \u201c(\u2026) aunque el apelante no present\u00f3 escrito de sustentaci\u00f3n ante esta superioridad dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado (\u2026), los reparos concretos en ese asunto fueron formulados al momento de la interposici\u00f3n del expresando de forma extensa y detallada, cumpliendo con la carga argumentativa requerida\u201d (\u2026)\u201d (auto 11 abr. 2022). <\/p>\n
<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el amparo no puede abrirse paso. Frente al menor de edad accionante, la vulneraci\u00f3n denunciada es inexistente. Respecto de la suscriptora del libelo, el auxilio es improcedente, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
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MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04034-00 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria neg\u00f3 el amparo constitucional reclamado por Silvana Mej\u00eda Gonz\u00e1lez, en nombre propio y en el de su menor hijo, frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con ocasi\u00f3n del proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad que promovi\u00f3 contra Samuel Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez (Rad. 08758-31-84-002-2021-000270), en el que la Magistratura accionada con base en la sentencia STC5497-2021, se abstuvo de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de primera instancia y, en su lugar, orden\u00f3 correr traslado de los reparos que el recurrente expuso ante el a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
Para ello, ab initio advirti\u00f3, que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n invocada no puede abrirse paso, comoquiera que la decisi\u00f3n por medio de la cual, el juez plural pas\u00f3 por alto la extemporaneidad de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n y, en consecuencia, resolvi\u00f3 tramitarla con los reparos planteados ante el a quo, no es arbitraria. <\/p>\n
<\/p>\n
Por el contrario, se ajusta a los lineamientos trazados por esta Corporaci\u00f3n en la materia, predicables para todos los casos en los que la alzada se haya interpuesto en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 o, ahora, de la Ley 2213 de 2022, como aqu\u00ed aconteci\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, se incurre en exceso ritual manifiesto cuando se declara desierta la apelaci\u00f3n de sentencias por no haber sido sustentadas ante el superior, a pesar de haberse cumplido la carga anticipadamente. Todo, porque si bien, a la luz del entonces art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, hoy 12 de la Ley 2213 de 2022, es desacertado que el recurrente sustente la apelaci\u00f3n antes de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que la admite o niega la pr\u00e1ctica de pruebas, la desatenci\u00f3n de esa forma no es suficiente para declarar la deserci\u00f3n del recurso, pues, de todos modos, el acto procesal cumpli\u00f3 con su finalidad, y el juzgador de segundo grado conoci\u00f3 los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver (STC10263-2022, STC9412-2022, STC7473-2022, STC7359-2022, STC5335-2022, STC16123-2021, STC5790-2021, entre muchas otras)\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
2.- No comparto el veredicto, principalmente, porque el Tribunal Superior de Barranquilla vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la actora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022 que estableci\u00f3 su vigencia permanente, modificaron la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
<\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo debi\u00f3 concederse porque el recurrente desacat\u00f3 la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que conllevaba la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-04034-00 <\/p>\n
<\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
<\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, los nombres de las partes fueron reemplazados en la sentencia, esta providencia relaciona los nombres ficticios del fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
En el proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad que promovi\u00f3 Pedro Rodr\u00edguez Garc\u00eda en contra de su hijo Samuel representado legalmente por la madre, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad profiri\u00f3 sentencia el 11 de mayo de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante en la audiencia. <\/p>\n
<\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n fue admitido por el Tribunal Superior de Barranquilla y otorg\u00f3 t\u00e9rmino para la sustentaci\u00f3n y r\u00e9plica, que transcurri\u00f3 en silencio, por lo que el apoderado judicial de la parte demandada solicit\u00f3 que se declarara desierto. <\/p>\n
<\/p>\n
En providencia de 11 de octubre de 2022, el Tribunal Superior orden\u00f3 correr traslado de los reparos formulados por el demandante el 11 de mayo de 2022, esto es, en la primera instancia, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la parte demandada y mantuvo la Corporaci\u00f3n en auto de 10 de noviembre de 2022. <\/p>\n
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La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, neg\u00f3 el amparo constitucional reclamado, tras considerar, <\/p>\n
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(…) Como cuesti\u00f3n preliminar se precisa, que la guarda se resolver\u00e1 exclusivamente a favor del menor de edad Samuel Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, ya que es parte del proceso objeto de queja constitucional. Si bien, la accionante Silvana Mej\u00eda Gonz\u00e1lez intervino en la causa, no lo hizo en esa calidad, sino como representante legal de Samuel, por ende, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en nombre propio, el juicio acusado. <\/p>\n
<\/p>\n
Dicho esto, se advierte que la protecci\u00f3n invocada no puede abrirse paso, comoquiera que la decisi\u00f3n por medio de la cual, el juez plural pas\u00f3 por alto la extemporaneidad de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n y, en consecuencia, resolvi\u00f3 tramitarla con los reparos planteados ante el a quo, no es arbitraria. <\/p>\n
<\/p>\n
Por el contrario, se ajusta a los lineamientos trazados por esta Corporaci\u00f3n en la materia, predicables para todos los casos en los que la alzada se haya interpuesto en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 o, ahora, de la Ley 2213 de 2022, como aqu\u00ed aconteci\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, se incurre en exceso ritual manifiesto cuando se declara desierta la apelaci\u00f3n de sentencias por no haber sido sustentadas ante el superior, a pesar de haberse cumplido la carga anticipadamente. Todo, porque si bien, a la luz del entonces art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, hoy 12 de la Ley 2213 de 20223, es desacertado que el recurrente sustente la apelaci\u00f3n antes de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que la admite o niega la pr\u00e1ctica de pruebas, la desatenci\u00f3n de esa forma no es suficiente para declarar la deserci\u00f3n del recurso, pues, de todos modos, el acto procesal cumpli\u00f3 con su finalidad, y el juzgador de segundo grado conoci\u00f3 los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver (STC10263-2022, STC9412-2022, STC7473-2022, STC7359-2022, STC5335-2022, STC16123-2021, STC5790-2021, entre muchas otras). <\/p>\n
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(\u2026) <\/p>\n
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Ahora, es cierto, como lo alega la quejosa, que dicha postura no es un\u00e1nime en la Sala, pero no por eso es inaplicable al caso, ya que su fuerza vinculante depende, nada m\u00e1s, de que sea la tesis mayoritaria, como en efecto lo es. En ese sentido, a voces del art\u00edculo 54 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia (270 de 1996, \u201c[t]odas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n, de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n lo es, que la hermen\u00e9utica fue sentada en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada con ocasi\u00f3n de la pandemia del COVID-19, e igualmente que la misma ya fue levantada. Sin embargo, esas circunstancias tampoco son raz\u00f3n para sostener la p\u00e9rdida de su vigencia, porque, aunque la interpretaci\u00f3n tuvo que ver con esa coyuntura de salud, no fue para conjurar situaciones asociadas a ella, su esencia, realmente, est\u00e1 atada a la modificaci\u00f3n que introdujo el legislador extraordinario al tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencias establecido en el C\u00f3digo General del Proceso, la cual, pas\u00f3 de ser transitoria -por dos a\u00f1os- a permanente, en virtud de la citada Ley 2213. <\/p>\n
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(\u2026) <\/p>\n
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Por eso, en la actualidad, pese a la extinci\u00f3n del estado de emergencia sanitaria, la hermen\u00e9utica, respecto a tener en cuenta sustentaciones anticipadas del recurso de apelaci\u00f3n, opera con todo su vigor frente a aquellos casos en los que la alzada haya sido formulada en vigencia del Decreto 806 de 20204, como aconteci\u00f3 en este episodio, pues el recurrente impugn\u00f3 el veredicto de primer grado el 11 de mayo de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, toda vez que el fallador plural se abstuvo de declarar la deserci\u00f3n de la alzada con fundamento en pautas aplicables al caso, esa decisi\u00f3n no puede ser tildada de arbitraria o antojadiza, \u201csin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u201d (STC5790-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, como lo advirti\u00f3 la autoridad convocada, y se puede constatar del expediente, \u201c(\u2026) aunque el apelante no present\u00f3 escrito de sustentaci\u00f3n ante esta superioridad dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado (\u2026), los reparos concretos en ese asunto fueron formulados al momento de la interposici\u00f3n del expresando de forma extensa y detallada, cumpliendo con la carga argumentativa requerida\u201d (\u2026)\u201d (auto 11 abr. 2022). <\/p>\n
<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el amparo no puede abrirse paso. Frente al menor de edad accionante, la vulneraci\u00f3n denunciada es inexistente. Respecto de la suscriptora del libelo, el auxilio es improcedente, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por Silvana Mej\u00eda Gonz\u00e1lez en nombre y representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, Samuel. <\/p>\n
<\/p>\n
En este asunto en el que se debate la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, mis razones son las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
<\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
<\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
<\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Se acent\u00faa que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto debi\u00f3 ser concedido en tanto que correspond\u00eda a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, declarar de desierto el recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, frente al incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador ante el funcionario de segunda instancia, lo que evidencia la falta de razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
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<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u201cPor medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atenci\u00f3n de los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones\u201d. <\/p>\n
2\u0002 El Decreto estuvo vigente hasta el 4 de junio de 2022. <\/p>\n
3\u0002 \u201cPor medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atenci\u00f3n de los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones\u201d. <\/p>\n
4\u0002 El Decreto estuvo vigente hasta el 4 de junio de 2022. <\/p>\n
11 <\/p>\n
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