STC15966-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15966-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00464-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones del fallo de 24 de marzo de 20221 dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la salvaguarda que instaur\u00f3 frente a las Salas de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1, 3 y 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a las autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en los procesos ordinarios laborales (Rad. Corte 77540, 82924 y 84653). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 dejar sin efectos las sentencias de 25 de agosto de 2021 (CSJ SL4151-2021) y las del 13 de septiembre de 2021 (CSJ SL4750-2021 y CSJ SL3811-2021) y, en consecuencia, se ordene emitir nuevas decisiones \u00absubsanando los yerros alegados en la presente tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que en el proceso n\u00b0 82924 ante el \u00f3bito de Luis Humberto Carrillo Insuasty (20 jul. 2012), se presentaron ante esa entidad Serena Ortiz de Carrillo y Ana Beyba G\u00f3mez Insuasty a reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pero les neg\u00f3 el derecho por presentar controversia entre las beneficiarias hasta que la justicia ordinaria laboral definiera lo pertinente. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Cali y entre otras determinaciones declar\u00f3 que \u00aba la se\u00f1ora Ana Beyba G\u00f3mez Insuasty y a la se\u00f1ora Serena Ortiz de Carrillo les asiste el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes por el fallecimiento del se\u00f1or Luis Humberto Carrillo a partir de la fecha del \u00f3bito del mismo 20 de julio del a\u00f1o 2012\u00bb y profiri\u00f3 las condenas pertinentes teniendo en cuenta los porcentajes que a cada una les asign\u00f3 (21 sep. 2015), apel\u00f3 Ana Beyba G\u00f3mez y se surti\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad y el Tribunal modific\u00f3 el fallo y le concedi\u00f3 el 100% de la mesada a la apelante, as\u00ed como neg\u00f3 las pretensiones de Serena Ortiz de Carrillo (27 oct. 2017); la vencida postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 el fallo de segunda instancia y confirm\u00f3 el del juzgado (CSJ SL4751-2021, 25 ag.). <\/p>\n
Ahora, en el proceso n\u00b0 84653 ante el fallecimiento de Jorge Iv\u00e1n Zapata Vanegas (8 ag. 2011), Miriam Janeth Pulgar\u00edn Cano instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones y el asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien declar\u00f3 que \u00ablas se\u00f1oras Miriam Janeth Pulgar\u00edn Cano y Ana Cecilia Posada les asiste el derecho de reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por el fallecimiento del se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Zapata Vanegas por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, en cuant\u00eda del salario m\u00ednimo de cada a\u00f1o y en porcentajes del 77.77%; a la se\u00f1ora Ana Cecilia Posada y del 22.23% a la se\u00f1ora Miriam Janeth Pulgar\u00edn Cano (\u2026)\u00bb (1 feb. 2018), decisi\u00f3n que apel\u00f3 Pulgar\u00edn Cano y se surti\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad y el Tribunal revoc\u00f3 lo as\u00ed resuelto y absolvi\u00f3 a Colpensiones de las pretensiones de Ana Cecilia Posada de Zapata y la conden\u00f3 \u00aba reconocer y pagar en un 100% la pensi\u00f3n de sobrevivientes en favor de la se\u00f1ora Miriam Janeth Pulgar\u00edn Cano (\u2026)\u00bb (4 mar. 2019); la vencida postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 el fallo de segunda instancia y confirm\u00f3 la del juzgado (CSJ SL4750-2021, 13 sep.). <\/p>\n
De igual manera, en el proceso n\u00b0 77540 ante el deceso de Francisco Eduardo Bravo (30 nov. 2013), comparecieron ante Colpensiones Amparo Betancourt Giraldo y Diana Vargas Nieto a reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pero les neg\u00f3 el derecho prestacional. Acudi\u00f3 a la justicia ordinaria laboral Betancourt Giraldo y el asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales que neg\u00f3 las pretensiones (12 sep. 2016), apel\u00f3 la demandante y se surti\u00f3 la consulta en favor de la entidad por lo que el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (7 feb. 2017); la vencida postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 el fallo de segundo grado, en sede de instancia revoc\u00f3 la del juzgado y, en consecuencia conden\u00f3 \u00abAdministradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, a reconocerle y pagarle la pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de su c\u00f3nyuge Francisco Eduardo Bravo Mart\u00ednez, a partir del 1 de diciembre de 2013 (\u2026)\u00bb (CSJ SL3811-2021, 24 ag.). <\/p>\n
En sentir de la inconforme, las decisiones rebatidas desconocieron el precedente constitucional C-515 de 2019, mediante la cual estudi\u00f3 la constitucionalidad de la expresi\u00f3n \u00abcon sociedad conyugal vigente\u00bb referida en el literal B del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
2. Los apoderados de Amparo Betancourt Giraldo y Ana Beyba G\u00f3mez Insuasty respaldaron las actuaciones que a ellas les compete. El Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Cali hizo el recuento de lo rituado en el juicio que conoci\u00f3. Los magistrados del Tribunal de Manizales se remitieron a los argumentos de su prove\u00eddo. Los funcionarios de casaci\u00f3n defendieron la legalidad de sus determinaciones. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego por subsidiariedad en la medida que \u00abcontra las determinaciones judiciales atacadas con el presente mecanismo constitucional la accionante tiene la opci\u00f3n de interponer el recurso de revisi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La activante recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado por irrespetarse en este caso el presupuesto de subsidiariedad, si en cuenta se tiene que, para combatir los alcances de las sentencias emitidas por el \u00f3rgano l\u00edmite de la jurisdicci\u00f3n del trabajo, la inconforme cuenta con la opci\u00f3n de acudir al recurso de revisi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, y en ese escenario discutir las circunstancias como las que pretende zanjar por este sendero excepcional y residual. <\/p>\n
En efecto, el mencionado precepto establece la posibilidad de acudir a esa v\u00eda para refutar eficazmente, entre otras, aquellas providencias en las que se comprometan \u00absumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. Sobre el punto, dicho canon establece que: <\/p>\n
[l]as providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
En ese mismo sentido, agrega que \u00ab[l]a revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo\u00bb y ser\u00e1 viable en cualquiera de los siguientes supuestos: \u00aba) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, y \u00abb) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
Entonces, queda en evidencia que excepcionalmente los denominados \u00abactos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento de sentencias judiciales\u00bb, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Laboral, podr\u00e1n ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, en todo caso, deber\u00e1 ser impulsado dentro de los plazos que para tal efecto previ\u00f3 el legislador en la Ley 712 de 2001, por virtud de las causales establecidas en el canon antes se\u00f1alado. Cuyo criterio fue reiterado por esta Colegiatura en un caso de contornos muy similares (CSJ STC574-2020, STC4595-2022, STC7508-2022 entre otros). <\/p>\n
Asimismo, debe tenerse en cuenta que Colpensiones cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa para interponerlo2 y que el lapso de 5 a\u00f1os para hacerlo se encuentra vigente3, pues las decisiones rebatidas se profirieron el segundo semestre de 2021. <\/p>\n
En este orden de ideas, como la convocante no ha hecho uso del mecanismo id\u00f3neo con el que cuenta para discutir las providencias de las que hoy se duele, la tutela perseguida resulta improcedente por no satisfacer la residualidad que aqu\u00ed impera. Mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional \u00ab[(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb. (CSJ STC3579-2020, reiterada en STC6951-2022, 1 jun.). <\/p>\n
Precisamente, en un caso que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed ventilado, esta Sala tiene adoctrinado que: <\/p>\n
[n]o obstante, y en caso de aceptarse el reparo frente a la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la regla 20 de la Ley 797 de 2003, consigna la posibilidad de intentarse la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para controvertir providencias judiciales en las cuales se comprometan \u201csumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica. (CSJ. STC16105-2015, memorada en STC5016-2022). <\/p>\n
Puestas en este modo las cosas, como se anunci\u00f3, la resoluci\u00f3n objeto de reproche ser\u00e1 convalidada por ser evidente que no se satisfizo la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 4 de mayo de 2022, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 8 de noviembre pasado. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia SU-427 de 2016 <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan los art\u00edculos 30 y 32 de la Ley 712 de 2001, no puede exceder de cinco (5) a\u00f1os a partir de la sentencia laboral recurrida. <\/p>\n
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