STC15973-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15973-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-01437-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Alfredo Romero P\u00e9rez contra la Corte Constitucional, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de igualdad, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada1, toda vez que, en su criterio, en el control de constitucionalidad que se efectu\u00f3 sobre la Ley 1820 de 20162, \u00ab[p]or medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnist\u00eda, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones\u00bb \u2013en la que se concedieron beneficios punitivos con ocasi\u00f3n del proceso de paz y en el marco de la implementaci\u00f3n del Acuerdo Final\u2013, debi\u00f3 haberse previsto un tratamiento semejante para todos los condenados que actualmente est\u00e1n privados de la libertad; quienes, como el libelista, est\u00e1n comprometidos a \u00abno seguir delinquiendo\u00bb, pero que no fueron destinatarios de esas disposiciones al no detentar la condici\u00f3n de actores dentro del conflicto armado interno. <\/p>\n
2. En tal virtud, pidi\u00f3, en compendio, \u00abautorizar una rebaja de pena del 20 por ciento de mi condena impuesta dentro del proceso -n-c- 500013104006 1992 00826 00, condena 192 meses de los cuales he realisado (sic) 160 meses como parte de la condena, y aun los jueces de ejecuci\u00f3n no interpretan la ley hacerca (sic) de los subrogados penales, o en su lugar ordenar a los accionados realisar (sic) un proyecto v\u00eda fastrack para garantizar el derecho a la igualdad a la dem\u00e1s poblaci\u00f3n carcelaria\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Secretario General del Senado de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que \u00absolo el Ejecutivo es quien tiene la iniciativa en los asuntos de propender y conservar el orden p\u00fablico, en consecuencia, fue exclusivo del mismo agilizar y garantizar la implementaci\u00f3n del mencionado acuerdo, por el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz \u201cfast-track\u201d, de conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento constitucional, legal y reglamentario y en especial lo contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2016\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, reliev\u00f3 que \u00abel Congreso de la Rep\u00fablica no es competente para conocer de los requerimientos ni de las pretensiones del accionante, en la forma como el accionante lo requiere (sic), es decir, mediante la figura de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La Presidenta de la Corte Constitucional tambi\u00e9n adujo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque \u00abninguna de las vulneraciones o amenazas de los derechos constitucionales fundamentales cuya protecci\u00f3n reclama el accionante es atribuible a acciones u omisiones de la Corte Constitucional. En consecuencia, la vinculaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n al proceso no cumple con el requisito [en comento]\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones del proceso rad. n.\u00ba 2012-80027, seguido contra el aqu\u00ed gestor y otros, por el delito de estafa, asunto en el que se profiri\u00f3 sentencia condenatoria como coautor. Tambi\u00e9n sostuvo que \u00abpese a que esta instancia ya no ostenta ninguna injerencia respecto a la situaci\u00f3n jur\u00eddica del accionante, en m\u00e9rito a la decisi\u00f3n de archivo definitivo de la causa 11001 60 00 705 2012 80027 y N.I. 174 407, este juzgado ha sido garante de las prerrogativas que le asisten al mencionado, por lo que se ha dado contestaci\u00f3n a cada una de las m\u00faltiples solicitudes de informaci\u00f3n peri\u00f3dicas, que remite al correo institucional, como forma de salvaguardar sus derechos\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n agreg\u00f3 que \u00abel sentenciado estuvo inicialmente privado de la libertad por esta causa, entre el 29 de mayo del 2000 al 2 de diciembre de 2005, cuando el Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio le concedi\u00f3 la libertad condicional y luego desde el 30 de enero de 2019, siendo puesto a disposici\u00f3n, tras cumplir la pena de prisi\u00f3n por la causa 2012-80027(delito de estafa). Mediante auto del 9 de junio de 2017, el Juzgado 1\u00b0 de ejecuci\u00f3n de penas de Bogot\u00e1, le revoc\u00f3 la libertad condicional que le hab\u00eda sido concedida, por incumplir las obligaciones suscritas en diligencia de compromiso, al incurrir en una nueva conducta delictiva y dispuso que al sentenciado le faltaba por cumplir pena equivalente a 73 meses y 1 d\u00eda de prisi\u00f3n. Se reitera que fue puesto a disposici\u00f3n nuevamente bajo boleta de encarcelamiento del 30 de mayo de 2019. Bajo ese entendido de los 73 meses y 1 d\u00eda el sentenciado ha cumplido 41 meses y 23 d\u00edas en tiempo f\u00edsico desde el 30 de mayo de 2019 hasta la fecha, falt\u00e1ndole por cumplir 29 meses y 8 d\u00edas, sin evidenciarse reconocimiento de redenci\u00f3n de penas en este lapso\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que \u00abmediante auto del 31 de marzo de 2020 el Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 le neg\u00f3 la libertad condicional y este Despacho se estuvo a lo resuelto de tal decisi\u00f3n el 28 de octubre de 2021. Lo anterior debido a que no cumple con el juicio de valor en el proceso de resocializaci\u00f3n, pues se le revoc\u00f3 el beneficio que ya se le hab\u00eda concedido en anterior oportunidad. El 12 de mayo de 2020, el Juzgado 1\u00b0 hom\u00f3logo de Bogot\u00e1 le concedi\u00f3 al interno la prisi\u00f3n domiciliaria y mediante providencia del 21 de junio del 2021, el Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, le autoriz\u00f3 el cambio de domicilio hacia esta localidad\u00bb. <\/p>\n
5. El Coordinador de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho explic\u00f3 que \u00abcarece de competencia para adoptar decisiones frente a las pretensiones incoadas por el accionante, sin que pueda predicarse, se reitera, por parte de esta cartera ministerial o de sus funcionarios, ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n, la amenaza o vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, sobre la ley censurada a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n, replic\u00f3 que \u00abeste trato diferenciado dado a miembros de grupos armados al margen de la ley obedece a una finalidad leg\u00edtima e importante, que es la de lograr la terminaci\u00f3n del conflicto armado con estos grupos armados y, al final, alcanzar la paz estable y duradera; no vulnera el derecho a la igualdad y dem\u00e1s de los que aduce el se\u00f1or accionante, ni de \u00e9l ni de todos los internos que se encuentran en los diferentes establecimientos carcelarios y penitenciarios en nuestro pa\u00eds, procesados y condenados penalmente en Colombia por delitos cometidos por fuera del conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
6. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia tambi\u00e9n reliev\u00f3 que \u00abcomo presidente de esta Corporaci\u00f3n no tengo facultades para pronunciarme frente al amparo constitucional como tampoco estoy llamado a resolver el asunto de \u201crebaja de la pena\u201d y \u201cproyecto v\u00eda Fasttrak\u201d invocado. De all\u00ed que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente contra la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en el entendido que es inviable suponer transgresi\u00f3n de derechos fundamentales reclamados contra esta dependencia\u00bb. <\/p>\n
7. Una servidora judicial de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que, en el curso del rad. n.\u00ba 1992-00826, el 5 de agosto de 2020 confirm\u00f3 el prove\u00eddo con el que el despacho ejecutor neg\u00f3 la solicitud de libertad condicional del accionante, comoquiera que aquel continu\u00f3 su actividad delictiva durante el periodo de prueba. <\/p>\n
Aunado a ello, refiri\u00f3 que \u00abdado que las instancias no han accedido a sus pretensiones, se insiste, porque las mismas devienen improcedentes, ROMERO P\u00c9REZ ha optado por acudir al ejercicio de varias acciones de tutelas con el fin de que el juez constitucional reconozca la libertad condicional o rebaje la pena impuesta\u00bb y que \u00abel pasado 15 de febrero de 2022, el demandante nuevamente present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de esta Corporaci\u00f3n, comoquiera que, considera se ha vulnerado el debido proceso y debe decretarse la libertad condicional en su favor. En esa oportunidad, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia rechaz\u00f3 la demanda por temeridad\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, explic\u00f3 que \u00abde cara a la acci\u00f3n de tutela presentada en esta oportunidad, se aprecia que \u00d3SCAR ALFREDO ROMERO P\u00c9REZ pretende que se rebaje la impuesta en su contra aduciendo una presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. Sin embargo, pasa por alto el quejoso, que las amnist\u00edas, indultos y tratamientos penales especiales previstos en la Ley 1820 de 2016, se realizaron en el marco de la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera. En ese orden de ideas, solo podr\u00e1n ser beneficiaros de tales medidas quienes hayan participado en el conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el control de constitucionalidad que ejerci\u00f3 sobre la Ley 1820 de 2016, toda vez que, a juicio del gestor, debi\u00f3 haberse condicionado su margen de aplicaci\u00f3n, de tal forma que se habilitara la opci\u00f3n de que todos los condenados que est\u00e1n actualmente privados de la libertad pudieran beneficiarse de los mecanismos de justicia transicional que all\u00ed se prev\u00e9n. <\/p>\n
2. De la naturaleza de la acci\u00f3n de tutela y los requisitos generales de procedibilidad. <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para su viabilidad, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Con fundamento en las premisas que anteceden, realizado el an\u00e1lisis pertinente de los argumentos de la demanda y de la informaci\u00f3n adosada al expediente, la Sala declarar\u00e1 la inviabilidad del resguardo, en la medida en que con \u00e9l se pretende el condicionamiento de una ley que ya fue objeto de control de constitucionalidad autom\u00e1tico, \u00fanico e integral por parte del \u00f3rgano competente, finalidad que resulta ajena a este mecanismo excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que con la sentencia C-007 de 2018, la Corte Constitucional3 adelant\u00f3 el estudio de la normativa en cita \u2013expedida con base en el procedimiento legislativo abreviado \u00abfast track\u00bb para la implementaci\u00f3n del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, estipulado en el Acto Legislativo n.\u00ba 1 de 2016\u2013, labor\u00edo en el cual, grosso modo, declar\u00f3 la exequibilidad de la mayor\u00eda de las disposiciones que contiene esa ley, con algunos ajustes y lineamientos interpretativos, as\u00ed como la inexequibilidad de las pautas \u2013o expresiones ling\u00fc\u00edsticas contenidas en aquellas\u2013 que no se encontraron acordes a los mandatos superiores. <\/p>\n
En ese ejercicio, el Tribunal Constitucional expidi\u00f3 el prove\u00eddo de 24 de enero de 2017, en el que asumi\u00f3 la revisi\u00f3n de las enunciadas normas, a la vez que ofici\u00f3 al Senado de la Rep\u00fablica y a la C\u00e1mara de Representantes para que remitieran las certificaciones sobre el procedimiento que se realiz\u00f3 para aprobar el otrora proyecto de ley, luego de lo cual se corri\u00f3 traslado al entonces Procurador General de la Naci\u00f3n para rendir el concepto previsto en el canon 278-5 de la Carta Pol\u00edtica, y, finalmente, se fij\u00f3 en lista el asunto por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas para que cualquier ciudadano interviniera con el fin de impugnar o defender la constitucionalidad de los preceptos contenidos en la Ley 1820 de 2016. <\/p>\n
Seguidamente, se comunic\u00f3 la iniciaci\u00f3n del proceso al Presidente de la Rep\u00fablica, a los Ministros del Interior, de Justicia y del Derecho, de Defensa, de Relaciones Exteriores, y de Agricultura y Desarrollo Rural, para los efectos se\u00f1alados en el art\u00edculo 11 del Decreto 2067 de 19914; se solicit\u00f3 concepto t\u00e9cnico a la Defensor\u00eda del Pueblo, a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas \u2013 UARIV, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado. Tambi\u00e9n se invit\u00f3 a algunas organizaciones de la sociedad civil, universidades y, en general, a expertos en los temas de que trata esa regulaci\u00f3n para que hicieran los aportes pertinentes. <\/p>\n
En ese orden, superado el procedimiento que se adelant\u00f3 en sede de control de constitucionalidad, y con independencia del contenido de la determinaci\u00f3n que ahora recrimina el aqu\u00ed convocante \u2013que, se itera, escapa del \u00e1mbito de protecci\u00f3n del amparo, pues, ciertamente, la Constituci\u00f3n revisti\u00f3 de la anotada competencia, en este caso, respecto de las leyes, a la Corte Constitucional, y para las normas que se expidieron en virtud del procedimiento legislativo abreviado \u00abfast track\u00bb, dispuso efectos definitivos sobre la decisi\u00f3n que all\u00ed se profiriera\u2013, no es posible que el gestor utilice el resguardo para sugerir o imponer una espec\u00edfica intelecci\u00f3n de las reglas que ya fueron objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que, en el precitado control de constitucionalidad \u2013y conforme prev\u00e9n la Constituci\u00f3n y el Decreto 2067 de 1991\u2013, se dio apertura a las intervenciones que la ciudadan\u00eda en general estimara pertinentes, en ejercicio del derecho pol\u00edtico a la participaci\u00f3n en los asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico, sin que se evidencie que el aqu\u00ed interesado hubiese hecho uso de esa prerrogativa, por ejemplo, aun cuando las resultas fueron de su inter\u00e9s \u2013seg\u00fan se infiere del hecho mismo de la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n\u2013; lo que no se excusa en que eventualmente pudiere encontrarse privado de la libertad para esa data, comoquiera que esa circunstancia, per se, no suspende ni impide el ejercicio de esa posibilidad, criterio que se ha afianzado en la jurisprudencia constitucional5. <\/p>\n
3.2. Con todo, deviene di\u00e1fano para la Corte que las s\u00faplicas formuladas por el peticionario son abiertamente improcedentes, no solo por las consideraciones que acaban de rese\u00f1arse, sino porque, adem\u00e1s, tal como ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala en casos similares, en los que tambi\u00e9n se ha denunciado la supuesta desigualdad en la concepci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los beneficios punitivos que introdujo en el sistema jur\u00eddico nacional la Ley 1820 de 2016: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb no fue instituida como una forma con la que se pueda activar el aparato legislativo; y, del otro, porque de pensarse que el reparo fue dirigido contra la Ley 1820 de 2016, en tanto dio un supuesto trato discriminatorio al petente, el inter\u00e9s superlativo empu\u00f1ado no se divisa trasgredido habida cuenta que su situaci\u00f3n no se asemeja a la de los sujetos destinatarios de esa preceptiva. As\u00ed como porque el \u00f3rgano de cierre de esta especialidad, en el control autom\u00e1tico realizado al mismo compendio, no se top\u00f3 con visos de inconstitucionalidad por esa causa. <\/p>\n
En efecto, en el caso colombiano se prev\u00e9n cuatro modalidades de \u00abiniciativa legislativa\u00bb, frente a las cuales se habilitan competencias espec\u00edficas, como lo son: i) \u00abla iniciativa de los miembros del congreso\u00bb; ii) \u00abla iniciativa popular\u00bb; iii) \u00abla iniciativa gubernamental\u00bb; y iv) \u00abla iniciativa funcional\u00bb (C.C. Set. C-031-17). En otras palabras, la \u00abnorma superior\u00bb y la \u00abley\u00bb confieren la facultad discrecional de proponer la \u00abconfecci\u00f3n de leyes\u00bb a los parlamentarios, a un n\u00famero significativo de ciudadanos, al Gobierno nacional, y a \u00ablos principales \u00f3rganos de la Rama Judicial, as\u00ed como a los organismos electorales y de control en materias relacionadas con su funci\u00f3n\u00bb (Arts. 150, 154 y 156 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; y las leyes 5\u00aa de 1992 y 134 de 1994, entre otros). <\/p>\n
Con ese panorama, emerge con claridad que este remedio no es una de las maneras de iniciativa legislativa y no tiene la capacidad de servir como medio para que \u00abse conmine a los accionados a que por v\u00eda de fast track promulguen una ley\u00bb, por cuanto su naturaleza se circunscribe a \u00abla protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos fundamentales\u00bb en eventos concretos y no abstractos. Todo lo cual estropea los anhelos del censor\u00bb (CSJ STC15443-2019, 14 nov. Se resalta). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si la cr\u00edtica que el quejoso trajo se relaciona con un hipot\u00e9tico trato desemejante con la inaplicaci\u00f3n, en su caso, de los beneficios incorporados en la Ley 1820 de 2016, tampoco sale victorioso. <\/p>\n
Lo anterior, por dos razones. La primera, porque [el accionante] admiti\u00f3 que fue condenado penalmente por un delito social y no pol\u00edtico; aunado a que no indic\u00f3 cu\u00e1l fue la actuaci\u00f3n judicial que provoc\u00f3 el quebrantamiento. La segunda, en raz\u00f3n a que la \u00abCorte Constitucional\u00bb revis\u00f3 la referida ley y no la hall\u00f3 contraria a la Carta Pol\u00edtica, de suerte que superado el \u00abcontrol constitucional\u00bb parece insostenible afirmar la infracci\u00f3n al \u00abderecho a la igualdad\u00bb frente a personas distintas a los receptores de esa normativa\u00bb (Ib\u00eddem. Se destaca). <\/p>\n
3.3. En l\u00ednea con lo expuesto, la Sala recuerda que, al pretenderse mediante este amparo constitucional que se deje sin efecto una Ley de la Rep\u00fablica, tambi\u00e9n se tipifica la causal de improcedencia contenida en el numeral 5.\u00ba del canon 6.\u00ba del precitado Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00abcuando se trate de actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto\u00bb, aspecto frente al cual el juez de tutela no est\u00e1 llamado a intervenir so pena de desbordar su competencia. <\/p>\n
3.4. De otra parte, precisa la Corte que, de los hechos narrados en el libelo inicial, no logra extractarse con precisi\u00f3n y, menos, con probanza concreta, la directa trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, pues, como qued\u00f3 visto, adem\u00e1s de que el reproche se enfil\u00f3 contra una disposici\u00f3n general, impersonal y abstracta, de all\u00ed no resulta evidente la configuraci\u00f3n de un eventual perjuicio irremediable que pudiera habilitar la tutela como mecanismo transitorio; ya que, se insiste, para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada en STC8801-2021, 15 jul., et. al.), situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
3.5. Por \u00faltimo, es oportuno destacar que, tal como refirieron las distintas autoridades judiciales vinculadas, quienes han tenido relaci\u00f3n con los procesos penales que se adelantaron contra el convocante, las solicitudes de libertad condicional y dem\u00e1s beneficios punitivos que aquel ha presentado en el marco de esos asuntos \u2013que, se itera, no tienen relaci\u00f3n con la cuestionada Ley 1820\u2013 no solo han sido resueltas en oportunidad \u2013como sucede, v. gr., en el rad. n.\u00ba 1992-00826, en el que desde el 2020 se ratific\u00f3 la denegaci\u00f3n de la libertad condicional\u2013, sino que, adem\u00e1s, han sido objeto de otros amparos constitucionales (CSJ ATP440-2022, 22 feb.; STP2936-2019, 28 feb., et. al.), lo que reafirma la improsperidad de este mecanismo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, la acci\u00f3n de tutela formulada por Oscar Alfredo Romero P\u00e9rez resulta improcedente, sumado a que tampoco se configuran las excepcionales condiciones para su concesi\u00f3n como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Aunque en el escrito inicial se menciona a la Corte Suprema de Justicia, el hecho vulnerador se atribuye a la corporaci\u00f3n que ejerci\u00f3 el citado control de constitucionalidad, esto es, a la Corte Constitucional. <\/p>\n
2\u0002 Revisi\u00f3n que se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de la sentencia C-007 de 2018. <\/p>\n
3\u0002 De acuerdo con el art\u00edculo 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a la Corte Constitucional le corresponde decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, tanto por vicios de procedimiento en su formaci\u00f3n, como por su contenido material. Adem\u00e1s, seg\u00fan el art\u00edculo 1 (literal k) del Acto Legislativo 01 de 2016, las leyes tramitadas mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz deben someterse a control autom\u00e1tico y \u00fanico de constitucionalidad, con posterioridad a su entrada en vigor. <\/p>\n
4\u0002 Decreto 2067 de 1991, art\u00edculo 11: \u00abEn el auto admisorio, se ordenar\u00e1 la comunicaci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 244 de la Constituci\u00f3n. Esta comunicaci\u00f3n y, en su caso, el respectivo concepto, no suspender\u00e1 los t\u00e9rminos. La comunicaci\u00f3n podr\u00e1, adem\u00e1s, ser enviada a los organismos o entidades del Estado que hubieren participado en la elaboraci\u00f3n o expedici\u00f3n de la norma. La Presidencia de la Rep\u00fablica, el Congreso de la Rep\u00fablica y los organismos o entidades correspondientes podr\u00e1n directamente o por intermedio de apoderado especialmente escogido para ese prop\u00f3sito, si lo estimaren oportuno, presentar por escrito dentro de los 10 d\u00edas siguientes, las razones que justifican la constitucionalidad de las normas sometidas a control\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Incluso, se ha admitido la posibilidad de que las personas privadas de la libertad en virtud de sentencia condenatoria presenten acciones p\u00fablicas de inconstitucionalidad. Al respecto, ver, entre otros: Auto 241 de 2015 de la Corte Constitucional, en el cual se produjo un cambio de jurisprudencia y se estableci\u00f3 que: \u00abLa restricci\u00f3n absoluta de los derechos pol\u00edticos, y en particular la suspensi\u00f3n del derecho a instaurar acciones de inconstitucionalidad se opone radicalmente al fin de resocializaci\u00f3n que persiguen las penas en el ordenamiento colombiano (C Penal art 4). La Corte ha se\u00f1alado que el fin de resocializaci\u00f3n tiene una faceta en virtud de la cual \u201c[e]l Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la desocializaci\u00f3n del penado y posibilitar sus opciones de socializaci\u00f3n\u201d. Las restricciones a los derechos de una persona condenada a pena de prisi\u00f3n, deben entonces ajustarse a ese est\u00e1ndar. Privar a un ciudadano de todos sus derechos pol\u00edticos es sin embargo contrario a ese principio\u00bb (p\u00e1rr. 55.1.). <\/p>\n
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STC15973-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC15973-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-01437-00 (Aprobado en Sala de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Alfredo Romero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69145","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69145","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69145"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69145\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69145"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69145"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69145"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}