STC15975-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00807-01 <\/p>\n
F <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC15975-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00807-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
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De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
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Advertido lo anterior, resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo dictado el 19 de octubre de 2022, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela que Andrea Ib\u00e1\u00f1ez le instaur\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, extensiva a la Comisar\u00eda Catorce de Familia de la misma localidad y a los intervinientes en el procedimiento de violencia intrafamiliar 08-001-31-10-005\/2022-00373-00. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- La accionante, querellada en la causa de violencia intrafamiliar impulsada a favor de Rafael Solano Ib\u00e1\u00f1ez1, Carolina Mej\u00eda Montero2, Alberto Solano Vel\u00e1squez3 y Rosana Caicedo4, protest\u00f3 porque la Comisar\u00eda de Familia resolvi\u00f3 las diligencias en su contra, orden\u00e1ndole que desalojara el lugar de habitaci\u00f3n que comparte con sus contradictores (9 ag. 2022), e igualmente porque el juzgado ratific\u00f3 dicha resoluci\u00f3n (26 sep. 2022). <\/p>\n
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Adujo, en esencia, que i) no se decretaron y practicaron las pruebas que resultaban relevantes para esclarecer la veracidad de los hechos materia de controversia (defecto f\u00e1ctico); y ii) se desconocieron las normas aplicables al caso, especialmente las Leyes 1251 de 2008 y 1850 de 2017 (defecto sustantivo). Lo primero, porque la controversia fue decidida solo con base en las declaraciones de los denunciantes, dejando de lado su versi\u00f3n de los hechos, as\u00ed como \u201clas supuestas situaciones de violencia en donde supuestamente estuvieron involucrados menores\u201d. Lo segundo, habida cuenta que no se procur\u00f3, como lo exige la ley, la soluci\u00f3n del conflicto familiar a trav\u00e9s de alternativas distintas a su expulsi\u00f3n de la vivienda familiar, que consideraran, adem\u00e1s, que es una persona de la tercera edad y, por tanto, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
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2.- Las autoridades denunciadas defendieron la legalidad de las actuaciones reprochadas. En el mismo sentido se pronunciaron Rafael Solano Ib\u00e1\u00f1ez y Alberto Solano Vel\u00e1squez, part\u00edcipes de las diligencias objetadas. <\/p>\n
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3.- La primera instancia concedi\u00f3 el amparo reclamado, orden\u00e1ndole al juzgado que dejara sin efecto la decisi\u00f3n que aval\u00f3 la determinaci\u00f3n del Comisar\u00eda de Familia, y volviera a emitir una nueva determinaci\u00f3n teniendo en cuenta que la actora fue declarada \u201ccomo sujeto amenazante\u201d sin tener en cuenta que: i) se trata de una mujer de la tercera edad; ii) \u201clas valoraciones psicol\u00f3gicas emitidas por el Instituto de Medicina Legal\u201d; iii) \u201clos conflictos planteados fueron (\u2026) de origen mutuo\u201d; iv) el \u201cdebate enarbolado en relaci\u00f3n con la propiedad del inmueble, deber\u00e1 ser ventilado dentro de los escenarios judiciales de rigor; y v) \u201cla convivencia familiar\u201d debe garantizarse \u201csin alterar las prerrogativas constitucionales dentro del juicio (\u2026), desplegando todas las pruebas necesarias acompa\u00f1adas de profesional cl\u00ednico que pudiera manejar la situaci\u00f3n aquejada y llegar a una eventual soluci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- Impugnaron el Comisario de Familia, Rafael Solano Ib\u00e1\u00f1ez y Alberto Solano Vel\u00e1squez. La autoridad administrativa, por su parte, aleg\u00f3 que la orden de desalojo tiene sustento en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 294 de 1996, adem\u00e1s, la adopt\u00f3 porque evidenci\u00f3, con estribo en las valoraciones rendidas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que los querellantes est\u00e1n afectados \u201cpor los constantes hechos de violencia psicol\u00f3gica que se vienen presentando con la denunciada\u201d, as\u00ed como que no hay posibilidad de \u201crealizar cambios que puedan contribuir a mejorar la relaci\u00f3n familiar, ya que \u201cno acepta ser parte significativa del problema, lo que imposibilita la realizaci\u00f3n de cambios que puedan contribuir a mejorar la relaci\u00f3n familiar, pues una de las primeros factores para lograr una soluci\u00f3n es reconocer los errores\u201d. Los otros recurrentes, por su lado, se\u00f1alaron que la violencia que denunciaron estaba debidamente probada, la que, incluso afectaba a menores de edad y, por tanto, la necesidad de la protecci\u00f3n dispensada en el procedimiento atacado. <\/p>\n
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La actora replic\u00f3 la impugnaci\u00f3n e insisti\u00f3 en que la medida rebatida es desproporcionada. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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El veredicto opugnado se respaldar\u00e1, comoquiera que, en efecto, las autoridades demandadas incurrieron en desafuero al definir el procedimiento de violencia intrafamiliar censurado, con la expulsi\u00f3n de la accionante de su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n
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1.- Como lo prescribe la Carta Pol\u00edtica en su art\u00edculo 42, cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armon\u00eda y unidad, y fuente de vulneraci\u00f3n de derechos para sus miembros. <\/p>\n
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En desarrollo de ese mandato constitucional y con miras a \u201cprevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar\u201d, el legislador expidi\u00f3 la Ley 294 de 1996; entre otros aspectos, estableci\u00f3 un procedimiento para conjurarla, y a t\u00edtulo enunciativo, las medidas que, para el efecto, pod\u00edan adoptar las autoridades competentes. <\/p>\n
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Algunos de esos remedios consisten en \u201cordenar al agresor el desalojo de la casa de habitaci\u00f3n que comparte con la v\u00edctima\u201d, \u201cordenar al agresor abstenerse de penetrar cualquier lugar donde se encuentre la v\u00edctima\u201d, \u201cprohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y personas discapacitadas, \u201cobligaci\u00f3n de acudir a un tratamiento reeducativo y terap\u00e9utico en una instituci\u00f3n p\u00fablica o privada que ofrezca tale servicios, a costa del agresor\u201d, \u201cdecidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar\u201d. <\/p>\n
Comoquiera que el objetivo de las medidas es la protecci\u00f3n la unidad y armon\u00eda familiar, as\u00ed como las garant\u00edas que resulten afectadas con los hechos de violencia, su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n, a voces del art\u00edculo 3\u00b0 debe tener en cuenta, entre otros principios, la primac\u00eda de los derechos fundamentales y reconocimiento de la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad, la oportuna y eficaz protecci\u00f3n especial a aquellas personas que en el contexto de una familia puedan llegar a ser v\u00edctimas, la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os sobre los dem\u00e1s, y \u201cla preservaci\u00f3n de la unidad y la armon\u00eda entre los miembros de la familia, recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales cuando fuere procedente\u201d. <\/p>\n
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De donde emerge que la adopci\u00f3n de medidas destinadas a conjurar la violencia intrafamiliar debe estar guiada por un an\u00e1lisis ponderado de los intereses en conflicto, que permita determinar el remedio m\u00e1s apropiado para para solucionar el problema y proteger los derechos afectados por ella. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, el servidor competente a la hora de adoptar las medidas para solucionar la violencia intrafamiliar no solo debe verificar si existen situaciones constitutivas de ella, debe cerciorarse que la escogida sea la m\u00e1s id\u00f3nea para garantizar la unidad familiar e igualmente las garant\u00edas de los involucrados, con mayor raz\u00f3n si est\u00e1n de por medio sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, como ni\u00f1os, mujeres, personas de la tercera edad y discapacitados5. <\/p>\n
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2.- La orden de desalojo de la casa de habitaci\u00f3n es una de las medidas consagradas por el legislador a efectos de conjurar situaciones de violencia intrafamiliar; procede, al tenor del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 294 de 1996, modificada por el precepto 17 de la Ley 1257 de 2008, cuando la presencia del agresor \u201cconstituye una amenaza para la vida, la integridad f\u00edsica o la salud de cualquiera de los miembros de la familia\u201d. <\/p>\n
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Significa, entonces, que la imposici\u00f3n de la medida est\u00e1 supeditada a que se demuestre que el destinatario del mandato es el agresor y, adem\u00e1s, es una amenaza para los dem\u00e1s miembros del grupo familiar. Igualmente, a la evaluaci\u00f3n de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en relaci\u00f3n con los intereses en conflicto. <\/p>\n
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2.- En el caso, las autoridades reprochadas desatendieron dichos par\u00e1metros, primero, porque el desalojo de la accionante se orden\u00f3 sin estar debidamente acreditado que ella era la agresora, y que su presencia en el lugar de habitaci\u00f3n amenazaba los derechos de las personas con quienes lo comparte. Y, en segunda medida, no se evalu\u00f3 la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, atendiendo los intereses en conflicto. <\/p>\n
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2.1.- En efecto, la orden de expulsi\u00f3n de la casa donde vive la reclamante se edific\u00f3 en que los hechos de violencia suscitados entre la actora y con quienes convive eran fruto de sus actos. Para ello, se valoraron las declaraciones de los querellantes, quienes refirieron que la impulsora constantemente los agred\u00eda verbalmente y, adem\u00e1s, ten\u00eda conductas agresivas con los hijos de la pareja integrada por Rafael Solano Ib\u00e1\u00f1ez y Carolina Mej\u00eda Montero. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, como lo alega la quejosa, se dej\u00f3 de lado su declaraci\u00f3n, seg\u00fan la cual, ella tambi\u00e9n era v\u00edctima de violencia. N\u00f3tese, en ese sentido, que en la Audiencia de Medida de Protecci\u00f3n celebrada el 18 de noviembre de 2020, en donde adem\u00e1s se concluy\u00f3 que las \u201cagresiones se dan de manera mutua\u201d, la quejosa relat\u00f3: <\/p>\n
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\u201cRafael sali\u00f3 del ba\u00f1o, y me dijo textualmente hijueputa, vieja malparida la quiero matar, por qu\u00e9 no se larga (\u2026), nunca recib\u00ed una cuota del pap\u00e1 (\u2026), ahora a cada rato me dice que me tengo que ir de la casa, la casa es m\u00eda, yo no los echo, pueden estarse ah\u00ed. Yo quiero aclarar que la casa es m\u00eda y de Alberto, yo lo que propongo yo no meto con ellos, ellos cuando yo me levant\u00f3 limpi\u00f3 la casa (\u2026), pero a ellos les molesta que yo camine (\u2026). Quiero agregar que todo lo que ellos dicen es falso, ellos pueden vivir en la casa, yo soy due\u00f1a de la casa (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Y en la misiva que present\u00f3, ante la Comisar\u00eda accionada el 21 de octubre de 2021, que tampoco fue apreciada, expuso: <\/p>\n
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(\u2026) no puede ni hablar por tel\u00e9fono porque se despiertan los ni\u00f1os, si utilizo la licuadora (\u2026), igual trat\u00e1ndome con palabras como extorsionista porque le pido al pap\u00e1 que arregle la situaci\u00f3n (\u2026). Igualmente, el se\u00f1or Alberto Solano Vel\u00e1squez me sigue amenazando de muerte (\u2026) ac\u00e1 en la casa hay un arma con papeles y ya es en varias ocasiones que me dice que anhela acabar con la vida m\u00eda (\u2026). <\/p>\n
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Claro, si de acuerdo con las versiones de los involucrados las agresiones eran mutuas, no pod\u00eda sostenerse que la libelista era la agresora, mucho menos que era ella quien pon\u00eda en riesgo la vida de los dem\u00e1s miembros del grupo familiar. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, es cierto, como lo destac\u00f3 la resoluci\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia, que en el informe rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se consign\u00f3 sobre la quejosa, a diferencia de Carolina Mej\u00eda y Rafel Solano Ib\u00e1\u00f1ez, respecto de quienes s\u00ed se concluyeron alteraciones psicol\u00f3gicas, que \u201c\u2018[n]o se detecta en la examinada (\u2026) la presencia de sintomatolog\u00eda que pueda estar correlacionada con los eventos de naturaleza maltratantes suscitados en medio familiar\u201d. No obstante, ello no descarta que la violencia entre las partes sea mutua ni permite afirmar que la precursora sea la \u00fanica agresora. Adem\u00e1s de que esa conclusi\u00f3n es extra\u00f1a al informe, mem\u00f3rese que, de acuerdo con lo reglado en el art\u00edculo 176 del estatuto adjetivo, aplicable a ese tipo de procedimientos, dicha pieza deb\u00eda ser evaluada en conjunto con la declaraci\u00f3n de la actora, la cual, se repite, revelaba actos de violencia en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
En suma, a la accionante se le atribuy\u00f3 la calidad de victimaria y de poner en riesgo los derechos de sus convocantes, sin considerar, como se advirti\u00f3 en la audiencia celebrada el 21 de octubre de 2021, que \u201clas agresiones se dan de manera mutua, generando con ello conflicto en las relaciones intrafamiliares\u201d. <\/p>\n
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2.2. Respecto a no considerar la necesidad de la medida, para empezar, se dej\u00f3 de lado que se trata de una disputa asociada a la vivienda familiar, la cual es compartida por las partes del asunto, luego de que el hijo de la querellante (Rafael Solano Ib\u00e1\u00f1ez) y la expareja de esta (Alberto Solano Vel\u00e1squez), se fuera a vivir con su grupo familiar a la casa ocupada, inicialmente, solo por sus padres. Al respecto, y como se lee de la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda, el informe comentado indic\u00f3 que se trata de un \u201c\u2018conflicto familiar que desde lo observado ha venido evolucionando, pues en sus inicios hab\u00eda estado esencialmente encapsulado en el \u00e1mbito de la pareja, esto es, entre la examinada y su pareja, pero que de acuerdo con lo explorado en la actualidad se puede observar que ha trascendido al resto de integrantes del conflicto familiar (\u2026), avivado por los desacuerdos circunscritos a la vivienda familiar que est\u00e1 siendo compartida, resultando esta tem\u00e1tica \u00e1lgida y sobre la que recaen sus discrepancias\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco se evalu\u00f3 que, aunque, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la gestora tiene una \u201c\u2018postura poco reflexiva frente a los eventos maltratantes que se han incubado en medio familiar\u201d, sugiri\u00f3 que \u201ctodos y cada uno de los integrantes del grupo familiar, incluyendo desde luego a la [accionante] participe de proceso psicoterap\u00e9utico preferiblemente de corte sist\u00e9mico, en aras de facilitar estrategias de resoluci\u00f3n pac\u00edfica y transformadora al conflicto que se ha anidado en el grupo familiar\u2019\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Es decir, no se sopes\u00f3, pese a la evidencia incorporada en el expediente, si la medida consistente en \u201cacudir a un tratamiento reeducativo y terap\u00e9utico en una instituci\u00f3n p\u00fablica o privada que ofrezca tale servicios\u201d era la apropiada para resguardar la armon\u00eda y la unidad del grupo familiar integrado por ella y los querellantes, como para proteger los derechos de los agentes del conflicto, lo que toma mayor relevancia si la disputa, en lo esencial, tiene que ver con la convivencia en el inmueble que, por las circunstancias que fueren, est\u00e1n obligados a compartir diariamente. <\/p>\n
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Sobre la necesidad de valorar la situaci\u00f3n de la promotora, mem\u00f3rese que la Carta de Derechos impone al Estado, la sociedad y la familia a proteger y asistir a las personas de la tercera edad, y a promover su integraci\u00f3n a la vida activa y comunitaria. <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, parte integral de la Constituci\u00f3n, y que fuera aprobada por la Ley 2055 de 2020, establece que \u201clos Estados Parte adoptar\u00e1n todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus d\u00edas\u201d, al igual que acciones para \u201cdesarrollar una vida aut\u00f3noma e independiente (\u2026), propiciando su autorrealizaci\u00f3n, el fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas\u201d. De suerte que la \u201cpersona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y d\u00f3nde y con qui\u00e9n vivir, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida espec\u00edfico\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed pues, la Comisar\u00eda de Familia y el juzgado accionado conminaron a la libelista a abandonar su hogar, sin ponderar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, con miras a proteger los derechos fundamentales de los involucrados, y preservar la unidad y armon\u00eda familiar. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Ahora, con lo anterior no se quiere decir, como lo hacen ver los impugnantes, que se descarte la conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual, la actora ejecuta actos de violencia contra quienes comparte la vivienda, ni tampoco que se admita o justifique la violencia de personas de la tercera edad. Claramente, tales comportamientos son reprochables y, por tanto, deben ser conjurados por las autoridades competentes. Lo que se critica a estas, es que la selecci\u00f3n del camino para remediar la violencia intrafamiliar no est\u00e9 soportada en la totalidad de los medios de convicci\u00f3n recaudados en el procedimiento, como el an\u00e1lisis ponderado de los intereses en conflicto. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, y en atenci\u00f3n al argumento planteado por los recurrentes Alberto y Rafael Solano respecto a la prevalencia de los intereses de los menores de edad que residen en el predio, se advierte que no es raz\u00f3n suficiente para descartar el buen suceso de esta herramienta. Obs\u00e9rvese, por una parte, que no existe un an\u00e1lisis de los servidores acusados sobre el tema, que permita concluir que las garant\u00edas de aquellos est\u00e1n en riesgo, pues no se hizo. Por otro lado, es uno de los aspectos a evaluar a fin de determinar cu\u00e1l es la medida que resulta m\u00e1s apropiada para remediar solucionar el conflicto familiar. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- Bajo los anteriores derroteros, el fallo de primera instancia, el fallo de primera instancia que orden\u00f3 al juez accionado dejar sin efecto la resoluci\u00f3n de la Comisar\u00eda convocada y emitir una nueva providencia \u201catendiendo a los criterios\u201d se\u00f1alados por el Tribunal, se respaldar\u00e1, mas se ordenar\u00e1 que tambi\u00e9n se tengan en cuenta las consideraciones aqu\u00ed efectuadas. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el numeral 4\u00b0 de las consideraciones de esta providencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con el expediente materia de controversia, es hijo adoptivo de la accionante. <\/p>\n
2\u0002 Pareja del hijo adoptivo de la actora, quien, a su vez, es hijo biol\u00f3gico de la expareja de esta. <\/p>\n
3\u0002 Expareja de la peticionaria, persona de la tercera edad. <\/p>\n
4\u0002 Persona contratada por la pareja conformada entre Rafael Solano y Carolina Mej\u00eda para que les colaborara en las tareas del hogar. <\/p>\n
5\u0002 En tal sentido, la Corte Constitucional ha precisado que (\u2026) no es posible darle a un proceso de imposici\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar una soluci\u00f3n jur\u00eddica preconcebida y concreta. Mucho menos, cuando lo que se espera de las autoridades encargadas de adelantar dicha tarea es un proceder din\u00e1mico y diligente, que pondere los intereses de la v\u00edctima con los de los dem\u00e1s integrantes del grupo familiar; considere el impacto que su decisi\u00f3n podr\u00eda tener sobre los derechos fundamentales de sujetos vulnerables y la armonice con lo que pueda resolverse, sobre el mismo asunto, en otros escenarios (T-261 de 2013). <\/p>\n
5 <\/p>\n
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