STC15978-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15978-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03853-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Denice Marisol Arias Villamil contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo de Familia de Frontino, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio radicado bajo el n\u00b0 2018-00110. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la familia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al resolver el pleito ordinario antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que impetr\u00f3 demanda para que se declarara \u00abque entre [ella] y Luis Alberto Moreno Ruiz, existe uni\u00f3n marital de hecho que se inici\u00f3 en la ciudad de Itag\u00fc\u00ed, Antioquia en el mes de enero de 1999 y ha perdurado hasta la fecha en que se emita la sentencia, [que] se declare la terminaci\u00f3n de [dicha uni\u00f3n] por el abandono de las obligaciones del compa\u00f1ero permanente [y que, como consecuencia] surgi\u00f3 sociedad patrimonial (\u2026), desde enero de 1.999 y la fecha en que se emita la sentencia\u00bb, y se disponga la disoluci\u00f3n y la liquidaci\u00f3n de dicha sociedad. <\/p>\n
Que en la \u00abaudiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el 30 de julio de 2019, fueron aceptadas y reconocidas tanto la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho como la sociedad patrimonial (\u2026) desde el 20 de enero de 1999 hasta el 19 de noviembre de 2014; habi\u00e9ndose concretado el debate probatorio de los hechos que refieren a la existencia de uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial con todas sus consecuencias\u00bb; que el 18 de noviembre de 2019, el Juzgado Promiscuo de Familia de Frontino profiri\u00f3 fallo declarando la uni\u00f3n marital de hecho en los t\u00e9rminos ya indicados, \u00absin embargo en el numeral tercero del acta de sentencia, se hizo reconocimiento de la prescripci\u00f3n de la sociedad patrimonial extendiendo sus efectos, al per\u00edodo conciliado con todos sus efectos, en flagrante violaci\u00f3n a la conciliaci\u00f3n y sus efectos de cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
Que apelada la anterior decisi\u00f3n, el 14 de septiembre de 2022 el tribunal la confirm\u00f3, y en esas circunstancias, ambas sentencias \u00abson violatorias del derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que la continuidad que se demostr\u00f3 de la relaci\u00f3n marital entre los compa\u00f1eros y que por dem\u00e1s no se sometieron las pruebas arrimadas al proceso a tacha de ninguna naturaleza [y que], no obstante haber sido decidido no tramitar las excepciones (\u2026), se revers\u00f3 de manera arbitraria sobre ellas\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se invaliden los fallos proferidos por los juzgadores de instancia dentro del declarativo n\u00b0 2018-00110, y en su lugar \u00abse ordene expedir la debida actuaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n confutada, manifest\u00f3 que, para emitir la providencia criticada, esa colegiatura, \u00abse ci\u00f1\u00f3 a la problem\u00e1tica planteada por el extremo recurrente y se apoy\u00f3 en la normatividad [pertinente] al caso sometido a consideraci\u00f3n del ad quem\u00bb, realizando \u00abvaloraci\u00f3n separada y conjunta de los elementos probatorios obrantes en el tr\u00e1mite conforme lo dispone el art. 176 del CGP, as\u00ed como la legislaci\u00f3n aplicable al asunto\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abaceptar la procedencia de la acci\u00f3n constitucional invocada para este tipo de asuntos implicar\u00eda invadir \u00f3rbitas ajenas a la competencia del juez constitucional, dado que la inspiraci\u00f3n del constituyente primario al haber ideado este mecanismo de amparo de los derechos fundamentales no era crear una instancia adicional a la ordinaria y mucho menos el escenario ideal para atacar interpretaciones judiciales que no tienen el car\u00e1cter de arbitrarias e injustas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Promiscuo de Familia de Frontino, tambi\u00e9n se opuso a lo pretendido, aduciendo que el despacho \u00abgarantiz\u00f3 y respet\u00f3 los derechos fundamentales de las partes, especialmente el debido proceso\u00bb, y por ello la providencia que defini\u00f3 el asunto, se produjo de manera \u00abcoherente, razonable y motivada [y] se forj\u00f3 luego de efectuar una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n recaudados durante el desarrollo del juicio\u00bb, actuaci\u00f3n que en su criterio \u00abno vulnera los derechos fundamentales de la peticionaria del amparo, en la medida en que no es una interpretaci\u00f3n producto de la subjetividad\u00bb. <\/p>\n
3. Luis Alberto Moreno Ruiz, en su calidad de demandado dentro del litigo objeto de la presente censura, se opuso a lo pretendido, aduciendo que a la demandante \u00able fueron respetadas las etapas procesales consagradas en el C\u00f3digo General del Proceso, con la observancia de la plenitud de las formas del juicio, los medios de prueba, el principio de contradicci\u00f3n [y] de la doble instancia\u00bb; asimismo, porque \u00abno se observa un error protuberante, pues dichas decisiones se fundaron en el alcance que ha decidido darle el Juzgador en cada instancia procesal y que no afectan los derechos fundamentales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el amparo cumple con el presupuesto de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora al proferir fallo declarando probada la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial entre las partes dentro del declarativo n\u00b0 2018-00110. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, examinados los argumentos de esta reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 improcedente el resguardo implorado, comoquiera que no alcanza a superar el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque al estar enfilado el actual ataque contra la decisi\u00f3n proferida por el fallador ad quem el 14 de septiembre de 2022, en virtud a la postura jur\u00eddica adoptada por la colegiatura acusada en relaci\u00f3n con la normativa aplicable y particularmente sobre la valoraci\u00f3n de las pruebas, comprend\u00eda discrepancias que pudieron ser objeto de censura a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en lugar de pretender que se definiera por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, por la naturaleza declarativa del proceso y dem\u00e1s circunstancias espec\u00edficas que para el evento debieron apreciarse, la accionante cont\u00f3 con la posibilidad de plantear sus reparos a trav\u00e9s de la aludida herramienta jur\u00eddica, y al no hacerlo, no puede pretender que el juez del amparo desborde su competencia para suplir la desidia de la parte interesada para acudir a los instrumentos legales previstos para procurar la soluci\u00f3n al caso. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, el precedente jurisprudencial recuerda que, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb (CC T-1217\/03). Se resalta. <\/p>\n
En situaciones semejantes, donde se acude al auxilio sin agotar el recurso extraordinario en menci\u00f3n, concurre la causal de improcedencia conforme a lo contemplado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios de defensa, ciertamente eficaces, que le permiten a la quejosa controvertir la providencia mediante otro mecanismo legal. <\/p>\n
Entonces, al haberse desperdiciado el mecanismo de defensa judicial previsto en la ley, esta acci\u00f3n deviene improcedente por no cumplir el esencial requisito de la subsidiariedad, pues en invariable l\u00ednea de pensamiento esta Corporaci\u00f3n ha dicho que cuando tal comportamiento omisivo acaece, la misma no tiene cabida, en tanto que: <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada entre otras en STC10710-2022, 17 ago., rad. 02651-00). <\/p>\n
Se reitera que en casos como el que se examina, se ha dejado sentada la improcedencia de la salvaguarda por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, siendo \u00e9ste un criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues no se avizora justificaci\u00f3n para que la demandante, quien contaba con representante judicial, hubiese dejado de utilizar los recursos a su alcance. Sobre el particular, recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada, entre otras, en STC12547-2022, 21 sep., rad. 00385-01). <\/p>\n
Igualmente cabe recordar que a la acci\u00f3n constitucional solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia de resolver las controversias, ya que no es un instrumento sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Respecto a este \u00faltimo t\u00f3pico, se advierte que el auxilio tampoco procede, toda vez que la demandante no prob\u00f3 que se hubieran configurado las exigencias que pudieran viabilizar tal posibilidad, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC9677-2022, 28 jul. 2022, rad. 00125-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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