STC15980-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15980-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04021-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Juan Carlos Santamar\u00eda \u00c1vila contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esa ciudad y el banco Davivienda SA, tr\u00e1mite al que fueron citados la Fiscal\u00eda 24 Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio de Cali y las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario de radicado N\u00b0 76001-31-03-007-2016-00005. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el proceso ejecutivo hipotecario iniciado por el banco Davivienda SA en su contra y de su esposa Iv\u00f3n Karina Tasc\u00f3n Valencia, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali ante el silencio de los demandados, en auto de 3 de octubre de 2016 dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, motivo por el cual, las diligencias fueron enviadas al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad. <\/p>\n
Expuso que el 9 de octubre de 2019 mediante \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, solicit\u00f3 ejercer control de legalidad en el asunto, \u00abpor posibles inconsistencias ocurridas en el tr\u00e1mite (\u2026) por indebida notificaci\u00f3n y no haber integrado el contradictorio\u00bb, puesto que para la \u00e9poca en la que se adelant\u00f3 su notificaci\u00f3n se encontraba privado de la libertad, y, adem\u00e1s, se omiti\u00f3 vincular al proceso a las autoridades penales que ven\u00edan conociendo del proceso de extinci\u00f3n de dominio respecto del inmueble hipotecado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la solicitud la rechaz\u00f3 el Juzgado de conocimiento el 6 de diciembre de 2019 porque no fue formulada a trav\u00e9s de apoderado judicial y, aunque insisti\u00f3 en ella de manera directa, el 14 de febrero de 2020 se le indic\u00f3 que deb\u00eda estarse a lo dispuesto en la decisi\u00f3n anterior. <\/p>\n
Sostuvo que, a trav\u00e9s de apoderado judicial el 17 de junio de 2020 interpuso \u00abincidente de nulidad\u00bb invocando las causales establecidas en los numerales 1, 3 y 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que declar\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali el 9 de febrero de 2021 a partir del auto de 3 de octubre de 2016, al considerar probada la indebida notificaci\u00f3n del demandado, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n porque, en su criterio, debi\u00f3 decretarse desde la presentaci\u00f3n de la demanda y, adem\u00e1s, reiter\u00f3 la necesidad de vincular a las autoridades que conocen del referido asunto de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que de igual manera la parte demandante apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, y el Juzgado de conocimiento en providencia de 10 de mayo de 2022 mantuvo el auto y concedi\u00f3 las apelaciones formuladas por ambas partes. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal Superior de Cali, el 9 de septiembre de 2022 al definir los recursos, revoc\u00f3 la providencia recurrida, neg\u00f3 la nulidad y lo conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
Finalmente se refiri\u00f3 a las actuaciones del proceso de extinci\u00f3n de dominio en el que se decretaron como medidas cautelares la \u00absuspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb as\u00ed como el embargo y secuestro del bien hipotecado, juicio en el que Davivienda fue reconocido como acreedor hipotecario desde el 18 de mayo de 2016, y afirm\u00f3 que como la entidad financiera conoc\u00eda desde esa \u00e9poca que se encontraba privado de la libertad, las diligencias adelantadas con posterioridad a esa fecha para su notificaci\u00f3n, eran ineficaces. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que el banco accionado no informara lo anterior en el proceso ejecutivo y reiter\u00f3 que, se incurri\u00f3 en irregularidad, por su indebida notificaci\u00f3n y por falta de convocatoria de las autoridades penales que conocen del juicio de extinci\u00f3n de dominio del bien hipotecado. <\/p>\n
2. Con sustento en lo narrado, solicit\u00f3 que \u00abse declare la Nulidad Procesal a partir del Auto que Admiti\u00f3 la Demanda en el Proceso Ejecutivo Hipotecario No: 76001-31-03-007-2016-00005-00 por Configuraci\u00f3n de las Causales No: 1, 3 y 8 del art\u00edculo: 133 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, manifest\u00f3 que reiteraba las consideraciones de la providencia de 9 de septiembre de 2022 materia de queja, y, solicit\u00f3 comprobar \u00abla procedencia excepcional de la tutela por tratarse de una acci\u00f3n constitucional en contra de una providencia judicial, que no puede ser utilizada como otra instancia m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 71 de Extinci\u00f3n del derecho de dominio de Cali refiri\u00f3 que, como lo indic\u00f3 el accionante, respecto del inmueble hipotecado se sigue un proceso de extinci\u00f3n de dominio en el que se llam\u00f3 al acreedor hipotecario, esto es el banco Davivienda, y se le vincul\u00f3 a esa actuaci\u00f3n. Destac\u00f3 que la acci\u00f3n penal que se adelanta \u00abes aut\u00f3noma e independiente y prima sobre cualquier otra acci\u00f3n que persiga el bien\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que ese proceso se encuentra en tr\u00e1mite \u00abpetici\u00f3n de control de legalidad de medidas cautelares por parte de los afectados tambi\u00e9n dentro de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n, MAR\u00cdA OFIR GARC\u00cdA DE PATI\u00d1O (\u2026) YULIETH DEL CASTILLO PINO (\u2026), CARLOS ENRIQUE PATI\u00d1O GARC\u00cdA (\u2026), MAR\u00cdA FERNANDA SANCHEZ GARCIA (\u2026), y WILLIAM CARDONA AGUIRRE\u00bb, actuaci\u00f3n a cargo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de Bogot\u00e1, \u00abquien en auto de fecha 21 de septiembre de 2022 avoc\u00f3 conocimiento del asunto, sin decisi\u00f3n hasta el momento\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali manifest\u00f3 que, en el proceso censurado, mediante auto de 3 de octubre de 2016 resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n \u00abpor no haberse presentado excepciones de m\u00e9rito contra las pretensiones de la demanda en la oportunidad legal establecida\u00bb, tras lo cual remiti\u00f3 las diligencias a los juzgados de ejecuci\u00f3n de sentencias de esa ciudad, \u00abmomento desde cual este Juzgado perdi\u00f3 toda competencia para seguir conociendo ese proceso\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali relat\u00f3 los antecedentes del asunto cuestionado y expres\u00f3 que \u00abcon su actuar no ha vulnerado derecho fundamental alguno, debido a que las decisiones tomadas (\u2026) dentro del proceso (\u2026) se resolvieron conforme los pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios sobre la materia, y sujeto al imperio de la ley, lo que descarta a todas luces que de dicho actuar se pueda considerar la conculcaci\u00f3n de derecho fundamental alguno del accionante\u00bb. <\/p>\n
5. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Especializados de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio referido por la Fiscal\u00eda es el que se conoc\u00eda con el radicado 201702107 E.D. (radicado de Juzgado 2018-081-1), en el cual el cual el (\u2026) Juzgado Primero Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 (\u2026) mediante auto de 19 de febrero de 2019 orden\u00f3 devolver el requerimiento de improcedencia a la Fiscal\u00eda 61 Especializada E.D., por lo que el 10 de septiembre de 2020 fueron remitidas esas diligencias al ente instructor, que a la fecha presente no han sido devueltas al Juzgado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el escrito de tutela, se establece que Juan Carlos Santamar\u00eda \u00c1vila reprocha la providencia de 9 de septiembre de 2022, del Tribunal Superior de Cali que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 9 de febrero de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, hab\u00eda acogido la solicitud de nulidad presentada por el ejecutado y aqu\u00ed accionante, soportada en las causales establecidas en los numerales 1, 3 y 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.1 Revisado el pronunciamiento cuestionado, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, como quiera que en la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n accionada no se encuentra desafuero que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2.2 En efecto, se observa que el Tribunal Superior de Cali, luego de relatar lo ocurrido en el asunto y se\u00f1alar los argumentos de la nulidad reclamada por el demandado, similares a los expuestos en esta acci\u00f3n constitucional, indic\u00f3 que la solicitud de invalidez \u00abno lleva a comprender que el caso se enmarque dentro de las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 133 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo anterior, expres\u00f3 que no resultaba acertado asegurar, como lo hizo el actor, que por la existencia de un proceso de extinci\u00f3n de dominio que involucra el inmueble hipotecado, debieron citarse como litisconsortes necesarios la Fiscal\u00eda y la Sociedad de Activos Especiales, puesto que el art\u00edculo 18 de la Ley 1708 de 2014 \u00abcontempla la autonom\u00eda e independencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, la ley 1849 de 2017 en su art\u00edculo 19 que modifica el art\u00edculo 87 de la ley 1708 (extinci\u00f3n de dominio) al referirse a los fines de las medidas cautelares en el proceso de extinci\u00f3n de dominio y precisa que \u201cAl momento de la presentaci\u00f3n de la demanda de extinci\u00f3n de dominio, si no se han adoptado medidas cautelares en fase inicial, el Fiscal, mediante providencia independiente y motivada, ordenar\u00e1 las mismas con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distra\u00eddos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extrav\u00edo o destrucci\u00f3n; o con el prop\u00f3sito de cesar su uso o destinaci\u00f3n il\u00edcita. En todo caso se deber\u00e1n salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa\u201d\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto, advirti\u00f3 que ni las anteriores disposiciones, ni otras, imped\u00edan que se continuara con el proceso ejecutivo donde se persigue el pago de una obligaci\u00f3n en dinero con un predio previamente hipotecado, as\u00ed como tampoco se hallaba limitada la autonom\u00eda del Juzgado de la ejecuci\u00f3n para continuarlo. <\/p>\n
Advirti\u00f3, entonces, que la situaci\u00f3n relatada por el ejecutado tampoco \u00abse encuentra en alguna de las causales de suspensi\u00f3n del proceso (Art. 161 o 162 del C.G.P.)\u00bb, en tanto que, el \u00abproceso ejecutivo en el que se busca la efectividad de un garant\u00eda real puede continuar con el cobro porque el acreedor puede perseguir otros bienes del ejecutado (Art. 468 C.G.P)\u00bb y, reiter\u00f3 que no exist\u00eda una norma que indicara que en \u00abun proceso ejecutivo que involucre bienes que se persiguen en extinci\u00f3n del dominio, deba llamarse como litisconsorcio necesario a la Fiscal\u00eda o que se deba suspender la ejecuci\u00f3n mientras la Fiscal\u00eda resuelve\u00bb, pues ambas especialidades son aut\u00f3nomas e independientes. <\/p>\n
Explic\u00f3 que una cosa distinta es que el acreedor hipotecario pueda pedir el reconocimiento de sus derechos en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, de acuerdo con lo establecido en los art\u00edculos 32 y 33 de la Ley 1579 de 2018 -Estatuto del Registro-, que dispone \u00abla concurrencia de embargos cuando haya una investigaci\u00f3n penal que involucre inmuebles y cuando la decisi\u00f3n pueda influir con la propiedad de los mismos\u00bb, evento en el cual, debe informar de lo anterior a los Jueces respectivos. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n a la indebida notificaci\u00f3n del accionante, advirti\u00f3 que aun cuando \u00abahora se sabe que \u00e9ste se encontraba privado de la libertad, (\u2026) no trajo prueba de que el Banco demandante conoc\u00eda de ello, por lo tanto, la notificaci\u00f3n por aviso que se surti\u00f3 en la direcci\u00f3n, Avenida 4 oeste Nro. 5 oeste 274 apartamento 201-A Torre A, era la que conoc\u00eda el Banco, am\u00e9n que tambi\u00e9n era el sitio donde viv\u00eda su esposa (Ivon Karina Tasc\u00f3n, tambi\u00e9n demandada)\u00bb, y si bien, de la revisi\u00f3n de las pruebas se evidenciaba que la codemandada le dirigi\u00f3 al banco ejecutante un oficio el 9 de agosto de 2016 inform\u00e1ndole de la privaci\u00f3n de la libertad de su esposo, lo anterior, no generaba la nulidad de la actuaci\u00f3n porque, para esa fecha, ya hab\u00eda tenido lugar \u00abla notificaci\u00f3n personal surtida por aviso el 15 de julio de 2016 (Art. 292 del C.G.P.)\u00bb <\/p>\n
3. En el contexto expuesto, las anteriores consideraciones, no contienen irregularidad que le abra paso a esta acci\u00f3n extraordinaria, pues el Tribunal Superior de Cali resolvi\u00f3 el asunto bajo su cargo teniendo en cuenta la normativa aplicable y lo ocurrido en el asunto. As\u00ed, determin\u00f3 razonablemente que ninguna norma impon\u00eda la suspensi\u00f3n del asunto ejecutivo hipotecario ante la existencia de un tr\u00e1mite paralelo de extinci\u00f3n de dominio sobre el mismo inmueble perseguido, y de igual modo razon\u00f3 que no resultaba necesaria la convocatoria de las autoridades que adelantaban el tr\u00e1mite penal, pues tampoco est\u00e1 reglamentado y lo previsto, en realidad, es que el acreedor hipotecario acuda a ese escenario y logre su reconocimiento tal como aconteci\u00f3. <\/p>\n
Por \u00faltimo, no se extrae desafuero en el hecho de no acogerse la indebida notificaci\u00f3n del actor, puesto que se prob\u00f3 que su enteramiento tuvo lugar, por aviso, antes de ponerse en conocimiento de la ejecutante la situaci\u00f3n particular del peticionario. Al punto, se destaca que, si bien el banco demandante acudi\u00f3 al litigio de extinci\u00f3n de dominio tal situaci\u00f3n no significaba que tuviera conocimiento sobre la privaci\u00f3n de la libertad del accionante, pues esa actuaci\u00f3n es ajena a la primera, en la que el tr\u00e1mite se surte, concretamente, en relaci\u00f3n con el inmueble del que se busca extinguir el dominio -art\u00edculo 15, Ley 1708 de 2014, C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio-. <\/p>\n
4. As\u00ed la cosas, la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n rese\u00f1ada, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha reiterado esta Corte, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, cuesti\u00f3n que refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022 y STC2622-2022, entre muchas). <\/p>\n
5. Resta anotar que el amparo formulado contra el banco Davivienda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, puesto que no se dan las especiales circunstancias previstas en el art\u00edculo 42 del Decreto 2591 de 1991 para que proceda la acci\u00f3n de tutela contra particulares (CSJ, STC1317-2022 y STC6710-2022) y, con todo, las quejas que se dirigen frente a actividad de esa entidad financiera como demandante, las mismas han debido proponerse en el caso criticado y no a trav\u00e9s de esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Santamar\u00eda \u00c1vila contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito, Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de la misma ciudad y el banco Davivienda SA. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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