STC15981-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15981-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03918-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte resuelve la acci\u00f3n de tutela que Jaiver Dom\u00ednguez Ricaurte instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de esta ciudad y a los intervinientes en el proceso No. 11001-31-03-024-2020-00175-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicit\u00f3 que, para proteger sus derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vivienda digna, se ordene al Tribunal \u00abdejar sin efecto la sentencia proferida el 27 de octubre de 2022\u00bb, en el juicio que promovi\u00f3 al Banco Davivienda S.A. y, en su reemplazo, conminarlo a expedir la \u00abdeterminaci\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
Adujo que demand\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de leasing habitacional celebrado con el Banco Davivienda S.A., porque, en contravenci\u00f3n de las normas que rigen ese tipo de convenios, pag\u00f3 parte de la compraventa mediante la cual la entidad adquiri\u00f3 de terceros el dominio de los respectivos predios (apartamento y garaje). <\/p>\n
Los art\u00edculos 2.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, y \u00abel numeral 1.5 del art\u00edculo 1\u00b0, Cap\u00edtulo V, T\u00edtulo I, Parte II de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica 029\/14\u00bb, exigen a las entidades financieras \u00abfondear con sus propios recursos el 100% del precio de adquisici\u00f3n\u00bb del bien que ser\u00e1 objeto de leasing, y, asimismo, les proh\u00edben \u00abpermitir, promover o exigir al cliente que pague parte del precio de adquisici\u00f3n del bien a ser entregado en arrendamiento financiero al proveedor del bien (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El ad quem sostuvo que la anterior cifra correspondi\u00f3 al valor del canon inicial del leasing, lo que no es cierto, pues en realidad el banco la destin\u00f3 para financiar la compra de los predios, no a la \u00abamortizaci\u00f3n peri\u00f3dica de una parte del precio de la opci\u00f3n adquisici\u00f3n\u2026\u00bb. Tampoco pudo ser as\u00ed porque conforme al literal b) del art\u00edculo 1 del Decreto 145 de 2000, \u00abla primera cuota del cr\u00e9dito no podr\u00e1 representar m\u00e1s del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares\u00bb, pero \u00abpor simple regla de tres los ingresos familiares mensuales del locatario ser\u00edan como m\u00ednimo de $926.666.666.67 mensuales, circunstancia que no se encuentra probada y que por simple deducci\u00f3n l\u00f3gica es imposible que sea realidad\u00bb. <\/p>\n
La hermen\u00e9utica reprochada desconoce que el leasing habitacional es un mecanismo de financiaci\u00f3n de vivienda a largo plazo y que \u00abaprovechando su posici\u00f3n dominante en la relaci\u00f3n comercial con el locatario, \u2018parte d\u00e9bil\u2019, [Davivienda] utiliz\u00f3 una cl\u00e1usula abusiva dentro del contrato de leasing, para despojar[lo] (\u2026) de (\u2026) doscientos setenta y ocho millones de pesos (\u2026) de su patrimonio y el de su familia (\u2026)\u00bb, as\u00ed como las Leyes 546 de 1999 y 795 de 2003 y los literales b) y c) del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 145 de 2000, que tambi\u00e9n disciplinan la controversia. <\/p>\n
Mediante escrito adicional, aport\u00f3 un concepto de la Superintendencia Financiera sobre la tem\u00e1tica controvertida y la sentencia STC13901-2015. <\/p>\n
2.- La Corporaci\u00f3n denunciada pidi\u00f3 denegar el amparo argumentando que aplic\u00f3 las disposiciones sustanciales y procesales pertinentes; el juzgado defendi\u00f3 tambi\u00e9n la legalidad de lo decidido y remiti\u00f3 el enlace contentivo del expediente a su cargo; y el Banco Davivienda S.A. destac\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n porque el gestor no acredit\u00f3 todos los requisitos de procedencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Las sentencias judiciales, como ejercicio del poder jurisdiccional del Estado, est\u00e1n dotadas de las presunciones de acierto y legalidad. De modo que si se trata de desconocerles efectos a trav\u00e9s de la tutela, no es cualquier inconformidad o error el que tiene la virtualidad de aniquilarlas, sino aquel que \u00ababrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u00bb (CSJ STC4330-2021). Luego, este mecanismo excepcional solo es viable en casos de indiscutible arbitrariedad, siendo improcedente, por ende, para debatir nuevamente los asuntos sustanciales y probatorios que fueron materia de la controversia ordinaria. <\/p>\n
2.- En el caso, se descarta la existencia de un yerro de esa envergadura, pues la sentencia combatida no es irrazonable, al margen de que se comparta o no. <\/p>\n
En efecto, el juez plural consider\u00f3 que la nulidad planteada deb\u00eda fracasar porque evidenci\u00f3, contrario a lo alegado por el actor, que no se violaron las normas invocadas. Para ello, puntualiz\u00f3, en breve que, si bien el quejoso solucion\u00f3 parte de la compraventa de los inmuebles objeto del leasing, lo que pag\u00f3 no fue para adquirir su propiedad, sino a t\u00edtulo de canon inicial, e igualmente a ra\u00edz de dos convenios jur\u00eddicos que \u00e9l consinti\u00f3, esto es, la promesa de compraventa que previamente celebr\u00f3 con los vendedores y el negocio mediante el cual cedi\u00f3 a la entidad financiera su posici\u00f3n contractual en ese negocio preparatorio. <\/p>\n
En ese sentido, empez\u00f3 por destacar el contenido de las pautas alegadas, as\u00ed: <\/p>\n
El art\u00edculo 2.2.1.1.2. literal A) del Decreto 2555 de 2010, el cual como se\u00f1al\u00f3 la juzgadora de primera instancia fue reubicado en el art\u00edculo 2.28.2.1.2. por el art\u00edculo 62 del Decreto 1745 de 2020, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cReglas para la realizaci\u00f3n de operaciones. Con el fin de que las operaciones de arrendamiento financiero se realicen de acuerdo con su propia naturaleza los establecimientos bancarios y las compa\u00f1\u00edas de financiamiento se sujetar\u00e1n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Los bienes que se entreguen en arrendamiento financiero deber\u00e1n ser de propiedad del arrendador. Lo anterior sin perjuicio de que varios establecimientos bancarios o compa\u00f1\u00edas de financiamiento arrienden conjuntamente bienes de propiedad de uno de ellos mediante la modalidad de arrendamiento financiero sindicado. En consecuencia, los establecimientos bancarios y las compa\u00f1\u00edas de financiamiento no podr\u00e1n celebrar contratos de arrendamiento financiero en los cuales intervengan terceros que act\u00faen como copropietarios del bien o bienes destinado a ser entregados a tal t\u00edtulo\u201d. <\/p>\n
Por su parte, el numeral 1.5. de la parte II, t\u00edtulo I, cap\u00edtulo V de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia Financiera de Colombia establece que: <\/p>\n
\u201cCon el fin de asegurar el adecuado y estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en los arts. 2.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, los establecimientos bancarios y las compa\u00f1\u00edas de financiamiento autorizados a realizar este tipo de operaciones deben abstenerse de realizar las siguientes conductas: <\/p>\n
(\u2026) 1.5. Permitir, promover o exigir al cliente que pague parte del precio de adquisici\u00f3n del bien a ser entregado en arrendamiento financiero al proveedor del bien, pues las prestaciones derivadas del contrato de compraventa deben predicarse \u00fanicamente entre la instituci\u00f3n financiera y el proveedor del bien, excluyendo la copropiedad con el arrendatario sobre los activos o su contabilizaci\u00f3n por un valor que no consulta el monto correspondiente al de su adquisici\u00f3n\u201d (subraya no es del original). <\/p>\n
Luego evalu\u00f3 las probanzas recaudadas y describi\u00f3 su contenido, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
i) Escritura p\u00fablica No. 1772 de 13 de julio de 2017, suscrita ante la Notar\u00eda Segunda de Bogot\u00e1, por medio la cual el Banco Davivienda S.A. adquiri\u00f3 de Amparo Osorio de Sandoval, Jos\u00e9 Tiberio Sandoval Rinc\u00f3n, Juan Pablo Montana y Jos\u00e9 Tiberio Sandoval Osorio el apartamento 102 y garaje que forman parte del Edificio Residencias del Norte P.H., ubicado en la carrera 11 No. 96-59 de Bogot\u00e1; instrumento en el que \u00abse dej\u00f3 constancia que de los $598.000.000 pactados como precio, la suma de $278.000.000 aquellos declararon haberlos recibido de manos de Jaiver Dom\u00ednguez Ricaurte, \u2018locatario en un contrato de leasing habitacional suscrito por este con el Banco Davivienda S.A.\u00bb <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Valor venta del inmueble: $600.000.000 <\/p>\n
Valor aval\u00fao del inmueble: $619.950.000 <\/p>\n
(\u2026) Canon inicial: $280.000.000 <\/p>\n
(\u2026) Plazo de la operaci\u00f3n: 240 meses. <\/p>\n
(\u2026) Condiciones comerciales de la operaci\u00f3n de leasing habitacional: <\/p>\n
(\u2026). Al momento del desembolso el valor del canon inicial pactado entre vendedores y compradores del inmueble que el banco financiar\u00e1, deber\u00e1 estar totalmente cancelada (el destacado es original del texto). <\/p>\n
iii) \u00abel contrato de leasing No. 0600463300192371\/Modalidad: leasing habitacional\/Sistema canon fijo \u2013 Tasa fija\u00bb, en el que se precis\u00f3 que el \u00abcanon inicial es el \u00b4valor que pagar\u00e1 el locatario a Davivienda, al comienzo del contrato como abono directo a capital y le permitir\u00e1 acceder a un leasing habitacional con un menor valor de los c\u00e1nones a recaudar\u2019\u00bb, as\u00ed como que \u00abel valor del contrato es de $320.000.000; el objeto de tal convenci\u00f3n era que Davivienda entregara al locatario \u2018la mera tenencia del inmueble (\u2026) para que lo use y disfrute pagando los c\u00e1nones mensuales durante el plazo de duraci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
iv) \u00abdocumento fechado 13 de julio de 2017, que contiene la \u2018cesi\u00f3n promesa de compraventa\u2019, en el que consta que Jaiver Dom\u00ednguez Ricaurte cede a Banco Davivienda S.A. el contrato de promesa de compraventa que hab\u00eda suscrito el 28 de abril de 2017 con Juan Pablo Monta\u00f1a, Amparo Osorio de Sandoval, Jos\u00e9 Tiberio Sandoval Osorio y Jos\u00e9 Tiberio Sandoval Rinc\u00f3n, en calidad de promitentes vendedores\u00bb. <\/p>\n
Y con base en dichos medios de convicci\u00f3n puntualiz\u00f3, entre otros aspectos, que: <\/p>\n
(\u2026) el se\u00f1or Dom\u00ednguez Ricaurte sab\u00eda que el dinero que pagaba a los vendedores del inmueble correspond\u00eda a la satisfacci\u00f3n del canon inicial para el contrato de leasing, que no al pago de parte del precio a su propio nombre para la adquisici\u00f3n del dominio del inmueble, lo que de suyo hace que no se contraviniera lo dispuesto en las normas referidas por el demandante. <\/p>\n
E igualmente que: <\/p>\n
(\u2026) el demandante celebr\u00f3 el pacto preparatorio con los promitentes vendedores el 28 de abril de 2017; aquel le entreg\u00f3 a estos $278.000.000 por concepto de cuota inicial para la enajenaci\u00f3n del dominio del predio; sin embargo, se hizo constar que el contrato de promesa de compraventa fue cedido a favor de la demandada, en aras de poder suscribir el contrato de leasing habitacional, por lo que se colige que el pago efectuado por el actor a los entonces due\u00f1os del predio, precedi\u00f3 a la firma del acuerdo de voluntades con el banco respecto del leasing; empero, por la din\u00e1mica comercial, tal valor se computar\u00eda como canon inicial de este \u00faltimo convenio, de conformidad con lo expuesto en la documental de la misma calenda antes examinada. <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
(\u2026) Dom\u00ednguez Ricaurte entreg\u00f3 $278.000.000 a los vendedores del inmueble, pero en virtud del contrato de promesa de compraventa que hab\u00eda celebrado con los mismos, y que posteriormente cedi\u00f3 su posici\u00f3n de promitente comprador a favor del banco con el que suscribir\u00eda el pacto de leasing habitacional, por lo cual, el monto referido se entiende pagado como parte del precio por el banco, y se computa en oportunidad como canon inicial en el contrato de leasing, lo que no ri\u00f1e con la legalidad. <\/p>\n
Y a prop\u00f3sito de que lo sufragado por el accionante a los proveedores del inmueble se imputar\u00eda al leasing, agreg\u00f3: <\/p>\n
Es evidente que, acorde con las definiciones contractuales establecidas, el canon inicial es un monto que influye en el precio del contrato de leasing habitacional, y el cual fue tenido en cuenta a la hora de fijarlo en este caso, pues se determin\u00f3 solamente en la suma de $320.000.000 que no por todo el precio del inmueble. De all\u00ed, que el precio pagado a los vendedores se hizo en integridad por Davivienda S.A., quien imput\u00f3 los $278.000.000 que inicialmente entreg\u00f3 el actor a canon inicial, y el valor restante, o sea, el saldo adeudado a aquellos, lo cancel\u00f3 la entidad bancaria y fue el monto por el que se tas\u00f3 el precio del leasing. <\/p>\n
Por lo que recab\u00f3 en que \u00ab[v]isto esto, se observa que la compa\u00f1\u00eda de leasing no permiti\u00f3, promovi\u00f3 o exigi\u00f3 al locatario que cancelara parte del precio de adquisici\u00f3n del bien a ser dado en leasing, por lo que no se violaron las normas alegadas por el demandante. <\/p>\n
Ahora, que a juicio del promotor la nulidad reclamada se configure por el solo hecho de que el Banco hubiese adquirido los bienes con dinero que \u00e9l pag\u00f3 directamente a los vendedores, no es raz\u00f3n para desconocer lo decidido por el Tribunal. Adem\u00e1s de que se trata de una alternativa interpretativa que, por tanto, no puede imponerse al sentenciador, pues, como pudo verse, la negativa cuestionada se edific\u00f3 en un an\u00e1lisis serio de las circunstancias que rodearon el referido pago que, por tanto, as\u00ed no se comparta, debe ser respetado. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, como lo ha reiterado la Corte: <\/p>\n
(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC 18 mar. 2010, rad. 00367-00, reiterado, entre otras, en STC14433-2022). <\/p>\n
Por otro lado, los dem\u00e1s reparos planteados en la tutela, como el abuso de la posici\u00f3n dominante que ostenta el Banco Davivienda y el desconocimiento de las Leyes 546 de 1999, 795 de 2003 y los literales b) y c) del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 145 de 2000, tampoco tornan exitoso el amparo, en tanto no fueron parte de la controversia civil. N\u00f3tese que el peticionario acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n con el prop\u00f3sito de que se invalidara el arrendamiento financiero, argumentando la infracci\u00f3n del \u00abnumeral a) del art\u00edculo 2.2.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010\u00bb y la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia Financiera. <\/p>\n
Adicionalmente, el actor tampoco demostr\u00f3 c\u00f3mo esas pautas impon\u00edan acoger la hermen\u00e9utica que propone como la \u00fanica v\u00e1lida o descartaban la plausibilidad de la tesis de la Magistratura convocada. Por supuesto, la alegada afectaci\u00f3n del derecho a la vivienda, fundada en que el Banco lo despoj\u00f3 de $278.000.000, sin ning\u00fan derecho sobre el inmueble, no permite llegar a una conclusi\u00f3n distinta, dado que ese resultado es el fruto de las condiciones financieras del leasing: i) canon inicial, $278.000.000, ii) valor del canon mensual, $4.325.000, iii) plazo, 240 meses, iv) opci\u00f3n de adquisici\u00f3n, cero pesos. <\/p>\n
Los conceptos de la Superintendencia Financiera citados en el escrito de tutela, como el aportado en el curso de esta instancia, y el fallo STC13901-2015, no cambian el panorama. Esto, porque los an\u00e1lisis all\u00ed realizados no se ajustan a las circunstancias f\u00e1cticas del caso. N\u00f3tese, en cuanto a los conceptos, que en ellos se afirma gen\u00e9ricamente que \u00abla adquisici\u00f3n del bien, de acuerdo con la definici\u00f3n del contrato de arrendamiento financiero, debe constituir un contrato donde el precio debe ser cancelado o sufragado en su integridad por la compa\u00f1\u00eda arrendadora, de tal forma que, salvo excepciones legales, vale decir, el arrendamiento sindicado, el derecho de dominio recaiga exclusivamente en la entidad financiera\u00bb, pero nada dicen en torno a los hechos espec\u00edficos del asunto. Frente a la sentencia, obs\u00e9rvese que se trat\u00f3 de caso de resoluci\u00f3n de contrato de leasing, no de nulidad. <\/p>\n
3.- En suma, comoquiera que el veredicto expedido por el Tribunal de Bogot\u00e1, desde la perspectiva constitucional, no merece reproche alguno, el amparo suplicado deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley NIEGA la tutela instada por Jaiver Dom\u00ednguez Ricaurte. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15981-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15981-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03918-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte resuelve la acci\u00f3n de tutela que Jaiver Dom\u00ednguez Ricaurte instaur\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69153","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69153"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69153\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}