STC15982-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15982-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-04035-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Elizabeth Abad\u00eda Rodr\u00edguez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2022-00167. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abjusticia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en s\u00edntesis que, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela (radicado n\u00ba 2022-00167) contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones \u2013 y Colfondos AFP., pretendiendo la reliquidaci\u00f3n de la mesada pensional ajustada al IBC y, como consecuencia de ello, el pago de retroactivo por el monto de \u00ab$50\u2019490.000.\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali, declar\u00f3 improcedente el resguardo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad (fallo del 24 de junio de 2022), dado que, la promotora tiene a su alcance otras v\u00edas judiciales para formular el reclamo por la supuesta err\u00f3nea liquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n; criterio que acogi\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial en sede de impugnaci\u00f3n mediante sentencia del 20 de septiembre de esta anualidad. <\/p>\n
La actora cuestiona los fallos que le fueron adversos en el amparo referido, y en concreto, insiste en las alegaciones que plante\u00f3 en la demanda propuesta en ese escenario, esto es, recriminando la negativa por parte de Colpensiones a reliquidar su mesada y pagarle el retroactivo. Agreg\u00f3 que esa misma entidad, no anul\u00f3 el traslado al fondo de pensiones privado, como en pronunciamientos recientes la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (SL2929-2022) y la Corte Constitucional (T-137\/22) lo han indicado, es decir, que una persona ya \u00ab(\u2026) pensionada puede pedir la ineficacia del r\u00e9gimen de traslado pensional y pedir la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez (\u2026) as\u00ed las cosas, el deber de informar al afiliado sobre los beneficios y ventajas de cada r\u00e9gimen pensional existente en la seguridad sociales de 1993 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1ala que, tiene 63 a\u00f1os de edad, y pese a ello, el tribunal accionado no solo no la reconoci\u00f3 en ese grupo poblacional, sino que neg\u00f3 que la patolog\u00eda que padece sea grave, aunque \u00abla OMS la ubica como degenerativa cong\u00e9nita que solo se somete a control\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se infiere que pretende que se dejen sin efecto los fallos de tutela referenciados, y en su lugar, se concedan las pretensiones all\u00ed invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Trece Civil del Circuito de Cali inform\u00f3 que, ciertamente, en la acci\u00f3n de tutela radicado 2022-167 profiri\u00f3 fallo el 24 de junio de 2022, desestimando las pretensiones \u00abpor no haberse cumplido la totalidad de los requisitos generales para la prosperidad del amparo\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, ponente de la decisi\u00f3n reprochada indic\u00f3 que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n formulada por la all\u00ed actora frente a la sentencia de tutela de primer grado, y dispuso confirmarla pues, \u00ab(\u2026) no se evidenci\u00f3 circunstancias especial que flexibilizara el requisito de la subsidiariedad [\u2026] dado que la accionante percibe mesada pensional y no anunci\u00f3 evento alguno que la determine como sujeto de especial protecci\u00f3n (\u2026)\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que, en esta ocasi\u00f3n la improcedencia se presenta por tratarse de una tutela en contra de una sentencia de la misma naturaleza, adem\u00e1s de que, \u00abse encuentra pendiente el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. La directora de acciones constitucionales de Colpensiones se opuso a la prosperidad de la demanda tutelar pues est\u00e1 siendo utilizada para revivir otra acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s, porque la controversia que propone corresponde ser planteada ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la querellante, al declarar improcedente \u2013 por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad \u2013 la acci\u00f3n de tutela (radicado n\u00ba 2022-00167) que promovi\u00f3 contra Colpensiones y Colfondos AFP (por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y seguridad social). <\/p>\n
2. La procedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilizaci\u00f3n de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que ser\u00eda viable: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; STC, 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y STC, 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, al justificar en estos casos la impertinencia de la acci\u00f3n, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Sala que no se abre paso el amparo incoado, comoquiera que, la quejosa pretende controvertir mediante esta nueva acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional (radicado n\u00ba 2022-00167) por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali el 24 de junio de 2022 en primera instancia; y, el de la Sala Civil del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial del 20 de septiembre de 2022, \u00e9ste \u00faltimo que confirm\u00f3 el del a quo, tras advertir que la actora no ha agotado \u00ab(\u2026) debidamente los recursos ordinarios que tienen a su alcance, esto es, acudir ante el juez ordinario, cuando la discusi\u00f3n planteada no trasciende al plano constitucional, pues ello debe ser dirimido bajo las competencias del juez natural, en el tr\u00e1mite ante el que puede desplegarse todo el acervo probatorio y donde \u00e9stos tendr\u00e1 la oportunidad de ser controvertidos y verificados, a quien por expreso mandato, se le atribuye la resoluci\u00f3n de las acciones que aqu\u00ed se buscan promover\u00bb. <\/p>\n
Con lo anterior, como preliminarmente se indic\u00f3, se desatiende una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad seg\u00fan la cual, \u00abla providencia contra la que se encamina el resguardo no debe tratarse de una sentencia dictada dentro de una salvaguarda constitucional, porque de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto\u00bb (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, como se mencion\u00f3, se ha admitido la pertinencia de esta senda en los casos donde se advierta necesario garantizar el derecho de quienes no habiendo sido citados al tr\u00e1mite o correctamente notificados, resultan afectados por la decisi\u00f3n all\u00ed dictada, pero no es lo que en esta ocasi\u00f3n se alega. <\/p>\n
3.2. Ahora, la Corte Constitucional en la sentencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto del mismo g\u00e9nero en caso de concurrir los siguientes supuestos, establecidos como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb Subrayas fuera de texto. <\/p>\n
Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite ya que ni siquiera se invocaron por parte de la accionante, pues su queja esencialmente se circunscribi\u00f3, por un lado, a replicar los reclamos expuestos en la acci\u00f3n tutelar en cuesti\u00f3n, y de otro, a censurar el criterio adoptado por los falladores a partir del cual determinaron la improcedencia de dicha s\u00faplica; es decir, se trata de cuestionamientos producto de la inconformidad con las providencias constitucionales demandadas, pero sin se\u00f1alar motivos concretos que permitan advertir la presencia de un posible fraude que, seg\u00fan la jurisprudencia en cita, habilitar\u00eda excepcionalmente el auxilio en estos eventos. <\/p>\n
4. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Como se precis\u00f3 inicialmente, cuando se atacan decisiones de esta especie igualmente debe cumplirse con este requisito de procedibilidad, el cual es inherente a esta acci\u00f3n, como lo indic\u00f3 esta Corte, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ STC, 30 ag. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289-2016). <\/p>\n
Ahora, en este caso particular, la tutelante aun cuenta con la posibilidad de solicitar a la Corte Constitucional que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, ya que, consultada la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n, se verific\u00f3 que \u00e9sta no ha determinado si lo har\u00e1 (radicado T9053700), constat\u00e1ndose que el expediente fue registrado el 28 de octubre de 2022 y remitido a Sala de revisi\u00f3n el 1\u00ba de noviembre de este a\u00f1o, sin que se conozca hasta ahora decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Sobre la idoneidad de esa senda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-2041-01; reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se establece la inviabilidad del presente ruego por estar dirigido contra sentencias dictadas dentro de una acci\u00f3n de la misma estirpe; as\u00ed mismo porque, incumple el requisito de la subsidiariedad en la medida en que, la reclamante cuenta todav\u00eda con otro medio de defensa, al constatarse que el expediente de la tutela recriminada no ha sido excluido de la revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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