STC15983-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15983-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04125-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Para sustentar su reclamo, indic\u00f3 que, en el proceso penal que se adelanta en su contra, el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garant\u00edas de C\u00facuta llev\u00f3 a cabo el 5 de noviembre de 2019 la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, oportunidad en la que la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de esa ciudad, le imput\u00f3, en su calidad de Fiscal Octavo Especializado, los delitos de concusi\u00f3n en concurso con prevaricato por acci\u00f3n agravado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que posteriormente el 4 de febrero de 2020 la Fiscal\u00eda designada alleg\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n, que ampli\u00f3 el 10 de febrero siguiente, y en la audiencia inicial de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n adelantada ante el Tribunal Superior de C\u00facuta el 24 de marzo de 2021 su defensa solicit\u00f3 \u00abla claridad de los hechos jur\u00eddicamente relevantes\u00bb de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que como una de las v\u00edctimas no contaba con representaci\u00f3n judicial, la diligencia fue aplazada y se reanud\u00f3 el 26 de enero de 2022, fecha en la que su nuevo defensor reclam\u00f3 \u00abla nulidad de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb, y sostuvo que en esa diligencia se presentaron fallas que impidieron su grabaci\u00f3n y, seg\u00fan le certific\u00f3 el Juzgado de conocimiento, hubo \u00abimposibilidad de reparar o recuperar las grabaciones de la audiencia\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 4 de febrero de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, \u00abde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, disponiendo devolver la actuaci\u00f3n al fiscal delegado para lo de su cargo\u00bb, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n la Fiscal\u00eda y revoc\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en auto AP1812-2022 de 4 de mayo de 2022, para que se continuara \u00abtramitando la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que con esa decisi\u00f3n la Sala accionada vulnero sus derechos fundamentales, pues la falta de \u00abregistro de la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n\u00bb afecta el debido proceso porque no existe \u00absoporte documental alguno de los hechos jur\u00eddicamente relevantes que [le] fueron imputados\u00bb y que son indispensables para proyectar su \u00abestrategia de defensa\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que la Corporaci\u00f3n accionada, en la determinaci\u00f3n criticada, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por \u00abviolaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n por vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa (\u2026) [y dado el] desconocimiento del precedente jurisprudencial [de la Corte Constitucional], sobre la defensa personal y el principio de congruencia del n\u00facleo f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 revocar la providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y \u00abORDENAR LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO DESDE LA CELEBRACI\u00d3N DE AUDIENCIA DE FORMULACI\u00d3N DE IMPUTACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la Sala accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Fiscal Delegado ante Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta indic\u00f3 que \u00abformul\u00f3 imputaci\u00f3n, igualmente present\u00f3 y verbaliz\u00f3 acusaci\u00f3n dentro del radicado (\u2026) que se sigue en contra de JAVIER RODR\u00cdGUEZ ROSALES, encontr\u00e1ndose la actuaci\u00f3n para celebrar audiencia preparatoria el d\u00eda de ma\u00f1ana 29 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del C\u00facuta relat\u00f3 los antecedentes del asunto y se opuso a la prosperidad el amparo en su contra, toda vez que no lesion\u00f3 los derechos del solicitante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 que en la decisi\u00f3n materia de queja no incurri\u00f3 en lesi\u00f3n de garant\u00edas sustanciales, pues se apoy\u00f3 en las pruebas y en la jurisprudencia aplicable al caso. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Examinado el escrito de tutela, se establece que el Javier Alberto Rodr\u00edguez Rosales reprocha la providencia AP1812 de 4 de mayo de 2022, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sede de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta el 4 de febrero de 2022, en la que hab\u00eda decretado la nulidad de lo actuado en el proceso penal, a partir de la \u00abaudiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb realizada el 5 de noviembre de 2019 para, en su lugar, disponer la continuaci\u00f3n de la \u00abaudiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Examinada la citada decisi\u00f3n, no se establece irregularidad manifiesta que permita la intromisi\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la accionada adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n criticada sin desconocer el alcance de las alegaciones del procesado, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Frente a lo anterior, indic\u00f3 que esa Sala especializada, en casos similares, ha expresado que la falta registro audiovisual, por s\u00ed misma, no conduce \u00abindefectiblemente a la nulidad del tr\u00e1mite, pues es necesario que, adem\u00e1s, se cuestione la existencia o verificaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n o del acto procesal, la prueba, la esencia del debate probatorio o la decisi\u00f3n que fue proferida, es decir, del contenido de la grabaci\u00f3n\u00bb, conclusi\u00f3n apoyada en las distintas providencias que refiri\u00f3 (CSJ, AP. 30 jun. 2014, rad. 38379; CSJ SP, 27 jun. 2018, rad. 45909; CSJ AP, 15 jul. 2020, rad. 55110; CSJ AP, 9 jun. 2021, rad. 58762 y SP351 del 16 de febrero de 2022, radicado 57195). <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, si bien los registros de audio o video permiten la reproducci\u00f3n fidedigna de las audiencias en el proceso penal acusatorio, ello no implica que \u00abla existencia de la actuaci\u00f3n procesal est\u00e1 supeditada a la grabaci\u00f3n o al acta, inclusive\u00bb, puesto que la validez de la actuaci\u00f3n es dada por la ley si ha sido realizada en cumplimiento de las disposiciones legales para su materializaci\u00f3n y con respeto de los derechos fundamentales de todos los sujetos que intervienen en el proceso. <\/p>\n
Sostuvo que resultaba claro que el acta de 5 de noviembre de 2019 evidenciaba \u00abla existencia de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb a la que asisti\u00f3 el accionante, su entonces defensora y el fiscal, adem\u00e1s, de la misma se conclu\u00eda que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de C\u00facuta imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al acto de comunicaci\u00f3n, y en \u00e9ste, \u00abel ente investigador enrostr\u00f3 al encartado la comisi\u00f3n, a t\u00edtulo de autor, de los delitos de prevaricato por acci\u00f3n agravado y concusi\u00f3n, previstos en los art\u00edculos 404 y 413 del C.P.\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que en esa actuaci\u00f3n qued\u00f3 evidencia de la manifestaci\u00f3n del peticionario, relativa a que no se allanar\u00eda a los cargos, lo cual hizo \u00abconsciente de los derechos que le concede el art\u00edculo 8\u00ba del C.P.P., y de manera libre, voluntaria y debidamente informada\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, puso de presente que, a la audiencia inicial de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, adelantada el 24 de marzo de 2021 ante el Tribunal Superior de C\u00facuta, asisti\u00f3 el actor, con su defensor, el Ministerio P\u00fablico y las v\u00edctimas y, en esa ocasi\u00f3n, tras correrse traslado del escrito de acusaci\u00f3n y su adici\u00f3n, se requiri\u00f3 a todos los intervinientes para que manifestara \u00absi advert\u00edan causales de incompetencia, impedimento, recusaci\u00f3n o nulidad que afectaran la actuaci\u00f3n\u00bb; frente a ello, todos dijeron que no se hab\u00eda configurado invalidez alguna, incluido el defensor del accionante, quien se limit\u00f3 a solicitar \u00ab\u00fanicamente que se precisara en el escrito de acusaci\u00f3n, cu\u00e1l fue la acci\u00f3n concreta desplegada por el encartado para hacer la exigencia dineraria\u00bb, atribuida como objeto de los delitos imputados, ante lo cual el Fiscal expres\u00f3 que para satisfacer esa petici\u00f3n, era suficiente con la verbalizaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, \u00abcon lo cual se podr\u00eda apreciar que s\u00ed explic\u00f3 c\u00f3mo el imputado realiz\u00f3 la indebida exigencia econ\u00f3mica\u00bb, sin embargo, la audiencia fue suspendida para que la v\u00edctima lograra su debida representaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Indic\u00f3 la Sala accionada que, de acuerdo con lo expresado, \u00abla audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n se realiz\u00f3 y en ella el fiscal comunic\u00f3 al procesado los hechos jur\u00eddicamente relevantes, por los cuales se le imputaba la comisi\u00f3n de prevaricato por acci\u00f3n agravado y concusi\u00f3n\u00bb y, a partir de esa imputaci\u00f3n f\u00e1ctica, el actor expres\u00f3 que no se allanaba a los cargos, acto que aprob\u00f3 el Juez con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas por realizarse con \u00abapego a los par\u00e1metros legales\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que de lo anterior eran conscientes las partes e intervinientes en el proceso, ya que el defensor y el Ministerio P\u00fablico, apenas hab\u00edan cuestionado \u00abla ausencia del registro magn\u00e9tico de la imputaci\u00f3n\u00bb, pero no la existencia de la actuaci\u00f3n procesal, por lo tanto, para la Sala de Casaci\u00f3n accionada, err\u00f3 el a quo al sujetar \u00abla legalidad de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n a la posibilidad de su reproducci\u00f3n mediante registro magn\u00e9tico\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abque el vicio t\u00e9cnico en manera alguna afecta el ejercicio del derecho de defensa, dado que en la audiencia inicial de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n llevada a cabo el 24 de marzo de 2021, Javier Alberto Rodr\u00edguez Rosales estuvo representado por otro abogado distinto al que lo asisti\u00f3 en la imputaci\u00f3n, profesional que nada dijo sobre supuesta imposibilidad que tendr\u00eda para desarrollar su estrategia defensiva por la ausencia de la grabaci\u00f3n, ya que s\u00f3lo se limit\u00f3 a que \u00abse precisara un hecho jur\u00eddicamente relevante concreto del escrito de acusaci\u00f3n\u00bb, sin que tuviese la intenci\u00f3n de reclamar la nulidad, sino una aclaraci\u00f3n sobre \u00abla labor desplegada por el procesado para exigir a la v\u00edctima el dinero\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, anot\u00f3 la Sala acusada, que no resultaba claro \u00abc\u00f3mo la falla en la grabaci\u00f3n de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n realizada el 5 de noviembre de 2019, advertida solo hasta el 7 de octubre de 2021 con ocasi\u00f3n de la solicitud incoada por el encartado de una copia, puede afectar el acto de comunicaci\u00f3n, cuando las partes admitieron con su comportamiento procesal que este tuvo plena validez, al punto que convalidaron cualquier irregularidad que pudiera derivarse de la ausencia del audio\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, incluso, el nuevo abogado del accionante en el asunto criticado, pidi\u00f3 la nulidad \u00aben t\u00e9rminos hipot\u00e9ticos sobre la presunta imposibilidad de conocer lo sucedido para llevar a cabo una adecuada defensa, en particular, ante una contingente incongruencia f\u00e1ctica entre la imputaci\u00f3n, acusaci\u00f3n y sentencia\u00bb, argumentos que la accionada estim\u00f3 insuficientes para decretar la invalidez, puesto que, como lo enunci\u00f3 el Fiscal, los hechos jur\u00eddicamente relevantes expresados en la imputaci\u00f3n, pod\u00edan \u00abser actualizados para el defensor con la verbalizaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, cuyo contenido, se insiste, fue avalado por el procesado y su entonces representante judicial en la audiencia del 24 de marzo de 2021\u00bb, de la que s\u00f3lo se pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el actor, y aqu\u00ed accionante quien se desempe\u00f1aba como Fiscal, pudo cambiar de apoderada para la diligencia de 24 de marzo de 2021 e informarle \u00absi los hechos jur\u00eddicamente relevantes previstos en el pliego de cargos coincid\u00edan con los expuestos en dicha diligencia\u00bb, lo cual debi\u00f3 hacer sin contar \u00abcon el registro audiovisual de la audiencia preliminar del 5 de noviembre de 2019, pues recu\u00e9rdese que solicit\u00f3 la grabaci\u00f3n hasta el 16 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que de lo anterior, se extra\u00eda que \u00absi no fue necesario el registro de audio de la imputaci\u00f3n para ese entonces, menos lo es ahora que se conocen las fallas t\u00e9cnicas que impiden su reconstrucci\u00f3n o recuperaci\u00f3n\u00bb, ya que, insisti\u00f3, ninguno de los intervinientes \u00abcuestion\u00f3, con argumentos concretos, la coincidencia de la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y de la relaci\u00f3n de los hechos en el escrito de acusaci\u00f3n, ni la existencia y legalidad del acto de comunicaci\u00f3n\u00bb, e indic\u00f3 que \u00abla petici\u00f3n de nulidad estuvo cimentada en la eventual dificultad para constatar el cumplimiento del principio de congruencia frente a la acusaci\u00f3n y la sentencia\u00bb, de donde pod\u00eda establecerse la falta de incidencia o trascendencia del vicio en el tr\u00e1mite o la lesi\u00f3n a los derechos de los involucrados, toda vez que, aun sin ocurrir la falla t\u00e9cnica, <\/p>\n
\u00abla formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n fue realizada conforme a los presupuestos legales, es decir que el acto procesal cumpli\u00f3 la finalidad para la cual est\u00e1 previsto y la relaci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes fue reiterada en el escrito de acusaci\u00f3n, como lo exige el art\u00edculo 337 del C.P.P. y que ser\u00e1 expuesta una vez se reanude la audiencia respectiva\u00bb. <\/p>\n
4. Las anteriores consideraciones no contienen desafuero o irregularidad, pues la Sala de Casaci\u00f3n Penal analiz\u00f3 el asunto sometido a su conocimiento conforme a la jurisprudencia imperante de la Corte y teniendo en cuenta que el accionante apenas vino a cuestionar la diligencia de imputaci\u00f3n cuando no pudo lograr su reproducci\u00f3n, lo que no traduc\u00eda la nulidad reclamada, m\u00e1xime si realiz\u00f3 actuaciones posteriores sin necesitar tal registro y si el acto mismo no fue reprochado por los intervinientes, al punto que consigui\u00f3 la aprobaci\u00f3n del juez de control de garant\u00edas. <\/p>\n
Por tanto, aunque despu\u00e9s se hubiese alegado una posible nulidad por las dificultades de realizar una estrategia defensiva, es evidente que, en realidad, no existi\u00f3 reproche sobre el contenido de la diligencia, ya que lo pretendido fue una aclaraci\u00f3n de los hechos de la acusaci\u00f3n que bien puede lograrse con la verbalizaci\u00f3n del escrito presentado por la Fiscal\u00eda, como as\u00ed lo anot\u00f3 esa autoridad y la Sala accionada. <\/p>\n
Por tanto, la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n rese\u00f1ada, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Alberto Rodr\u00edguez Rosales contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15983-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC15983-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04125-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. Mediante apoderado judicial, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69155","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69155"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69155\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}