STC15990-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15990-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01751-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 6 de septiembre de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9lida Viuche Carrillo contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas \u2013 Colfondos S.A. -, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones -, autoridades, partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 11001310503820170059400 (Rad. Corte 89398). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora solicit\u00f3 se revoque la sentencia CSJ SL1276-2022, de 19 de abril del a\u00f1o que avanza y en su lugar se declare que \u00abse encontraba habilitada dentro del per\u00edodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2004 al 7 de noviembre de 2006, para tramitar su traslado del RAIS hacia el RPMPD y en consecuencia ordenar a Colpensiones y AFP Colfondos adelantar los tr\u00e1mites respetivos para hacer efectivo el traslado\u00bb. <\/p>\n
De los medios suasorios adosados y del escrito inicial se extrae que la convocante instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones y Colfondos, con el fin de que se declarara que \u00abse traslad\u00f3 hacia el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida\u00bb, de Colpensiones, a partir del 4 de noviembre de 2003, fecha de radicaci\u00f3n del \u00abFormulario de Vinculaci\u00f3n o Actualizaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones\u00bb y, en consecuencia, se trasladaran, desde Colfondos hacia Colpensiones, los aportes realizados entre noviembre de 2003 y la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, m\u00e1s los que se realizaran con posterioridad. El asunto correspondio al Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 que accedi\u00f3 a las pretensiones (23 jul. 2019); apelaron los demandados y se surti\u00f3 la consulta en favor de Colpensiones, por lo que el Tribunal revoc\u00f3 lo as\u00ed resuelto y los absolvi\u00f3 (30 jul. 2020), por tanto, acudi\u00f3 en casaci\u00f3n; sin embargo, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia no cas\u00f3 la sentencia de segundo grado (CSJ SL1276-2022, 19 abr.). <\/p>\n
Le endilg\u00f3 a la autoridad de casaci\u00f3n incurrir en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb al no tener en cuenta que la ausencia de respuesta por parte de las convocadas le impidi\u00f3 retornar a Colpensiones, pues su principal objetivo era volver al R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1 resisti\u00f3 los anhelos. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n inform\u00f3 que en el proceso objeto de escrutinio esa entidad no hizo parte ni tampoco se vincul\u00f3 al extinto ISS. No hubo m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras considerar la razonabilidad de la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la quejosa e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y por ende se ratificar\u00e1 la resoluci\u00f3n confutada, comoquiera que revisada la providencia objeto de reproche (CSJ SL1276-2022, 19 abr.), con la culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral objeto de escrutinio, no es posible advertir la vulneraci\u00f3n que alega la inconforme, pues adem\u00e1s de que la misma fue el resultado de las falencias en la proposici\u00f3n del cargo que elev\u00f3 contra la providencia emitida por el Tribunal, no hay c\u00f3mo concluir la vulneraci\u00f3n que se alega por las razones que pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, en el veredicto cuestionado, en primera medida resalt\u00f3 los defectos en el planteamiento de la censura y en ese escenario record\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el literal a) del art\u00edculo 90 del CPTSS establece que, para que un recurso de casaci\u00f3n se entienda debidamente interpuesto, debe invocar expresa y correctamente el motivo o modalidad de violaci\u00f3n de la ley sustancial que se le reclama al fallador, teniendo por tales la infracci\u00f3n directa, la aplicaci\u00f3n indebida o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. Cada una de tales modalidades supone una forma de encaminar el recurso a efectos de que esta Corte valore el caso, pues tienen un contenido espec\u00edfico que les es propio y son, por regla general, excluyentes entre s\u00ed (CSJ AL1546\u20132021, que incluye la CSJ SL, 17 feb. 2009, rad. 35279). <\/p>\n
De otra parte, la v\u00eda indirecta de casaci\u00f3n del trabajo se opone a la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la ley, que es exclusiva de la senda del puro derecho, por lo cual, no es dable invocarla para casos donde \u00fanicamente se discute la gesti\u00f3n probatoria, como se ha intentado en el cargo bajo examen (CSJ SL5113-2021). A pesar de ese evidente desliz, se entender\u00e1, dado que el cargo no hace alusi\u00f3n a la interpretaci\u00f3n de las normas, que el submotivo que da forma a las cr\u00edticas a la decisi\u00f3n de segundo grado es la aplicaci\u00f3n indebida, por ser la que, en general, corresponde a las acusaciones indirectas. <\/p>\n
As\u00ed, luego de soslayar tales dislates se adentr\u00f3 en el estudio del problema jur\u00eddico consistente en la tempestividad en la solicitud de traslado entre reg\u00edmenes, de conformidad con el art\u00edculo 2 de la Ley 797 de 2003, y en ese context\u00f3 explic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el Tribunal fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el precepto acabado de mencionar y en el art\u00edculo 1 del Decreto 3800 de 2003. A partir de esas normas, comparadas con el material probatorio, extrajo que, cuando se cumpli\u00f3 el a\u00f1o de gracia otorgado por la Ley 797 de 2003 para trasladarse al RPMPD, contado a partir de su entrada en vigor, y que corri\u00f3 hasta el 29 de enero de 2004, a ella a\u00fan le faltaban m\u00e1s de 10 a\u00f1os para cumplir la edad pensional, pues ten\u00eda 44 y aquel l\u00edmite etario qued\u00f3 fijado en los 57 a\u00f1os para el caso de las mujeres, a partir del a\u00f1o 2014 (art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003). Adem\u00e1s, cuando elev\u00f3 la solicitud de traslado a Colpensiones, el 4 de noviembre de 2003, ella no ten\u00eda 5 a\u00f1os de permanencia en el RAIS, pues este \u00faltimo r\u00e9gimen lo eligi\u00f3 el 13 de septiembre de 1999. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento al verificar los medios de convicci\u00f3 aportados resalt\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) en punto de la comunicaci\u00f3n emitida por Colfondos el 14 de octubre de 2010, que le informa a la impugnante acerca del rechazo de su requerimiento de traslado a Colpensiones, impetrado el 4 de noviembre de 2003, es cierto que el ad quem no mencion\u00f3 ese documento expl\u00edcitamente en su fallo, pero de manera t\u00e1cita s\u00ed se refiere al resultado que produjo aquel mensaje, espec\u00edficamente, cuando indica que se aparta de la decisi\u00f3n del a quo acerca de que la contestaci\u00f3n tard\u00eda por parte de las administradoras le gener\u00f3 a la actora el derecho a trasladarse al RPMPD. En ese sentido, la divergencia de criterios que plantea el juez de la alzada no es meramente jur\u00eddica, pues solo puede mencionarse si se eval\u00faa la extensi\u00f3n del lapso transcurrido entre la solicitud de traslado y el aviso sobre su desestimaci\u00f3n. Por ende, la Sala considera que esa inferencia no habr\u00eda surgido, si la prueba en comento no hubiese sido valorada. <\/p>\n
(\u2026) el cargo se equivoca al exponer que los yerros f\u00e1cticos del Tribunal provienen de que dej\u00f3 de apreciar esas dos pruebas, cuando, efectivamente, hicieron parte de la estructura basilar del fallo <\/p>\n
Para en ese contexto y luego de rese\u00f1ar el precedente CSJ4706-2021 inferir que: <\/p>\n
(\u2026) la impugnante propone que la no valoraci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n de Colfondos del 14 de octubre de 2010 dio pie a que el Tribunal dedujera, con error, que las demandadas fueron oportunas al responder a la solicitud de traslado del a\u00f1o 2003, o, dicho de otra forma, que aquella misiva no implicaba la extemporaneidad de la respuesta a la petici\u00f3n de regreso a Colpensiones. Empero, esa premisa de ataque es equivocada, porque a lo largo de la sentencia gravada no se observa ninguna manifestaci\u00f3n en la que se d\u00e9 por contestada en tiempo la reclamaci\u00f3n en comento, con lo que los primeros errores f\u00e1cticos son inexistentes. <\/p>\n
Por el contrario, se verifica que el sentenciador admite \u00abel hecho de que las Administradoras de Pensiones no haya (sic) contestado la petici\u00f3n [de readmisi\u00f3n al RPMPD] oportunamente\u00bb; lo que sucede es que considera que dicha tardanza es inocua, ya que \u00abesa situaci\u00f3n de manera alguna permite al afiliado suplir los presupuestos\u00bb estipulados por la ley para el traslado entre reg\u00edmenes. Por tanto, lo que debe entenderse del contenido de la sentencia es que, a\u00fan si la respuesta hubiera sido oportuna \u2014que no lo fue\u2014, el traslado hacia Colpensiones no se pod\u00eda aceptar, porque, para el 4 de noviembre de 2003 la demandante no contaba ni con la edad ni con el tiempo de permanencia en el RAIS, conforme a las normas aplicables, para permitirle migrar su afiliaci\u00f3n hacia la administradora del RPMPD. <\/p>\n
(\u2026) la promotora del recurso extraordinario incumpli\u00f3 uno de sus deberes procesales, al no plantear refutaci\u00f3n alguna ante ese \u00faltimo argumento del juzgador colegiado, porque lo que encontr\u00f3 esa autoridad judicial es que la demandante no ten\u00eda estructurados los requisitos de edad y tiempo de permanencia en un r\u00e9gimen para trasladarse al otro, con aplicaci\u00f3n del literal e) del art\u00edculo 2 de la Ley 797 de 2003. En particular, deb\u00eda demostrar que, cuando pidi\u00f3 el traslado al RPMPD, en el 2003, estaba a 10 a\u00f1os o menos de alcanzar la edad pensional establecida para las mujeres, pero ni siquiera intent\u00f3 desvirtuar el aserto contrario, que fue el que postul\u00f3 el fallador colectivo. Esa actitud pasiva ante un planteamiento que fue el eje central de la sentencia permite mantener vigente el pronunciamiento fustigado. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, y para abundar en razones, la Sala advierte que la comunicaci\u00f3n del 16 de septiembre de 2014, emitida por el \u00c1rea de Talento Humano de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, D. C., le informa a la actora que desde septiembre de 2014 le seguir\u00eda entregando las cotizaciones a Colfondos y no a Colpensiones. Sobre este tipo de instrumentos debe recordarse que, en el recurso de casaci\u00f3n, el documento declarativo emanado de un tercero no es prueba apta para estructurar el yerro f\u00e1ctico, pues se ha dicho que su naturaleza es testimonial, de manera que su estudio solo es posible si previamente se demuestra error manifiesto en alguna de las pruebas h\u00e1biles. La misma consideraci\u00f3n cabe en relaci\u00f3n con la certificaci\u00f3n laboral del 17 de noviembre de 2016, emitida por la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social de la misma Alcald\u00eda, pues esta entidad tampoco hace parte del proceso. <\/p>\n
Luego al ocuparse de la aptitud de algunas pruebas en el remedio extraordinario dijo: <\/p>\n
(\u2026) la certificaci\u00f3n del 16 de septiembre de 2014, a\u00fan si se considerara prueba apta en la esfera casacional, tampoco servir\u00eda para edificar el \u00e9xito del ataque, porque en el desarrollo de este no se encuentra la explicaci\u00f3n acerca de c\u00f3mo incidi\u00f3 su falta de valoraci\u00f3n en el pronunciamiento estudiado. En realidad, se hace una menci\u00f3n somera a ese documento, con la descripci\u00f3n de su contenido y el efecto que caus\u00f3 en la impugnante, sin embargo, nada se dice en cuanto a c\u00f3mo debi\u00f3 abordarla el Tribunal, ni la manera en que su omisi\u00f3n valorativa incidi\u00f3 en la comisi\u00f3n de los errores f\u00e1cticos. Con ello, la casacionista olvida que el recurso extraordinario no est\u00e1 dise\u00f1ado para que la Corte eval\u00fae el actuar de las partes en contienda, con miras a descubrir a cu\u00e1l le asiste la raz\u00f3n, sino para definir si se sostiene la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que caracteriza a los fallos judiciales. <\/p>\n
Por su parte, la certificaci\u00f3n del 17 de noviembre de 2016, si pudiera considerarse calificada en casaci\u00f3n, carece de la sustentaci\u00f3n de su alcance, pues solo se describe su contenido, pero no se afirma cu\u00e1l era el sentido en el que deb\u00eda ser valorada, ni c\u00f3mo fue que la ausencia de su estudio gener\u00f3 los dislates f\u00e1cticos. Lo mismo ocurre con la historia laboral expedida por Colpensiones, que, si bien es prueba h\u00e1bil, por provenir de uno de los sujetos procesales, tampoco fue analizada en relaci\u00f3n con los errores de hecho que se le atribuyen al Tribunal, al no haberla referido entre sus sustentos f\u00e1cticos; por otro lado, tampoco se explic\u00f3 cu\u00e1l era su verdadero sentido y c\u00f3mo incid\u00eda su texto en la alegada imposibilidad de retornar al r\u00e9gimen administrado por Colpensiones. <\/p>\n
Y en ese contexto concluy\u00f3: <\/p>\n
Las deficiencias de orden t\u00e9cnico anotadas hasta aqu\u00ed llevan a la corporaci\u00f3n a recordar que en la providencia CSJ SL885-2022 se hicieron estas consideraciones, que resultan aplicables al caso presente: <\/p>\n
Encuentra la Sala que la sustentaci\u00f3n del recurso parece m\u00e1s un alegato de instancia que una demanda de casaci\u00f3n. En este punto, es necesario recordar que al juez de la casaci\u00f3n le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisi\u00f3n de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario satisfaga las exigencias previstas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo. As\u00ed, en esta sede se enfrenta la sentencia gravada y la ley, de cara a los errores jur\u00eddicos o f\u00e1cticos que la censora imputa para lograr el quiebre de la decisi\u00f3n bajo an\u00e1lisis, dado el conocido car\u00e1cter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicha acusaci\u00f3n a la sentencia de segunda instancia debe ser clara, racional y l\u00f3gica, y adem\u00e1s debe existir una demostraci\u00f3n efectiva y real de la transgresi\u00f3n de la ley sustancial de alcance nacional, porque el fin de la casaci\u00f3n, no reside en desplegar meras interpretaciones discordantes u opuestas de las del Tribunal sino en acreditar sus yerros de la manera antedicha. <\/p>\n
En este orden de ideas, la sentencia adoptada no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre la inconforme y la autoridad convocada que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC4987-2022 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n plausible, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo de la impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15990-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15990-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01751-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 6 de septiembre de 2022, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69161","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69161","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69161"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69161\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}