STC15994-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15994-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01875-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n formulada por Matilde de Jes\u00fas P\u00e9rez Zapata, William Vega Arango, Gustavo Hernando Orrego \u00c1lvarez, Luis Nolberto Escobar V\u00e1squez, Rodrigo de Jes\u00fas David Aguirre y Guillermo Salazar Gaviria contra el fallo emitido el 22 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que le instauraron a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n con vinculaci\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, ambos de Medell\u00edn, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 05001-31-05-005-2016-00080-00 (Rad. Corte 82609). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los accionantes solicitaron se ordene \u00abdejar sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral N. 4 (CSJ SL1557-2022)\u00bb y se emita una nueva casando la sentencia del Tribunal \u00aby en sede de instancia revoque la decisi\u00f3n de primera instancia ordenando el reconocimiento de la pensi\u00f3n solicitada\u00bb. <\/p>\n
En sustento relataron que demandaron al Departamento de Antioquia para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 96 de la Convenci\u00f3n Colectiva vigente, \u00aba partir del cumplimiento de los requisitos all\u00ed establecidos, en cuant\u00eda equivalente al 100% del promedio de los salarios devengados durante el \u00faltimo a\u00f1o de servicio en la empresa\u00bb. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn quien deneg\u00f3 las pretensiones (24 nov. 2016), apelaron los demandantes y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (17 abr. 2018), postularon casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segunda instancia (CSJ SL1557-2022, 10 may.). <\/p>\n
Se dolieron de que en su caso \u00abla Sala debi\u00f3 de aplicar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable, la cual hace referencia a que el trabajador demandante le asiste el derecho a reclamar su pensi\u00f3n convencional, pues el requisito de la edad no es de causaci\u00f3n sino de exigibilidad (\u2026)\u00bb, e igualmente desatendieron los precedentes constitucionales. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n enjuiciada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. El juez de conocimiento hizo el recuento de lo rituado. <\/p>\n
3.- El a quo no accedi\u00f3 al amparo fundado en que la directriz adoptada no es arbitraria, pues \u00abla intenci\u00f3n de los actores no es otra que, so pretexto de vulneraci\u00f3n de los derechos de orden superior, reabrir un debate ya finiquitado dentro del respectivo proceso por autoridad judicial competente\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurrieron los precursores quienes alegaron que no se estudi\u00f3 la infracci\u00f3n del precedente constitucional e insistieron en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia de casaci\u00f3n reprochada sobre la que se circunscribir\u00e1 el an\u00e1lisis, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio del trabajo, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En el caso bajo estudio, los precursores cuestionan la sentencia CSJ SL1557-2022, de 10 de mayo pasado y las providencias de instancia, mediante las cuales se les neg\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 96 de la convenci\u00f3n colectiva suscrita entre el ente territorial y el Sindicato de Trabajadores y de Empleados del Departamento de Antioquia (Sintradepartamento). <\/p>\n
En efecto, auscultada la sentencia de casaci\u00f3n objeto de censura, se advierte que el colegiado accionado al adentrarse en el estudio de los tres cargos propuestos, empez\u00f3 por resaltar que: <\/p>\n
(\u2026) respecto del art\u00edculo 96 de la recopilaci\u00f3n de normas convencionales y de laudos arbitrales 1945-2002, correspondiente a la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la CCT de 1970, sobre la cual pretenden los actores que se les conceda la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse esta corporaci\u00f3n en innumerables ocasiones, en las que ha concluido que para causar tal prerrogativa, es necesario que el trabajador cumpla los requisitos de tiempo y edad dentro de la vigencia del contrato. <\/p>\n
Lo anterior, entre otras razones, se debe a que al referirse el acuerdo extralegal a los trabajadores que cumplan 20 a\u00f1os de servicio y 50 de edad, \u00fanicamente comprendi\u00f3 a las personas que prestaban servicios al departamento de Antioquia, es decir, que no cobij\u00f3 a los que ya hubieran perdido esa condici\u00f3n de empleados activos (CSJ SL2188-2018 y SL4888-2021). <\/p>\n
Ahora bien, con arreglo al Acto Legislativo 01 de 2005, los accionantes deb\u00edan reunir los requisitos convencionales de edad y tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010, cosa que no ocurri\u00f3 en ninguno de los casos. En este punto conviene recordar que tambi\u00e9n tiene adoctrinado la Sala que los beneficios extralegales que est\u00e9n en curso para el momento en que entr\u00f3 en vigor dicha normativa, bien sea por la vigencia inicial pactada del acuerdo convencional (la cual se respetar\u00e1 si supera el l\u00edmite dispuesto, seg\u00fan lo dicho en sentencia CSJ SL3635-2020), por las pr\u00f3rrogas previstas en la ley, o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto debido a la denuncia de la convenci\u00f3n, tendr\u00e1n vigor, m\u00e1ximo, hasta el 31 de julio de 2010, lo que no significa atentar contra derechos adquiridos, las expectativas leg\u00edtimas o el derecho de negociaci\u00f3n colectiva (CSJ SL2543-2020 y SL2798-2020). <\/p>\n
Por lo tanto, con base en el principio de supremac\u00eda constitucional que conlleva al de interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n y al de eficacia de la misma, es posible concluir que quienes pretendan el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de acuerdo con una convenci\u00f3n colectiva cuyo t\u00e9rmino inicialmente pactado fij\u00f3 como finiquito de su vigencia una fecha posterior a julio de 2005, pero que se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente durante varios a\u00f1os consecutivos de seis en seis meses, s\u00f3lo tendr\u00edan derecho a pensionarse si adquieren su derecho antes del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el par\u00e1grafo transitorio 3.\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, sub-examine, proteger\u00eda los derechos y expectativas de quienes cumplen los requisitos para acceder a las pensiones convencionales contempladas, entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, en cualquiera de los siguientes escenarios: <\/p>\n
i) para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo cuya vigencia se encuentra en curso del t\u00e9rmino inicialmente pactado, en este caso, si las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, el termino de vigencia de los derechos pensionales, para estos, va a estar determinado por la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica del art\u00edculo 478 ibidem, prosecuci\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
ii) para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo en virtud de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, a quienes se les resguardaran, para su aplicaci\u00f3n, los acuerdos pensionales convencionales ya por ministerio de la ley y no por acuerdo de las partes, prosecuci\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, sin que las partes, en tr\u00e1nsito de la vigencia prorrogada, puedan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las ya previstas en el acuerdo colectivo vigente <\/p>\n
iii) para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo en virtud de la denuncia de la convenci\u00f3n colectiva y la iniciaci\u00f3n posterior del conflicto colectivo que no ha tenido soluci\u00f3n, a quienes tambi\u00e9n se mantendr\u00e1n los acuerdos pensionales convencionales por ministerio de la y no por acuerdo de las partes, extensi\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 ir m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, sin que las partes ni los \u00e1rbitros, en tr\u00e1nsito de la vigencia extendida, puedan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las ya previstas en el acuerdo colectivo vigente. <\/p>\n
Teniendo en cuenta todo lo expuesto en l\u00edneas precedentes, la Sala considera necesario precisar aqu\u00ed y ahora su postura, en el sentido de se\u00f1alar que en aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, cuando la convenci\u00f3n colectiva se encuentre surtiendo efectos a la fecha de entrada en vigor la enmienda constitucional -29 de julio de 2005-, cualquiera sea el motivo para ello -en curso de la vigencia inicial pactada por las partes, en curso de alguna de las pr\u00f3rrogas prevista en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto suscitado por denuncia de la convenci\u00f3n-, la extinci\u00f3n de las reglas pensionales all\u00ed convenidas, solo se producir\u00e1 al vencimiento de los plazos o de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas producidas por mandato del art\u00edculo 478 del CST o por la firma de una nueva convenci\u00f3n; que en todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento arguy\u00f3: <\/p>\n
Esta interpretaci\u00f3n, como ya se anticip\u00f3, fue precisada en la sentencia CSJ SL3635-2020, solo para se\u00f1alar que si la convenci\u00f3n ha fijado un t\u00e9rmino inicial que sobrepase al 31 de julio de 2010, \u00e9ste debe respetarse, en atenci\u00f3n, justamente, a los instrumentos internacionales referidos por el recurrente. El resto del criterio jurisprudencial se mantuvo. <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
(\u2026) el Acto Legislativo 01 de 2005 no transgrede las normativas internacionales aludidas por la censura, tal como lo adoctrin\u00f3 la Corte en la sentencia CSJ SL3663-2020, en la que apunt\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, en torno al otro punto abordado por la censura, lo primero que debe decirse es que la interpretaci\u00f3n se\u00f1alada por esta corporaci\u00f3n en las referidas decisiones es la que armoniza integral y coherentemente los mandatos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica con los derechos a la negociaci\u00f3n colectiva, derechos adquiridos y expectativas protegidas expresamente por el constituyente, en perspectiva de los mandatos contenidos en los convenios y recomendaciones de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, as\u00ed como en otros instrumentos internacionales integrantes de nuestro ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Adicionalmente, de tiempo atr\u00e1s esta corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado la impropiedad de solicitar la inaplicaci\u00f3n de una norma de rango constitucional como el Acto Legislativo 01 de 2005, debido a su naturaleza y especial jerarqu\u00eda normativa, as\u00ed como a las limitadas competencias del juez laboral en este punto, aunado a que la Corte Constitucional concluy\u00f3 que esta reforma no hab\u00eda implicado una sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, en sentencias como la CSJ SL1870-2020, con apoyo en decisiones como la CSJ SL1347-2019, se reiter\u00f3 que no es jur\u00eddicamente viable \u00ab[\u2026] considerar regresivo el Acto Legislativo 01 de 2005, pues esta Sala de la Corte, haciendo eco de la jurisprudencia constitucional, ha estimado que, en virtud de la especial jerarqu\u00eda de la norma, no es posible hacer ese tipo de reflexiones en el marco de juicios individuales\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, la Corte estima pertinente reiterar que, como se dijo en las recientes sentencias CSJ2986-2020 y CSJ SL2798-2020, el Acto Legislativo 01 de 2005 debe ser armonizado coherentemente con las dem\u00e1s disposiciones de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y que, en tal sentido, no puede ser soslayado por los jueces, m\u00e1xime que no desconoce est\u00e1ndares internacionales de protecci\u00f3n del trabajo y de la seguridad social, sino que: <\/p>\n
[\u2026] est\u00e1 acorde con el derecho a la seguridad social, en particular con el acceso a las pensiones, en tanto garant\u00eda fundamental de los ciudadanos, tambi\u00e9n reconocida en diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, adem\u00e1s de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens. CSJ SL2978-2020. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el prove\u00eddo cuestionado en esta queja reposa en un discernimiento razonable sumado a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n de la normatividad y los precedentes de la hom\u00f3loga en lo laboral que rige la materia, queda en evidencia que el anhelo de los impugnantes es anteponer su propio criterio para aniquilar el juicio donde fueron vencidos, en el que, adem\u00e1s, hall\u00f3 acreditado el juez plural de casaci\u00f3n que los all\u00e1 demandantes no cumpl\u00edan, de manera concurrente, con los requisitos plasmados en el acuerdo convencional, esto es, el tiempo m\u00ednimo de prestaci\u00f3n de servicios, 20 a\u00f1os y 50 a\u00f1os de edad, acuerdo del que importa resaltar, solo cobijaba a las personas que tuvieran v\u00ednculo laboral, sin que les fuera aplicada a los que hubiesen perdido la condici\u00f3n de empelados activos, adem\u00e1s, esos requisitos debieron ser satisfechos antes del 31 de julio de 2010, extremo temporal que estableci\u00f3 el Acto Legislativo 01 de 2005, situaci\u00f3n que no se present\u00f3 en ninguno de los convocantes. <\/p>\n
En este orden de ideas, las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura no refulge el yerro alegado, ya que la magistratura de casaci\u00f3n efectu\u00f3 una respetable hermen\u00e9utica y una adecuada motivaci\u00f3n que le llev\u00f3 al desenlace del que se duele, el cual se encuentra acorde con la jurisprudencia emitida por la especialidad del trabajo con relaci\u00f3n a la observancia de los presupuestos que deb\u00edan ser cumplidos y que fue expresamente pactado por las partes en el marco de la negociaci\u00f3n colectiva de trabajo. <\/p>\n
Finalmente, en lo atinente a la desatenci\u00f3n de los precedentes de la Corte Constitucional SU-241 de 2015 que se ocup\u00f3 de la convenci\u00f3n colectiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Barranquilla, la SU-165 de 2022 de Ecopetrol, debe decirse que los mismos no pod\u00eda servir de gu\u00eda para la resoluci\u00f3n del caso materia de estudio como quiera que lo all\u00ed tratado discrepa abiertamente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica aqu\u00ed revelada. Se afirma lo anterior por cuanto los acuerdos convencionales se aplican seg\u00fan su clausulado particular sin que sea dable que el convocante pretenda el seguimiento de precedentes que trataron casos contra otras entidades empleadoras y con convenciones colectivas tambi\u00e9n dis\u00edmiles. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto al presunto apartamiento de las directrices se\u00f1aladas en SU-267 de 2019 y SU-445 de 2019, si bien la posici\u00f3n del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral difiere de la interpretaci\u00f3n que sent\u00f3 la Corte Constitucional en las sentencias a las que hace menci\u00f3n la parte accionante, no puede, por esa sola circunstancia, calificarse de vulneradora de garant\u00edas fundamentales, pues lo cierto es que tambi\u00e9n dicho \u00f3rgano precis\u00f3 el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005, en el que resalt\u00f3 que \u00ab[l]as reglas pensionales vigentes al momento de expedir el acto Legislativo, incluidas las contenidas en las convenciones colectivas de trabajo, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb sin que se tenga noticia, o por lo menos no obra en el expediente digital constancia de la vigencia con posterioridad al 31 de diciembre de 2002, data de la \u00faltima pr\u00f3rroga de ese acuerdo convencional. <\/p>\n
En un asunto que guarda alguna similitud con el actual dijo la Corte: <\/p>\n
(\u2026) no puede afirmarse que el razonamiento expuesto en la determinaci\u00f3n criticada, desentone con lo que sobre el particular manifest\u00f3 la Corte Constitucional en el fallo SU-241-2015, pues aun dejando de lado los efectos que sobre las decisiones de fondo emitidas dentro del juicio objeto de reproche pudiera tener tal sentencia de unificaci\u00f3n, lo cierto es que la regla de derecho que del contenido de la misma pudiere extraerse no aplica para todos los eventos, de modo que, como recientemente precis\u00f3 esta Sala en un asunto que guarda simetr\u00eda en sus fundamentos con el presente, <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la discrepancia de criterios interpretativos no es una situaci\u00f3n que por s\u00ed misma configure causal espec\u00edfica de procedencia del amparo contra providencias judiciales, tesis que igualmente ha sido avalada por esta Corte en distintos pronunciamientos (CSJ STP3379-2022, STC1626-2022, STC7356-2022). <\/p>\n
En este orden de ideas, comoquiera que la providencia cuestionada reposa en un discernimiento e interpretaci\u00f3n no irrazonable, resulta notorio que el anhelo del impulsor es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, y en ese escenario no habr\u00e1 opci\u00f3n diferente a la de ratificar el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15994-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15994-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01875-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n formulada por Matilde de Jes\u00fas P\u00e9rez Zapata, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69164","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69164"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69164\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}