STC15996-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15996-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01936-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Luis Alberto Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez frente a la sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, ambos de Pereira, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones S.A., y los intervinientes en el proceso laboral n\u00b0 66001310500420180053101. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante pretende se deje sin efectos la sentencia (CSJ SL2078-2021, 11 may.) y, en su lugar, se ordene el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que Colpensiones le dictamin\u00f3 a Gladys Losada L\u00f3pez la p\u00e9rdida de capacidad del 51.7% con fecha de estructuraci\u00f3n a 21 de noviembre de 2016 (10 dic. 2016), era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 porque para el 1 de abril de 1994 contaba con m\u00e1s de 35 a\u00f1os de edad. Cont\u00f3 que ante el \u00f3bito de su esposa (3 ene. 2017), quien para esa data registraba 357.43 semanas en su vida laboral inst\u00f3 ante esa entidad el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes (6 jul. 2017), pero le fue negada porque \u00abla causante no hab\u00eda cotizado 50 semanas dentro de los tres (3) a\u00f1os anteriores al deceso, ni 26 semanas dentro del a\u00f1o anterior a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 (\u2026)\u00bb (12 ag. 2017). Indic\u00f3 que, por esa circunstancia, promovi\u00f3 demanda laboral y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira le neg\u00f3 sus pretensiones (5 dic. 2019), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado (7 oct. 2020), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segundo grado (CSJ SL2078-2022, 11 may.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que es adulto mayor (69 a\u00f1os), no es pensionado, no tiene renta y tampoco recibe alg\u00fan ingreso fijo que garantice su congrua subsistencia, es v\u00edctima del conflicto armado, por lo que en su caso deben observarse las directrices que se\u00f1alaron los fallos CSJ STC7217-2017, SL4650-2017, STC9008-2018, SU-005 de 2018, SU-556 de 2019 y T-166 de 2021, esto es se aplique en su caso la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2.- El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales \u2013 P.A.R.I.S.S. dijo que lo alegado le resultaba ajeno. Colpensiones y la magistratura acusada resistieron los anhelos. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n por considerar que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el convocante e insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Desde el p\u00f3rtico se anuncia la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, como quiera que revisada la providencia objeto de escrutinio, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar los cargos formulados por la aqu\u00ed accionante, la hom\u00f3loga del trabajo tuvo en cuenta el marco normativo, las pruebas y la jurisprudencia que regulaban la materia, y por ello concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la concesi\u00f3n del beneficio prestacional. <\/p>\n
Es as\u00ed como exalt\u00f3 que no era objeto de discusi\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) Gladys Losada L\u00f3pez ten\u00eda una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 51,7% estructurada el 21 de noviembre de 2016; falleci\u00f3 el 03 de enero de 2017, cotiz\u00f3 al ISS 357,43 semanas, todas con anterioridad al 1\u00b0 de abril de 1994, dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez y del deceso no efectu\u00f3 cotizaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Seguidamente, plante\u00f3 que el problema jur\u00eddico sometido a su escrutinio estrib\u00f3 en determinar si: <\/p>\n
(\u2026) el fallador se equivoc\u00f3 al no acudir al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y con ello, haber negado la pensi\u00f3n tanto de invalidez a la causante como la de sobrevivientes a sus beneficiarios por inaplicaci\u00f3n del inciso 4) del art\u00edculo 48 de la Ley 100 de 1993. Cuestiona, adem\u00e1s, el dejar de lado el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa cuando superaba las 300 semanas al 1 de abril de 1994. <\/p>\n
En este orden de ideas resalt\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el recurrente confunde el alcance del inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Ley 100 de 1993, puesto que, en ning\u00fan momento lo dispuesto en el mismo est\u00e1 referido a los requisitos de pensi\u00f3n, lo que est\u00e1 regulado es el monto de la pensi\u00f3n de sobrevivientes y da la posibilidad a los afiliados de \u00aboptar por una pensi\u00f3n de sobrevivientes equivalente al r\u00e9gimen de pensi\u00f3n de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65 % del ingreso base de liquidaci\u00f3n, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto\u00bb. Subraya fuera de texto. <\/p>\n
La cita literal del inciso permite evidenciar que, no elimina las modificaciones a los requisitos de cotizaci\u00f3n del estatuto pensional, lo que permite es que el afiliado opte por que se le tenga en cuenta como tasa de remplazo del 65%, caso en el que, adem\u00e1s de los requisitos de la Ley 100 de 1993 y sus reformas, debe cumplir las propias de dicho Instituto. En ese sentido, se expone la l\u00ednea de pensamiento de esta Corporaci\u00f3n sobre tal inciso, entre varias, en la CSJ SL3933-2021. <\/p>\n
(\u2026) el modelo acogido por la normativa que regulaba al extinto Instituto de Seguros Sociales -incluidos sus acuerdos- para la cobertura de la invalidez y la muerte, era un esquema de aseguramiento, que con el estatuto pensional de 1993 y sus reformas se mantuvo, esto bajo la conciencia de que, si bien el objeto primigenio es que las personas logren la pensi\u00f3n de vejez, se reconoce que tal aspiraci\u00f3n se puede ver frustrada precisamente por los eventos se\u00f1alados. Por ende, al ser un hecho incierto, que puede suceder o no, del que no se tiene certeza de la fecha de su ocurrencia, se requiere continuidad en la cobertura, lo cual se materializa con el aporte, pues este conlleva aparejado el pago de la prima para dicha protecci\u00f3n. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento continu\u00f3: <\/p>\n
Lo antecedente, nos permite evidenciar que las 357 semanas que la se\u00f1ora Gladys Losada L\u00f3pez ten\u00eda a la entrada de la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, al 1 de abril de 1994, no puede ser entendido como el cumplimiento de las cotizaciones que derivan en un derecho adquirido pues, como se se\u00f1al\u00f3, al ser un evento incierto que no acaeci\u00f3 sino hasta las reformas legales, qued\u00f3 cobijada por los cambios normativos. <\/p>\n
Situaci\u00f3n diferente es que, ante la modificaci\u00f3n legal, sin contemplar un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para los siniestros de invalidez y muerte, fuera necesario acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para paliar las consecuencias de la modificaci\u00f3n de las reglas jur\u00eddicas a aquellos que ten\u00edan una situaci\u00f3n concreta que merec\u00eda su protecci\u00f3n y que sea el tercer aspecto a distinguir, que la sala sentenciadora, en ning\u00fan momento indic\u00f3 que el principio en comento no pod\u00eda aplicarse cuando la invalidez o la muerte de un afiliado hubiere ocurrido en vigencia de las Leyes 860 y 797 de 2003, lo que estableci\u00f3 fue la improcedencia de acudir al Acuerdo 049 de 1990, por la imposibilidad de efectuar un estudio hist\u00f3rico, cuando lo apropiado era acudir a la normativa inmediatamente anterior, pensamiento que se acompasa con el criterio de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego de referir los pronunciamientos CSJ SL5286-2021, CSJ SL5111-2020, CSJ SL840-2020, que memora la SL1689-2017, la cual a su vez fue reiterada en sentencia CSJ SL8305-2017, donde se traen a colaci\u00f3n las providencias CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y CSJ SL15965-2016, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el juzgador de alzada no se equivoc\u00f3, por cuanto para la fecha de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral de la se\u00f1ora Gladys Losada L\u00f3pez en el a\u00f1o 2016 o su defunci\u00f3n en 2017, las normas aplicables eran la Ley 860 de 2003, y la Ley 797 de 2003 respectivamente y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como acertadamente lo infiri\u00f3. <\/p>\n
Finalmente, no existen razones que justifiquen la solicitud de modificaci\u00f3n del criterio imperante mayoritariamente por parte de la Sala siendo pertinente insistir en que como ha acu\u00f1ado la sala de vieja data, en sentencia CSJ SL4650-2017, a la cual se remite, que la primera investigaci\u00f3n que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la selecci\u00f3n de la norma aplicable, o sea, determinar la existencia y validez de esta. <\/p>\n
Tambi\u00e9n al ocuparse del an\u00e1lisis de la posibilidad de aplicar en ese asunto el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y luego de trascribir apartes de la sentencia CSJ SL2843-2021, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Conceder tal prestaci\u00f3n seg\u00fan la tesis propuesta por el impugnante, ser\u00eda tanto como desconocer de manera frontal el efecto de la retrospectividad de la ley, dando aplicaci\u00f3n a una disposici\u00f3n que, de manera expresa, fue derogada. <\/p>\n
Entonces, se reitera, a\u00fan a riesgo de fatigar, en el presente caso no podemos hablar de la existencia de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta protegida por el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sino de una mera expectativa, la que a las voces elocuentes del art\u00edculo 17 de la Ley 153 de 1887, no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene; lo que, simple y llanamente, puede resumirse en el vetusto aforismo latino \u00abex nihilo nihil fit\u00bb, el cual traduce \u00abde la nada, nada puede resultar\u00bb. <\/p>\n
En este orden de ideas, el fallo en cita no luce caprichoso o arbitrario, en tanto se advirtieron con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder al pedimento prestacional, habida cuenta que, seg\u00fan los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para el momento del deceso de la causante Gladys Losada L\u00f3pez (3 ene. 2017), la disposici\u00f3n legal que reg\u00eda la materia era la Ley 797 de 2003 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, como se pretendi\u00f3, pues esa norma limit\u00f3 la ocurrencia del hecho causal al per\u00edodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, lo cual, en efecto, no acaeci\u00f3. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, memorada en STC6349-2022). <\/p>\n
Finalmente, respecto a los precedentes citados por el libelista para fundamentar las s\u00faplicas, cabe se\u00f1alar que cada uno de esos casos tienen unas particularidades que lo diferencian de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a resolver de manera uniforme, pues como qued\u00f3 establecido, el desenlace obedeci\u00f3 a la tesis actual suficientemente justificada en la resoluci\u00f3n que se reprocha. De otra parte, en lo atinente a la desatenci\u00f3n de los lineamientos de la Corte Constitucional, SU-005 de 2018, SU-556 de 2019 y T-166 de 2021, en lo concerniente al otorgamiento de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, si bien la posici\u00f3n del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral difiere de la interpretaci\u00f3n que sent\u00f3 ese \u00f3rgano l\u00edmite en las sentencias a las que hace menci\u00f3n la parte accionante, no puede, por esa sola circunstancia, calificarse de vulneradora de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
En este orden de ideas, lo dispuesto por la hom\u00f3loga en lo laboral no puede calificarse como trasgresor de las garant\u00edas b\u00e1sicas del inconforme, toda vez que no es viable desatender las exigencias que la normatividad procesal establece en algunos eventos como presupuesto esencial para el \u00abejercicio de un derecho\u00bb. <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la promotora, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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