STC16000-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00935-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
<\/p>\n
STC16000-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00935-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo dictado el 2 de agosto de 2022, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que Reinaldo Mantilla Parra le interpuso a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander, extensiva a los intervinientes en el proceso disciplinario n\u00b0 68001-11-02-000-2017-00460-00. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- El accionante implor\u00f3 anular lo actuado en el juicio que se le promovi\u00f3 por la falta prevista en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 20071, a partir de la sentencia emitida por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander (19 may. 2020), incluida la que la ratific\u00f3 (16 mar. 2022). En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene devolver el expediente a la primera de las Corporaciones, \u00abcon el fin de que se proceda a rehacer en debida forma legal, toda la actuaci\u00f3n viciada, a partir de donde sea declarada nula por el juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Para soportar sus anhelos adujo, en esencia, que las autoridades denunciadas incurrieron en defectos procedimental y f\u00e1ctico, por lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
i) No fue notificado en debida forma de la sentencia de primera instancia, lo que le impidi\u00f3 ejercer su defensa material. El fallo fue expedido en mayo de 2020, \u00aben pleno periodo legal de inactividad judicial y litigiosa\u00bb, y pese a que los t\u00e9rminos judiciales estaban suspendidos se enviaron \u00abcitaciones de notificaci\u00f3n personal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii) Durante el tr\u00e1mite surtido por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial a.- no se le permiti\u00f3 el acceso al expediente, pese a las diversas solicitudes elevadas al efecto, ni tampoco pudo conocer las actuaciones a trav\u00e9s del Sistema Siglo XXI porque se registraron incorrectamente, por lo que no pudo ejercer su defensa material; b.- no se profiri\u00f3 auto que admitiera la apelaci\u00f3n impulsada por su defensor t\u00e9cnico, ya que \u00aben la p\u00e1gina de consulta de procesos \u201cJusticia Siglo XXI\u201d no se registr\u00f3, as\u00ed como tampoco se comunic\u00f3 o notific\u00f3\u00bb; c.) ni se gestion\u00f3 el incidente de nulidad impulsado por su abogado el pasado 22 de marzo. <\/p>\n
<\/p>\n
iii) Finalmente, la Corporaci\u00f3n de segunda instancia al ratificar la sanci\u00f3n impuesta en primer grado, omiti\u00f3 valorar \u00edntegramente las pruebas, las cuales, en su criterio, demostraban que no era responsable disciplinariamente por la falla que se le imput\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese sentido destac\u00f3, que a.- la Comisi\u00f3n sostuvo que \u00abno se intent\u00f3 ubicar a los clientes por medios id\u00f3neos ni se promovieron acercamientos\u00bb, am\u00e9n de que \u00abdeb\u00eda sostener comunicaci\u00f3n con los clientes v\u00eda correo electr\u00f3nico, como lo hab\u00eda hecho en el pasado\u00bb, cuando hizo lo primero, y no hay evidencia de que hubiese tenido contacto con aquellos por ese medio. b.- Tampoco se valor\u00f3, a la luz del principio de buena fe, que acudi\u00f3 al Banco Agrario \u00aben un t\u00e9rmino pronto y prudente a intentar a adelantar la consignaci\u00f3n a favor de los beneficiarios\u00bb. c.- Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 \u00abal manifestar que en el oficio emitido por el Banco (\u2026) le sugirieron que deb\u00eda iniciar el proceso judicial de pago por consignaci\u00f3n, pues all\u00ed solo expresaron una serie de requisitos internos con los cuales [\u00e9l] no cumpl\u00eda\u00bb. d.- A su vez, como lo pudo constatar su dependiente judicial el 19 de marzo de la revisi\u00f3n del expediente f\u00edsico, \u00abexiste una prueba documental\u00bb que reposa en \u00absobre de correo oficial de la empresa 472, en el cual se encontraba la prueba (\u2026)\u00bb, pero \u00abnunca fue digitalizada ni revisada, menos enviada a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para resolver el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Las autoridades convocadas defendieron sus actuaciones. En sentido similar se pronunci\u00f3 el Procurador 51 Judicial II en lo Penal, quien destac\u00f3 que el actor estuvo asistido por un profesional del derecho, quien apel\u00f3 el veredicto de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- La primera instancia desestim\u00f3 el amparo tras considerar que la nulidad pretendida es inviable, y que lo decidido en la controversia es plausible. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- El actor impugn\u00f3 lo resuelto, argumentando que el juez constitucional pas\u00f3 por alto las irregularidades denunciadas, sumado a que resolvi\u00f3 la invalidez pretendida en la tutela, cuando lo que deb\u00eda era revisar el asunto a la luz de las causales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela. Mediante otro escrito que radic\u00f3 en esta instancia insisti\u00f3 en los defectos invocados en el libelo introductorio. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
El veredicto objetado se ratificar\u00e1, comoquiera que las omisiones alegadas, desde la perspectiva constitucional, no tienen la virtualidad de restar validez a lo decidido en el proceso disciplinario censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
1.- As\u00ed, en cuanto a la indebida notificaci\u00f3n del fallo de primera instancia al quejoso, la acci\u00f3n no cumple el presupuesto de subsidiariedad, de acuerdo con el cual, dado el car\u00e1cter residual y excepcional de este mecanismo, solo es viable cuando el afectado haya agotado las herramientas que ten\u00eda su alcance para defender sus derechos (STC9693-2022, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
Esto, porque no se evidencia que el quejoso hubiese alegado las referidas circunstancias ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander o el superior, aunque pudo alegar la nulidad de la actuaci\u00f3n, o proponerla a trav\u00e9s del abogado que design\u00f3 despu\u00e9s de proferida la sentencia, quien la apel\u00f3, pero nada de eso mencion\u00f3 al sustentar la impugnaci\u00f3n (fls. 349-353, cuaderno original II, \u00abPdf. B\u00fasqueda 1\u00bb). <\/p>\n
<\/p>\n
Por supuesto, si el apoderado de Reinaldo Mantilla o \u00e9l directamente hubiesen objetado la notificaci\u00f3n del fallo despu\u00e9s de los actos ejecutados para su enteramiento, sin duda habr\u00edan alcanzado un pronunciamiento, cuanto menos de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, quien como juez de segunda instancia ten\u00eda competencia para revisar lo rituado en primer grado. No en vano, el inciso tercero del art\u00edculo 106 de la Ley 1123 de 2007 ense\u00f1a que \u00ab[l]as nulidades generadas y planteadas con posterioridad a la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n ser\u00e1n resueltas en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, que seg\u00fan el interesado solo haya tenido acceso al expediente recientemente, porque la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no se lo permiti\u00f3, no es raz\u00f3n para sostener que estaba imposibilitado para exhibir al juez natural la indebida notificaci\u00f3n de la que ahora se duele. As\u00ed es, debido a que para proponerla solo le bastaba alegar los hechos aqu\u00ed invocados, de los que, al menos, tuvo conocimiento, por conducta concluyente2, cuando apoder\u00f3 a un profesional del derecho para que lo representara, en junio de 2020, o a lo sumo, despu\u00e9s de que la providencia se notific\u00f3 por edicto electr\u00f3nico, en septiembre de ese a\u00f1o. Sobre esto \u00faltimo, n\u00f3tese que a trav\u00e9s de ese medio se indic\u00f3: \u00ab[p]ara notificar a las partes que no concurrieron personalmente y en cumplimiento de dicha providencia, se fija el presente Edicto en un lugar p\u00fablico y visible de la Secretar\u00eda de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, el cual corre desde hoy nueve (9) de septiembre de 2020, hasta el once (11) de septiembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Con todo, no es cierto que la resoluci\u00f3n se haya dictado cuando los t\u00e9rminos judiciales estaban suspendidos a ra\u00edz del COVID-19, pues, de un lado, fue emitida el 19 de mayo de 2020, y por otro, la medida de suspensi\u00f3n fue levantada para la totalidad de los procesos disciplinarios a partir del 11 de mayo de ese a\u00f1o. En esa direcci\u00f3n, el art\u00edculo 10\u00b0 del Acuerdo PCSJA20-11549 de 7 de mayo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura dispuso: <\/p>\n
<\/p>\n
Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos en materia disciplinaria. Se except\u00faan de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos prevista en el art\u00edculo 1 del presente acuerdo las siguientes actuaciones en materia disciplinaria: <\/p>\n
<\/p>\n
Los procesos regidos por las leyes 734 de 2002 y 1123 de 2007 que se encuentren para fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
Los conflictos de competencia de diferentes jurisdicciones de cualquier materia. <\/p>\n
<\/p>\n
Adicionalmente, se descarta que la situaci\u00f3n comentada le hubiese impedido ejercer la defensa material del querellante, dado que si, en todo caso, la sentencia se notific\u00f3 por edicto electr\u00f3nico en septiembre de 2020, es claro que pudo hacerlo despu\u00e9s de esa actuaci\u00f3n, bien proponiendo la indebida notificaci\u00f3n reclamada o recurriendo el veredicto. Al respecto, el inciso tercero del canon 81 de la Ley 1123 de 2007 prescribe que la interposici\u00f3n del remedio vertical y su sustentaci\u00f3n se realizan ante el a quo \u00abdentro de los tres d\u00edas siguientes a la \u00faltima notificaci\u00f3n\u00bb. Empero, el gestor guard\u00f3 silencio, por lo que el expediente pas\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, para que se pronunciara, \u00fanicamente, respecto al recurso planteado por su mandatario de confianza. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Frente a los errores invocados respecto del tr\u00e1mite surtido en la segunda instancia, concretamente, en relaci\u00f3n con la falta de impulso del \u00abincidente de nulidad\u00bb radicado el pasado 22 de marzo, se configura la existencia de un hecho superado. En cuanto a los dem\u00e1s vicios, las irregularidades alegadas son intrascendentes, por ende, la tutela tampoco puede prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. Lo primero que debe decirse, es que en el curso de esta instancia el Magistrado sustanciador de las diligencias reprochadas se pronunci\u00f3 sobre la petici\u00f3n de invalidez; lo hizo el 21 noviembre de 2022 en el sentido de rechazar por improcedente el incidente. Luego, respecto a la protesta relativa a la falta de gesti\u00f3n de dicha rogativa hay lugar a predicar la cesaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n impugnada, por tanto, \u00ab(\u2026) ning\u00fan sentido tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de orden en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (STC13740-2022, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Pues bien, al margen de que la Sala comparta o no los argumentos que soportan la resoluci\u00f3n materia de censura, lo cierto es que las fallas denunciadas en cuanto a i) no haberse proferido auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, ii) las inconsistencias en el registro de las actuaciones en el Sistema Siglo XXI, iii) y la falta de acceso al expediente digital no habilitan al juez constitucional a invalidar lo rituado por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, por los motivos que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.1.- En torno a la falta de admisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n del fallo de primer grado, t\u00e9ngase en cuenta que la Ley 1123 de 2007 no contempla ese acto para el tr\u00e1mite en segunda instancia. Por una parte, inciso tercero del canon 81 del citado estatuto prescribe que la interposici\u00f3n del remedio vertical y su sustentaci\u00f3n se realizan ante el a quo \u00abdentro de los tres d\u00edas siguientes a la \u00faltima notificaci\u00f3n\u00bb, y por otra, el precepto 107 de la misma normatividad establece que: <\/p>\n
<\/p>\n
Una vez ingrese la actuaci\u00f3n al despacho del Magistrado Ponente, este dispondr\u00e1 de veinte (20) d\u00edas para registrar proyecto de decisi\u00f3n que ser\u00e1 dictada por la Sala en la mitad de este t\u00e9rmino. <\/p>\n
<\/p>\n
Antes del proferimiento del fallo, el Magistrado Ponente podr\u00e1 ordenar oficiosamente la pr\u00e1ctica de pruebas que estime necesarias, las cuales se evacuar\u00e1n en un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas y fuera de audiencia. Surtidas estas, se proceder\u00e1 conforme a lo indicado en el inciso precedente. <\/p>\n
<\/p>\n
La apelaci\u00f3n de providencias distintas del fallo ser\u00e1 desatada de plano, en los mismos t\u00e9rminos previstos en el inciso primero de este art\u00edculo. <\/p>\n
<\/p>\n
De donde emerge que, salvo que sea necesario practicar pruebas, la alzada de la sentencia debe resolverse de plano, sin previa admisi\u00f3n de la alzada. De suerte que no deb\u00eda expedirse providencia alguna en ese sentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.2.- Frente a la falta de acceso al expediente, ciertamente no hay certeza de que la Comisi\u00f3n hubiese garantizado esa prerrogativa al actor. Ello, porque, aunque en cumplimiento de lo ordenado en auto de 10 de mayo de 2021, se le envi\u00f3 el enlace respectivo, despu\u00e9s de esa oportunidad pidi\u00f3 una y otra vez la remisi\u00f3n del link debido a que no hab\u00eda podido ingresar a \u00e9l, sin obtener respuesta efectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
No obstante, que as\u00ed sea, en el caso concreto, es intrascendente, pues, pese a que es reprochable que la autoridad accionada no se cerciorara de que el actor tuviera acceso al expediente, la privaci\u00f3n de esa posibilidad no incidi\u00f3 en el resultado combatido, o al menos el impulsor no demostr\u00f3 lo contrario. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, no se ve c\u00f3mo tener acceso al expediente durante la segunda instancia le hubiese permitido al libelista ejercer su derecho de defensa material. N\u00f3tese que, para ese instante procesal, como se apunt\u00f3 arriba, hab\u00eda precluido la etapa para presentar y sustentar la apelaci\u00f3n restando, \u00fanicamente, que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial decidiera la alzada incoada por su abogado. <\/p>\n
<\/p>\n
Tanto es as\u00ed que, de anularse la actuaci\u00f3n por tal raz\u00f3n, no surgir\u00eda para el accionante una nueva posibilidad para replicar el fallo de primer grado ni las vicisitudes relativas a su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Claro, el acceso al expediente es fundamental, y la imposibilidad para conocerlo lesiona el debido proceso de los intervinientes. Sin embargo, se insiste, dado que, de \u00e9l, en el caso concreto, no depend\u00eda que el recurrente ejecutara alg\u00fan acto tendiente a materializar su derecho de defensa, la falla alegada sobre el particular no afecta la validez y eficacia de la sentencia emitida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
No en vano, el r\u00e9gimen disciplinario del abogado estatuye como \u00abprincipios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidaci\u00f3n\u00bb, entre otros: \u00ab[n]o se declarar\u00e1 la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa\u00bb, y \u00ab[q]uien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garant\u00edas de los intervinientes, o desconoce las bases fundamentales de la instrucci\u00f3n y el juzgamiento\u00bb (art\u00edculo 101 de la Ley 1123 de 2007). <\/p>\n
<\/p>\n
Total, pese a que la falta de acceso al expediente constituye una irregularidad, en este evento, dadas las circunstancias particulares del estado de la controversia, la falla no habilita la aniquilaci\u00f3n de la directriz proferida el 16 de marzo de 2022 por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.3.- En cuanto al indebido registro de actuaciones en el Sistema Siglo XXI, la suerte es la misma, esto es, las omisiones carecen de relevancia constitucional, ya que no se demostr\u00f3 c\u00f3mo las imprecisiones denunciadas truncaron la posibilidad de que el quejoso ejerciera su defensa. Como se desprende del expediente, la actuaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n se limit\u00f3 a resolver algunas solicitudes del gestor y de su defensor, relativas a copias y autorizaci\u00f3n de una dependiente judicial, y a resolver la apelaci\u00f3n del fallo de la entonces llamada Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Finalmente, revisada la pluricitada providencia se descarta el yerro f\u00e1ctico que se le atribuye. <\/p>\n
<\/p>\n
a.-) Para empezar, no es cierto, como lo denuncia el reclamante, que el fallador hubiese dejado de lado que intent\u00f3 contactarse con sus clientes mediante las herramientas a su alcance o las gestiones que adelant\u00f3 ante el Banco Agrario para poner a disposici\u00f3n de ellos los dineros correspondientes. Todo lo contrario, s\u00ed evalu\u00f3 dichas circunstancias, pero consider\u00f3 que las mismas no descartaban la tipicidad de la conducta contemplada en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, seg\u00fan el cual, constituye falta contra la honradez del abogado, \u00ab[n]o entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo\u00bb. Ello, porque estim\u00f3, que el impugnante tard\u00f3 un a\u00f1o en materializar la totalidad de la entrega de los dineros recibidos como mandatario de los demandantes en el proceso 2010-00792, no obstante que ten\u00eda a su alcance el proceso judicial de pago por consignaci\u00f3n con el fin de concretarla, al cual deb\u00eda acudir ante las dificultades que denunci\u00f3 con el prop\u00f3sito de materializarla. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese sentido, y tras advertir que la falta se configuraba cuando la entrega mencionada no se realizaba a la \u00abmayor brevedad posible\u00bb, e igualmente que ello, en principio, \u00able impon\u00eda el deber de transferir los recursos de manera pr\u00e1cticamente inmediata, si no fuera por la dificultad en la comunicaci\u00f3n con esos clientes\u00bb, esboz\u00f3, en lo esencial: <\/p>\n
<\/p>\n
Es un hecho probado en este proceso que el disciplinado no entreg\u00f3 durante un lapso superior a un a\u00f1o -desde el diecis\u00e9is (16) de marzo de 2016 hasta el siete (7) de abril de 2017 \u2013 los dineros recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional que pertenec\u00edan a los se\u00f1ores Carmelina Mantilla, Marco Fidel Aguill\u00f3n Mantilla, Juan Carlos Aguill\u00f3n Mantilla y Martha Cecilia Aguill\u00f3n Mantilla. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, tan pronto como el abogado investigado advirti\u00f3 la dificultad en comunicarse con sus clientes y se percat\u00f3 de que no iba poder entregar los dineros a la menor brevedad, ha debido emprender otro tipo de gestiones de las cuales conoc\u00eda y deb\u00eda conocer, como la de promover un proceso judicial de pago por consignaci\u00f3n, que le iba permitir poner el dinero a \u00f3rdenes de una autoridad judicial y honrar, de esa manera, su deber profesional de honradez, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 381 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 1657 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde el recibimiento de los dineros de la electrificadora, el abogado Mantilla finalmente los consign\u00f3, pero, con anterioridad, no se observa que hubiera promovido alg\u00fan tipo de proceso o acercamiento id\u00f3neo bajo el pretexto de esos clientes, a diferente de otros, no se habr\u00edan acercado a su oficina por diferencias en los porcentajes a reconocer, y que, si no se traslad\u00f3 hasta su ubicaci\u00f3n, fue porque no resid\u00edan en un lugar de f\u00e1cil acceso. Pero esa dificultad no puede ser \u00f3bice para iniciar las acciones legales correspondientes. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
En otras palabras, si el abogado investigado estaba convencido, como en efecto lo estaba, de que era imposible comunicarse con sus clientes porque aquellos se alejaron despu\u00e9s de saber el porcentaje que les correspond\u00eda y, por tanto, entregar el dinero en persona o a sus cuentas, no ten\u00eda por qu\u00e9 escudarse, cuando menos no v\u00e1lidamente, en la dificultad para contactarlos. La obligaci\u00f3n de entregar a la mayor brevedad los dineros recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional nada tiene que ver con el lugar donde habitan sus clientes (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Si desde el principio, sab\u00eda que no ten\u00eda forma de llegar a la ubicaci\u00f3n de sus clientes, esa situaci\u00f3n no lo exim\u00eda del deber de iniciar un proceso de pago por consignaci\u00f3n de los dineros y, por tanto, del deber de pagarle lo que hasta entonces hab\u00eda recibido en virtud de la indemnizaci\u00f3n objeto del acuerdo conciliatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, lo que realmente reproch\u00f3 la Comisi\u00f3n al recurrente fue no haber iniciado el proceso de pago por consignaci\u00f3n, admitiendo, como se vio, las dificultades que aleg\u00f3 para comunicarse con los clientes. <\/p>\n
<\/p>\n
b.-) A continuaci\u00f3n, y en relaci\u00f3n con la imposibilidad de efectuar el pago por consignaci\u00f3n ante el Banco Agrario, destac\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, comoquiera que el recurrente indic\u00f3 que no le era posible hacer el pago por consignaci\u00f3n porque no era deudor de esos clientes, de acuerdo con el concepto del Banco Agrario, esta Corporaci\u00f3n no encuentra sustento a ese argumento, en tanto que, en primer lugar, el concepto del Banco Agrario data de una fecha posterior a los hechos en comento, esto es veintinueve (29) de agosto de 2019 y, por ende, no se podr\u00eda excusar en aqu\u00e9l; y, segundo, porque ese concepto no le indicaba que no pod\u00eda iniciar un proceso por consignaci\u00f3n, si no que le se\u00f1al\u00f3 que para poder llevar a cabo una consignaci\u00f3n, en efecto, deb\u00eda iniciar el proceso que aqu\u00ed se le reclam\u00f3\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, que de la referida comunicaci\u00f3n se desprendiera o no la indicaci\u00f3n de iniciar el proceso judicial de pago por consignaci\u00f3n no es motivo para desquiciar las valoraciones de la Comisi\u00f3n, pues, en todo caso, suministr\u00f3 otras razones para otorgarle a dicha documental los efectos pretendidos por el actor. Mem\u00f3rese que dijo, que el actor \u00abconoc\u00eda o deb\u00eda conocer\u00bb de la existencia de ese tr\u00e1mite judicial, que la citada pieza era ajena a los hechos materia de controversia, y que all\u00ed no se excluy\u00f3 la posibilidad de impulsar dicho procedimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
c.-) En torno a la consignaci\u00f3n realizada al Banco Agrario el 7 de abril de 2017 a \u00f3rdenes del Tribunal, descart\u00f3 que la devoluci\u00f3n de los dineros la hubiese efectuado a la mayor brevedad, dado que recibi\u00f3 los dineros en marzo de 2016, y solo hasta un a\u00f1o despu\u00e9s, adopt\u00f3 medidas para entregarlos. En esa direcci\u00f3n se precis\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
En esa medida, pese a que el siete (7) de abril de 2017 consign\u00f3 los dineros a favor del Tribunal, ello no sucedi\u00f3 cuanto antes, ni tan pronto como le era posible a que se refiere la falta disciplinaria descrita por el art\u00edculo 35, numeral 4\u00b0 de la Ley 1123 de 2007, por cuya comisi\u00f3n se declar\u00f3 responsable en primera instancia al abogado. En consecuencia, los argumentos planteados por el recurso de apelaci\u00f3n no tienen el m\u00e9rito probatorio para absolverlo de la comisi\u00f3n de la falta por la que fue sancionado en primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
Como puede verse, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial s\u00ed tuvo en cuenta los inconvenientes que, seg\u00fan el actor, tuvo para contactar a los clientes, as\u00ed como los hechos asociados al Banco Agrario, solo que estim\u00f3 que esas circunstancias no le imped\u00edan cumplir con el deber de entregar los dineros a sus clientes a la \u00abmayor brevedad posible\u00bb, ya que para el efecto ten\u00eda a su disposici\u00f3n el proceso judicial de pago por consignaci\u00f3n, o pudo ponerlos a disposici\u00f3n del Tribunal Administrativo de Santander. <\/p>\n
<\/p>\n
Y que, a juicio del recurrente, las actuaciones enfiladas a efectos completar la entrega de dineros reclamada, fueran suficientes para descartar la existencia de la falta, no es raz\u00f3n para desconocer por esta v\u00eda lo dirimido, pues, como lo ha reiterado la Corte, \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb (CSJ STC3479-2015, reiterada, entre otras, en STC14433-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
d)- Por \u00faltimo, la ausencia de valoraci\u00f3n de los documentos que reposaban en unos sobres de \u00abcorreo oficial de la empresa 472\u00bb tampoco torna exitoso el resguardo. Para ello basta se\u00f1alar, que el quejoso se limit\u00f3 a denunciar la falta de apreciaci\u00f3n de esas piezas, pero no describi\u00f3 su contenido, los hechos que pretend\u00edan demostrarse a trav\u00e9s de ellas, y c\u00f3mo de haberse evaluado el sentido de la decisi\u00f3n ser\u00eda distinto. Carga que deb\u00eda satisfacerse en aras de demostrar la existencia del defecto f\u00e1ctico, por omisi\u00f3n de valoraci\u00f3n en las pruebas, pues, como lo ha dicho la Corte: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3479-2015, reiterada, entre otras, en STC14433-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, se descartan los errores probatorios atribuidos a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y, por ende, la necesidad de la intervenci\u00f3n constitucional para corregirlos. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- Entonces, comoquiera que los desafueros denunciados no tienen la virtualidad de restar validez a lo decidido en la causa disciplinaria adelantada contra el quejoso, se respaldar\u00e1 el fallo de primera instancia, pero por los motivos aqu\u00ed consignados. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo. <\/p>\n
2\u0002 El canon 77 de la Ley 1123 se\u00f1ala: \u00abCuando no se hubiere realizado la notificaci\u00f3n, o esta fuere irregular, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el interviniente no reclama y act\u00faa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Obs\u00e9rvese que el abogado del actor pidi\u00f3: \u00abDECRETAR LA NULIDAD de todas las actuaciones posteriores a la radicaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n presentado el d\u00eda 03 de julio del a\u00f1o 2020 por parte del suscrito JUAN CARLOS SERRANO LUNA, apoderado del Dr. REINALDO MANTILLA PARRA en ejercicio de su defensa t\u00e9cnica, toda vez que no se me reconoci\u00f3 en debida forma la personer\u00eda jur\u00eddica para actuar y no se dio tr\u00e1mite a dicho recurso pues no se registr\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n de recepci\u00f3n de los correos electr\u00f3nicos que envi\u00e9 en la plataforma virtual de consulta de procesos \u201cJusticia Siglo XXI\u201d, tampoco se notificaron por ning\u00fan medio los autos correspondientes, no se profiri\u00f3 en segunda instancia el auto que admite la apelaci\u00f3n y no se comparti\u00f3 a mi representado en ejercicio de su defensa material el expediente digitalizado vulnerando los DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 79. Clases de recursos. Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n de acuerdo con lo previsto en esta codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. Contra las decisiones de simple tr\u00e1mite no procede recurso alguno. <\/p>\n
Art\u00edculo 80. Recurso de reposici\u00f3n. Procede contra las decisiones interlocutorias dictadas en audiencia o diligencia; se interpondr\u00e1 y sustentar\u00e1 de manera oral en el mismo acto, y ser\u00e1 resuelto inmediatamente; el auto que lo decida se notificar\u00e1 en estrados. <\/p>\n
Tambi\u00e9n procede contra los autos que imponen multa al quejoso temerario y al testigo renuente, y el que decide la solicitud de rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
Art\u00edculo 81. Recurso de apelaci\u00f3n. Procede \u00fanicamente contra las decisiones de terminaci\u00f3n del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitaci\u00f3n, la que niega la pr\u00e1ctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
7 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16000-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00935-01 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16000-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00935-01 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}