STC16007-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC16007-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00536-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 4 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Bonilla Mart\u00ednez contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, buen nombre y al trabajo, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Para sustentar sus reparos, manifest\u00f3 que el 19 de abril de 2022 le fue conferido poder por la se\u00f1ora Claudia Esteban Ochoa para promover demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles de su matrimonio, proceso en el que el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena profiri\u00f3 auto inadmisorio por lo que procedi\u00f3 a subsanar la demanda el 20 de septiembre de 2022. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abha pasado un mes que viene a sumarse a los nueve meses trascurridos desde la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, sin que hasta la fecha el Juzgado se haya pronunciado, raz\u00f3n por la cual \u00abmi poderdante se\u00f1ora claudia esteban Ochoa ha perdido toda credibilidad en la administraci\u00f3n de justicia de la que no quiere saber nada, con esta conducta la administraci\u00f3n se le est\u00e1 revictimizando\u00bb, pues le ha manifestado \u00abno querer saber nada de la administraci\u00f3n de justicia conlleva necesariamente la revocatoria de poder, como forma de liberarme de las obligaciones propias del contrato de mandato\u00bb <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado, resolver de manera inmediata sobre la subsanaci\u00f3n de la demanda y decidir en abstracto la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o emergente causado (sic). <\/p>\n
El Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Cartagena, inform\u00f3 que le correspondi\u00f3 por reparto la demanda de divorcio de matrimonio civil, formulada por Claudia Esteban Ochoa contra Amerigo Mattiello, la que fue radicada bajo el n\u00famero 2022-00428. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, mediante auto de 12 de septiembre de 2022 inadmiti\u00f3 la demanda, sin que fuera subsanada en debida forma, por lo que, en providencia del 26 de octubre de 2022 procedi\u00f3 a rechazarla. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la configuraci\u00f3n de carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena, declar\u00f3 improcedente la solicitud de protecci\u00f3n constitucional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa de Ricardo Bonilla Mart\u00ednez, tras considerar que el accionante \u00ab(\u2026) en esta sede constitucional procura la garant\u00eda de su derecho fundamental al trabajo y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de su poderdante (sic) en el estadio procesal que refiere, los cual estima vulnerado por parte de la Juez Cuarto de Familia de Cartagena dentro del proceso en el que act\u00faa en defensa de la demandante, empero, como ya se dijo, en dicho proceso el accionante no actu\u00f3 con un inter\u00e9s de parte sino en ejecuci\u00f3n de un encargo contenido en el poder especial concedido\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien manifest\u00f3 que el a quo constitucional no tuvo en cuenta que en la tutela se\u00f1al\u00f3 que actuaba en nombre propio, por lo que no agenci\u00f3 derechos de terceros adem\u00e1s de ser claro que lo pretendido es la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al buen nombre como abogado y al trabajo en condiciones dignas y justas <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se advierte que si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y distante de las formalidades que se exigen para otra clase de procesos, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Ricardo Bonilla Mart\u00ednez acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, buen nombre y trabajo, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la ausencia de pronunciamiento del Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena frente a la subsanaci\u00f3n de la demanda de divorcio de matrimonio civil promovida por Claudia Esteban Ochoa contra Amerigo Mattiello. <\/p>\n
3. Revisada la queja y los soportes allegados, se advierte la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, debido a la falta de legitimaci\u00f3n de Ricardo Bonilla Mart\u00ednez para proponerla, pues si bien manifest\u00f3 que son sus derechos los que considera vulnerados, lo cierto es que, con la presunta mora judicial del despacho accionado, en resolver la subsanaci\u00f3n de la demanda dentro del proceso con radicado 2022-00428, los derechos afectados son los de Claudia Esteban Ochoa y al no allegar poder especial conferido por aqu\u00e9lla para actuar en su nombre en este tr\u00e1mite excepcional, carece de postulaci\u00f3n para intervenir en este asunto. <\/p>\n
En ese sentido, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, debe resaltarse que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb. (CSJ STC1042-2019, reiterada en STC256-2022 y, STC1197-2022 entre muchos). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto, cuando el amparo se dirige contra una actuaci\u00f3n judicial, en la medida en que, al proceder la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico proceso judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto. (Ver CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795- 01, citada entre otras en STC9425-2021 y, STC7573-2022). <\/p>\n
Igualmente, frente a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00abLa persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb. (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019 y STC3425-2022). <\/p>\n
Este razonamiento igualmente ha sido profusamente expresado en diferentes providencias de la Corte Constitucional, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez de tutela para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto, que \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre muchas). <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, y puesto que la legitimidad para actuar es un presupuesto de la acci\u00f3n de tutela, que en este caso no se cumple, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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