STC16008-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16008-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-01019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelven las impugnaciones que formularon Myrian \u00c1lvarez y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares contra la sentencia de 12 de octubre de 2022, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Carmen Herminda Su\u00e1rez de Montoya instaur\u00f3 contra el Juzgado 5\u00ba de Familia de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de alimentos No. 1993 \u2013 2809. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La gestora pretende que se dejen sin valor y efecto las decisiones por medio de la cuales el Juzgado 5\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 dispuso negar su solicitud de mantener el embargo de alimentos de la pensi\u00f3n sustitutiva que hoy recibe Myriam \u00c1lvarez, para que, en su lugar, emita una decisi\u00f3n en la que acoja los postulados fijados por la Corte Constitucional en la sentencia T – 462 de 2021. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento se\u00f1al\u00f3 que en el a\u00f1o 1959 contrajo matrimonio cat\u00f3lico con Gustavo Montoya Ocampo (Q.E.P.D), con quien convivi\u00f3 aproximadamente 20 a\u00f1os bajo el mismo techo, relaci\u00f3n a partir de la cual nacieron cuatro hijos, los cuales fueron criados por la gestora, lo que le impidi\u00f3 dedicarse a labores distintas que fueran remuneradas. Precis\u00f3 que en el a\u00f1o 1994 inici\u00f3 un proceso ejecutivo de alimentos en contra de su expareja, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado 5\u00ba de Familia de Bogot\u00e1, autoridad que profiri\u00f3 sentencia en la que le orden\u00f3 al pagador de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia que descontara, en raz\u00f3n a la cuota alimentaria decretada, el equivalente al 40% de los ingresos mensuales que percib\u00eda Gustavo Montoya Ocampo como pensionado de las Fuerzas Militares de Colombia (28 abril 1994). <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 03 de mayo de 1999, el Juzgado 16 de Familia de Bogot\u00e1 decret\u00f3 el divorcio – cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso que contrajo con el se\u00f1or Ocampo. De otro lado, la cuota alimentaria decretada fue dejada de pagar por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en el mes de enero de 2021, en raz\u00f3n al fallecimiento de su ex c\u00f3nyuge el 14 de diciembre de 2020. <\/p>\n
En vista de lo anterior, elev\u00f3 solicitudes al juzgado accionado y a la entidad pagadora con el fin de que dieran continuidad al embargo alimentos decretado; sin embargo, el Juzgado accionado neg\u00f3 la solicitud por considerar que aun cuando la obligaci\u00f3n alimentaria no se extingue con el fallecimiento del alimentante, \u00abresulta imposible para el juzgado trasladar dicha obligaci\u00f3n a cargo del beneficiario de la sustituci\u00f3n pensional cuando no se ha proporcionado ning\u00fan tipo de informaci\u00f3n sobre esa persona (\u2026)\u00bb. En consecuencia, le solicit\u00f3 al Juzgado que requiriera la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el fin de suministrar la informaci\u00f3n pertinente sobre la persona que goza de la sustituci\u00f3n pensional. Recibida la respuesta, el Juzgado la puso en conocimiento de Myriam \u00c1lvarez quien es la beneficiaria de la pensi\u00f3n. Efectuado lo anterior, la aqu\u00ed actora radic\u00f3 una nueva solicitud de embargo respecto de los beneficiarios reconocidos; no obstante, el Juzgado le indic\u00f3 que deb\u00eda estarse a los resuelto en el auto de 12 de julio de 2021 (16 febrero 2022). Contra dicha determinaci\u00f3n promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pero el primero no prosper\u00f3 y el segundo no fue concedido por improcedente (23 mayo 2022). <\/p>\n
A su juicio, la autoridad judicial incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria de los documentos aportados junto a la solicitud del 15 de diciembre de 2021 y desconoci\u00f3 que los alimentos son requeridos por una persona de la tercera edad, de 86 a\u00f1os, quien no cuenta con ingresos adicionales para satisfacer sus necesidades. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 5 de Familia hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso. Precis\u00f3 que al resolver el recurso de reposici\u00f3n promovido contra el auto del 16 de febrero de 2022 le indic\u00f3 a la solicitante que, aunque el derecho de alimentos no se extingue con la muerte del alimentante, lo cierto es que dicha obligaci\u00f3n no se transmite directamente a los herederos de \u00e9ste, sino que se encuentra a cargo de la masa herencial del causante, debiendo ser all\u00ed donde se discuta el destino o continuidad de tal prerrogativa. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el amparo y le orden\u00f3 a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, continuar con el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia proferida el 28 de abril de 1994 por el Juez 5\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 de manera integral y efectiva, descontando la cuota alimentaria a favor de la accionante por el 40% de la pensi\u00f3n que disfrutaba en vida el se\u00f1or Sargento Viceprimero del Ej\u00e9rcito Gustavo Montoya Ocampo, que ahora percibe la se\u00f1ora Myriam \u00c1lvarez reconocida como compa\u00f1era permanente del causante, a lo cual deber\u00e1 proceder a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia; para ello, deber\u00e1 iniciar los tr\u00e1mites administrativos necesarios para garantizar que el pago de la prestaci\u00f3n se reanude inmediatamente, vale decir, a partir de la mesada que se paga en los primeros d\u00edas del mes de noviembre de 2022. Como soporte de su decisi\u00f3n sostuvo que la Corte Constitucional ha permitido que una acreencia alimentaria asegurada judicialmente con una prestaci\u00f3n pensional permee su sustituci\u00f3n, a pesar que el beneficiario de esta sea un tercero que no ten\u00eda relaci\u00f3n alguna con el alimentado (sentencias T-1096 de 2008 T-203 de 2013). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Miryam \u00c1lvarez impugn\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 que convivi\u00f3 durante 45 a\u00f1os con su compa\u00f1ero permanente. Precis\u00f3 que fue ella quien se dedic\u00f3 a atenderlo hasta su fecha de muerte y que los \u00fanicos ingresos que recibe provienen de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que recibi\u00f3, la cual destina para sus necesidades b\u00e1sicas y los de su hija Luisa Fernanda quien fue diagnosticada con c\u00e1ncer de pulm\u00f3n, lo que le impide trabajar. Destac\u00f3 que tiene 75 a\u00f1os de edad y m\u00faltiples necesidades por lo que solicit\u00f3 que se tenga en cuenta que merece una especial protecci\u00f3n y que, en consecuencia, se revoque la sentencia impugnada y se ordene \u00abun porcentaje del 20% de la pensi\u00f3n para la se\u00f1ora Carmenza Herminda Su\u00e1rez. As\u00ed se har\u00e1 plena justicia en este caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado ser\u00e1 revocado, por advertirse que la decisi\u00f3n objeto de censura constitucional es razonable. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado del Circuito accionado, al decidir el recurso de reposici\u00f3n impetrado por la aqu\u00ed actora contra la decisi\u00f3n que le orden\u00f3 estarse a lo resuelto en decisi\u00f3n anterior, donde se neg\u00f3 la continuaci\u00f3n de la medida de embargo que pesa sobre las mesadas pensionales del demandado [fallecido] le explic\u00f3 a la solicitante que, aunque la obligaci\u00f3n alimentaria no hab\u00eda cesado con la muerte del alimentante, la misma deb\u00eda ser reclamada a la masa sucesoral, sin que en el Juez de Familia estuviera habilitado para afectar la pensi\u00f3n reconocida a una tercera ajena al proceso. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es evidente que la obligaci\u00f3n alimentaria no se extingue con la <\/p>\n
muerte del alimentante, siempre que persista la necesidad del alimentado, no obstante, el pago de la misma no puede ser efectuado por este despacho como pretende la demandante, toda vez que tal prestaci\u00f3n se encuentra a cargo de la masa herencial del causante, lo que implica que la recurrente debe agotar el tr\u00e1mite procesal pertinente para perseguir el pago de su obligaci\u00f3n, en la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Montoya Ocampo. Lo que conlleva a mantener inc\u00f3lume el auto recurrido toda vez que se encuentra ajustado a derecho y en todo caso, porque esta sede judicial no es la encargada para disponer lo solicitado en el recurso, m\u00e1xime, si se tiene en cuenta que, a trav\u00e9s de la solicitud, la demandante tambi\u00e9n pretende el aumento de la cuota alimentaria y el pago de las cuotas presuntamente dejadas de pagar, lo que necesariamente se tramita <\/p>\n
por procesos diferentes\u00bb. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que, al estudiar un caso de similares caracter\u00edsticas (STC10047-2022), la Sala expuso la misma tesis, con lo cual qued\u00f3 dilucidado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la Corte explic\u00f3 la diferencia entre los \u00abdos reg\u00edmenes solidarios excluyentes\u00bb que el art\u00edculo 12 de la Ley 100 de 1993 contempla dentro del sistema general de pensiones, se\u00f1alando que en el de ahorro individual con solidaridad, \u00abno existen beneficiarios que puedan obtener la sustituci\u00f3n de la mesada pensional, ocurrida la muerte del afiliado o pensionado\u00bb y por tanto, al tenor del art\u00edculo 76 ibidem, \u00ablas sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional, har\u00e1n parte de la masa sucesoral de bienes del causante\u00bb, mientras que en el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida: <\/p>\n
\u00abUna vez fallece el pensionado o afiliado, los aportes realizados bajo ese r\u00e9gimen, en caso de que no existan beneficiarios, entran a integrar el fondo com\u00fan al que se refiere la norma citada, pero no forman parte de la masa herencial del causante y, por lo tanto, no puede ordenarse el pago de la cuota alimentaria con cargo a esos dineros, pues esa obligaci\u00f3n \u2013se reitera- debe ser pagada con los bienes dejados por el difunto. <\/p>\n
(\u2026) Entonces, cuando no existen beneficiarios que puedan obtener la sustituci\u00f3n pensional, la ley dispone que los aportes realizados por el afiliado o pensionado, ingresen a la sucesi\u00f3n del fallecido y ser\u00e1 en este tr\u00e1mite liquidatorio, que se disponga la manera en la que deber\u00e1 ser cancelada la obligaci\u00f3n alimentaria. <\/p>\n
Ahora bien, si hay beneficiarios, la pensi\u00f3n se sustituye a quien, de acuerdo con la ley, tiene derecho de percibir esa prestaci\u00f3n, evento en el cual los dineros correspondientes a la mesada pensional le pertenecen a ese tercero y, por consiguiente, no integran la sucesi\u00f3n del fallecido, motivo suficiente para que quien obtiene el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, no tenga el deber legal de solventar la deuda por concepto de alimentos. <\/p>\n
(\u2026) En sentencia C-081 de 1999, la Corte Constitucional se refiri\u00f3 al tema aqu\u00ed tratado y se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) que no pueden confundirse, como lo hace la demandante, los derechos herenciales con el reconocimiento de prestaciones sociales originadas en la muerte de uno de los miembros de la pareja, titular de la pensi\u00f3n, pues se reitera, se trata de instituciones jur\u00eddicas diversas, las cuales no pueden equipararse ni someterse a interpretaciones semejantes o anal\u00f3gicas, pues, son diferentes los principios que animan la hermen\u00e9utica jur\u00eddica en este campo del ordenamiento legal, a los que prevalecen en el \u00e1rea del derecho privado\u201d. <\/p>\n
Entonces, tal como se estableci\u00f3 en ese fallo, deben distinguirse los derechos herenciales que pueden ser transmitidos a los herederos del causante y el derecho propio de los beneficiarios de la pensi\u00f3n de sustituci\u00f3n que no pertenece a la sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en lo anterior, asever\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Bajo los par\u00e1metros expuestos, le corresponde a la accionante intervenir en el juicio de sucesi\u00f3n de (\u2026), para que al interior de ese tr\u00e1mite se disponga de qu\u00e9 manera se cancelar\u00e1 la cuota alimentaria, con cargo a la sucesi\u00f3n, sin que sea viable disponer a priori y mediante este mecanismo constitucional, gravar la mesada pensional que fue sustituida a favor de un tercero, a quien no se le puede imponer el pago de una prestaci\u00f3n que legalmente no adeuda y quien es titular de un derecho propio. <\/p>\n
En ese sentido, de la mesada pensional reconocida a (\u2026), como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del difunto (\u2026), no se puede deducir la cuota alimentaria fijada a favor de la accionante, porque esa prestaci\u00f3n no forma parte de los bienes dejados por el causante, sobre los cuales debe recaer el pago de esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal circunstancia, en modo alguno supone que se desconozca la orden judicial en la que se fij\u00f3 la cuota alimenticia, pues su pago debe realizarse en la forma establecida en el ordenamiento civil; adem\u00e1s, no debe confundirse el monto de la prestaci\u00f3n y la forma en la que se orden\u00f3 pagar, con la obligaci\u00f3n misma, pues si bien el funcionario judicial estableci\u00f3 que correspond\u00eda al 32% de la pensi\u00f3n que recib\u00eda (\u2026), ello no supone que la \u00fanica manera en la que deba cumplirse con esa prestaci\u00f3n, sea a trav\u00e9s de la deducci\u00f3n de ese porcentaje de la mesada pensional sustituida, sino que debe cancelarse por ese monto, con cargo a los bienes dejados por el causante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el principio de solidaridad social y los derechos fundamentales de la accionante se encuentran protegidos, porque el pago de la obligaci\u00f3n alimentaria se garantiza con cargo a los bienes dejados por el difunto, sin que so pretexto de la protecci\u00f3n de esas garant\u00edas constitucionales, pueda imponerse a un tercero el cumplimiento de una obligaci\u00f3n que legalmente no le corresponde, en detrimento de su patrimonio, a\u00fan bajo el supuesto de que con la masa herencial no se pueda satisfacer la prestaci\u00f3n alimenticia, supuesto en el que se habr\u00e1n modificado las condiciones iniciales en las que fue fijada la cuota alimentaria y, por lo tanto, conducir\u00edan a la extinci\u00f3n de esa obligaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC9523-2016, 13 jul. 2016, rad. 00032-02, citada en STC8064-2020, 1\u00b0 oct. 2020, rad. 00074-02). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Es decir que la g\u00e9nesis de la razonabilidad de la decisi\u00f3n que se abstiene de mantener el embargo por alimentos de una pensi\u00f3n de sobrevivientes, pese a que la obligaci\u00f3n alimentaria exista, radica en que el patrimonio que debe afectarse no es el del pensionado sobreviviente, sino el de la sucesi\u00f3n del causante que deb\u00eda los referidos alimentos, de suerte que de alterarse dicha regla, se impondr\u00eda una carga desmedida a un patrimonio, que no ser\u00eda afectado si se surtiera el tr\u00e1mite propio de la reclamaci\u00f3n de acreencias en el proceso de sucesi\u00f3n, toda vez que los dineros reconocidos por pensi\u00f3n no hacen parte de la masa sucesoral cuando cuenta con un beneficiario sustituto. <\/p>\n
A partir de lo anterior, puede afirmarse que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada y que, por el contrario, acoge los postulados que la ley y la jurisprudencia han establecido sobre la imposibilidad de descontar la cuota alimentaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reconocida a personas ajenas a la obligaci\u00f3n, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la promotor del amparo considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia y, en su lugar, se negar\u00e1 el amparo invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, se niega el amparo invocado. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC16008-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16008-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-01019-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelven las impugnaciones que formularon Myrian \u00c1lvarez y la Caja de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69174","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69174"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69174\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}