STC16013-2022 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16013-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2022-00229-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Jhon Robert Pineda P\u00e9rez frente a la sentencia de 20 de octubre de 2022, proferida por la Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero (3\u00ba) de Familia del Circuito de Monter\u00eda, extensiva a todas las partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n con radicado n\u00b0 23001-31-10-003-1998-00094-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El actor solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n y en consecuencia se ordene al Juzgado accionado dar respuesta a la solicitud de expedici\u00f3n copias del proceso de sucesi\u00f3n en referencia. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que, en proceso de sucesi\u00f3n, formul\u00f3 derecho de petici\u00f3n al ente judicial solicitando se ordenara expedir copias aut\u00e9nticas del expediente (8 de febrero de 2022). El despacho dio respuesta favorable a la solicitud mediante auto sujeto al pago del respectivo arancel judicial (25 de marzo de 2022). El accionante realiz\u00f3 el pago del respectivo impuesto y envi\u00f3 el justificante al despacho judicial por medios electr\u00f3nicos. Desde entonces, el accionante ha solicitado en varias oportunidades se realice la expedici\u00f3n de las respectivas copias f\u00edsicas, sin obtener respuesta alguna por parte del accionado. El accionante considera que tal omisi\u00f3n vulner\u00f3 su derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
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2. El Juzgado accionado se opuso a las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional. Se\u00f1al\u00f3 el juez que el amparo deb\u00eda negarse por falta de vulneraci\u00f3n, puesto que, con el auto de 25 de marzo de 2022, se le dio respuesta a la solicitud formulada por el accionante. Por su parte la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial (Oficina Judicial) de Monter\u00eda se\u00f1al\u00f3 el procedimiento que debe seguir cualquier usuario que pretenda obtener copias aut\u00e9nticas tanto f\u00edsicas como digitales de un expediente, para lo cual indic\u00f3 que las piezas procesales requeridas se deben imprimir o fotocopiar seg\u00fan est\u00e9n digitalizadas. Adicionalmente aclar\u00f3 que en este momento el despacho judicial no cuenta con servicio de fotocopiadora. Los dem\u00e1s intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n guardaron silencio. <\/p>\n
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3. La Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda decidi\u00f3 no acceder a la s\u00faplica tras advertir la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
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4. En el escrito de impugnaci\u00f3n, el accionante aleg\u00f3 que en el auto de 25 de marzo de 2022 se omiti\u00f3 las instrucciones que deb\u00eda seguir el accionante a fin de obtener las copias f\u00edsicas autenticadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De cara a las quejas expuestas en el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n frente al reproche contra el prove\u00eddo del Juzgado Tercero de Familia que orden\u00f3 expedir copias aut\u00e9nticas, pronto se advierte que habr\u00e1 de confirmarse la determinaci\u00f3n del a quo constitucional porque se advierte sin duda alguna que la vulneraci\u00f3n alegada es inexistente. <\/p>\n
En efecto, revisado las actuaciones procesales se encuentra que la petici\u00f3n formulada por el accionante el d\u00eda 8 de febrero de 2022, mediante la cual requiri\u00f3 \u00absolicitarle, que a mis costas y con la mayor brevedad posible, se sirva ordenar, la expedici\u00f3n de copias aut\u00e9nticas y ejecutoria de los autos de todo el proceso de la referencia\u00bb, tuvo respuesta mediante auto de 25 de marzo de 2022, donde se resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO. EXPEDIR copias autenticadas del proceso de la referencia\u00bb. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que primero deb\u00eda realizarse el pago del correspondiente arancel judicial y se aclar\u00f3 que tal valor no cubr\u00eda el valor de las copias f\u00edsicas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la entidad accionada ya dio respuesta a la solicitud formulada. Ahora bien, el accionante no est\u00e1 conforme con dicha contestaci\u00f3n, ya que la considera incompleta porque no se le indic\u00f3 de manera expresa la necesidad de ir a recoger personalmente dichos documentos; sin embargo, el despacho judicial aclar\u00f3 que el rubro se\u00f1alado correspond\u00eda al arancel judicial, por tanto, es necesario su presencia f\u00edsica para cancelar el valor de las copias f\u00edsicas y se haga entrega material de los documentos autenticados solicitados. Por tanto, no se gener\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna al derecho alegado, ya que se le dio respuesta a la petici\u00f3n formulada. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
El objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d (T-130 2014). <\/p>\n
Con ese panorama, no habr\u00e1 otra opci\u00f3n sino la de confirmar el fallo del tribunal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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