STC16022-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16022-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02170-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de 12 de octubre de 2022 dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la tutela promovida por Francisco L\u00f3pez Malag\u00f3n contra el Juzgado 10\u00b0 Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en la restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado n\u00b0 110013103010-2020-00119-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Del escrito de tutela se extrae que el actor pretende que se deje sin efecto lo actuado en el proceso cuestionado y, en su lugar, se ordene al juzgado accionado resolver nuevamente el asunto. <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandado en el litigio objeto de revisi\u00f3n en el que el juzgado dispuso no escucharlo hasta tanto acreditara el pago de los c\u00e1nones de arriendo (16 sep. 2021), determinaci\u00f3n que cuestion\u00f3 tras considerar que estaba en duda la calidad de arrendador alegada por el demandante. Se\u00f1al\u00f3 que el 28 de septiembre de 2021 el juzgado sostuvo su decisi\u00f3n con \u00abtranscri[pci\u00f3n] id\u00e9ntica(\u2026)\u00bb del prove\u00eddo inicialmente reprochado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, para dilucidar la existencia del contrato y sus partes, as\u00ed como para definir si se deb\u00eda escuchar o no al demandado, el despacho decret\u00f3 pruebas de oficio y convoc\u00f3 a audiencia (11 oct. 2021) la cual tuvo lugar el 9 de febrero hoga\u00f1o. En esa vista p\u00fablica practic\u00f3 los medios probatorios y coligi\u00f3 que no era dable o\u00edr a la pasiva ante la demostraci\u00f3n del v\u00ednculo contractual y la ausencia de prueba del pago de los c\u00e1nones adeudados. <\/p>\n
Expuso que el 7 de marzo pasado el juzgado emiti\u00f3 sentencia en la que valor\u00f3 los medios probatorios practicados en la vista p\u00fablica y de ellos coligi\u00f3 que no era dable o\u00edr a la pasiva ante la demostraci\u00f3n del v\u00ednculo contractual y la ausencia de prueba del pago de los c\u00e1nones adeudados. En ese sentido, orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble arrendado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que contra esa determinaci\u00f3n interpuso apelaci\u00f3n que fue denegada (25 jul. 2022). Tambi\u00e9n propuso recurso de queja que fue desestimado por el respectivo superior del juez accionado (23 sep. 2022). <\/p>\n
De lo acaecido ante el juzgado deriva la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales pues considera que el despacho err\u00f3 al decidir no escucharlo y al valorar las pruebas que sirvieron de base para tener por demostrada la existencia del contrato de arriendo. <\/p>\n
2. El juzgado remiti\u00f3 el link del paginario, hizo un relato de sus actuaciones y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. El demandante en la disputa analizada se opuso a la prosperidad del resguardo. La Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social, la Secretar\u00eda Distrital de la Movilidad y el Instituto Distrital de Protecci\u00f3n y Bienestar Animal -vinculados al sumario- alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y pidieron su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo por irrespeto a los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez que imperan en esta materia constitucional. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La denegaci\u00f3n del resguardo ser\u00e1 confirmada, aunque por razones distintas a las predicadas por el a quo constitucional. <\/p>\n
En efecto, a pesar de que la primera providencia que dispuso no escuchar al demandado en el proceso objeto de an\u00e1lisis data del 16 de septiembre de 2021, lo cierto es que la discusi\u00f3n de ese asunto se prolong\u00f3 hasta el 7 de marzo hoga\u00f1o, fecha en la que el juzgado opt\u00f3 por ratificar tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, esa decisi\u00f3n fue recurrida por el tutelante y, al margen de la procedencia o el resultado de esa impugnaci\u00f3n, lo cierto es que el debate se zanj\u00f3 de forma definitiva mediante prove\u00eddo del 23 de septiembre pasado, como se dej\u00f3 dicho en los antecedentes de esta providencia. <\/p>\n
En ese sentido, pronto se descarta el irrespeto a los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad predicados en la primera instancia de este sumario. <\/p>\n
No obstante, el fracaso del auxilio se impone porque las determinaciones acusadas, independientemente de que se compartan, no lucen antojadizas o irracionales en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por el juzgado accionado. <\/p>\n
En efecto, del examen del expediente cuestionado y los escritos de tutela e impugnaci\u00f3n, se colige que la censura medular del actor se circunscribe a la forma en la que el juez valor\u00f3 las pruebas relativas a la existencia y las partes del contrato de arrendamiento que sirvi\u00f3 de base para la disputa restitutoria. Igualmente, tambi\u00e9n reproch\u00f3 la conclusi\u00f3n de esas probanzas, esto es, que el demandado s\u00ed era el arrendatario del demandante y, ante la ausencia de demostraci\u00f3n de pago de c\u00e1nones, no pod\u00eda ser o\u00eddo en el juicio. <\/p>\n
A decir verdad, para llegar a esa conclusi\u00f3n el juez tuvo en cuenta las declaraciones extra-juicio aportadas con la demanda para acreditar el v\u00ednculo contractual. Tambi\u00e9n valor\u00f3 la ratificaci\u00f3n judicial de esas declaraciones, que tuvieron lugar en la audiencia del 9 de febrero hoga\u00f1o. Del mismo modo, apreci\u00f3 las respuestas brindadas por las partes en sus respectivos interrogatorios e hizo especial \u00e9nfasis en las manifestaciones del accionante. <\/p>\n
De esas probanzas predic\u00f3 que: <\/p>\n
Todo lo anterior lleva a reafirmar lo expuesto por el juzgado en el auto del 16 de septiembre de 2021 (folio 142 del cuaderno escaneado) en el sentido de establecer que el demandado no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso, pues en efecto, ostenta la condici\u00f3n de arrendatario, tanto por la prueba documental ya mencionada, como por las conclusiones que se extraen de su declaraci\u00f3n, pues al responder evasivamente, el juzgado se ve obligado a dar aplicaci\u00f3n a las previsiones del art\u00edculo 205 del C. G. P en cuanto al efecto de las respuestas evasivas como las del demandado en la audiencia que se analiza, haci\u00e9ndose obligatorio presumir ciertos los hechos en que se basa la demanda, y por lo dem\u00e1s, concluir que el demandado no puede ser o\u00eddo en el proceso, al no haber acreditado el pago de los c\u00e1nones a que se refiere la demanda. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se descartan supuestas violaciones a derechos fundamentales, pues bien puede apreciarse en la audiencia realizada, que el demandado tuvo la oportunidad de controvertir mediante interrogatorio a las testigos y al representante de la demandante, aun sin tener derecho a hacerlo, pues se reitera que al no pagar los c\u00e1nones, no podr\u00e1 ser o\u00eddo, m\u00e1s a\u00fan cuando existe prueba del contrato y de la condici\u00f3n de arrendatario del demandado. <\/p>\n
Bajo este panorama, y conforme a lo expuesto por el propio se\u00f1or FRANCISCO LOPEZ, es que debe dictarse la sentencia, la cual estaba pendiente de proferirse desde el auto que convoc\u00f3 a la audiencia de pruebas, toda vez que justamente el objetivo de las probanzas era acreditar fehacientemente la condici\u00f3n de arrendatario del demandado y la vigencia del v\u00ednculo contractual. <\/p>\n
F\u00edjese entonces que la autoridad judicial adem\u00e1s de apreciar las pruebas aportadas por las partes en la etapa inicial del litigio, para ahondar en garant\u00edas del demandado, opt\u00f3 por decretar y practicar pruebas de oficio que le permitieran constatar la existencia del contrato de arriendo entre los litigantes. Luego de cerciorarse de lo anterior y ante la ausencia de probanzas relativas al pago de c\u00e1nones adeudados, decidi\u00f3 no escuchar al demandado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u00abCualquiera que fuere la causal invocada, el demandado tambi\u00e9n deber\u00e1 consignar oportunamente a \u00f3rdenes del juzgado, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, los c\u00e1nones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejar\u00e1 de ser o\u00eddo hasta cuando presente el t\u00edtulo de dep\u00f3sito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignaci\u00f3n efectuada en proceso ejecutivo\u00bb <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En definitiva, como quiera que la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de ser compartida, descansa sobre un discernimiento razonable respecto del panorama conocido por la agencia judicial accionada, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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