STC16027-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16027-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04036-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Andr\u00e9s Ocampo Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2021-03645-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 14 de octubre de 2022, mediante la cual el tribunal encartado, con una motivaci\u00f3n que considera equivocada, confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la demanda de protecci\u00f3n al consumidor financiero que \u00e9l promovi\u00f3, con miras a que, en virtud de su sobreviniente incapacidad laboral, se hiciera efectivo el contrato de seguro con el que se ampar\u00f3 un cr\u00e9dito otorgado a su favor. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se deje sin efecto la cuestionada providencia y que, en su lugar, se acceda a sus pretensiones. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y remiti\u00f3 copia de la sentencia objeto de censura. <\/p>\n
2. La Superintendencia Financiera pidi\u00f3 desestimar la pretendida salvaguarda, por considerar que las providencias objeto de censura no involucran v\u00edas de hecho que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. BBVA Colombia S.A. se opuso a la prosperidad del resguardo, dada la razonabilidad de las fustigadas sentencias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal comenz\u00f3 memorando que: \u00abla acci\u00f3n invocada encuentra soporte en un contrato de mutuo que admiten haber concretado el actor y la entidad financiera por valor $92\u2019000.000.oo, el cual se encuentra garantizado por una p\u00f3liza de grupo en donde la \u00faltima funge como tomador y beneficiario, en tanto que el primero obr\u00f3 en calidad de asegurado, en torno a lo cual surge la controversia, habida cuenta que al actor lo calificaron con una p\u00e9rdida de la capacidad laboral de 54,50%, en tanto que, realizada la reclamaci\u00f3n formal ante la aseguradora \u00e9sta la objet\u00f3 aduciendo que CARLOS ANDR\u00c9S OCAMPO GONZ\u00c1LEZ incurri\u00f3 en reticencia e inexactitud al momento de diligenciar el certificado de asegurabilidad, ya que no inform\u00f3 de las enfermedades que padec\u00eda para el mes de octubre de 2020, al tiempo, \u00e9ste aleg\u00f3 que el BANCO BBVA COLOMBIA S.A. no le brind\u00f3 informaci\u00f3n suficiente respecto de la p\u00f3liza y que tan solo se limit\u00f3 a firmar sin leer los documentos que el asesor diligenci\u00f3 y entreg\u00f3 para tal prop\u00f3sito. De otra parte, en el litigio, la primera instancia encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n de ausencia de siniestro\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 anotando que, \u00abconforme la reclamaci\u00f3n del demandante se estructur\u00f3 el siniestro por la incapacidad total y permanente, al haber sido calificado con p\u00e9rdida de capacidad laboral del 54.50% y seg\u00fan el contenido de la p\u00f3liza tal amparo se configuraba, en el evento que el asegurado sufra \u201cuna incapacidad que impida de (sic) en forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupaci\u00f3n siempre que no haya sido provocada por el asegurado la compa\u00f1\u00eda pagar\u00e1 el 100% del valor asegurado\u201d. Enseguida se consign\u00f3 que \u201cPara los efectos exclusivos de este amparo, se entiende como incapacidad total y permanente, aquella incapacidad sufrida por el asegurado dentro de los l\u00edmites de edad establecidos en las condiciones particulares del presente anexo, originada por cualquier causa, sin ning\u00fan tipo de salvedades o limitaciones, que le genere al asegurado una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, sea cual fuere su r\u00e9gimen, naturaleza, incluyendo todo tipo de preexistencias, incluso la causada intencionalmente por este, (\u2026). La fecha de ocurrencia del siniestro en los eventos de incapacidad total y permanente ser\u00e1 la fecha de la calificaci\u00f3n Exp. 2021-03645-01 Acci\u00f3n de Protecci\u00f3n al Consumidor Financiero 11 de p\u00e9rdida de capacidad laboral, de acuerdo con lo se\u00f1alado en el dictamen de calificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, los elementos de juicio que incumben a este litigio no refrendan la ocurrencia de las vicisitudes que exig\u00eda el \u00e9xito de la demanda, pues como tambi\u00e9n lo asegur\u00f3 la autoridad de primer grado no se acredit\u00f3 que la incapacidad del demandante sea total, es decir que le impida realizar cualquier tipo de actividad u ocupaci\u00f3n, al punto que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda y del fallo de primer grado el actor Ocampo Gonz\u00e1lez contin\u00faa vinculado como miembro activo del Ej\u00e9rcito Nacional en labores administrativas, como lo recomend\u00f3 el respectivo calificador\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 igualmente que, \u00abaunque lo anterior es suficiente para confirmar lo resuelto por el a-quo, observa igualmente la Sala que la censura alega no haber recibido la informaci\u00f3n cierta, clara oportuna y suficiente como lo determina la Ley 1328 de 2009 frente a la vinculaci\u00f3n de la p\u00f3liza. Sin embargo, aqu\u00ed no se prob\u00f3 que la conducta de la entidad financiera y la aseguradora vulnerara los derechos del consumidor en la forma que se relat\u00f3 en libelo. Frente a este t\u00f3pico es relevante traer a colaci\u00f3n las declaraciones plasmadas en el certificado de asegurabilidad M026300110236208469620980243 a fin de determinar si en verdad el convocante falt\u00f3 a la verdad en dicha documental, con la consideraci\u00f3n adicional que la misma no fue tachada ni redarg\u00fcida de falsa, en tanto que, en la diligencia de posiciones cuando se le puso de presente la misma reconoci\u00f3 que la firma all\u00ed impuesta era de su autor\u00eda, empero, afirm\u00f3 que el mismo fue diligenciado por el asesor que lo atendi\u00f3 al momento de tomar el cr\u00e9dito de consumo. En efecto, n\u00f3tese que el formato de asegurabilidad conten\u00eda preguntas tales como si ha padecido o est\u00e1 en tratamiento de alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis o accidente cerebro vascular, epoc, asma, diabetes\u00b8 hipertensi\u00f3n (\u2026), cuestionamientos que fueron contestados de forma negativa. As\u00ed mismo, se lee en el documento que el asegurado declara que ha sido informado que cualquier inconsistencia en la informaci\u00f3n suministrada anteriormente traer\u00e1 consecuencia la nulidad del contrato de seguros y acarrear\u00e1 la posible p\u00e9rdida del derecho a cualquier indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, de la historia cl\u00ednica, as\u00ed como de una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral previa que reposa en el expediente tambi\u00e9n surge incuestionable que al actor padec\u00eda previo a la suscripci\u00f3n del certificado de asegurabilidad de hipertensi\u00f3n, diabetes con dependencia a la insulina y obesidad, entre otros (Derivado 058, ib). Ahora bien, obs\u00e9rvese que en el interrogatorio de parte Carlos Andr\u00e9s Ocampo Gonz\u00e1lez, en s\u00edntesis, afirm\u00f3 que no declar\u00f3 su estado de salud porque nadie se lo pregunt\u00f3 y que fueron los asesores del Banco BBVA quienes diligenciaron todos los documentos, sin que \u00e9l siquiera tuviera conocimiento que el cr\u00e9dito otorgado contaba con ese tipo de p\u00f3liza adjunta: Tambi\u00e9n confes\u00f3 que desde el a\u00f1o 2015 llevaba tomando medicamentos para la hipertensi\u00f3n as\u00ed mismo, indic\u00f3 que no le entregaron copia de ninguno de los documentos que rubric\u00f3, ni tampoco otro documento adicional contentivo de las condiciones generales y particulares de la p\u00f3liza de vida grupo deudores. De todo lo anterior surge con diamantina claridad que para la \u00e9poca en la que se realiz\u00f3 en contrato de mutuo y se realiz\u00f3 el diligenciamiento del certificado de asegurabilidad -octubre de 2020- el demandante padec\u00eda las enfermedades ya descritas, las cuales valga recordarlo no fueron debidamente informadas en esa oportunidad al asesor del Banco, por medio del cual se comercializaba el seguro de vida tal y como \u00e9l mismo lo confiesa\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, coligi\u00f3 que \u00abfrente al Banco BBVA COLOMBIA no se configur\u00f3 la responsabilidad contractual alegada, se insiste, porque ning\u00fan medio de prueba se arrim\u00f3 para soportar el alegato seg\u00fan el cual, dicha entidad omiti\u00f3 su deber de informaci\u00f3n. Recu\u00e9rdese que el \u00e9xito de tal pretensi\u00f3n exig\u00eda que se acreditara el incumplimiento de una obligaci\u00f3n, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre estos dos elementos, carga que no fue atendida por el interesado, pues como se ha venido explicando, la falta de reconocimiento del valor asegurado se debi\u00f3 a la ausencia de siniestro, as\u00ed como a la reticencia en que incurri\u00f3 el actor, desenlace en que el nada tuvo que ver la actuaci\u00f3n de la entidad financiera, cuya intervenci\u00f3n, en lo que ata\u00f1e a la vinculaci\u00f3n del contrato de seguro, luci\u00f3 ajustada a la legalidad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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