STC16036-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16036-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01935-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 4 de octubre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alberto Arango, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2008-06678. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. Narr\u00f3 que el 5 de octubre de 2008 fue capturado. En raz\u00f3n a ello, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali -con sentencia del 17 de noviembre de 2011- lo conden\u00f3 a una pena principal de 32 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tras hallarlo responsable del delito de homicidio en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. Determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 9 de diciembre de 2015. <\/p>\n
2. Inform\u00f3 que, ante el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma urbe, solicit\u00f3 la \u00abaplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad y redosificar mi condena\u00bb. Sin embargo, dicho pedimento fue negado el 8 de junio de 2022. Inconforme, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Colegiado atacado -con prove\u00eddo del 30 de agosto del presente a\u00f1o- confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n debatida. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que \u00abSi partimos de la pena m\u00ednima, que ser\u00edan 208 meses; y al verificar la pena impuesta al sancionado (384 meses) tenemos que la misma aument\u00f3 en 176 meses, lo que resulta exagerado y desproporcionado, tambi\u00e9n adviene que la misma super\u00f3 con crecer (Sic) la mitad de la pena b\u00e1sica\u00bb. En su sentir, \u00abel tribunal no tuvo en cuenta que las v\u00edctimas fueron reparadas en forma integral, en dinero y eso sirve como causal para bajar la pena y esos documentos se integraron al proceso, por eso por favorabilidad del preso del condenado en mi caso procede la redosificaci\u00f3n de la pena\u00bb1. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo del derecho fundamental implorado. En consecuencia, solicit\u00f3 que \u00abse conceda la redosificaci\u00f3n de la pena que me impuso el juzgado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali hizo un recuento de sus actuaciones. Inform\u00f3 que, en efecto, conoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n propuesta por el apoderado del quejoso frente al auto del 8 de junio de 2022, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el 30 de agosto de la presente anualidad, conforme a la argumentaci\u00f3n que se encuentra plasmada en el mismo auto. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, pidi\u00f3 denegar las pretensiones del actor, toda vez que no ha incurrido en vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales alegados. <\/p>\n
3. El Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali, expres\u00f3 que \u00abes el Juez 8 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali el competente para pronunciarse respecto a las solicitudes de redenci\u00f3n, libertad y dem\u00e1s que llegase a presentar el accionante, de conformidad con los EMP que el mismo aporte para tal fin, quien a la fecha se encuentra cumpliendo la pena impuesta por este Despacho de 32 A\u00d1OS DE PRISION, por lo que la privaci\u00f3n de la libertad se torna legal su dubitaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00ablos argumentos puestos de presente por la autoridad judicial demandada para negar lo solicitado se advierte razonable y ajustada a derecho. Si lo resuelto obedeci\u00f3 a la aplicaci\u00f3n de las exigencias impuestas por el Legislador, no encuentra esta Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas reparo alguno en la decisi\u00f3n que, amparada en la normativa en cita, la negativa de acceder a la solicitud de redosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n elevada por el actor, pues desde ning\u00fan punto de vista reflejan arbitrariedad o capricho, sino por el contrario, responde a la aplicaci\u00f3n del principio de legalidad, predicable de toda actuaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 30 de agosto de 2022, con el cual se confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del 8 de junio de la misma calenda, con la cual el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, neg\u00f3 por improcedente la redosificaci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con prove\u00eddo del 30 de agosto de 20222, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a adoptar su decisi\u00f3n. Para ello, luego de invocar el art\u00edculo 38 de la Ley 906 de 2004, modificado por el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 15 de la Ley 2098 de 2021, puntualiz\u00f3 que \u00abTal y como lo refiri\u00f3 la primera instancia, lo que se pretende por parte del recurrente, es que el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, realice una nueva dosificaci\u00f3n punitiva pues a su parecer, la ley impone partir de la pena m\u00ednima del cuarto de movilidad escogido y a partir de all\u00ed efectuar el incremento del otro tanto\u00bb. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, se pronunci\u00f3 respecto al reparo expuesto por el querellante sobre la dosificaci\u00f3n de la pena impuesta, en el sentido que \u00abla operaci\u00f3n realizada por la falladora de instancia, que dentro del cuarto m\u00ednimo de pena a imponer habiendo escogido el cuarto m\u00ednimo no parti\u00f3 de la pena de 208 meses sino que lo hizo a partir de la pena de 22 a\u00f1os, es decir 264 meses para luego de aplicar las reglas del concurso Art.31 del C\u00f3digo Penal, incrementarla por el otro punible – Homicidio- en concurso homog\u00e9neo en otros 10 a\u00f1os m\u00e1s, para una pena a imponer de 32 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb. En raz\u00f3n a ello, trajo a colaci\u00f3n pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n sobre las reglas de acumulaci\u00f3n3: <\/p>\n
23. En relaci\u00f3n con el primer aspecto, es indispensable recordar que el canon 31 de la Ley 599 de 2000 prev\u00e9 una serie de reglas para la tasaci\u00f3n de la pena, cuando del concurso de conductas punibles se trata. <\/p>\n
24. Al respecto, la Corte ha se\u00f1alado lo siguiente (CSJ SP338-2019, rad. 47675): <\/p>\n
Ese incremento \u201chasta en otro tanto\u201d tiene l\u00edmites, a saber: i) conforme al art\u00edculo 31 del C.P., el incremento no puede superar el duplo de la pena b\u00e1sica individualizada en el caso concreto para el delito m\u00e1s grave, ii) tampoco la sanci\u00f3n definitiva puede superar la suma aritm\u00e9tica de las penas que corresponder\u00eda a cada punible en el caso concreto (sistema de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas), iii) otro de los topes se relaciona con la prohibici\u00f3n en el concurso de delitos de no superar la pena los 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n \u2026iv) la no reformatio in peius es otro l\u00edmite en raz\u00f3n a que los errores en la tasaci\u00f3n de la pena del factor \u201cotro tanto\u201d, no pueden ser modificados posteriormente por el superior funcional al resolver la apelaci\u00f3n, la casaci\u00f3n, o la doble conformidad judicial de la primera condena, cuando el condenado sea el \u00fanico recurrente o peticionario, como tampoco lo puede hacer el juez al resolver la redosificaci\u00f3n de penas por acumulaci\u00f3n de penas o por principio de favorabilidad. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, enfatiz\u00f3 que \u00absi bien el abogado del condenado interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia, aquel no vers\u00f3 sobre la dosificaci\u00f3n punitiva, sino sobre la responsabilidad en los hechos\u00bb. Por lo cual, destac\u00f3 que el reproche expuesto por el recurrente \u00abno resulta de una comparaci\u00f3n normativa entre disposiciones que regulan circunstancias de punibilidad existentes entre el momento de la realizaci\u00f3n del hecho delictivo y la actualidad que reflejen condiciones de favorabilidad entre una y otra disposici\u00f3n\u00bb. Pues, \u00absi ello no comporta un tr\u00e1nsito de normas, la improcedencia de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad salta a la vista\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que las anteriores razones son \u00absuficientes para confirmar el auto recurrido, pues en realidad, de verdad, el juicio elevado por el apoderado del condenado no se propone al amparo del principio de favorabilidad, sino de legalidad frente a la forma de dosificar la pena realizada por la operadora judicial de instancia que lo conden\u00f3 a trav\u00e9s de la sentencia No. OP-025 del 17 de noviembre de 2011\u00bb. Decisi\u00f3n que \u00abcuenta con presunci\u00f3n de acierto y legalidad, sin que sea susceptible a trav\u00e9s de la figura de la redosificaci\u00f3n, elevar vicios en la aplicaci\u00f3n de la ley vigente para la fecha de los hechos y frente a fallos\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que: <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. En definitiva, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comunicar lo resuelto a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. En oportunidad, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-3. Anexo 0002 126505Demanda.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-8. Anexo PRUEBA_15_9_2022, 14_41_58.pdf. Carpeta ExpedienteRemitido <\/p>\n
3\u0002 Corte Suprema de Justicia M.P. Dra. MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N, SP778-2022, Radicaci\u00f3n n\u00b0 53.035, C.U.I. 11001600001920150033601 (Aprobado Acta No.59 decisici\u00f3n del 16 de marzo de 2022 <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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