STC16037-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16037-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04072-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Servicios de Salud Especializados S.A.S contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo 2019-00113. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica solicitante, obrando por conducto de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la tutela judicial efectiva y debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Dijo que promovi\u00f3 el proceso identificado en p\u00e1rrafos precedentes contra la Sociedad M\u00e9dica Cl\u00ednica de Riohacha S.A.S, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha. <\/p>\n
Adujo que \u00abdesde la presentaci\u00f3n de la demanda, se ha venido solicitando se embarguen dineros que provengan del sistema general de participaci\u00f3n dado que nos encontramos en presencia de las causales que establece la actual e imperante jurisprudencia de esta Honorable Corporaci\u00f3n y la Honorable Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, contra la \u00faltima de dichas determinaciones, proferida el 30 de septiembre de 2021, interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, buscando que se suprimiera la aludida restricci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el recurso horizontal fue desatado por la c\u00e9lula judicial cognoscente el pasado 28 de marzo en el sentido de mantener lo decidido, en tanto que la alzada la resolvi\u00f3 el Tribunal Superior de Riohacha el 8 de noviembre siguiente, confirmando la providencia confutada. <\/p>\n
3. La sociedad accionante acudi\u00f3 al presente instrumento para insistir, en id\u00e9nticos t\u00e9rminos a los expuestos en las impugnaciones formuladas al interior de la actuaci\u00f3n ordinaria, respecto de la necesidad de no incluir en los autos que ordenan las cautelas, la limitaci\u00f3n respecto de los recursos que reciba la ejecutada provenientes de la Naci\u00f3n a trav\u00e9s del Sistema General de Seguridad Social en Salud. <\/p>\n
En apoyo de su posici\u00f3n, advirti\u00f3 que su situaci\u00f3n \u00abse encuadra en una de las\u2026 excepciones\u00bb sobre la inembargabilidad de los recursos p\u00fablicos consagradas en la sentencia C-543 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, concretamente la relativa al \u00abpago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos\u00bb. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n solicit\u00f3 que \u00abse le ordene al Tribunal\u2026 revise [sic] la decisi\u00f3n adoptada tendiente a ordenar al Juzgado\u2026 librar los oficios de embargo sin la advertencia \u201cse ordena siempre y cuando dichos dineros no pertenezcan a recursos y transferencias de la Naci\u00f3n o recursos del Sistema General de Seguridad social en Salud\u201d\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada refiri\u00f3 que \u00abel estudio surtido en es[a] instancia de cara al negocio jur\u00eddico que expone el actor fue riguroso, se discriminaron los medios de prueba que se verificaron y el an\u00e1lisis probatorio del mismo, por lo que no considera\u2026 que se configure el defecto sustancial que alega el actor. En contra posici\u00f3n, se advierte que busca reabrir una discusi\u00f3n que fue zanjada a trav\u00e9s del medio id\u00f3neo ante la jurisdicci\u00f3n de lo ordinario, fin para el cual no est\u00e1 instituida la acci\u00f3n de tutela [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. El titular de la c\u00e9lula judicial accionada luego de rememorar lo actuado, solicit\u00f3 denegar el amparo habida consideraci\u00f3n que \u00abha actuado conforme a derecho y no ha vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno al accionante\u2026 pues las etapas procesales se han dado con apego a las leyes vigentes y los t\u00e9rminos para resolver las solicitudes se han ajustado al c\u00famulo de trabajo [sic]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Riohacha vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la persona jur\u00eddica accionante, al interior del proceso ejecutivo 2019-00113 en el que es demandante, al confirmar la providencia a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito dispuso una medida cautelar, limitando su materializaci\u00f3n a la verificaci\u00f3n de que los dineros \u00abno pertenezcan a recursos y transferencias de la Naci\u00f3n o recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior porque, aun cuando el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Civil Familia Laboral de la aludida corporaci\u00f3n, dado que fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada pues, tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
En efecto, la colegiatura accionada, para abordar los reparos de la sociedad ejecutante, los que fueron reproducidos en el presente resguardo, inici\u00f3 por rememorar la naturaleza de las medidas cautelares y las restricciones de orden constitucional y legal para su decreto cuando recaen sobre recursos p\u00fablicos, consagradas en los art\u00edculos 48 y 63 Superiores y los c\u00e1nones 594 del C\u00f3digo General del Proceso, 25 de la Ley 1751 de 2015 y los Decretos 28 de 2008, 780 de 2016 y 2265 de 2017, as\u00ed como en la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Asimismo, hizo alusi\u00f3n a las excepciones al principio de inembargabilidad indicadas por el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La primera de estas\u2026 ten\u00eda que ver con la necesidad de satisfacer cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral\u2026 la segunda, hac\u00eda relaci\u00f3n a la importancia del oportuno pago de sentencias judiciales\u2026 y la tercera\u2026 se daba en el caso en que existieran t\u00edtulos emanados del Estado que reconocieran una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
Siguiendo esta l\u00ednea argumentativa, consider\u00f3 \u201cque el principio de inembargabilidad de recursos del SGP tampoco es absoluto, pues debe conciliarse con los dem\u00e1s derechos y principios reconocidos en la Constituci\u00f3n\u201d, premisa a partir de la cual indic\u00f3 que, \u201clas reglas de excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad del presupuesto eran aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del SGP (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u201d (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En igual sentido, record\u00f3 lo indicado por la misma Corporaci\u00f3n en la sentencia C-543 de 2013: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el principio de inembargabilidad es una garant\u00eda que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado (..) Sin embargo, contempl\u00f3 excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. \u00c9stas son: (i) Satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. (II) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos. (III) T\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. (IV) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Criterios desarrollados recientemente en el fallo T-172 de 2022, en el que se indic\u00f3 que el alcance de las anteriores excepciones \u00abdepende de la fuente del recurso\u00bb, siendo necesario distinguir \u00abentre los recursos del SGSSS que provienen del SGP y aquellos cuya fuente son las cotizaciones de los afiliados\u00bb pues, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [Los] recursos que provienen del SGP\u2026 pueden ser embargados con el objeto de garantizar el pago de (a) obligaciones laborales, (b) sentencias judiciales y (c) t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u2026 siempre y cuando las obligaciones reclamadas tengan como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del SGP. <\/p>\n
[Los] recursos que provienen de cotizaciones\u2026 son recursos parafiscales que pertenecen al sistema de seguridad social en salud, de modo que no ingresan al presupuesto general de la Naci\u00f3n ni se mezclan con otros recursos del erario. Por esta raz\u00f3n, a estos recursos no son aplicables las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos del SGSSS que provienen del SGP. <\/p>\n
[Las] cuentas maestras de recaudo\u2026 contienen recursos que provienen de las cotizaciones de los afiliados y los beneficiarios y, por tanto, son inembargables\u2026 no les son aplicables las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos del SGSSS que provienen del SGP. Los recursos que son recaudados en estas cuentas pertenecen al Sistema de Seguridad Social, son administrad[os] por la ADRES y no forman parte del patrimonio de las EPS. Por estas razones, la Constituci\u00f3n no permite que estas cuentas sean embargadas con el objeto de garantizar el pago de deudas de las EPS a IPS, derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios o actos m\u00e9dicos\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, advirti\u00f3 que la deuda que se busca satisfacer se encuentra soportada en \u00absendas facturas generadas\u2026 por concepto de servicios m\u00e9dicos proporcionados\u2026 a cargo de Sociedad M\u00e9dica Cl\u00ednica de Riohacha S.A.S., en virtud del contrato de prestaci\u00f3n de servicios SMCRSAS-000-163-2017\u00bb, de all\u00ed que la medida cautelar solicitada y ordenada recayera sobre \u00ablos dineros que por concepto de venta de servicios de salud reciba la demandada\u2026 de la empresa promotora de salud Saludvida En Liquidaci\u00f3n\u2026 bajo la advertencia de inembargabilidad de los recursos y transferencias de la Naci\u00f3n o del Sistema General de Seguridad Social en Salud\u00bb. <\/p>\n
Para la corporaci\u00f3n ad quem la aludida restricci\u00f3n no se mostraba irrazonable, en la medida que la situaci\u00f3n particular de la ejecutante \u00abno se encuentra enmarcad[a] en ninguna de las excepciones [de] la jurisprudencia constitucional\u00bb, de all\u00ed que sus s\u00faplicas no estuvieran llamadas a salir avante, comoquiera que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) i) el cr\u00e9dito perseguido no es de origen laboral, sino que deviene del incumplimiento del contrato de prestaci\u00f3n de servicios SMCRSAS-000-163-2017 por el impago de las facturas, donde los contratantes estipularon en el clausulado la inexistencia de v\u00ednculo laboral (Cl\u00e1usula D\u00e9cima Primera); ii) tampoco se reclama el pago de una sentencia judicial como erradamente lo entendi\u00f3 la parte recurrente, habida cuenta de que la excepci\u00f3n se configura cuando se pretenda el pago de acreencias contenidas en decisiones judiciales, en tanto que la ejecutante SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS S.A.S. promovi\u00f3 la presente acci\u00f3n presentando facturas de venta como t\u00edtulos ejecutivos y, no demand\u00f3 ejecutivamente obligaciones que emanen de una sentencia de condena debidamente ejecutoriada y; iii) no se pretende a trav\u00e9s de la acci\u00f3n ejecutiva el pago de un t\u00edtulo emanado del Estado, por cuanto el ejecutante present\u00f3 como base de recaudo t\u00edtulos valores ( facturas de venta) expedidas por la parte prestadora del servicio, en este caso, SALUDVIDA EPS en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
De esta manera, resulta desacertada la argumentaci\u00f3n del apelante cuando alega que el juez a-quo desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial, porque a su juicio se configura la segunda de las excepciones a la regla general de inembargabilidad de los activos del Sistema General de Participaciones, pues, si bien las obligaciones reclamadas en este caso tienen como fuente una de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del Sistema General de Participaci\u00f3n (salud); sin embargo, este requisito est\u00e1 condicionado a que el embargo de los mismos tenga por objeto garantizar el pago de (a) obligaciones laborales, (b) sentencias judiciales y (c) t\u00edtulos emanados del Estado, como claramente se infiere al se\u00f1alar la jurisprudencia constitucional en la parte pertinente: \u201cLo anterior, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tengan como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del SGP.\u201d y; en el caso sub lite, con la orden de embargo de los dineros adeudados por Saludvida en Liquidaci\u00f3n no se persigue el pago de las obligaciones que configuran las excepciones al principio de inembargabilidad, como se anot\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
Y, no puede tenerse por configurada la segunda excepci\u00f3n a la regla general de inembargabilidad porque seg\u00fan el recurrente \u201cactualmente existe una sentencia por parte de esta judicatura\u201d, toda vez que la providencia que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n no puede asimilarse a la sentencia condenatoria presentada como base de recaudo, por cuanto no es m\u00e1s que una providencia de simple tr\u00e1mite que abre tan s\u00f3lo una etapa del procedimiento ejecutivo como es el remate de bienes y pago al acreedor (art\u00edculo 448 C.G.P.) <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis pormenorizado y ponderado de las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales llamadas a gobernar el caso concreto, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por la accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que busca es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento. <\/p>\n
En el presente asunto, la gestora no atribuye a las decisiones que ataca defecto alguno de aquellos que viabilizan el amparo frente a providencias judiciales, sino que se limita a insistir en los argumentos que fueron estudiados y resueltos al interior del asunto ordinario por los funcionarios competentes, con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de las disposiciones aplicables al asunto concreto, sustituyendo a los funcionarios de instancia; adem\u00e1s, la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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