STC16039-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16039-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04088-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Emma, Elisabeth, Elsa, Elvia y Elen Asprilla Lara contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Riosucio y el Juzgado Promiscuo Municipal de Bel\u00e9n de Bajir\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio declarativo n\u00b0 2019-00084 y en la tramitaci\u00f3n de tutela n\u00b0 2021-00053. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, las actoras reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estiman trasgredido por la sentencia (de \u00fanica instancia) de 21 de julio de 2022, mediante la cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Bel\u00e9n de Bajir\u00e1 acogi\u00f3 la demanda reivindicatoria que en su contra formul\u00f3 \u00c1ngel C\u00f3rdoba Ballestas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relataron que la aludida juzgadora hab\u00eda denegado inicialmente la acci\u00f3n de dominio, en fallo de 30 de agosto de 2021, el cual qued\u00f3 sin efecto en virtud de la sentencia de tutela de 16 de mayo de 2022, con la cual la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 revoc\u00f3 el fallo desestimatorio de primer grado (del Juzgado Promiscuo de Familia de Riosucio) y concedi\u00f3 el amparo reclamado por el se\u00f1or C\u00f3rdoba Ballestas, por considerar (equivocadamente, en criterio de las querellantes) que la falladora del reivindicatorio no hab\u00eda valorado la totalidad de las pruebas recaudadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, al dictar la sentencia de reemplazo en el juicio declarativo, la juez de conocimiento orden\u00f3 la restituci\u00f3n de la totalidad del predio objeto de disputa, desconociendo con ello que: (i) la demanda \u00fanicamente se orient\u00f3 a recuperar una sola de las 38 hect\u00e1reas que componen la heredad; (ii) valoradas \u00edntegra y correctamente, las pruebas recaudadas no evidencian el derecho de propiedad que el convocante se atribuy\u00f3 sobre el inmueble; y (iii) a\u00fan est\u00e1n pendientes de resolverse dos actuaciones (una penal y otra administrativa) que se promovieron contra las maniobras fraudulentas mediante las cuales el reivindicante se hizo a la \u201caparente\u201d propiedad del fundo, lo cual debi\u00f3 motivar una suspensi\u00f3n del proceso, hasta tanto se conociera la suerte de esos dos tr\u00e1mites. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron que se deje sin efecto la fustigada sentencia del proceso reivindicatorio y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En subsidio, reclamaron la invalidaci\u00f3n del juicio, desde el auto admisorio de la demanda, con miras a que se tramite nuevamente la actuaci\u00f3n, garantizando la doble instancia y asegur\u00e1ndose de que, antes de dictar el fallo correspondiente, se tenga certeza de la suerte de las actuaciones (penal y administrativa) que actualmente est\u00e1n en curso por hechos que guardan incidencia en el proceso reivindicatorio. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. \u00c1ngel C\u00f3rdoba Ballestas se opuso a la prosperidad del pretendido resguardo, por considerar que la providencia objeto de censura no involucra una v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 103 Especializada de Quibd\u00f3, Adscrita a la Unidad de Administraci\u00f3n Publica hizo un recuento de lo acaecido en la investigaci\u00f3n criminal promovida por las aqu\u00ed accionantes contra el se\u00f1or C\u00f3rdoba Ballestas y algunos funcionarios p\u00fablicos identificados en el escrito de contestaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La magistratura accionada abog\u00f3 en contra de la prosperidad del resguardo, por considerar que la sentencia de tutela sobre la que versa la solicitud de amparo, no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda all\u00ed invocada, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Con ese cometido, la Corte emprender\u00e1, en primer lugar, un estudio de las irregularidades que se le atribuyeron a la sentencia de tutela de 16 de mayo de 2022, mediante la cual la sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 dej\u00f3 sin efecto el fallo dictado inicialmente en el juicio reivindicatorio, y en segundo t\u00e9rmino abordar\u00e1 los reparos que las querellantes elevaron frente a la sentencia de reemplazo que el Juzgado Promiscuo Municipal de Bel\u00e9n de Bajir\u00e1 dict\u00f3 el pasado 21 de julio. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Por lo anterior, es claro que en esta oportunidad no resulta viable discernir sobre la sentencia de tutela de 16 de mayo de 2022, pues ello implicar\u00eda desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, abri\u00e9ndose el paso con ello a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Y si bien es cierto que, de forma excepcional\u00edsima, se ha autorizado la intervenci\u00f3n del juez de tutela para resquebrajar las decisiones adoptadas al interior de otra salvaguarda cuando se comprueba la existencia de fraude (SU 627 de 2015, Corte Constitucional), tambi\u00e9n lo es que los argumentos esbozados por la parte accionante frente a la sentencia de tutela de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 no se subsumen en tal excepci\u00f3n, pues el n\u00facleo central de la presente queja gravit\u00f3 en torno a una supuesta valoraci\u00f3n probatoria y normativa inadecuada, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
Lo anotado en precedencia explica en buena medida porqu\u00e9 en esta oportunidad tampoco es viable entrar a estudiar las alegaciones que las convocantes orientaron a poner en tela de juicio el derecho de propiedad que su contraparte en el juicio reivindicatorio se atribuy\u00f3 sobre el inmueble objeto de esa disputa. <\/p>\n
V\u00e9ase que fue justamente sobre esa cuesti\u00f3n que vers\u00f3 la acci\u00f3n constitucional que antecedi\u00f3 a este nuevo tr\u00e1mite y respecto de ella (al estudiar la legalidad del fallo mediante el cual la juzgadora cognoscente hab\u00eda desestimado la acci\u00f3n de dominio por falta de legitimaci\u00f3n por activa) el tribunal constitucional de segunda instancia dej\u00f3 sin efecto esa primera sentencia, precisamente por considerar que \u00abno queda sombra alguna de duda de que la funcionaria accionada incurri\u00f3 en un protuberante defecto f\u00e1ctico al momento de proferir el fallo que se cuestiona, pues no valor\u00f3 en su integridad, como es lo correcto, el certificado de tradici\u00f3n del bien inmueble objeto de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, lo que la hizo colegir, de espaldas a la realidad que bosqueja tal documento, que la titularidad del derecho real de dominio no est\u00e1 en cabeza del pretensor, siendo que tal anotaci\u00f3n n\u00b04 acabada de reproducir, ense\u00f1a que el se\u00f1or \u00c1ngel C\u00f3rdoba Ballesta se hizo propietario de ese inmueble por el modo de la sucesi\u00f3n por causa de muerte, al adquirir los derechos herenciales de los sucesores del de cujus, y formalizar el correspondiente juicio mortuorio en la Notar\u00eda 2\u00aa de Quibd\u00f3, tr\u00e1mite que finaliz\u00f3 con la escritura p\u00fablica n\u00b0 251 del 15 de abril de 1996, debidamente registrada en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de esta capital al folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 180-7691\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, es claro que al tener por demostrada la legitimaci\u00f3n del reivindicante en el segundo fallo que dict\u00f3 con miras a resolver el juicio declarativo en estudio, la juez de conocimiento no hizo m\u00e1s que atender las indicaciones que le imparti\u00f3 el tribunal en sede de tutela; directrices que, como ya se anot\u00f3, no pueden ser escrutadas aqu\u00ed, por cuanto fueron impartidas en una acci\u00f3n constitucional de igual naturaleza a esta. <\/p>\n
Encuentra la Corte que la falladora accionada, si bien al emitir el nuevo fallo en el juicio reivindicatorio cumpli\u00f3 lo ordenado por el tribunal en sede de tutela al resolver sobre la legitimaci\u00f3n en la causa, incurri\u00f3 en una extralimitaci\u00f3n, puesto que -sin ofrecer argumentaci\u00f3n alguna que lo justificara- orden\u00f3 la restituci\u00f3n de la totalidad del predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 180-7691, pese a que la demanda \u00fanicamente vers\u00f3 sobre una peque\u00f1a y espec\u00edfica porci\u00f3n de ese fundo. <\/p>\n
V\u00e9ase que, en su libelo incoativo, el demandante dej\u00f3 claro que sus pretensiones no versaban sobre toda la heredad, sino \u00fanicamente sobre \u00abuna parte de ella, en un \u00e1rea aproximada de UNA HECTAREA (1ha), la cual se encuentra dentro del predio de mayor extensi\u00f3n de TREINTA Y OCHO HECT\u00c1REAS. SEIS MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (38 ha, 6.200 mts2), el cual fue adquirido mediante las escrituras n\u00b0 350 de abril 20 de 1988 de la Notar\u00eda Primera de Quibd\u00f3, as\u00ed como la escritura 251 de abril 15 de 1996 de la Notar\u00eda Segunda de Quibd\u00f3, por el suscrito \u00c1ngel C\u00f3rdoba Ballesta, y registradas en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 180-7691 y de la cual fui despojado violentamente\u00bb. <\/p>\n
No obstante, la juez de instancia orden\u00f3 \u00abrestituir al demandante, dentro de los 30 d\u00edas siguientes, el bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 180-7691, cuyas especificaciones se encuentran descritas en la escritura p\u00fablica n\u00famero 350 del 7 de abril de 2005\u00bb; determinaci\u00f3n que no sufri\u00f3 ninguna modificaci\u00f3n con motivo de la solicitud de aclaraci\u00f3n que le formul\u00f3 el abogado de las hoy querellantes con miras a que se especificara qu\u00e9 parte del predio era la que deb\u00eda ser devuelta al all\u00ed convocante; oportunidad en la que la funcionaria se limit\u00f3 argumentar que el fundo hab\u00eda sido cabalmente identificado y que en la inspecci\u00f3n judicial practicada qued\u00f3 claro que las opositoras poseen la totalidad de ese inmueble. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para la Corte es evidente que el fustigado fallo contiene una insalvable incongruencia que debe ser revertida por esta senda, puesto que aun cuando se asumiera (en gracia de discusi\u00f3n) que el lote objeto de disputa fue debidamente individualizado y que las demandadas lo poseen en su integridad, tales circunstancias (que fueron las \u00fanicas tenidas en cuenta por la juzgadora de conocimiento para extender la orden de entrega a todo el fundo) no sirven de excusa para deslindarse del espectro litigioso delimitado en las pretensiones de la demanda reivindicatoria. <\/p>\n
No se olvide que la regla de la consonancia, prevista en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abtiene por objeto resguardar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los litigantes a trav\u00e9s de la imposici\u00f3n de l\u00edmites al fallador en ejercicio de su funci\u00f3n de juzgamiento, evitando que aquellos sean sorprendidos con decisiones inesperadas que corresponden a hechos, pretensiones o excepciones personales que no fueron alegados \u2013ni replicados\u2013 oportunamente. En otros t\u00e9rminos, el rigor limitativo del ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional exige que esta sea cumplida sin exceso, pero sin defecto, como lo ha pregonado la doctrina, de manera que cuando la actividad del juzgador no se ci\u00f1e a ese preciso \u00e1mbito, su decisi\u00f3n estar\u00e1 viciada de incongruencia, en alguna de estas tres modalidades: ultra petita, extra petita y m\u00ednima petita\u00bb (CSJ SC4966-2019, 18 nov.). <\/p>\n
Entonces, como en tales aristas no repar\u00f3 la falladora encartada, en aras de salvaguardar las garant\u00edas fundamentales de las querellantes, resulta necesario invalidar la providencia atacada, para que la juez accionada analice nuevamente el asunto bajo la \u00f3ptica de los razonamientos vertidos en esta providencia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se conceder\u00e1 la solicitud de amparo en estudio al verificarse la incongruencia que se le atribuy\u00f3 a la juez encartada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo del derecho a un debido proceso de Emma, Elisabeth, Elsa, Elvia y Elen Asprilla Lara. <\/p>\n
En tal virtud, se DEJA SIN VALOR NI EFECTO la sentencia que profiri\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal de Bel\u00e9n de Bajir\u00e1 el d\u00eda 21 de julio de 2022 en el juicio reivindicatorio con radicaci\u00f3n 2019-00084; en su lugar se ORDENA a dicho despacho que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, emita un nuevo prove\u00eddo teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este fallo o, de estimarlo necesario, recaude los elementos de juicio pertinentes y adopte los correctivos de rigor, en orden a resolver nuevamente el asunto sometido a su conocimiento. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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