STC16042-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16042-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00826-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que declar\u00f3 improcedente la tutela promovida por Carolina Hoyos M\u00e1rquez y Roy Hern\u00e1n Cabrales Montoya contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Barranquilla y la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de esa ciudad -Oficina de Despachos Comisorios-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Andr\u00e9s Eduardo Castro Ospina. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demandaron la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, protecci\u00f3n a los adultos mayores y a los menores de edad, vivienda digna en conexidad con salud y vida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Andr\u00e9s Eduardo Castro Ospina adelant\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado, por la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, contra de Roy Hern\u00e1n Cabrales Montoya y Carolina Hoyos M\u00e1rquez, respecto del bien identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 040-4350011. <\/p>\n
2.2. El 13 de junio de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla dict\u00f3 sentencia y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble2. Inconforme con esta determinaci\u00f3n el extremo pasivo la recurri\u00f33, recurso que fue rechazado, por improcedente y extempor\u00e1neo, el 28 de julio siguiente4. <\/p>\n
2.3. La orden de entrega del bien fue comisionada a la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de Barranquilla el pasado 2 de septiembre5. <\/p>\n
2.4. La diligencia se llev\u00f3 a cabo el 4 de octubre de 2022, oportunidad en la cual los tutelantes se opusieron y deprecaron la nulidad de la actuaci\u00f3n, por indebida notificaci\u00f3n. El comisionado neg\u00f3 la solicitud de anulabilidad, comoquiera que la actuaci\u00f3n fue notificada por estado, rechaz\u00f3 de plazo la oposici\u00f3n formulada con sustento en lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso y decret\u00f3 la entrega real y material del predio. Inconforme con lo anterior, el extremo pasivo formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, frente a lo cual, el comisionado resolvi\u00f3 no reponer su decisi\u00f3n y conceder la alzada6. <\/p>\n
3. Los promotores cuestionaron la diligencia de \u00abdesalojo\u00bb adelantada por la autoridad comisionada el 4 de octubre de 2022, toda vez que no se les notific\u00f3 su realizaci\u00f3n; no se llev\u00f3 a cabo la debida identificaci\u00f3n de la diligencia ni de los funcionarios que concurrieron a ella; la misma transcurri\u00f3 con \u00abanorma[lidad]\u00bb, por la coacci\u00f3n de aquellos para que se desocupara el bien; no se otorg\u00f3 un tiempo prudencial para desocupar, a pesar de que en el inmueble habita una familia compuesta por 6 integrantes, entre ellos, una menor de edad y dos adultos mayores, adem\u00e1s de que varios de ellos tienen quebrantos de salud. <\/p>\n
Reprocharon que el funcionario de la Secretar\u00eda de Gobierno comisionado se extralimit\u00f3 en sus funciones, al rechazar de plano la oposici\u00f3n por ellos presentada, porque la competencia para resolver el asunto recae en el Juzgado Civil del Circuito accionado. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicitaron que se decrete la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega, se fije un plazo prudencial para \u00abdesocupar el inmueble de manera pac\u00edfica y voluntaria\u00bb, entre 4 a 6 semanas, y que se compulsen copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que investigue la conducta del funcionario comisionado de la Secretar\u00eda de Gobierno Distrital de Barranquilla. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla afirm\u00f3 que ha respetado los t\u00e9rminos judiciales y que no vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de los accionantes. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Barranquilla asever\u00f3 que el funcionario comisionado estaba facultado para negar la oposici\u00f3n formulada, para resolver el recurso de reposici\u00f3n contra su decisi\u00f3n y para conceder la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Andr\u00e9s Eduardo Castro Ospina -vinculado-, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, adujo que para que procedan las tutelas en contra de autoridades judiciales o policivas es menester demostrar la ocurrencia de una v\u00eda de hecho, lo cual no ocurri\u00f3, y precis\u00f3 que escapa de la intervenci\u00f3n del juez constitucional el control de la posible comisi\u00f3n del delito de prevaricato endilgado por los actores. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo declar\u00f3 improcedente la salvaguarda, por ausencia del presupuesto de la subsidiariedad, porque se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n censurada y no estaba probado el perjuicio irremediable aducido por los gestores, aunado a que el Juzgado accionado hab\u00eda sido diligente, pues resolvi\u00f3 todas las solicitudes formuladas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los promotores, quienes reiteraron los argumentos del escrito inicial e indicaron que en el fallo impugnado no se hizo una valoraci\u00f3n objetiva de las pruebas adosadas. Reprocharon que, como se neg\u00f3 la medida preventiva, el 13 de octubre de 2022 se realiz\u00f3 la diligencia de desalojo \u00abde modo irregular y sin miramientos a los requisitos legales\u00bb, lo que degrad\u00f3 a la familia, produjo su separaci\u00f3n y gener\u00f3 un \u00abtrauma f\u00edsico y mental\u00bb en ellos. Argumentaron que el a quo no se pronunci\u00f3 frente a la violaci\u00f3n al debido proceso y aval\u00f3 la actuaci\u00f3n se la Secretar\u00eda de Gobierno, sobre el rechazo de plano la oposici\u00f3n que, a la fecha, no ha sido resuelta. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el sub examine, los tutelantes reclamaron el amparo de sus derechos fundamentes, que consideran vulnerados con ocasi\u00f3n la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad comisionada en la diligencia de entrega del inmueble objeto de restituci\u00f3n, realizada el 4 de octubre de 2022, en tanto rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n a la entrega por ellos formulada. <\/p>\n
2. Al respecto, la Sala advierte que contra la determinaci\u00f3n cuestionada la parte actora interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue concedido y enviado al Juzgado del Circuito accionado para tr\u00e1mite el pasado 27 de octubre7 y, por tanto, estaba pendiente de decisi\u00f3n al momento de interponerse la presente tutela; de manera que la protecci\u00f3n constitucional se formul\u00f3 en forma prematura y, por lo mismo, es improcedente. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha definido que <\/p>\n
\u2026la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026). (CJS STC11209-2020). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha sostenido que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. (CSJ STC5325-2019) (Se subraya). <\/p>\n
De otro lado, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues la orden de entrega fue emitida en un proceso en cual los actores intervinieron y ejercieron su derecho de defensa, aunado a que el asunto debe ser objeto de estudio y decisi\u00f3n por parte de la autoridad judicial competente. <\/p>\n
3. A lo anterior se suma que no puede el juez constitucional suspender la diligencia de entrega del bien objeto de la litis, seg\u00fan lo pretendido por los accionantes, dado que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (Ver cita en CSJ STC16630-2015 y en CSJ STC038-2020). (Se destaca). <\/p>\n
4. Ahora, frente a la compulsa de copias solicitada, resulta pertinente se\u00f1alar que los actores pueden acudir directamente ante las autoridades competentes, a fin de poner en conocimiento los hechos que consideren irregulares, sin necesidad de acudir al amparo constitucional y sin que pueda el juez de tutela resolver sobre ese aspecto, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c01Demanda\u201d, expediente del proceso 2022-00030. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c40Sentencia\u201d, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c42RecursoReposici\u00f3n\u201d, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c49AutoRechazaRecurso\u201d, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c57DespachoAutoNiega\u201d, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c75DEVOLUCI\u00d3NDELDESPACHOCOMISORIO\u2013RECURSODEAPELACI\u00d3N\u201d, folios 2 a 6, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 El recurso fue concedi\u00f3 en la diligencia del 4 de octubre de 2022. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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