STC16043-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC16043-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00396-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 2 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Mario Restrepo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Airmat Ltda. Pereira, la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, as\u00ed como la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de la Regional Risaralda y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00b0 2022-00028. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
En s\u00edntesis, manifest\u00f3 que promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular mencionada, en la que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira no resuelve el asunto dentro de los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998, olvidando que se trata de un asunto de rango constitucional. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado (i) cumplir con lo establecido en el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998 y, (ii) informar si profiri\u00f3 fallo en las acciones populares n\u00ba 2022-0066, 2022-00051, 2022-00029, 2022-00027, 2022-00026, 2022-00025, 2022-00024, 2022-00023, 2022-00012, 2022-00010 y 2022-00007. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, inform\u00f3 que el 10 de agosto de 2022 profiri\u00f3 auto en el que corri\u00f3 traslado a las partes para presentar alegatos de conclusi\u00f3n por el t\u00e9rmino com\u00fan de cinco d\u00edas, que transcurrieron durante el 12, 16, 17, 18 y 19 de agosto del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que si bien, ha transcurrido el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998, sin proferir sentencia de primera instancia, tal situaci\u00f3n obedece al amplio n\u00famero de acciones populares asignadas para conocimiento de ese despacho, puesto que entre el a\u00f1o 2019 y 2021 la Oficina Judicial de Reparto de Pereira le asign\u00f3 74 de ellas y en lo que va corrido del a\u00f1o 2022 la cifra asciende a m\u00e1s de 348, lo anterior sumado a la incalculable cantidad de memoriales, recursos, peticiones y dem\u00e1s, propias de dichos tr\u00e1mites, circunstancia que fue puesta en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura, pues tan solo en los primeros 6 meses del a\u00f1o se repartieron 2376 acciones populares en ese Distrito Judicial.. <\/p>\n
Indic\u00f3 de otra parte, que, respecto a las dem\u00e1s pretensiones elevadas por el actor, en el despacho no reposa petici\u00f3n alguna frente a las mismas, sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que el interesado posee acceso a cada uno de los expedientes electr\u00f3nicos de las acciones constitucionales referidas. <\/p>\n
2. La Procuradora Regional de Instrucci\u00f3n Risaralda (C), manifest\u00f3 que la situaci\u00f3n planteada es ajena a esa agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada, de ser el caso, a la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin que tenga facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial. De igual modo, advirti\u00f3 que el actor no ha presentado ante esa entidad ninguna solicitud o reclamo af\u00edn con lo discutido a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta que las pretensiones del accionante est\u00e1n dirigidas al despacho judicial convocado, adem\u00e1s porque esa entidad no ha vulnerado los derechos invocados. <\/p>\n
5. La Personer\u00eda de Pereira indic\u00f3 que, aunque la acci\u00f3n constitucional no fue promovida por esa entidad, acatar\u00e1 lo decidido en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, neg\u00f3 la solicitud de amparo tras determinar que la mora judicial alegada se encontraba justificada por la excesiva congesti\u00f3n judicial que puso de presente el Juzgado accionado. <\/p>\n
De otro lado, declar\u00f3 la improcedencia de la pretensi\u00f3n tendiente a que se le ordenara al Juzgado informar si hab\u00eda proferido sentencia en otros procesos, puesto que no se evidenci\u00f3 que el actor le hubiera dirigido alguna petici\u00f3n en esos t\u00e9rminos que pusiera en evidencia su omisi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el accionante, quien afirm\u00f3 que pese que demostr\u00f3 el incumplimiento de los t\u00e9rminos por el Juzgado accionado, el mismo se excus\u00f3 en la excesiva carga laboral, sumado a que tambi\u00e9n existen acciones populares desde 2019 (hizo referencia a las acciones populares n\u00ba 2019-00186, 2019-00188, 2019-00189, 2019-00193, 2019-00194, 2019-00195), en las que, despu\u00e9s de cuatro a\u00f1os de presentadas no se ha proferido sentencia, de las cuales requiere que se aporte copia con el fin de probar la mora judicial del despacho. <\/p>\n
Solicit\u00f3 que se demuestre en qu\u00e9 est\u00e1 justificada la mora judicial, puesto que no existe \u00abmaterial probatorio en derecho para decir ello, pues la tutelada nada prueba y solo consigna en el papel unas cifras que no est\u00e1n respaldadas en derecho en nada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a los m\u00faltiples pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, existe mora judicial cuando la misma carezca de explicaciones v\u00e1lidas, es decir, sean el resultado \u00abde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01)\u00bb (CSJ, STC de 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00, reiterada en STC12897-2019 y STC4990-2022). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha dicho que, <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ. STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016 y STC8156-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se descarta la presencia de una de tales situaciones, en la medida en que revisado el expediente digital de la acci\u00f3n popular, se evidenci\u00f3 que el Juzgado accionado, mediante auto de 10 de agosto de 2022 corri\u00f3 traslado a las partes para presentar alegatos de conclusi\u00f3n, t\u00e9rmino que transcurri\u00f3 durante el 12,16, 17, 18 y 19 de agosto de 2022, y, si bien no ha proferido sentencia, lo cierto es que tal comportamiento muestra la intenci\u00f3n en cumplir con la actuaci\u00f3n que se pregona insatisfecha. <\/p>\n
. <\/p>\n
Al respecto, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira manifest\u00f3 en el informe rendido que, si bien ha transcurrido el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998 sin proferir sentencia de primera instancia, resultaba imperioso reiterar, tal y como lo ha se\u00f1alado en previas ocasiones que dicha situaci\u00f3n obedece al amplio n\u00famero de acciones populares asignadas para su conocimiento. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
Coyuntura que fue puesta en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura, a trav\u00e9s de solicitud conjunta suscrita por Jueces Civiles del Circuito de Pereira el 22 de julio de 2022, en la que se esboz\u00f3 que de 34.391 acciones populares repartidas entre los a\u00f1os 2012 a 2022, la ciudad de Pereira ha soportado 13.465 de ellas, es decir, 39,152% de la carga nacional; Informaci\u00f3n de la que se desprende que existe una congesti\u00f3n sin precedentes, vi\u00e9ndose la misma incrementada este 2022, pues tan solo en los primeros 6 meses del a\u00f1o se repartieron 2.376 acciones populares en el distrito, representando el 90,62% del compendio nacional. <\/p>\n
Ello sumado a la vasta carga laboral endilgada a la presente judicatura, entre la que se encuentran no solo procesos de car\u00e1cter civil, sino otros mecanismos de naturaleza constitucional que paralelamente cuentan con primac\u00eda a los dem\u00e1s tramitados, tales como Acciones de Tutela tanto de Primera como de Segunda Instancia, Incidentes de Desacato, fallos de incidentes de desacato en grado jurisdiccional de consulta, derechos de petici\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
Es por ello, que a pesar de que se han adelantado todos los esfuerzos pertinentes para imprimir celeridad y eficacia en cada una de las actuaciones surtidas por el despacho, obrando siempre en procura de respetar los derechos y garant\u00edas fundamentales del accionante y de la comunidad, tanto en esta, como en todas las dem\u00e1s actuaciones a su cargo, velando por el estricto cumplimiento de los mandatos que le han sido delegados por la Constituci\u00f3n y la Ley; el colosal flujo, excede la capacidad humana destinada para resoluci\u00f3n de dichos procesos, vi\u00e9ndose comprometida la salud f\u00edsica y emocional de los servidores judiciales que con entrega y dedicaci\u00f3n prestan sus servicios a la Rama Judicial. <\/p>\n
Pues bien, del este informe, que se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, surge que la tardanza de la que se duele el accionante no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario del Juzgado accionado sino del c\u00famulo de procesos que est\u00e1 tramitando, dentro de los cuales se encuentran m\u00e1s de 348 acciones de la misma de naturaleza, m\u00e1s las constitucionales, todas de tr\u00e1mite preferente, a lo que se suma, \u00abla inconmensurable cantidad de memoriales, recursos, peticiones y dem\u00e1s, propias de dichos tr\u00e1mites. Ejemplo de ello son las manifestaciones elevadas casi a diario por quien ostenta la calidad de actor popular, verbigracia, los d\u00edas 13 y 20 de octubre de 2022 radic\u00f3 memoriales con destino a 253 acciones populares\u00bb, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Tal escenario desdibuja un proceder negligente por parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, teniendo en cuenta que la mora endilgada se encuentra justificada por la carga laboral que presenta el despacho, cifras que adem\u00e1s, fueron corroboradas con el anexo remitido por dicha autoridad, a trav\u00e9s del cual se pudo constatar el escrito enviado por los Jueces del Circuito de Pereira donde informaban al Consejo Superior de la Judicatura sobre el c\u00famulo de asuntos constitucionales asignados y los respectivos reportes estad\u00edsticos que daban cuenta de la congesti\u00f3n judicial y la preocupante situaci\u00f3n (Expediente digital. Archivo \u201c19Anexo.pdf\u201d). <\/p>\n
4. Ahora, frente a la pretensi\u00f3n tendiente a que se ordene al Juzgado accionado informar si profiri\u00f3 fallo en las dem\u00e1s acciones populares referidas por el actor, se advierte la improcedencia de la misma, habida cuenta que no se encontr\u00f3 acreditado que el interesado hubiese dirigido a dicha autoridad judicial una solicitud con dicho prop\u00f3sito, circunstancia que desconoce el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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