STC16044-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16044-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00859-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 9 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fredy Alberto Lara Borja, contra el Estado Colombiano representado por el se\u00f1or presidente de la rep\u00fablica-, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social y los Juzgados Tercero y D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla, Bancolombia SA, Leasing Bancolombia SA, Armarcas SAU, Sintrametal y citadas las partes e intervinientes en los procesos adelantados ante los mencionados juzgados, y en el de liquidaci\u00f3n adelantado contra de la sociedad Aluminios Reynolds Santodomingo SA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que hace parte de un grupo de 165 pensionados de Aluminio Reynolds Santodomingo SA, sociedad que el 21 de noviembre de 2011 fue declarada disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n judicial, lo que condujo a que \u00abtodos los pensionados jubilados (mayores de 70 a\u00f1os), qued\u00e1ramos sin los recursos que recib\u00edamos (\u2026), lo que vulner\u00f3 el derecho a la seguridad social y al m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, mediante auto de 4 de diciembre de 2017, proferido por la Superintendencia de Sociedades en el expediente 1685 (201701625483), se decret\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de los activos de la concursada para normalizar el pasivo pensional mediante la figura de daci\u00f3n en pago \u00fanico, y que esta actuaci\u00f3n vulner\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, y el debido proceso porque los contratos de trabajo no fueron terminados. <\/p>\n
Indic\u00f3 que los trabajadores activos plantearon en su momento acci\u00f3n civil por simulaci\u00f3n contra Bancolombia SA., y contra Leasing Bancolombia SA, radicado 2013-00013, en el que \u00abestaba involucrada\u00bb la sociedad en liquidaci\u00f3n, el que termin\u00f3 por desistimiento de los demandantes por un pago que hicieron las demandadas, circunstancia que condujo a que el Juez Tercero Civil del Circuito de Barranquilla en providencia de 27 de julio de 2018, levantara la medida cautelar decretada sobre los inmuebles de matr\u00edculas inmobiliarias n\u00famero 040-19896 y 040-138159, y como en ese tr\u00e1mite omiti\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n al juez del concurso \u00abqued\u00f3 viciado de ilegalidad\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 adem\u00e1s que como el Juzgado no pod\u00eda levantar las mencionadas medidas cautelares, puesto que solo pod\u00eda hacerlo el juez del concurso, \u00abla naci\u00f3n en cabeza del Ministerio de Justicia y de derecho deber\u00e1n responder por los da\u00f1os causados a los 165 pensionados mayores de 70 a\u00f1os damnificados, tal como lo ordena la constituci\u00f3n pol\u00edtica nacional en sus art\u00edculos 6 y 90\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la Superintendencia de Sociedades, en la providencia de adjudicaci\u00f3n no hizo menci\u00f3n de los inmuebles donde funcionaba la concursada, y cuyos valores hoy d\u00eda hacen falta para cubrir los pasivos laborales dejados de pagar a los pensionados y resalt\u00f3 varias irregularidades en la transferencia de esos bienes que hizo la sociedad liquidada como aporte a capital de Armarcas SAU, y seg\u00fan matr\u00edculas inmobiliarias n\u00famero 040-19896 y 040-13815, se trasladaron a Leasing Bancolombia S A., sin que la Superintendencia de Sociedades se hubiese enterado que a la referida sociedad, \u00able hab\u00edan desmembrado sus bienes ra\u00edces\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que los pensionados adem\u00e1s de formular denuncia penal, n\u00famero SPUOA 080016001257201804054, con el prop\u00f3sito de impulsar la actuaci\u00f3n ante la Superintendencia, interpusieron acci\u00f3n de tutela por mora judicial la que, pese a que fue resuelta a su favor el funcionario encargado no procedi\u00f3 en ese sentido. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, de otra parte, la Corte Constitucional en sentencia T-149\/16, revoc\u00f3 la providencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Atl\u00e1ntico de 26 de junio de 2015, ampar\u00f3 los derechos fundamentales a la seguridad social y m\u00ednimo vital del accionante y los 164 pensionados a cargo de la sociedad en liquidaci\u00f3n y orden\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, al liquidador y al Ministerio de Trabajo, adelantar varias actuaciones tendientes a garantizar la destinaci\u00f3n de activos para efectuar esos pagos. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Estado Colombiano en cabeza del se\u00f1or presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, cumplir lo previsto en la Ley 2055 de 2020, mediante la cual se aprob\u00f3 la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana Sobre la Protecci\u00f3n de Los Derechos Humanos de Las Personas Mayores\u00bb, y adelante las acciones pertinentes para proteger a los pensionados Aluminios Reynolds Santodomingo SA. <\/p>\n
De igual modo, pidi\u00f3 dejar sin efectos jur\u00eddicos el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, de fecha 27 de julio de 2018, mediante el cual se orden\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar sobre los inmuebles de matr\u00edculas inmobiliarias n\u00famero 040-19896 y 040-138159 y que hoy aparecen a nombre de Bancolombia, y el oficio No. 906 de 26 de julio de 2018, en el proceso radicado 2013 00013 de Sintrametal contra esa entidad financiera. <\/p>\n
Igualmente suplic\u00f3 que se ordenara a la Superintendencia de Sociedades \u00abreaperturar el proceso liquidatorio\u00bb, de conformidad con el art\u00edculo 64 de la Ley 1116 de 2006, para la \u00abreadjudicaci\u00f3n\u00bb entre los acreedores insolutos, adem\u00e1s anular y cancelar los registros p\u00fablicos, atendiendo que los bienes se encuentran en poder de quien adquiri\u00f3 del concursado, y fue parte del negocio que deber\u00e1 revocarse, de conformidad con las disposiciones establecidas el art\u00edculo 75 ibidem. <\/p>\n
Finalmente requiri\u00f3, disponer que la Naci\u00f3n Ministerio de Justicia, debe indemnizar en abstracto a los 165 pensionados, por los da\u00f1os causados al no recibir sus mesadas pensionales, derivados de la omisi\u00f3n en el ejercicio de sus funciones de los Juzgados Tercero y D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla, de conformidad con el art\u00edculo 90 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, refiri\u00f3 que no intervino en los hechos y situaciones que expone el actor como causantes de la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, y solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades relat\u00f3 que mediante auto de 31 de mayo de 2018, se aprob\u00f3 la rendici\u00f3n final de cuentas presentada por el liquidador de Aluminio Reynolds Santodomingo SA., en liquidaci\u00f3n judicial, con corte al 31 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, declar\u00f3 terminado el proceso liquidatorio, adem\u00e1s que en esos tr\u00e1mites solo se incorporan procesos ejecutivos, y que los inmuebles de folios de matr\u00edcula inmobiliaria 040-19896 y 040-138159 son de propiedad de Bancolombia. <\/p>\n
3. El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, adujo que conoci\u00f3 el proceso ordinario 010-2013-00013-00 remitido por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla, en el que actu\u00f3 como demandante Sintrametal, contra Leasing Bancolombia SA, y culmin\u00f3 con auto de 27 de julio de 2018, por desistimiento de la demanda. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en ese proceso el accionante hizo varias solicitudes de nulidad de lo actuado que se atendieron en auto de 27 de julio de 2018 y oficio No. 906 de 26 de julio de 2018, y otras dos m\u00e1s con los mismos argumentos de esta acci\u00f3n constitucional que fueron resueltas desfavorablemente. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el mismo apoderado ha presentado con anterioridad multiplicidad de acciones de tutela representando a diferentes trabajadores, cuyas pretensiones han sido negadas, una acci\u00f3n de cumplimiento de radicaci\u00f3n n\u00famero 08001233300020210040900-LM con la misma finalidad, y, adem\u00e1s, formul\u00f3 demanda ordinaria ante el Juez Cuarto Civil del Circuito, la cual fue rechazada. <\/p>\n
4. El Ministerio del Trabajo, contest\u00f3 que en el tr\u00e1mite adelantado por el liquidador de Aluminios Reynolds SA, la normalizaci\u00f3n del pasivo pensional se dio por medio de un pago \u00fanico, debido a que la entidad en liquidaci\u00f3n solo pose\u00eda unos bienes muebles y no dinero efectivo, como para proceder a la conmutaci\u00f3n pensional, razones por las que profiri\u00f3 concepto favorable como frente a esa alternativa que era la \u00fanica que quedaba luego de haber explorado todas las opciones que pod\u00edan presentarse. <\/p>\n
5. Bancolombia SA, afirm\u00f3 ser actualmente el actual y legitimo titular del derecho de dominio de los inmuebles de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 040-19896 y 040-138159, respectivamente, predios en los que funcionaron las instalaciones de la Sociedad Aluminio Reynolds Santodomingo, hoy liquidada. <\/p>\n
6. El apoderado judicial del se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, advirti\u00f3 que en este asunto no se cumple con los presupuestos de la subsidiariedad, y legitimaci\u00f3n en la causa por activa puesto que no se acredita que los titulares del derecho no se encuentren en condiciones f\u00edsicas o mentales para interponer la acci\u00f3n de tutela por su cuenta, o que pueda deducirse del contenido de la misma. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que no observa legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva del se\u00f1or presidente de la Rep\u00fablica, toda vez que no tiene funciones, competencias y\/o facultades que se relacionen con intervenir en los procesos judiciales y\/o revocar las decisiones de los jueces en atenci\u00f3n a la separaci\u00f3n de poderes de las ramas del poder p\u00fablico. <\/p>\n
7. La Registradora Principal de Instrumentos P\u00fablicos de Barraquilla, puso de presente que los inmuebles de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 040-19896 y 040-138159 son de propiedad de Bancolombia, y que sobre estos estuvo inscrita la demanda ordinaria de radicaci\u00f3n n\u00famero 2013-000-00013, ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo invocado y en primer t\u00e9rmino se\u00f1al\u00f3 que el accionante a pesar de que indic\u00f3 que la vulneraci\u00f3n de los derechos reclamados se hac\u00eda extensiva a los pensionados de la sociedad liquidada, no refiri\u00f3 actuar en representaci\u00f3n de ellos, y tampoco estar\u00eda legitimado porque no aport\u00f3 documento que as\u00ed lo acredite, de manera que el an\u00e1lisis \u00fanicamente se circunscribir\u00eda a \u00e9ste. <\/p>\n
En cuanto al Ministerio de Justicia y del Derecho asever\u00f3 que se elev\u00f3 una pretensi\u00f3n indemnizatoria que desborda la naturaleza extraordinaria y excepcional del presente amparo. <\/p>\n
Frente a la Superintendencia de Sociedades y los Juzgados Tercero y D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla, observ\u00f3 que el auto cuya nulidad se pretende fue proferido el 27 de julio de 2018, y, por tanto, transcurrieron m\u00e1s de cuatro a\u00f1os para formular la acci\u00f3n, tiempo que no se muestra razonable, adem\u00e1s que no se indicaron las razones por las que dej\u00f3 transcurrir tanto tiempo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el proceso en el que se profiri\u00f3 el auto cuya nulidad se pretende, e igualmente ocurri\u00f3 la falta de remisi\u00f3n de la medida cautelar que igualmente se reprocha, era de los denominados ordinarios en el que se demand\u00f3 la simulaci\u00f3n de los contratos de venta de los inmuebles del patrimonio de la liquidada y el procedimiento de la Ley 1116 de 2006 solo se refiere a ejecutivos adelantados contra el deudor. <\/p>\n
Adujo que si bien el accionante relacion\u00f3 una suerte de circunstancias que seg\u00fan su criterio permiten concluir que la venta de los inmuebles fue simulada, dicha declaraci\u00f3n le corresponde a un juez ordinario, no al constitucional, y la reapertura de la liquidaci\u00f3n solo se abrir\u00eda paso en el evento en que por sentencia judicial se declarara que tales bienes son de Aluminios Reynolds Santodomingo SA. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para alegar que, no requer\u00eda poder para representar a los 165 pensionados porque la Corte Constitucional en T-149\/16, protegi\u00f3 el derecho al m\u00ednimo vital de las personas de la tercera edad, sin necesidad de poder. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que los Jueces Decimo y Tercero Civil del Circuito de Barranquilla omitieron enviar el tr\u00e1mite ordinario al juez de concurso, el cual termin\u00f3 por desistimiento y se levant\u00f3 medida cautelar, raz\u00f3n por la que la naci\u00f3n en cabeza del Ministerio de Justicia y de Derecho deber\u00e1n responder por los da\u00f1os causados a los 165 pensionados, e insisti\u00f3 en conceder las pretensiones elevadas en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a los puntos que son materia de impugnaci\u00f3n, se impone sostener que no le asiste legitimaci\u00f3n en la causa por activa al accionante respecto de los \u00ab165 pensionados\u00bb de la sociedad liquidada Reynolds Santodomingo SA. <\/p>\n
El art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. De igual modo, se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, y cuando esta circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha ense\u00f1ado que la legitimaci\u00f3n activa de la acci\u00f3n de tutela, en principio, alude al titular de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados. En igual sentido, ha explicado: \u00abtanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-301\/07 y T- 947\/06, citado en STC13632-2022). <\/p>\n
Sobre el tema esta Sala ha dicho que ning\u00fan tercero puede interponer acci\u00f3n de tutela por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, salvo que se presente como apoderado judicial del afectado o como agente oficioso, y por tanto, \u00abSi de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2009, Rad. 00001-01, citado en STC13632-2022). <\/p>\n
Cabe precisar, a pesar de v\u00eda impugnaci\u00f3n se reclam\u00f3 que la Corte Constitucional en T149\/16, ampar\u00f3 los derechos fundamentales de dichas personas sin necesidad de poder, una vez revisada esa providencia, se encuentra es que, al salir avante la pretensi\u00f3n del primero se modularon sus efectos \u00abinter comunis frente al proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidaci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que todos los pensionados pertenecen a una comunidad, en situaciones de igualdad de participaci\u00f3n, y con el fin de evitar entre ellos desequilibrios injustificados\u00bb. <\/p>\n
3. El accionante insiste tambi\u00e9n en que los Juzgados D\u00e9cimo y Tercero Civil del Circuito de Barranquilla que adelantaron el proceso ordinario desconocieron la existencia del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n y la competencia, que a su juicio era del juez del concurso, y por esta raz\u00f3n la Naci\u00f3n en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho debe responder patrimonialmente por los perjuicios causados, de conformidad con los art\u00edculos 6 y 90 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
No es objeto de discusi\u00f3n en este tr\u00e1mite que ante esos Juzgados se adelant\u00f3 el proceso ordinario de simulaci\u00f3n de radicado n\u00famero 010-2013-00013-00, promovido por Sintrametal y otros, con pretensiones de simulaci\u00f3n y nulidad (01.CuadernoPrincipalFolio1-316, p\u00e1gina 8). <\/p>\n
Tampoco es materia de debate que mediante auto de 27 de julio de 2018, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, acept\u00f3 el desistimiento de las pretensiones de la demanda, y en consecuencia, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del ese proceso, adem\u00e1s levant\u00f3 las medidas cautelares decretadas sobre los inmuebles con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00famero 040-138159 y 040-19896 (01.CuadernoPrincipalFolio1-316, p\u00e1gina 477). <\/p>\n
De igual manera, es pac\u00edfico que mediante auto de 4 de noviembre de 2011, la Superintendencia de Sociedades, decret\u00f3 la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Aluminio Reynolds Santodomingo SA., y que en auto de 4 de diciembre de 2017, aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de bienes de la sociedad Aluminio Reynolds Santodomingo SA, en liquidaci\u00f3n, mediante el cual se normaliz\u00f3 el pasivo pensional por medio de pago \u00fanico bajo la figura de daci\u00f3n en pago, en la que se pagaron la totalidad de mesadas pensionales adeudadas a esa fecha (02.anexos, p\u00e1gina 26). <\/p>\n
No obstante, como con base en esas actuaciones la pretensi\u00f3n del accionante es que se ordene \u00abindemnizar en abstracto a los 165 pensionados de la entidad ALUMINIOS REYNOLDS SANTODOMINGO \u2013 S. A. EN LIQUIDACI\u00d3N, por los da\u00f1os causados al no recibir sus mesadas pensionales, por la omisi\u00f3n en el ejercicio de sus funciones de unos agentes del Estado\u00bb, tales peticiones no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, porque esta acci\u00f3n no est\u00e1 dise\u00f1ada para reclamar sumas de dinero, ni tampoco para determinar la responsabilidad patrimonial del estado, puesto que, para ese efecto, el legislador previ\u00f3 el correspondiente medio de control ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, cerrando el paso a este tr\u00e1mite para esa finalidad, as\u00ed se ha explicado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en CSJ STC4972-2019, 24 abr., citada en STC13712-2022). <\/p>\n
4. El accionante insisti\u00f3 en que se ordenara decretar la nulidad del auto de 27 de julio de 2018, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, y se dispusiera que la Superintendencia de Sociedades diera reapertura al proceso liquidatario en los t\u00e9rminos que contempla el art\u00edculo 64 de la Ley 1116 de 2006, peticiones que no pueden acogerse por temeridad. <\/p>\n
Para el efecto, se advierte que el accionante en oportunidad anterior v\u00eda tutela solicit\u00f3 que se revocara todo lo actuado en el referido tr\u00e1mite y se enviara el expediente a la Superintendencia de Sociedades, amparo que fue negado en primera instancia, y confirmado por esta Corporaci\u00f3n en STC1748-2020, en donde se dijo: \u00abAnalizados los fundamentos que soportan la presente solicitud de amparo, concluye la Sala que es improcedente la concesi\u00f3n del auxilio, puesto que el promotor carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar las decisiones adoptadas en virtud del precitado juicio, puesto que tal facultad est\u00e1 reservada exclusivamente para las partes, o terceros que tengan leg\u00edtimo inter\u00e9s en el litigio, condici\u00f3n que \u00e9ste no detenta\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad, el mismo reclamante solicit\u00f3 invalidar la providencia de 27 de julio de 2018, por medio del cual se dio por terminado el litigio n\u00ba 2013-00013-00, con la consiguiente cancelaci\u00f3n de medidas cautelares. Esta Sala en CSJ STC de 7 de may. 2020, exp. 00057-01, resolvi\u00f3, \u00abEn el sub j\u00fadice no se satisface tal exigencia [subsidiariedad], toda vez que desde la fecha en que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla \u00abdeclar\u00f3 terminado el proceso n\u00ba 2013-00013\u00bb (27 jul. 2018), y libr\u00f3 la misiva ante la Oficina de Registro para la cancelaci\u00f3n de las cautelas (30 jul.) y la radicaci\u00f3n del escrito genitor (abr. 2020), transcurri\u00f3 un tiempo muy superior al jurisprudencialmente destacado\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, es evidente el fracaso del amparo solicitado, porque el peticionario activ\u00f3 este mecanismo extraordinario para censurar una actuaci\u00f3n que previamente hab\u00eda puesto en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n, siendo aplicable, por tanto, lo establecido en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone, \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
Sobre este tipo de conductas la Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (CSJ. STC-01841-00, 21 oct. 2009, STC6467-2018, reiterada en STC8587-2020 y STC12112-2022, entre muchas). <\/p>\n
5. Cabe resaltar que de los anexos de la acci\u00f3n constitucional no emerge que se hubiese elevado solicitud a la Superintendencia de Sociedades solicitando la reapertura del proceso de liquidaci\u00f3n, entidad que es la competente para esa finalidad -subsidiariedad-, sumado a esto, no se formul\u00f3 por esta v\u00eda reproche puntual de cara a lo que eventualmente se hubiese resuelto sobre el tema como objeto de control constitucional. <\/p>\n
Por el contrario, se encontr\u00f3 es que el accionante inclusive present\u00f3 acci\u00f3n de cumplimiento radicado n\u00famero 2021-00409, contra esa entidad para que acatara lo ordenado en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, reclamara el referido expediente radicado 2013-00013, reabriera el proceso de liquidaci\u00f3n, y \u00abse resuelva la SOLICITUD DE ADJUDICACI\u00d3N DE BIENES INMUEBLES DE LA CONCURSADA, ALUMINIOS REYNOLDS SANTODOMINGO – EN LIQUIDACI\u00d3N, sobre los inmuebles con matr\u00edcula inmobiliarias No. 040- 138159 y 040-19896, seg\u00fan numeral 5 del art\u00edculo 64 de la ley 1116 de 2006\u00bb <\/p>\n
Ese tr\u00e1mite fue resuelto desfavorablemente en sentencia de 3 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atl\u00e1ntico, con fundamento en que \u00abel art\u00edculo 9\u00b0 de la ley 393 de 1997, la acci\u00f3n de cumplimiento no procede cuando el afectado tenga o haya tenido otro medio judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto, lo que en este caso se evidencia en todos los instrumentos judiciales ordinarios y constitucionales utilizados por el accionante, los cuales fueron despachados negativamente por los distintos tribunales judiciales\u00bb, y en particular porque \u00abel actuar de la SUPERSOCIEDADES, se encuentra ajustado a derecho, y no infringe ninguna obligaci\u00f3n legal, puesto que este tipo de procesos no son llamados a ser parte de los procesos de liquidaci\u00f3n\u00bb. (19Decisi\u00f3nAcci\u00f3ndecumplimiento). <\/p>\n
6. Censur\u00f3 tambi\u00e9n el recurrente que la Corte Constitucional protegi\u00f3 sus derechos en la referida sentencia (CC. T149\/16), pero ahora existe un perjuicio irremediable que debe ser protegido concediendo este amparo de manera transitoria, argumento que tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperar, dado que no se encuentran demostradas las exigencias que se requieren para esa finalidad, como es que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), <\/p>\n
Por una parte, en esa providencia la Corte Constitucional orden\u00f3 entre otros asuntos a la Superintendencia de Sociedades que \u00abconforme a lo establecido en la Ley 1116 de 2006, (i) emita con prelaci\u00f3n las \u00f3rdenes judiciales pertinentes en este caso a fin de que destine los activos suficientes y necesarios, de tal manera que se garantice el pago de las mesadas pensionales adeudadas y las que sean exigibles hacia futuro\u00bb (negrita fuera de texto), de manera que si las prestaciones de las que se duele el accionante estima que son consecuencia del incumplimiento de no haberse acatado lo dispuesto, no es otra acci\u00f3n del mismo linaje el camino para obtener ese resultado, sino el trazado por Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
De otro lado, no se advierte la necesidad de medidas urgentes e impostergables que deban adoptarse a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional, atendiendo que el accionante no demostr\u00f3 afectaci\u00f3n a su m\u00ednimo vital, como producto de una conducta atribuible a los accionados. Para este efecto, basta tener en cuenta que seg\u00fan se observa en las diligencias, sigue ejerciendo la representaci\u00f3n judicial de terceros en tr\u00e1mites judiciales en su calidad de abogado. <\/p>\n
7. Finalmente, recu\u00e9rdese que pertenecer a la tercera edad no necesariamente implica la concesi\u00f3n de toda acci\u00f3n de tutela invocada, en tanto que es necesario probar la vulneraci\u00f3n o amenaza por parte del accionado, cosa que como qued\u00f3 visto no ocurre en este caso. Sobre el tema, la Sala ha se\u00f1alado \u00absi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto (CSJ SC, 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01 y en STC1200-2014)\u00bb (citado en STC458-2022). <\/p>\n
8. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC16044-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC16044-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00859-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69196","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69196\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}