STC16052-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16052-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04092-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Hern\u00e1n Salazar contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC \u2013 C\u00e1rcel La Picota, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2018-00925. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Expone que, por intermedio de su apoderada, el 16 de agosto de 2022, elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb al Centro de Servicios Judiciales de Bogot\u00e1, solicitando \u00abel c\u00f3mputo de t\u00e9rminos del proceso que [se] le est\u00e1 adelantando, radicado n\u00ba [2018-00925-01]\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, dicha oficina judicial el 24 de agosto respondi\u00f3 informando que, dar\u00eda traslado de la petici\u00f3n al INPEC a fin de que esa instituci\u00f3n le diera el tr\u00e1mite respectivo, considerando que el proceso penal objeto del requerimiento se encuentra en la Sala de Casaci\u00f3n Penal para la resoluci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sumado a que ese centro administrativo carece de competencia para absolverla. <\/p>\n
Destaca que, ante la ausencia de contestaci\u00f3n del INPEC, reiter\u00f3 la solicitud el 23 de septiembre de 2022 mediante memorial que dirigi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal y al INPEC; sin embargo, alega que a la fecha de interposici\u00f3n de este amparo no ha obtenido pronunciamiento por parte de ninguna de las dos autoridades. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00ab(\u2026) se ordene a las entidades accionadas que, [\u2026] procedan a resolver de fondo la petici\u00f3n elevada [\u2026] esto es, remitir el c\u00f3mputo de t\u00e9rminos del proceso que se est\u00e1 adelantando en mi contra con radicado n\u00ba [2018-00921-01], el cual actualmente se encuentra en curso en la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, esa colegiatura el 23 de agosto de 2018 resolvi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia que conden\u00f3 a Jairo Hern\u00e1n Salazar a la pena de 128 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb, decidiendo confirmarlo. La defensa del procesado interpuso recurso de casaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se remiti\u00f3 el expediente a la Corte Suprema de Justicia desde el 18 de diciembre de 2018. <\/p>\n
2. El coordinador del grupo de acciones constitucionales del INPEC indic\u00f3 que, el tema de los c\u00f3mputos por trabajo y estudio dentro de los centros de reclusi\u00f3n para efectos de redimir pena est\u00e1 a cargo de \u00abla junta de evaluaci\u00f3n de trabajo, estudio y ense\u00f1anza\u00bb; luego, el director del establecimiento penitenciario donde se encuentre interno el penado, remitir\u00e1 la certificaci\u00f3n al respectivo juez de ejecuci\u00f3n de penas para lo de su competencia, de modo que, concierne a la direcci\u00f3n de \u00abLa Picota\u00bb atender las peticiones del actor. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 42 Especializada contra el Narcotr\u00e1fico de Bogot\u00e1 relacion\u00f3 los hechos por los cuales fue objeto de investigaci\u00f3n el se\u00f1or Jairo Hern\u00e1n Salazar y precis\u00f3 que, la petici\u00f3n cuya respuesta reclama debe dirigirla ante \u00abel juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad u otra autoridad que cuente con la documentaci\u00f3n que permita resolver la petici\u00f3n elevada\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por intermedio de uno de sus Magistrados indic\u00f3 que, respecto de la petici\u00f3n elevada por el gestor del amparo, dio respuesta el pasado 25 de octubre, de donde surge que no ha habido conculcaci\u00f3n del derecho invocado. En la respuesta se le precis\u00f3 al gestor que la resoluci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n de su inter\u00e9s depende del sistema de turnos, es decir, seg\u00fan el orden de llegada de cada caso y que le anteceden 4 asuntos en tr\u00e1mite de decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde dilucidar si la Sala Especializada accionada y el INPEC, vulneraron la garant\u00eda fundamental denunciada por el quejoso, al no pronunciarse frente a la petici\u00f3n que elev\u00f3 el 23 de septiembre de 2022 (inicialmente el 16 de agosto de 2022) \u2013 en la que solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre el c\u00f3mputo de t\u00e9rminos procesales al interior del juicio penal con radicado n\u00ba 2018-00925. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda del art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, considerando que el requerimiento que contienen los memoriales del 16 de agosto y el del 23 de septiembre de este a\u00f1o, sin dudas, tienen v\u00ednculo intr\u00ednseco con el proceso penal que se adelanta contra el peticionario, radicado n\u00ba 2018-00925 (informaci\u00f3n sobre el c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos procesales en la actuaci\u00f3n penal), de manera que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la demanda, toda vez que el actor no se encuentra habilitado para procurar, mediante el escrito petitorio, que las autoridades tuteladas respondan sobre un asunto propio del tr\u00e1mite judicial en los plazos previstos en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015. Dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia del juez ordinario (al margen de la que pueda tener el INPEC en el asunto), deben ser resueltos a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos; raz\u00f3n por la cual, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada, no abre camino al amparo solicitado. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, seg\u00fan lo inform\u00f3 un Magistrado de la Sala tutelada ante el traslado de la presente demanda, mediante auto del 25 de octubre de 2022 fue absuelta la petici\u00f3n aludida por el actor; en dicho pronunciamiento, se le precis\u00f3 que el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de segunda instancia le corresponde un turno predeterminado de acuerdo al orden de llegada (atendiendo los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 18 de la ley 446 de 1998) y que le anteceden los radicados \u00ab54063, 54335, 54391 y 54235\u00bb, prove\u00eddo comunicado, nuevamente, al correo electr\u00f3nico de la apoderada del accionante el pasado 23 de noviembre. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en consideraci\u00f3n de lo rese\u00f1ado, no se advierte transgresi\u00f3n de garant\u00eda alguna, en tanto que, se reitera, el requerimiento del precursor del amparo fue atendido por la accionada, al margen de lo explicado preliminarmente respecto a la inviabilidad del derecho de petici\u00f3n cuando comprende temas atinentes al tr\u00e1mite judicial en curso. <\/p>\n
En definitiva, por lo indicado en precedencia, se impone la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda habida cuenta que, como viene de puntualizarse, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Resulta impertinente la invocaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n cuando su contenido y prop\u00f3sito involucra aspectos directamente relacionados con el proceso judicial en cuesti\u00f3n, por lo que no puede afirmarse que la Sala Especializada acusada vulnerara esa prerrogativa por no contestar las solicitudes aludidas de acuerdo a los t\u00e9rminos contemplados en la normativa espec\u00edfica que la consagra. No obstante, sin perjuicio de ello, conforme se constat\u00f3 en esta actuaci\u00f3n, como la accionada se pronunci\u00f3 frente a la solicitud incoada por el gestor del amparo, se descarta el desconocimiento de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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