STC16056-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16056-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05000-22-13-000-2022-00210-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que neg\u00f3 el amparo formulado por Edgar de Jes\u00fas Murillo Lujan contra el Juzgado Civil Laboral del Circuito, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, la Fiscal\u00eda 18 Seccional, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, todos de La Ceja (Antioquia), Carlos Augusto Tabares Jim\u00e9nez y Lindsay Carolina Montoya Berrio. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en los procesos ejecutivo y declarativo verbal de resoluci\u00f3n de contrato de radicados 05376311200120170022100 y 05376311200120220019600 en su orden1. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela judicial efectiva. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor narr\u00f3 que, el 29 de septiembre de 2017, suscribi\u00f3 junto a Carlos Augusto Tabares Jim\u00e9nez, en calidad de promitentes compradores, un contrato de promesa de venta con los se\u00f1ores Ren\u00e9 Montoya Aguirre y Jacobo Ram\u00edrez Plata sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 017-35117, por $1.468.600.000, de los cuales pag\u00f3 $1.250.000.000, ejerciendo desde la misma fecha la posesi\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
2.2. El se\u00f1or Tabares Jim\u00e9nez, quien era su abogado de confianza, le sugiri\u00f3 que comprara el inmueble referido, a sabiendas que sobre este reca\u00edan dos medidas cautelares por procesos ejecutivos promovidos contra Ren\u00e9 Montoya Aguirre -titular pleno del dominio- ante los Juzgados Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn y Civil Laboral del Circuito de La Ceja (Antioquia); adem\u00e1s, incluy\u00f3 en dicho contrato a Jacobo Ram\u00edrez Plata, a pesar de no ser el propietario del bien inmueble; tambi\u00e9n el se\u00f1or Tabares Jim\u00e9nez se incluy\u00f3 en el negocio como promitente comprador, sin que realmente lo fuera. <\/p>\n
2.3. En la promesa de compraventa se estipul\u00f3 que la escritura p\u00fablica ser\u00eda suscrita el 30 de noviembre de 2017, en la Notar\u00eda Octava de Medell\u00edn, fecha en la cual los promitentes vendedores no se presentaron. El 13 de diciembre de 2017, Carlos Augusto Tabares Jim\u00e9nez present\u00f3 un poder conferido por Ren\u00e9 Montoya Aguirre ante el Juzgado accionado, para representarlo en el proceso ejecutivo de radicado 2017- 00221, tr\u00e1mite en el cual, luego de aceptada la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a favor de Lindsay Carolina Montoya Berrio, el 27 de agosto de 2021 se acept\u00f3 una daci\u00f3n en pago del inmueble embargado, para cancelar la acreencia objeto de litis. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, instaur\u00f3 una demanda verbal de cumplimiento de contrato o de resoluci\u00f3n de la promesa de compraventa ante el mismo juzgado, al igual que dos denuncias penales ante la Fiscal\u00eda, por la presunta comisi\u00f3n del delito de estafa, en contra del abogado Tabares Jim\u00e9nez, las cuales se encuentran en curso. <\/p>\n
2.5. El accionante censura que no fue vinculado al proceso ejecutivo, a pesar de tener inter\u00e9s directo en sus resultas, en raz\u00f3n de la promesa de venta sobre el inmueble involucrado en dicho litigio y porque el abogado Carlos Augusto Tabares Jim\u00e9nez ten\u00eda pleno conocimiento de los hechos, pues no solo se incluy\u00f3 como promitente comprador, sin que hubiera destinado recursos para los pagos establecidos en el contrato, sino que, adem\u00e1s, relacion\u00f3 a Jacobo Ram\u00edrez Plata como propietario del inmueble, a sabiendas de que no figuraba como tal en el certificado de libertad y tradici\u00f3n, sino que represent\u00f3 al extremo pasivo de dicha contienda Ren\u00e9 Montoya -propietario del inmueble-, con lo cual, a su juicio, dicho abogado represent\u00f3 \u00abintereses contrapuestos [\u2026] procediendo de mala fe\u00bb. <\/p>\n
Reprocha que el proceso ejecutivo seguido en el Juzgado accionado se encuentra pendiente de la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble, actuaci\u00f3n que, en su opini\u00f3n, no debe llevarse a cabo hasta tanto se decidan las acciones penales; lo mismo reclama frente al proceso verbal de radicado 2022-00196, por cuanto \u00abninguna acci\u00f3n judicial que tenga que ver directa o indirectamente con ese lote tiene que seguir adelante\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se ordene la suspensi\u00f3n de los procesos de naturaleza civil, que no se realice la diligencia de entrega del inmueble hasta que no se resuelvan los procesos penales, se ordene a la Fiscal\u00eda 18 Seccional que solicite ante el Juez de Control de Garant\u00edas \u00abmedidas cautelares reales sobre el lote con matr\u00edcula inmobiliaria 017-35117\u00bb y que la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos se abstenga de registrar medidas o escrituras sobre el referido folio inmobiliario. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja respald\u00f3 la legalidad de las actuaciones en los procesos rebatidos e inform\u00f3 que el actor promovi\u00f3 con anterioridad otra tutela por hechos similares a los aqu\u00ed relacionados de radicado 2022-00270. <\/p>\n
2. Lindsay Carolina Montoya Berr\u00edo se opuso a las pretensiones constitucionales, porque los hechos que dieron lugar al presente amparo, en su mayor\u00eda, son objeto de debate en el proceso de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa promovido por el actor. <\/p>\n
3. Quien dijo ser el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de La Ceja manifest\u00f3 atenerse a lo resuelto, por cuanto no le constan los hechos de la tutela. <\/p>\n
4. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Ceja inform\u00f3 que, el 30 de septiembre pasado, recibi\u00f3 un despacho comisorio proveniente del Juzgado accionado, con el objeto de realizar la entrega del inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria 017-35117, al cual no le ha impartido tr\u00e1mite. <\/p>\n
5. Carlos Augusto Tabares Jim\u00e9nez, en nombre propio y aduciendo representar a Ren\u00e9 Montoya Aguirre, pidi\u00f3 denegar el amparo, por cuanto contiene los mismos hechos debatidos en la anterior tutela de radicado \u00ab2021-270\u00bb y porque no se satisface el requisito de subsidiariedad, pues las inconformidades tra\u00eddas se ventilan actualmente en el proceso de resoluci\u00f3n de contrato instaurado por el actor. <\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda 18 Seccional de la Ceja dio cuenta de las denuncias penales interpuestas por el actor y Jacobo Ram\u00edrez Plata, por el presunto delito de estafa, que involucran a Carlos Augusto Tabares Jim\u00e9nez, e inform\u00f3 que la \u00faltima ser\u00e1 acumulada a la denuncia inicial, la cual se encuentra en curso para el recaudo de elementos materiales de prueba. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, porque, frente al presunto defecto procedimental en que habr\u00eda incurri\u00f3 el juzgado accionado, por haber obviado la vinculaci\u00f3n del accionante al proceso ejecutivo debatido, \u00abya existe un pronunciamiento en sede de tutela emitido por esta misma Corporaci\u00f3n el 18 de marzo de 2022 bajo el radicado 05000 2213 000 2021 00270 00\u00bb, de manera que sobre ese aspecto se configura cosa juzgada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pretensiones encaminadas a la suspensi\u00f3n de los procesos de radicados 2017-00221 y 2022-00196, hasta que se definan las causas penales contra Carlos Augusto Tabares Jim\u00e9nez, desestim\u00f3 el amparo, por cuanto \u00abEl mismo actor es suficientemente conocedor de las acciones ordinarias a su alcance para reivindicar los derechos civiles que considere haber adquirido [\u2026] muestra inequ\u00edvoca de ello es la acci\u00f3n de cumplimiento o de resoluci\u00f3n contractual\u00bb, de modo que, en el marco de tales procesos, el accionante debe hacer las solicitudes que pretende a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
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VI. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el apoderado del tutelante, quien insisti\u00f3 en los argumentos propuestos en el escrito de tutela y agreg\u00f3 que, si bien existen acciones civiles y penales en curso, estas han demostrado ser insuficientes, no s\u00f3lo en cuanto a la temporalidad y celeridad en el tr\u00e1mite requeridos, sino frente a la posibilidad de impedir que se pierda la titularidad definitiva del bien. <\/p>\n
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V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con los procesos ejecutivo y verbal de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa tramitados en el Juzgado accionado y la orden de entrega del inmueble, en raz\u00f3n a que considera que en el proceso ejecutivo se incurri\u00f3 en un defecto procedimental, por cuanto no fue vinculado, a pesar del inter\u00e9s leg\u00edtimo que le asiste; en consecuencia, solicita la suspensi\u00f3n de los procesos civiles hasta tanto se definan las causas penales promovidas en contra de Carlos Augusto Tabares Jim\u00e9nez. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, se advierte que, en relaci\u00f3n con el presunto defecto en que habr\u00eda incurrido la autoridad judicial accionada en el marco del proceso ejecutivo rebatido, por no haber vinculado al actor, ya se emiti\u00f3 un pronunciamiento en sede constitucional y, en consecuencia, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
En dicha oportunidad, la parte actora solicit\u00f3 que se declarara la nulidad de todo lo actuado, por indebida integraci\u00f3n del contradictorio en el proceso ejecutivo 2017-00221 que se tramita ante el Juzgado accionado. Al decidir la tutela, el juez constitucional, en sentencia del 18 de marzo de 2022, descart\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, por cuanto: <\/p>\n
[\u2026] el se\u00f1or EDGAR DE JESUS MURILLO LUJAN se duele de que el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LA CEJA no lo vincul\u00f3 al proceso ejecutivo en el cual se decret\u00f3 medida cautelar sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria Nro.017-35117 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de La Ceja y el cual afirma poseer en raz\u00f3n de una negociaci\u00f3n realizada sobre el mismo a trav\u00e9s de promesa de compraventa celebrada en el a\u00f1o 2017, circunstancia de la que adem\u00e1s refiere, tiene pleno conocimiento el apoderado judicial del all\u00ed ejecutado, por haber sido este parte contratante en dicho negocio; empero, lo cierto es que ninguna solicitud de intervenci\u00f3n litisconsorcial o de nulidad elevada de su parte, se avizora al interior del expediente contentivo del proceso de ejecuci\u00f3n, con la que se pretendiese lograr su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite, siendo tal la v\u00eda adecuada para el efecto. <\/p>\n
Es as\u00ed como frente a la presunta omisi\u00f3n de la juez de conocimiento hoy accionada, el actor constitucional no esboz\u00f3 petici\u00f3n o inconformidad de ninguna clase, siendo as\u00ed como lo pretendido es lograr a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de resguardo, como la presente, el adelantamiento de un tr\u00e1mite propio y exclusivo del juez natural; ergo, es claro que el reclamante de amparo contaba con otros mecanismos de defensa judicial id\u00f3neos para peticionar y discutir su intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite ejecutivo, as\u00ed como para debatir lo atinente a una eventual indebida notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas al interior del mismo; empero, omiti\u00f3 hacerlo sin ninguna justificaci\u00f3n valedera, pues ninguna causa expuso, ni mucho menos la acredit\u00f3 para justificar su omisi\u00f3n… <\/p>\n
De lo anterior se destaca que el Juez constitucional de conocimiento decidi\u00f3 negar el amparo invocado, decisi\u00f3n que fue excluida de selecci\u00f3n por la Corte Constitucional3 y est\u00e1 en firme, pues no fue recurrida y, por tanto, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto; m\u00e1xime que los derechos del tutelante en relaci\u00f3n con el inmueble en disputa est\u00e1n siendo objeto de cuestionamiento en las respectivas instancias ordinarias y que la tutela no es viable para dejar sin efectos una decisi\u00f3n en firme, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
3. En cuanto a la pretensi\u00f3n de suspensi\u00f3n de los procesos ejecutivo y verbal, ambos del juzgado accionado, hasta tanto se resuelvan las causas penales emprendidas contra Carlos Augusto Tabares Jim\u00e9nez, se evidencia que el actor est\u00e1 adelantando las acciones ordinarias a su alcance, para reivindicar los derechos que considera adquiridos con ocasi\u00f3n del contrato de promesa de venta suscrito sobre el inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 017-35117, de manera que el asunto se encuentra en tr\u00e1mite ante el competente, lo cual torna inviable la tutela, pues no puede el juez constitucional decidir ni disponer la forma o el sentido de resolver los aspectos sometidos a consideraci\u00f3n del juez natural. Sobre el particular, ha manifestado la Corte que: <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018 y CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020- 00195-01). <\/p>\n
4. En cuanto a la solicitud de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble, hasta tanto \u00abno se decidan las acciones penales pertinentes\u00bb, a fin de evitar un perjuicio irremediable, debe indicarse que no es viable acudir a este auxilio para impedir el desarrollo y cumplimiento de actuaciones que tienen origen en providencias en firme. Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[L]a tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (Postura referida en CSJ STC16630-2015 y en CSJ STC038-2020). <\/p>\n
5. Acorde con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ren\u00e9 Montoya Aguirre y Jacobo Ram\u00edrez Plata. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta 0011 Exp2017-00221, cuaderno Tutela1TSASC. Pdf 002201700221AuAdmiteTutelaTSASC del 12 de enero de 2022. El radicado correcto es 05000221300020220027000 y no 05000221300020210027000. <\/p>\n