STC16065-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16065-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-01442-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Dago Rigoberto Bola\u00f1os Delgado contra los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Cauca. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, informaci\u00f3n, igualdad, debido proceso y dignidad, presuntamente vulnerados por las autoridades encausadas porque no le han dado respuesta a la solicitud que les present\u00f3 el pasado 19 de septiembre, denunciando al abogado Alvar Bravo \u00abpor hurto calificado\u2026[,] prevaricato por acci\u00f3n y\u2026 por omisi\u00f3n\u00bb; la cual les reiter\u00f3 el 24 de octubre \u00faltimo. <\/p>\n
2. La Corte admiti\u00f3 la demanda supralegal, dispuso librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Consejo Superior de la Judicatura deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abal considerar que no es el responsable de cumplir las \u00f3rdenes que se expidan con el fin de amparar el derecho fundamental trasgredido\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en acatamiento a lo reglado en el precepto 21 de la Ley 1755 de 2015, comoquiera que la solicitud-queja presentada por el accionante ante esa Corporaci\u00f3n no era de su competencia, el pasado 21 de noviembre dispuso su remisi\u00f3n a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cauca, para lo de su cargo. Situaci\u00f3n que oportunamente comunic\u00f3 al inconforme mediante correo electr\u00f3nico dirigido a la oficina jur\u00eddica del INPEC en Popay\u00e1n (direccion.epcpopayan@inpec.gov.co), advirtiendo que el quejoso est\u00e1 privado de la libertad en el Centro de Reclusi\u00f3n Penitenciario y Carcelario San Isidro de esa ciudad. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca tambi\u00e9n deprec\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00abno ha violado o amenazado los derechos fundamentales invocados por el tutelante\u00bb porque, \u00abrevisados los canales de recepci\u00f3n de correspondencia habilitados para tal fin\u00bb, concluy\u00f3 que \u00abno ha recibido solicitud alguna elevada por\u2026 Bola\u00f1os Delgado, as\u00ed como tampoco se evidencia en los documentos que adjunta\u2026 [que] haya radicado la petici\u00f3n ante [esa] Seccional\u00bb; y en todo caso, de haberlo hecho, la \u00fanica actuaci\u00f3n que le ser\u00eda exigible era remitirla al competente, seg\u00fan el precepto 21 de la norma referida a espacio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, bien sean de inter\u00e9s general o particular. En consecuencia, el derecho de petici\u00f3n tiene una doble dimensi\u00f3n: (i) la posibilidad de acudir ante el destinatario y (ii) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n planteada. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, \u00abla acci\u00f3n de tutela deviene procedente, si se establece la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n; para ello es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2012, rad. 2012-00068-01; reiterada en STC, 22 oct. 2013, rad. 2013-01073-01). <\/p>\n
2. Lo pretendido por el promotor del resguardo es que se ordene a los accionados dar respuesta a la solicitud que adujo les present\u00f3 denunciando el proceder reprochable que endilga a un profesional del derecho. <\/p>\n
3. De la documentaci\u00f3n obrante en el plenario se concluye que: <\/p>\n
3.1. Conforme a la informaci\u00f3n aportada por el accionante, la que no refut\u00f3 el Consejo Superior de la Judicatura pero s\u00ed el otro accionado, se tiene que el pasado 19 de septiembre remiti\u00f3 a aquella entidad una solicitud mediante la cual deprec\u00f3 investigar el proceder del abogado Alvar Bravo; petici\u00f3n que le reiter\u00f3 el 24 de octubre \u00faltimo. <\/p>\n
3.2. Por otro lado, se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante comunicaci\u00f3n del pasado 21 de noviembre, le contest\u00f3 al quejoso que remiti\u00f3 su petici\u00f3n, por competencia (art\u00edculo 257A de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cauca, de lo que efectivamente lo enter\u00f3 mediante misiva enviada a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del Complejo Penitenciario y Carcelario de San Isidro de Popay\u00e1n, donde est\u00e1 recluido. <\/p>\n
4. Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala que la pretensi\u00f3n constitucional del reclamante, en la actualidad, est\u00e1 plenamente satisfecha, de no olvidar que el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n encierra la respuesta oportuna que no el despacho favorable de lo deprecado, supuesto frente al que en otras ocasiones ha dicho la Corte que: <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, es indudable que ces\u00f3 la causa de vulneraci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa esencial invocada, lo cual, de conformidad con el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, constituye un hecho superado, pues carecer\u00eda de sentido impartir una orden constitucional cuando la finalidad de la misma se cumpli\u00f3. <\/p>\n
Luego, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n que causaba la supuesta amenaza al derecho fundamental del quejoso desapareci\u00f3, la solicitud de amparo perdi\u00f3 toda raz\u00f3n de ser como mecanismo apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, toda vez que la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso espec\u00edfico resultar\u00eda a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
6. Corolario de lo expresado, se impone negar el amparo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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