STC16070-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16070-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 41001-22-14-000-2022-00247-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que declar\u00f3 improcedente el amparo implorado por el Programa de la Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Huila -Comfamiliar Huila en Liquidaci\u00f3n- contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Neiva. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Superintendencia Nacional de Salud y a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2022-00159. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad actora, por conducto de la mandataria judicial del agente liquidador, reclama la salvaguarda de su garant\u00eda constitucional al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, cursan unos procesos ejecutivos que fueron acumulados bajo el radicado 2022-00159, promovidos por la Cl\u00ednica Medilaser S.A.S. en contra de la Caja de Compensaci\u00f3n Familia del Huila -Comfamiliar-, asunto en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago el 28 de junio de 2022 y se decret\u00f3 la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n de los dineros que posea la demandada en las diferentes entidades financieras1. <\/p>\n
2.2. Mediante Resoluci\u00f3n 202232001005521-6 del 26 de agosto de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes y negocios, as\u00ed como la intervenci\u00f3n forzosa para liquidar el Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Huila \u2013Comfamiliar Huila-2. <\/p>\n
2.3. El 14 de septiembre de 2022, la tutelante requiri\u00f3 al juez de conocimiento para que, en virtud de lo reglado en el art\u00edculo 3\u00ba de la citada Resoluci\u00f3n, dispusiera, entre otros, terminar el proceso rese\u00f1ado, levantar las medidas cautelares y entregar los dineros retenidos en los t\u00edtulos judiciales a Confamiliar Huila. <\/p>\n
2.4. El 26 de septiembre posterior, el Juzgado del Circuito accionado accedi\u00f3 parcialmente a lo solicitado, no obstante, decret\u00f3 que las sumas confiscadas y cauteladas deb\u00edan ser puestas a disposici\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Salud y no del agente liquidador3. <\/p>\n
2.5. La gestora cuestiona que los capitales retenidos en los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial y cautelados no hayan sido puestos a disposici\u00f3n del liquidador, que es el administrador de los recursos del proceso concursal de Comfamiliar Huila. Sostiene que ese proceder desconoci\u00f3 lo dispuesto por la Superintendencia de Salud en el rese\u00f1ado acto administrativo 202232001005521-6 y constituye una falta disciplinaria y una conducta penal. <\/p>\n
Censura que, al no haberse allegado el plenario del juicio ejecutivo al proceso concursal en el per\u00edodo de recepci\u00f3n de acreencias oportunas, se \u00abgenera un perjuicio grave a los derechos\u00bb de la parte demandante en la causa coercitiva, porque aquel \u00abno podr\u00e1 ser tenido en cuenta dentro del proceso como una acreencia oportunamente presentada y, por ende, su reconocimiento y pago se acoger\u00e1 a las normas previstas para el pasivo cierto no reclamado dentro del proceso liquidatorio\u00bb. Destac\u00f3 la urgencia de que el accionado levante los embargos decretados, a fin de poder incorporar los recursos al proceso de liquidaci\u00f3n, pagar las acreencias debidamente reconocidas. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva poner a disposici\u00f3n de Comfamiliar en Liquidaci\u00f3n los t\u00edtulos judiciales constituidos en el proceso ejecutivo de radicado 2022-00159 y que se compulse copias a las autoridades competentes, para que se investigue la actuaci\u00f3n del Juzgado accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito Neiva inform\u00f3 que no hab\u00eda realizado la conversi\u00f3n de los t\u00edtulos retenidos a la promotora, porque se encontraba a la espera de la decisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda, ante la ausencia del presupuesto de la subsidiariedad, dado que la tutelante no recurri\u00f3 el auto atacado, a pesar de ser plausible de reposici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora, quien puso de presente que la providencia dictada el 26 de septiembre de 2022 por el estrado confutado no le fue notificada personalmente al liquidador, pese a que hab\u00eda autorizado que el enteramiento se efectuara a su correo electr\u00f3nico, en virtud con lo dispuesto en el literal e) del art\u00edculo 9.1.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010. <\/p>\n
Reproch\u00f3 el fallo impugnado por incurrir en un defecto procedimental, por exceso de ritual manifiesto, al declarar improcedente el amparo solicitado, sin analizar la actitud renuente de la autoridad judicial accionada y sin advertir que el recurso no se interpuso por la indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la promotora reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentes, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado por el Juzgado censurado el 26 de septiembre de 2022, en tanto dispuso poner a disposici\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Salud y no del agente liquidador de Comfamiliar Huila los t\u00edtulos judiciales constituidos en el juicio ejecutivo de radicado 2022-00159. <\/p>\n
2. Al respecto, la Sala advierte frente al auto controvertido, fijado en estado electr\u00f3nico 144 del 27 de septiembre de 2022, la parte interesada no interpuso recurso para solicitar la modificaci\u00f3n o correcci\u00f3n pretendida, pese a que, a voces del precepto 318 del C\u00f3digo General del Proceso, proced\u00eda el de reposici\u00f3n, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional y el estudio del fondo del asunto, pues este es un mecanismo subsidiario y residual que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias, lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
Sobre el particular, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
2.1. Aunado a ello, debe precisarse que no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados, con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados; m\u00e1xime que el asunto fue planteado en los procesos en los que la tutelante est\u00e1 vinculada, siendo ese el escenario para plantear las inconformidades propuestas, pero no lo hizo. <\/p>\n
3. En cuanto al reproche tra\u00eddo por la promotora en la impugnaci\u00f3n, atinente a que la providencia censurada no le fue notificada al agente liquidador en debida forma a su correo electr\u00f3nico, lo cual impidi\u00f3 recurrir la providencia y vici\u00f3 esa actuaci\u00f3n, debe precisarse que lo procedente era acudir al juez cognoscente, pues las nulidades deben alegarse ante el juez natural y resolverse por \u00e9ste, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de car\u00e1cter excepcional y subsidiario, que no se <\/p>\n
\u2026se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular (CSJ STC4303-2018). <\/p>\n
4. Finalmente, frente a lo pretendido por la quejosa respecto a que se compulsen copias, resulta pertinente se\u00f1alar que la interesada tiene la posibilidad de acudir directamente ante las autoridades competentes, a fin de poner en conocimiento los hechos que considere irregulares, sin necesidad de decisi\u00f3n constitucional alguna y sin que pueda el juez de tutela resolver sobre ese aspecto, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c009\u2014AUTO LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO\u201d, expediente digital del proceso ejecutivo 2022-00159. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c02.PRUEBA_10_10_2022, 11_21_20\u201d, folios 254 a 274,expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c029\u2014EJECUTORIAO AUTO NOTIFICADO\u201d, ib. <\/p>\n
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STC16070-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16070-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 41001-22-14-000-2022-00247-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de octubre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69213","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69213","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69213"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69213\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}