STC16073-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16073-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01589-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Jos\u00e9 Lucio Mun\u00e9var contra el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los Magistrados Carlos Augusto Zuluaga Ram\u00edrez de esa Corporaci\u00f3n, Hilda Gonz\u00e1lez Neira de esta Corte y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado de radicado 2020-00140. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que Gloria Nelly Castillo promovi\u00f3 el referido proceso contra Jos\u00e9 Lucio Mun\u00e9var Valenzuela y Jos\u00e9 Lucio Mun\u00e9var, para que se declarara el incumplimiento y la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento de inmueble comercial suscrito el 12 de agosto de 2011 y su continuaci\u00f3n del 1 de julio de 2016, y la consecuente restituci\u00f3n. <\/p>\n
Notificado Jos\u00e9 Lucio Mun\u00e9var Valenzuela, contest\u00f3 la demanda y propuso excepciones de m\u00e9rito. En escrito separado present\u00f3 excepciones previas. <\/p>\n
Por auto del 15 de febrero de 20212 se advirti\u00f3 que \u00e9l no hab\u00eda \u00abacreditado el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento en mora, denunciados en la demanda, lo que impide que sea escuchado en el pleito\u00bb, como en efecto se decidi\u00f3; adem\u00e1s, se orden\u00f3 a la demandante notificar en debida forma a Jos\u00e9 Lucio Mun\u00e9var. Frente a esa decisi\u00f3n, Mun\u00e9var Valenzuela interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, para que se tuviera en cuenta un abono a la deuda que realiz\u00f3 y fuera escuchado. <\/p>\n
El 27 de abril de 2021, Jos\u00e9 Lucio Mun\u00e9var contest\u00f3 la demanda y propuso excepciones previas3. <\/p>\n
El 4 de mayo de 2021, el Juzgado resolvi\u00f3 no reponer la decisi\u00f3n del 15 de febrero anterior y deneg\u00f3 la alzada, por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia. <\/p>\n
El 13 de julio de 2021 se declararon improcedentes las excepciones previas interpuestas por el coarrendatario Jos\u00e9 Lucio Mun\u00e9var4, decisi\u00f3n que este impugn\u00f3 y luego desisti\u00f356. Ese mismo 13 de julio7, el Juzgado determin\u00f3 que, como no estaba acreditado el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, \u00abtal circunstancia impide sea escuchado en el pleito\u00bb. <\/p>\n
El 20 de octubre de 20218, con sustento en lo previsto en el numeral 3 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, se profiri\u00f3 fallo en el que se declar\u00f3 probada de oficio la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa [sic] respecto al demandado Jos\u00e9 Lucio Munevar\u00bb y, en consecuencia, se negaron las pretensiones en su contra; asimismo, se declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y su pr\u00f3rroga y se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble, entre otros. <\/p>\n
El 25 de octubre de 2021, el actor constitucional radic\u00f3 una solicitud de nulidad generada en la sentencia, invocando las causales descritas en los numerales 5, por omitir la oportunidad de decretar o practicar pruebas, y 6, por haber prescindido de la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n, dado que no se realiz\u00f3 la audiencia descrita en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, en la cual deb\u00edan practicarse las pruebas, para que fueran reconocidas las mejoras realizadas al inmueble, por $500.000.000. Aleg\u00f3 que ten\u00eda legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s para proponer la nulidad, pues, en auto del 13 de julio de 2021, se declar\u00f3 improcedente la excepci\u00f3n previa que present\u00f3, quedando vinculado como demandado. <\/p>\n
La nulidad fue rechazada de plano el 30 de noviembre de 2021, por cuanto aqu\u00e9l no acredit\u00f3 el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento que se invocaron como causal de restituci\u00f3n, lo que dio lugar a que, a trav\u00e9s de auto del 15 de febrero de 2021, se le dijera que no ser\u00eda escuchado en el juicio\u00bb. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n, argumentando que no era cierto que, en auto del 15 de febrero de 2021, se hubiera dispuesto no escucharlo. Todo lo contrario, present\u00f3 excepciones y el Despacho se pronunci\u00f3 sobre estas. El recurso se decidi\u00f3 el 8 de marzo de 2022, en la que se advirti\u00f3 que \u00abel motivo que dio lugar a negar el instrumento estuvo sentando en el hecho de que los demandados no acreditaron el pago de los c\u00e1nones reclamados en el juicio y por tal motivo, no pod\u00edan ser escuchados\u00bb, en consideraci\u00f3n a la sanci\u00f3n t\u00e1cita de no poder ejercer la contradicci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que tampoco se decretaron las pruebas del recurrente. <\/p>\n
Por auto del 24 de mayo de 20229 se corrigi\u00f3 la sentencia, en cuanto a la direcci\u00f3n del inmueble objeto de litigio. <\/p>\n
3. La parte actora sostuvo que se le neg\u00f3 el derecho a ser o\u00eddo en el proceso y que no se tuvieron en cuenta los pagos aportados con la contestaci\u00f3n de la demanda ni el acuerdo realizado con la arrendadora con posterioridad a la demanda; reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad y en el recurso intentado luego de que fuera denegada. A\u00f1adi\u00f3 que el accionado incurri\u00f3 en faltas disciplinarias y que se trasgredieron los l\u00edmites del derecho penal. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al Juzgado accionado dejar sin efecto jur\u00eddico la sentencia del 20 de octubre de 2021, corregida el 24 de mayo de 2022, as\u00ed como el auto mediante el cual se rechaz\u00f3 de plano la nulidad \u00aby las siguientes providencias relacionadas con las anteriores\u00bb, y que se imponga se\u00f1alar fecha y hora para adelantar la audiencia de pruebas, alegar de conclusi\u00f3n y emitir la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que sus determinaciones encuentran sustento en el ordenamiento procesal y que el actor no elev\u00f3 petici\u00f3n en el proceso con la finalidad que hoy plantea, aunado a que el ruego tampoco cumple con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Gloria Nelly Castillo afirm\u00f3 que los demandados abonaron parte de lo adeudado cuando present\u00f3 la demanda, pero no realizaron acuerdo alguno y por ello nada se aport\u00f3 al Juzgado y agreg\u00f3 que este tuvo en cuenta dicha suma para resolver las excepciones. Asegur\u00f3 que, a pesar del fallo, no ha recuperado su inmueble ni la deuda. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que no \u00abse constata ninguna v\u00eda de hecho que haga viable la protecci\u00f3n reclamada\u00bb, toda vez que al actor se le puso de presente, desde el auto que lo tuvo por notificado, que no ser\u00eda escuchado, por cuanto no acredit\u00f3 el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento en mora alegados en la demanda, sumado al hecho de que la sentencia motiv\u00f3 la determinaci\u00f3n de declarar de oficio su falta de legitimaci\u00f3n en la causa como demandado, lo que encuentra fundamento en el inciso 2\u00ba del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el hecho de que el Juzgado se hubiera pronunciado sobre la legitimaci\u00f3n en el auto del 13 de julio de 2021 no imped\u00eda al juez, a la hora de proferir el fallo, dar aplicaci\u00f3n al contenido del art\u00edculo 282 ibidem. <\/p>\n
1. La impuls\u00f3 el gestor, quien se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado accionado, \u00aben auto paralelo del mismo 13 de julio de 2021 resolvi\u00f3 las excepciones previas (\u2026) decidiendo el mismo despacho que el suscrito si ostentaba la calidad de arrendatario y por ende de demandado\u00bb, decisi\u00f3n opuesta a lo resuelto el 20 de octubre de 2021 y que, previo a esta, no exist\u00eda providencia que dispusiera que no fuera o\u00eddo (como s\u00ed ocurri\u00f3 con el otro demandado), lo que imposibilit\u00f3 controvertir la decisi\u00f3n, \u00abcercenando de paso\u00bb su derecho a que se practicaran pruebas y se resolvieran de fondo las excepciones, entre ellas el pago de las mejoras. Se\u00f1al\u00f3 que, a pesar de que en la otra providencia del 13 de julio de 2021 se hizo alusi\u00f3n al asunto, ello no qued\u00f3 consignado en la parte resolutiva. <\/p>\n
2. En escrito posterior, el tutelante puso de presente que, el 17 de noviembre de 2022, la Alcald\u00eda de la localidad de Teusaquillo efectu\u00f3 la diligencia de desalojo del inmueble en disputa, \u00abSIN REALIZAR ACTO DE NOTIFICACI\u00d3N ALGUNO A LOS DEMANDADOS EN EL PROCESO DE RESTITUCI\u00d3N, (\u2026) no permitieron retirar la totalidad de los muebles y enseres\u00bb, entre otros. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con la sentencia proferida el 20 de octubre de 2021, que declar\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n como demandado, y el auto del 8 de marzo de 2022, que confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n de la nulidad por \u00e9l planteada. <\/p>\n
2. Frente a la sentencia del 20 de octubre de 2021, advierte esta Corporaci\u00f3n que el ruego propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en vista de que no satisface el presupuesto de la tempestividad, toda vez que, entre la fecha de la decisi\u00f3n criticada10- y la de interposici\u00f3n del amparo constitucional -27 de julio de 202211-, han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n12 y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
Ahora bien, ese t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). Bajo estos presupuestos, no se observa causal alguna que justifique la tardanza en la interposici\u00f3n de este resguardo constitucional, pues las solicitudes posteriores relacionadas con la sentencia no tienen la virtualidad de extender el plazo referido. <\/p>\n
3. En lo referente al auto del 30 de noviembre de 2021, por el cual el Juzgado convocado rechaz\u00f3 de plano la nulidad planteada por el accionante, confirmado en reposici\u00f3n el 8 de marzo de 2022, se advierte que aquel determin\u00f3 que \u00ablos demandados no acreditaron el pago de los c\u00e1nones reclamados en el juicio y por tal motivo, no pod\u00edan ser escuchados\u00bb, de conformidad con el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual \u00ablleva consigo una sanci\u00f3n t\u00e1cita de no poder ejercer la contradicci\u00f3n en el litigio, y si esto es as\u00ed, como en efecto ocurri\u00f3, no cabr\u00eda pretermisi\u00f3n de oportunidades, porque no hab\u00eda lugar a decretar pruebas en favor del aqu\u00ed recurrente\u00bb. <\/p>\n
3.1. Para la Sala, tal determinaci\u00f3n no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas y de la normatividad que gobierna el asunto, de forma que, ante la falta de pago de los c\u00e1nones pretendidos en el proceso, el convocado rechaz\u00f3 la nulidad propuesta por quien no pod\u00eda ser escucha en juicio, en aplicaci\u00f3n de la consecuencia contemplada en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso; ello bajo una hermen\u00e9utica plausible de la norma referida que impide la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
4. De otro lado, resulta pertinente se\u00f1alar que, si el actor considera que el funcionario judicial de conocimiento ha incurrido en alguna falta penal o disciplinaria, puede radicar la queja directamente ante la autoridad competente, pues no corresponde al juez de tutela definir ese aspecto, dada la naturaleza residual y subsidiaria de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
5. Finalmente, frente a las irregularidades alegadas respecto de la diligencia de entrega del inmueble en disputa que fue realizada el pasado 17 de noviembre por la alcald\u00eda local comisionada, la Sala no emitir\u00e1 pronunciamiento alguno, pues corresponde a actuaciones posteriores, que no hicieron parte del escrito inicial. Lo anterior, en aras de salvaguardar el debido proceso de las partes involucradas. <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto deneg\u00f3 el amparo, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Los impedimentos manifestados por algunos magistrados de la Sala fueron negados en auto CSJ ATC1698-2022. <\/p>\n
3\u0002 Documento 03, Cuaderno 2 Excepci\u00f3n previa, expediente 2020-00140. <\/p>\n
4\u0002 Documento 05, Cuaderno 3 excepci\u00f3n Previa, expediente 2020-00140. <\/p>\n
5\u0002 Documentos 06 y 10, Cuaderno 3 excepci\u00f3n Previa, expediente 2020-00140 <\/p>\n
6\u0002 Desistimiento aceptado en auto del 20 de octubre de 2021 (Documento 11, Cuaderno 3). <\/p>\n
7\u0002 Documento 25, Cuaderno principal, expediente 2020-00140. <\/p>\n
8\u0002 Documento 29, Cuaderno principal, expediente 2020-00140. <\/p>\n
9\u0002 Documento 39, ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Notificada por estado electr\u00f3nico 39 del 21 de octubre de 2021. <\/p>\n
11\u0002 Seg\u00fan acta de reparto. <\/p>\n
12\u0002 CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2414-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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