STC16074-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16074-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00409-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Emaice Isabel Caicedo Orozco, Genderson Antonio Leones Herrera, Indira Martelo Rodr\u00edguez, Jorge Luis Caballero, Leider Caicedo, Luis Ahumada Orozco, Luis Fernando Caicedo P\u00e9rez, Marlene Caicedo, Maryuris Guerrero Ahumada, Mildre P\u00e9rez Fontalvo, Petrona Caicedo Orozco, Siraima Maza Narv\u00e1ez, Geimis Cecilia Herrera Ruiz, Julio C\u00e9sar Borge Alcal\u00e1, An\u00edbal Javier Payares Guerrero, Pedro Castilla Ruiz, Oscar Garc\u00eda Villa, Gabriel Borges Dur\u00e1n, Aida Dur\u00e1n L\u00f3pez, Wilson P\u00e9rez Fontalvo, Edilberto P\u00e9rez Ortiz, Mariluz Guti\u00e9rrez Cabrera, Gustavo Castilla, Werlis P\u00e9rez Herrera, Mar\u00eda Fr\u00edas, Beatriz Fontalvo Almeida, Manuel Ramos, Rosa Herrera Olivo, Javiv Cruz Rodr\u00edguez, In\u00e9s Cabrera Garc\u00eda, Fidel Rosado Navarro, Gaspar Narv\u00e1ez Rodr\u00edguez, Ana Teresa Castelar, Berta Cabrera Cantillo, Lidia Orozco Valle, Miguel Padilla Vega, Jorge Utria Vargas, Oveimar Payares Ramos, Rosario Maza Mercado, Joalys Meza Reales, Tomas Mart\u00ednez, Carlos C\u00e1rdenas, Telma Luz Fern\u00e1ndez, Rub\u00e9n Cueto Camargo y Ana Rodr\u00edguez Ortiz frente al fallo proferido el 24 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ellos contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, Humberto Castro Castillo, la Fundaci\u00f3n Semilleros del Saber y la Alcald\u00eda del Municipio de San Estanislao de Kostka (Bol\u00edvar), tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00ablibre acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por los encausados. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar i) al Juzgado convocado, decretar \u00abla nulidad del fallo proferido el 15 de septiembre de 2020\u00bb; y ii) a la \u00abAlcald\u00eda de San Estanislao de Kotska\u00bb, remitir \u00abel comisorio cesando la orden de restituci\u00f3n del bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este caso: <\/p>\n
2.1. Al juicio declarativo que la Fundaci\u00f3n Semilleros del Saber – Funsemsa le promovi\u00f3 a Humberto Castro Castillo, pretendiendo el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa ajustado entre ellos sobre el inmueble identificado con folio inmobiliario Nro. 060-18235, se acumul\u00f3 el incoado por el \u00faltimo contra la primera para obtener la resoluci\u00f3n de dicho convenio. <\/p>\n
2.2. Surtidas las etapas de rigor, el 15 de septiembre de 2020 el Juzgado accionado dict\u00f3 sentencia, en la cual declar\u00f3 la nulidad absoluta de dicho negocio, orden\u00f3 a la mentada Fundaci\u00f3n restituir el predio a Castro Castillo y conden\u00f3 a \u00e9ste a devolver a aqu\u00e9lla \u00abla suma de $79.928.924,99[,] valor que corresponde a la suma recibida como parte del pago del objeto del contrato\u00bb. <\/p>\n
2.3. Narraron los quejosos que el Juzgado encausado comision\u00f3 a la alcald\u00eda del municipio convocado para que efectuara la entrega del predio, de lo cual se enteraron el pasado 6 de junio. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, los accionantes, quienes se proclaman poseedores de buena fe del mentado fundo, desde hace m\u00e1s de 9 a\u00f1os, donde aducen vivir con sus familias; se\u00f1alaron, en concreto, que la futura materializaci\u00f3n de la referida entrega desconoce sus derechos esenciales, m\u00e1xime cuando no pudieron defenderse al interior de aquel proceso porque no se les notific\u00f3 de su existencia ni \u00abhubo inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb, omisi\u00f3n que endilgan al Juzgado acusado y por la cual, sostienen, lo all\u00ed decidido no surte efectos en su contra. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El municipio de San Estanislao de Kostka pidi\u00f3 declarar improcedente la solicitud de protecci\u00f3n por estar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que los quejosos \u00abcuentan con figuras como las oposiciones y las nulidades que podr\u00e1n proponer en la diligencia de entrega, de conformidad con el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que no existe ning\u00fan reproche en su contra. <\/p>\n
3. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de la capital bolivarense histori\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio recriminado y deprec\u00f3 el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n al hallar insatisfechos los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, lo primero, porque \u00ablos demandantes cuentan actualmente con otro mecanismo judicial eficaz para defender los derechos que invocan, \u2026que consiste en oponerse a la diligencia de entrega cuando esta sea practicada, alegando su condici\u00f3n de poseedores contra los cuales no produce efectos la sentencia proferida al interior del proceso de resoluci\u00f3n de contrato, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 309 del CGP\u00bb; mientras que, lo segundo, porque \u00abla acci\u00f3n de tutela es interpuesta m\u00e1s de un a\u00f1o y medio despu\u00e9s de que qued\u00f3 en firme la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
4. El abogado Fray El\u00edas Enciso Torres, quien dijo obrar \u00aben [su] condici\u00f3n de apoderado judicial de la Fundaci\u00f3n Semilleros del Saber – Funsemsa\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por \u00e9sta para actuar en su representaci\u00f3n en esta sumaria tramitaci\u00f3n, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
5. Grenis Ahumada Casta\u00f1eda manifest\u00f3 que le fue dif\u00edcil acceder a la informaci\u00f3n del proceso debido a los contratiempos generados por la pandemia por covid 19; que el Juzgado acusado desafortunadamente \u00abrecurri\u00f3 a la \u00faltima ratio de un proceso sin medir las consecuencias de tal decisi\u00f3n, como si no existiera otro medio de solucionar la diferencia entre las partes, como si se tratara de una irregularidad grave y fundamental que menoscabe garant\u00edas fundamentales\u00bb; que con su fallo \u00abvulner\u00f3 los derechos de las partes, tanto del se\u00f1or HUMBERTO CASTRO como de LA FUNDACI\u00d3N, en el sentido de negar una soluci\u00f3n de fondo al litigio… Adem\u00e1s, orden\u00f3 a la FUNDACI\u00d3N\u2026 la entrega del inmueble\u2026, lo cual se torna una decisi\u00f3n de dif\u00edcil cumplimiento por cuanto hay terceros que est\u00e1n ocupando el predio y ya\u2026 no tiene poder ni facilidad para entregarlo\u00bb; y que \u00ab[s]i existiera violaci\u00f3n al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no fue ocasionada por la Fundaci\u00f3n\u2026, en cambio la juez\u2026 debi\u00f3 prever que su fallo, tal como lo profiri\u00f3, \u2026afectar\u00eda a terceros sin escucharlos dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Edilberto Mu\u00f1oz y Grenis Ahumada Casta\u00f1eda, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 10 de octubre (ATC1499-2022), neg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que los quejosos \u00abapuntaron directamente a la protecci\u00f3n de sus derechos a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional, cuando evidentemente no han agotado los medios de los que disponen para que el juez natural resuelva lo concerniente\u00bb, toda vez que a pesar de argumentar que \u00abno se les ha permitido ejercer su derecho de defensa como terceros poseedores, conforme a la documental aportada, hasta la fecha no se ha efectuado la diligencia de restituci\u00f3n, que es la materializaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de la sentencia, siendo esa la oportunidad procesal para ventilar todas las alegaciones que por v\u00eda constitucional se formulan, como as\u00ed lo establecen los arts. 308 y 309 del CGP.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los accionantes insistiendo en la concesi\u00f3n del resguardo porque la sentencia que profiri\u00f3 la sede judicial encausada tiene \u00abefectos directos sobre [sus]\u2026 derechos en relaci\u00f3n con el predio que se discute, y es que efectivamente en los procesos que se ventilaron\u2026 existieron las herramientas y presupuestos jur\u00eddicos para vincular[l]os\u2026, tal como se solicit[\u00f3] en la inscripci\u00f3n de la demanda\u2026, que todos los jueces de instancia\u2026 hicieron (sic) caso omiso a dicha solicitud\u00bb; adem\u00e1s, all\u00ed se les \u00abpudo vincular\u2026 como litisconsortes necesarios\u2026[,] lo cual no fue anunciado por ninguna de las partes, y ahora nos encontramos con el resultado despu\u00e9s de un largo proceso en el que se decret[\u00f3] la nulidad absoluta entre unos terceros pero dichos efectos tiene[n] incidencia directa para [ellos]\u2026 como compradores de buena fe y poseedores del predio\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adieron que tampoco es aceptable sostener que cuentan con otro mecanismo de defensa porque el \u00abdespacho comisorio fue enviado a la alcald\u00eda del municipio de San Estanislao de Kostka, y\u2026 ser\u00e1 este la encargada de llevar a cabo la orden de desalojo dispuesta por el Despacho Judicial Accionado, pero dicha oposici\u00f3n a dicha entrega ser\u00e1 resuelta por el mismo Juzgado, lo cual no garantiza un buen acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia y por consiguiente un Debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La queja de los accionantes radic\u00f3 en su ausencia de vinculaci\u00f3n al proceso fustigado, en el cual se declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa ajustado entre las partes de tal controversia, disponi\u00e9ndose la restituci\u00f3n del predio objeto de la misma, desconociendo que ellos son sus actuales poseedores; as\u00ed mismo, centraron su ruego en que se puede configurar un perjuicio irremediable con la materializaci\u00f3n de la diligencia de entrega del predio en cuesti\u00f3n, la cual, para el momento de interposici\u00f3n de la queja constitucional, estaba pendiente de programaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en un asunto de contornos similares, aunque en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero que, mutatis mutandis, resulta aplicable al caso de ahora, se dijo: <\/p>\n
\u2026como al parecer lo pretendido por la peticionaria es hacer valer la condici\u00f3n que, seg\u00fan afirma, ostenta como poseedora\u2026 respecto del predio objeto del litigio referido\u2026, advierte la Corte que el amparo solicitado tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, esta vez porque al alcance de tal demandante constitucional est\u00e1 alegar dicha condici\u00f3n de tenedora con \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a cuando sea practicada por el a-quo la diligencia de entrega del referido bien (art. 338 del C. de P.C.) [hoy canon 309 del C\u00f3digo General del Proceso] (CSJ STC6090-2014, 15 may. 2014, rad. 2014-00914-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que al alcance de los quejosos est\u00e1 la referida v\u00eda alterna judicial id\u00f3nea de defensa para obtener lo ac\u00e1 deprecado, circunstancia que revela la improcedencia de la petici\u00f3n de amparo de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, puesto que: <\/p>\n
[E]n tal sentido, la Sala ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar que este resguardo: \u2026es un mecanismo subsidiario o residual para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, raz\u00f3n por la cual, s\u00f3lo se debe acudir a [\u00e9l] cuando no exista otro medio alternativo de defensa judicial id\u00f3neo y eficaz para su resguardo, sin que pueda el interesado pretender emplearlo para subsanar, enmendar o suplir las omisiones en que incurri\u00f3, ni acudir a la justicia constitucional soslayando los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento procesal civil, porque este amparo no se ha establecido para utilizarse en forma alternativa o sustitutiva de dichos dispositivos (\u2026) (CSJ STC, 26 ene 2011, rad. 00027-00; reiterada el 11 abr. 2012, rad. 00616-00) (CSJ STC, 25 juli 2012, rad. 2012-01494-00). <\/p>\n
4. Sumado a lo que viene de decirse, la salvaguarda tampoco resulta procedente como medida transitoria, con el fin de evitar un perjuicio irremediable a los impugnantes, al advertir que se encuentra pendiente de \u00abrealizar la orden de entrega del predio\u00bb, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrar su alegaci\u00f3n, sin que sea suficiente para ello solamente la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, a m\u00e1s que tal supuesto, en principio, se torna prematuro, por cuanto sus inconformidades deben exponerlas, de primera mano, ante el fallador natural, en las oportunidades pertinentes. <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abOposiciones a la entrega\u2026 2. Podr\u00e1 oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesi\u00f3n y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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