STC16075-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16075-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01066-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de junio de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n 2 de la Hom\u00f3loga Penal, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Egotours Ltda., Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez, Gisela Goez Blanco, Flavio Rold\u00e1n Bol\u00edvar y Jos\u00e9 Antonio, Gustavo Adolfo y Julieth Paulina Herrera Goez, a trav\u00e9s de apoderado, en contra de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a los intervinientes en el decurso 11001310701420110000301. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En fallo de 30 de noviembre de 20171, complementado el 14 de diciembre del mismo a\u00f1o2 y corregido el 19 de julio de 20183, el Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 decret\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad respecto de los bienes ra\u00edces identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias: (i) 141-0007737, 141-0002124, 141-0001882, 141-0001206, 141-0002918, 141-0005504, 141-0002124, 141-0006783, 141-0006635, 141-00015420, 141-00016163, 141-0006634, 141-0016005, 037-0041521, 141-0001297, 141-0006505, 141-0017086 y 141-0007299, \u00aben cabeza de la sociedad La JAGUA Limitada\u00bb; (ii) 040-027104, 040-278077, 040-278078, \u00aben cabeza de la se\u00f1ora GISELA GOEZ BLANCO\u00bb; (iii) 040-217867, 040-150710 y 040-139616, de \u00abJORGE IVAN LALINDE\u00bb; (iv) 080-68891 y 080-68935, \u00abpropiedad de ELIAS COBO\u00bb; (v) 070-22150 y 079-33429, de \u00abMiguel Eduardo UMBACIA SALGADO\u00bb; (vi) 50N-411090, de \u00abDANIELA, CLAUDIA, PAOLA y DIANA UMBACIA FRANCO\u00bb; (vii) 040-45132, de \u00abCARLOS EDUARDO RODR\u00cdGUEZ G\u00d3MEZ\u00bb; (viii) 050N-20167764, \u00abpropiedad de CAMILO ANDRES MENDEZ FIGUEROA\u00bb; (ix) 040-332865, 040-332834 y 040-332835, de \u00abJAIRO MEDINA y ROSARIO GRASS\u00bb; y (x) 50N-20125274, 50N-20125440 y 50N-20125390, de GLADYS STELLA GALINO OVALLE. <\/p>\n
As\u00ed como de los veh\u00edculos de placas UQP-460, UQP-461, UQP-462, UQP-463, UQP-464, UQP-548, UQP-549, UQP-551, UQP-552, QFC-720, UQM-357, UQN-051, a nombre de Hern\u00e1n o Luz Mila Cobos Mu\u00f1oz; el QGC-789, de \u00abCARLOS EDUARDO RODR\u00cdGUEZ G\u00d3MEZ\u00bb; y de las \u00abembarcaciones\u00bb denominadas \u00abM\u00f3nica Patricia\u00bb y \u00abCapurgan\u00e1\u00bb, de \u00abFLORENTINO RIVEIRA FARFAN\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente, de las armas y municiones (i) \u00abPIETRO BERETTA-CALIBRE 9 mm \u2013 (\u2026) propiedad de JOS\u00c9 ANTONIO HERRERA HERN\u00c1NDEZ\u00bb; (ii); \u00abWALTER- calibre 7,65- No. Interno 806622 \u2013 (\u2026) de JOS\u00c9 ANTONIO HERRERA HERN\u00c1NDEZ\u00bb; (iii) \u00abASTRA UNCETA-GUERNICA SPAIN calibre 6,35- No. Interno L8378 \u2013 (\u2026) de JOS\u00c9 ANTONIO HERRERA HERN\u00c1NDEZ\u00bb; (iv) \u00abPIETRO BERETTA \u2013 Calibre 7,65 mm \u2013 (\u2026) de HERNAN COBOS MU\u00d1OZ\u00bb; (v) \u00abrevolver marca Smith & WESSON calibre 38 Largo, (\u2026) de HERNAN COBOS MU\u00d1OZ\u00bb; y (vi) 37 cartuchos 9mm, 5 cartuchos 7,65, 82 cartuchos 6,35, 28 cartuchos 38 L, 25 cartuchos de 12 mm, un tambor o cargador para revolver 38L, un cargador r\u00e1pido calibre 38 PAT. 4002124, de \u00abpropiedad de JOS\u00c9 ANTONIO HERRERA HERN\u00c1NDEZ\u00bb. <\/p>\n
Tal proceso tuvo su g\u00e9nesis en una condena proferida por las autoridades judiciales de Estados Unidos, dado que Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez particip\u00f3 en delitos de narcotr\u00e1fico y lavado de activos. <\/p>\n
2.2. Al surtir el grado jurisdiccional de consulta, en pronunciamiento de 17 de noviembre de 20214, aclarado el 12 de enero de 20225, la Sala Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 parcialmente la sentencia dictada; no obstante, declar\u00f3 que s\u00ed proced\u00eda la extinci\u00f3n del dominio respecto de (i) los inmuebles individualizados con las matr\u00edculas 019-0002142, 080-26084, 080-26085 y 060-182556 (\u00abde Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez\u00bb), 040-98526 (de \u00abGisela Goez Blanco\u00bb), 001-801851 (\u00abque aparece registrado a nombre de Ofelia Hern\u00e1ndez de Herrera y Zabul\u00f3n Herrera Henao\u00bb), 50N-738216 y 079-13414 (\u00abde l[os] cuales es due\u00f1o Miguel Eduardo Umbacia Salgado\u00bb), 01N-109967 (\u00abde Adriana Mar\u00eda Lalinde\u00bb), 001-692892 y 001-692878 (\u00abde los cuales son propietarios Gustavo y Julieth Herrera Goez\u00bb), 001-512682, 001-512681, 001-515078, 019-0001632, 019-0005695, 019-0001476, 027-0008225, 027-0010572, 027-00009425, 040-321561, 040-098330, 040-278608, 040-278656, 040-105129, 040-105080, 027-0015031, 019-0000148, 19-0001487, 019-0001486, 019-0001280; (ii) de los automotores con placas QGZ-605 (de propiedad de la \u00abSociedad Inversiones Herrera Goez\u00bb), QEA-866, CTU-322, FAP-729 (los dos \u00faltimos, \u00abde Gisela Goez Blanco\u00bb); (iii) las cuotas de inter\u00e9s social de la sociedad Inversiones Herrera Goez, as\u00ed como su raz\u00f3n social; (iv) el establecimiento de comercio Servilavado la 76; y (v) diversos equipos de c\u00f3mputo y telefon\u00eda. <\/p>\n
Asimismo, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer nivel, que declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio sobre las armas y municiones decomisadas, a fin de que fueran entregadas al Ministerio de Defensa. <\/p>\n
3. Los censores tachan de irregular la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal accionado, pues, a su modo de ver, en ella se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, porque: (i) al caso era inaplicable la figura de la carga din\u00e1mica de la prueba; (ii) el \u00abEstado le arrebat\u00f3 a los afectados la prueba contable y financiera mediante diligencia de incautaci\u00f3n[,] quit\u00e1ndoles la mejor prueba que ten\u00edan para defenderse\u00bb6, lo cual los puso en un estado de indefensi\u00f3n; y (iii) no se valor\u00f3 una prueba pericial (dictamen 427682 FGN-GDCAP-CTI, de 28 de octubre de 2008), deduci\u00e9ndose, de ese dato, que la sentencia estaba inmotivada. <\/p>\n
Respecto de la incongruencia, adujeron que la conducta il\u00edcita por la cual se proces\u00f3 y conden\u00f3 al se\u00f1or Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez tuvo lugar entre octubre de 2003 y enero de 2004, sin embargo, el Tribunal, \u00ab(\u2026) siguiendo el criterio de la Resoluci\u00f3n de 31 de marzo de 2007 de la Fiscal\u00eda (\u2026)\u00bb, determin\u00f3 -sin prueba suficiente, adem\u00e1s- que la \u00abconducta il\u00edcita enrostrada data[ba] de mediados de los a\u00f1os 90s en adelante\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo relatado, piden dejar sin efecto el fallo de 17 de noviembre de 2021. Y que se provea nuevamente. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal criticado advirti\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada se ci\u00f1\u00f3 a lo prescrito en el orden jur\u00eddico y en las pruebas arrimadas. Similar argumento esgrimi\u00f3 el Juzgado Tercero Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. La Sociedad de Activos Especiales -SAE- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en tanto no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental. Lo propio hicieron el Ministerio de Justicia y el Banco Agrario de Colombia S.A. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n hizo un recuento de lo actuado. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, tras evidenciar que ninguna v\u00eda de hecho cab\u00eda endilgar al Colegiado convocado. Hizo hincapi\u00e9 -asimismo- en que los afectados incumplieron su deber de probar la procedencia l\u00edcita de los bienes en que aparec\u00edan como titulares. Y en que la supuesta imposibilidad de probar tal aspecto no exist\u00eda, pues pudieron reconstruir los libros de comercio, contables o financieros o buscar con terceros la informaci\u00f3n que soportase las actividades de las cuales extrajeron los recursos para obtener el cuantioso patrimonio. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de los accionantes, quien -en lo medular- insisti\u00f3 en lo narrado en el escrito introductorio. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los promotores exigen dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sala Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 17 de noviembre de 2021 en el proceso cuestionado. En dicha determinaci\u00f3n, la Colegiatura convocada declar\u00f3 que, contrario a lo dictaminado por el juzgado de primer grado, s\u00ed proced\u00eda la extinci\u00f3n de dominio respecto de diversos bienes (inmuebles, veh\u00edculos, equipos de c\u00f3mputo y telefon\u00eda, un establecimiento de comercio, una raz\u00f3n social y unas cuotas de inter\u00e9s en una sociedad). Para arribar a ello y en lo que para los efectos de la tutela que se examina interesa7, advirti\u00f3 lo que viene. <\/p>\n
1.1. En relaci\u00f3n con los inmuebles de matr\u00edculas 019-0002142, 080-26084, 080-26085 y 060-182556, el Tribunal dedujo que su propietario, Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez, omiti\u00f3 aportar los soportes necesarios para determinar el origen de los capitales con los que los adquiri\u00f3. Parecidas consideraciones esgrimieron respecto del rodante de placas QEA-866, agregando, que \u00aben el expediente se encuentra la acusaci\u00f3n y sentencia norteamericana por la comisi\u00f3n de punibles que se desarrollaron alrededor de la compra del citado veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
1.2. Respecto del predio individualizado con el folio de matr\u00edcula 040-98526, as\u00ed como de los veh\u00edculos de placas CTU-322 y FAP-729, advirti\u00f3 que su due\u00f1a, Gisela Goez Blanco, no logr\u00f3 probar de d\u00f3nde salieron los dineros necesarios para su adquisici\u00f3n, adem\u00e1s de que la compra se produjo en los a\u00f1os en que Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez (su c\u00f3nyuge) desplegaba los il\u00edcitos por los cuales fue condenado. <\/p>\n
1.3. Frente a los inmuebles distinguidos con las matr\u00edculas 001-692892 y 001-692878, de propiedad de Gustavo Adolfo y Julieth Paulina Herrera Goez, hijos de Gisela Goez Blanco y de Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez, observ\u00f3 que tambi\u00e9n proced\u00eda la extinci\u00f3n del derecho de dominio, ya que \u00ablos afectados no cumplieron la carga probatoria a efecto de demostrar el origen l\u00edcito de los recursos con los que se adquiri[eron] (…), aunado a ello la compra se dio alrededor de la \u00e9poca en que la organizaci\u00f3n estaba delinquiendo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
1.4. Sobre el patrimonio de Egotours Ltda.8, conformado por el inmueble 001-492255, tambi\u00e9n decret\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio, pues exist\u00edan inconsistencias en cuanto al monto de los aportes efectuados a la sociedad por sus socios Gisela Goez Blanco, Jos\u00e9 Antonio Herrera, Flavio Rold\u00e1n Bol\u00edvar y Leonel Murillo Quintero, am\u00e9n de resultar \u00absospechoso\u00bb que dichos aportes se hubieren hecho en 1999, \u00abpues se recuerda que la [sociedad] se constituy\u00f3 el 22 de abril de esa anualidad, es decir que esos valores debieron ser declarados en el 2000 y no a partir de ese per\u00edodo\u00bb. A lo anterior adicion\u00f3 que \u00ablos afectados [tampoco] aportaron documentos que acreditaran el desarrollo de la actividad que aparece referenciada en el objeto social de la empresa\u00bb, adem\u00e1s de que la adquisici\u00f3n del bien se produjo justo para los a\u00f1os en que Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez estaba delinquiendo. <\/p>\n
1.5. En relaci\u00f3n con los bienes de la sociedad Inversiones Herrera Goez & C\u00eda. Ltda.9, los dividi\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
1.5.1. Raz\u00f3n social: Advirti\u00f3 que como era un bien valorable econ\u00f3micamente, s\u00ed proced\u00eda la extinci\u00f3n del derecho de dominio, seg\u00fan lo previsto en la Ley 793 de 2002. <\/p>\n
1.5.2. Cuotas sociales: Puso en evidencia que hubo m\u00faltiples negocios y operaciones societarias (cesiones de cuotas y aumentos de capital, especialmente) entre los accionistas originales (Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez, Gisela Goez Blanco y Julieth Herrera Goez), luego entre ellos y terceros, registradas en per\u00edodos cortos de tiempo, con ingresos y movimientos injustificados de capital, cuya finalidad, sostuvo el Tribunal, era la de \u00abconfundir el dinero dentro de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
1.5.3. Bienes inmuebles: Puso de presente que, para los a\u00f1os 2001, 2002 y 2003, \u00e9poca en la cual Jos\u00e9 Antonio Herrera estaba desplegando los il\u00edcitos, la sociedad report\u00f3 un incremento desproporcionado de sus ingresos, los cuales resultaban por completo injustificados y carentes de soporte. Inclusive, frente a este puntual aspecto, se refiri\u00f3 -prolijamente- al dictamen pericial 427682 del 28 de octubre de 2008, elaborado por un perito contable de la Fiscal\u00eda, \u00aben el que se hizo descripci\u00f3n de la conformaci\u00f3n del patrimonio [social] a\u00f1o tras a\u00f1o, advirtiendo que los ingresos percibidos por la actividad de ganado no fueron declarados por los socios\u00bb. Ello, sumado a las inconsistencias en las declaraciones de renta de alguno de los socios, lo llev\u00f3 a concluir que los afectados pretend\u00edan falsear la realidad y que, en adici\u00f3n, \u00abno lograron demostrar en el tr\u00e1mite del presente asunto el origen de los dineros con los que adquirieron los bienes de la sociedad\u00bb. As\u00ed, pues, decret\u00f3 la p\u00e9rdida de los derechos de propiedad en relaci\u00f3n con las fincas ra\u00edces distinguida con los folios de matr\u00edcula 001-512681, 001-512682, 001-515078, 019-0001632, 019-0005695, 019-0001476, 027-0008225, 027-0010572, 027-00009425, 040-321561, 040-098330, 040-278608, 040-278656, 040-105129, 040-105080, 027-0015031, 019-0000148, 019-0001487, 019-0001486 y 019-0001280. <\/p>\n
1.6. El Tribunal accionado se refiri\u00f3 expl\u00edcitamente al principio de la congruencia, cuya transgresi\u00f3n se denuncia por esta senda constitucional. Y consider\u00f3, frente a ese punto, lo que a continuaci\u00f3n se transcribe: <\/p>\n
Antes de realizar pronunciamientos sobre los bienes que hacen parte de la Sociedad [refiri\u00e9ndose a los de la empresa Inversiones Herrera Goez] entre los que se encuentran algunos haberes obtenidos antes de la fecha de los hechos por los cuales fue condenado Jos\u00e9 Antonio [Herrera Hern\u00e1ndez], se aclara que con la vinculaci\u00f3n de estos en ning\u00fan momento se afecta el principio de congruencia (\u2026). <\/p>\n
No obstante, se recuerda que en el plenario se encuentra la acusaci\u00f3n proferida en contra del citado ciudadano[,] en la que por dem\u00e1s se hace alusi\u00f3n a la declaraci\u00f3n de Lynn Kirkpatrick, quien afirm\u00f3 que \u201c(\u2026) este caso surgi\u00f3 de una investigaci\u00f3n sobre los conciertos para importar y para estar en posesi\u00f3n con la intenci\u00f3n de distribuir aproximadamente 1032 Kilogramos de coca\u00edna que fueron incautados por [las] autoridades [en] aplicaci\u00f3n de la Ley en enero de 2022 y la investigaci\u00f3n continuada sobre cargos de coca\u00edna adicionales y actividades de lavado de activos de la organizaci\u00f3n. Toda conducta delictiva que se les imputa a los acusados (\u2026) ocurri\u00f3 posteriormente al 17 de diciembre de 1997 (\u2026)\u201d, con lo cual se aclara que las conductas desplegadas por esta estructura dedicada a efectuar conductas relevantes para el derecho penal no solo se circunscriben al 2003 y 2004, sino que ello comenz\u00f3 con anterioridad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se recuerda que el acusado lo hizo dentro de una organizaci\u00f3n delictiva, que de acuerdo con las reglas de la experiencia son grupos que no se conforman intempestiva o casualmente, sino que se requiere tiempo considerable para la consolidaci\u00f3n de su designio criminal. <\/p>\n
Situaciones que se robustecen con la sentencia proferida por las autoridades norteamericanas en la que se conden\u00f3 a Herrera Hern\u00e1ndez por el delito de Conspiraci\u00f3n para hacer Lavado de instrumentos monetarios, siendo la \u00faltima fecha de la ofensa el 31 de enero de 2004. <\/p>\n
En otro apartado y luego de efectuar algunas precisiones de naturaleza conceptual en relaci\u00f3n con la congruencia en el marco de la legislaci\u00f3n especial de extinci\u00f3n del dominio, precis\u00f3: <\/p>\n
Atendiendo los par\u00e1metros antes expuestos debe precisarse que en el presente caso se respet\u00f3 el principio de congruencia, puesto que hay coherencia f\u00e1ctica, real y jur\u00eddica en las decisiones adoptadas dentro del tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio: En cuanto al aspecto factico debe indicarse que en la resoluci\u00f3n de inicio se se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: \u201c\u2026El presente diligenciamiento se origina con base en el oficio N\u00b0 0399\/GRUJU-ILAED del 7 de julio de 2004 de la Polic\u00eda Antinarc\u00f3ticos, mediante el cual se solicita a la Coordinaci\u00f3n de la Unidad Nacional del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, se adelante proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre los bienes de las personas que fueron capturadas con fines de extradici\u00f3n en la llamada Operaci\u00f3n Manat\u00ed. Este operativo se adelant\u00f3 el 17 de junio de 2004 y tuvo como objetivo el desmantelamiento de una red transnacional dedicada al tr\u00e1fico de estupefacientes, que operaba en Colombia, Jamaica, las Bahamas, Canad\u00e1 y Estados Unidos, mediante la modalidad de lanchas r\u00e1pidas que sal\u00edan desde la costa Atl\u00e1ntica con destino final las Costas Norte americanas. <\/p>\n
Seg\u00fan el informe de polic\u00eda antinarc\u00f3ticos, la operaci\u00f3n busco dar captura a las siguientes personas JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, JORGE IVAN LALINDE LALINDE, ELIAS COBOS MU\u00d1OZ, FLORENTINO RIVEIRA FARFAN, MIGUEL EDUARDO UMBACIA SALGADO, CARLOS EDUARDO RODR\u00cdGUEZ G\u00d3MEZ, JAIRO ALFONSO BUSTILLO MART\u00cdNEZ, JUAN CARLOS G\u00d3MEZ LUNA, HERNAN COBOS MU\u00d1OZ y ALBERTO DONADO BARBOSA, ya que contra los mismos existen \u00f3rdenes de captura de la Corte Sur del Estado de Florida para que respondan por los delitos de Narcotr\u00e1fico y Lavado de dinero. <\/p>\n
Se acompa\u00f1\u00f3 con la solicitud, un estudio de la conformaci\u00f3n del grupo familiar de los solicitados en extradici\u00f3n, as\u00ed como las averiguaciones adelantadas en diferentes organismos tendientes a ubicar bienes, participaci\u00f3n en sociedades, productos bancarios etc. [d]e los antes mencionados y sus grupos familiares\u2026\u201d. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que esa determinaci\u00f3n, emitida por el ente acusador, fue recurrida para efectos de que se aclarara el per\u00edodo de comisi\u00f3n de los delitos desplegados por Herrera Hern\u00e1ndez y, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 31 de marzo de 2006, se resolvi\u00f3 \u00abno reponer la resoluci\u00f3n de inicio\u00bb, se\u00f1al\u00e1ndose que <\/p>\n
\u201c\u2026As\u00ed entonces y dadas las consideraciones que en su momento se plasmaron dentro de la resoluci\u00f3n que dio inicio al proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio, considera este Despacho que las afirmaciones que en su momento se sentaron guardan relaci\u00f3n con las pruebas que tuvo en su momento esta Fiscal\u00eda pues al evocar que las actividades il\u00edcitas se desplegaron a finales de la d\u00e9cada, se refiere precisamente a que la comisi\u00f3n de esta conducta no se estructura desde el momento en que se inicia la investigaci\u00f3n, sino por el contrario, esta clase de il\u00edcitos se viene concretando a\u00f1os antes de ser conocidos por las autoridades judiciales, y son precisamente aquellas manifestaciones las que le compete desvirtuar a todas y cada una de las personas que de una y u otra forma se encuentran afectadas en sus bienes\u2026\u201d. <\/p>\n
Frente a las discrepancias anteriormente formuladas, la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal de Bogot\u00e1 en resoluci\u00f3n del 16 de mayo de 2007 resolvi\u00f3 la alzada en la que decidi\u00f3 confirmar la resoluci\u00f3n de inicio, se\u00f1alando que \u201c\u2026es razonable considerar -como lo hiciera el a quo con base en el mencionado indictment, que las actividades il\u00edcitas de narcotr\u00e1fico atribuidas a Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez ven\u00edan siendo desarrolladas por \u00e9ste con anterioridad al mes de junio de 2000, pero en cambio no lo es afirmar con base en dicho pliego de cargos que ellas datan de mediados de los a\u00f1os 90, porque esa no es una \u00e9poca pr\u00f3xima o cercana a la inicialmente se\u00f1alada. <\/p>\n
Sin embargo, lo anterior no supone que deban ser excluidos del proceso de extinci\u00f3n de dominio los bienes adquiridos por Herrera Hern\u00e1ndez a mediados de los a\u00f1os 90 afectados con medida cautelar, toda vez que el inicio de esta acci\u00f3n se basa no s\u00f3lo en la causal 2 del art\u00edculo 2 de la ley 793 de 2002 ( que los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad il\u00edcita), sino tambi\u00e9n en la causal 1, consistente en que exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen l\u00edcito del mismo, lo cual se infiere en principio, en el caso objeto de estudio\u2026\u201d (\u2026). <\/p>\n
En concordancia con los anteriores prove\u00eddos, la Fiscal\u00eda procedi\u00f3 a emitir la resoluci\u00f3n de calenda 31 de marzo de 2017, por medio de la cual solicit\u00f3 que se declare la procedencia e improcedencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio respecto de los bienes comprometidos en la cual entre otras cosas se precis\u00f3 \u201c\u2026Establecido lo anterior considera el suscrito, que no es posible predicar como periodo inicial el mes de octubre del a\u00f1o 2003 y por consiguiente se ha de establecer como fecha de inicios para la conducta il\u00edcita, relacionada con el narcotr\u00e1fico y lavado de activos a mediados del a\u00f1o 2000, y es que no puede perderse de vista que las autoridades norteamericanas lo ven\u00edan investigando con relaci\u00f3n a esos a\u00f1os, lo que permite inferir a esta Delegada que esa actividad ven\u00eda siendo desplegada con antelaci\u00f3n\u201d\u2026. <\/p>\n
Apoyado en lo transcrito, el Tribunal coligi\u00f3: <\/p>\n
De lo dicho se puede inferir que las actividades il\u00edcitas de Jos\u00e9 Antonio no se circunscriben estrictamente al lapso comprendido entre 2003 y enero de 2004, sino que existen situaciones que indican que esa actividad inici\u00f3 con anterioridad, por manera que la Fiscal\u00eda pod\u00eda dirigir la acci\u00f3n respecto de bienes adquiridos por aquel antes de esa fecha como tambi\u00e9n respecto de las personas de su c\u00edrculo de confianza cuyos bienes resultaron afectados y de los dem\u00e1s integrantes de la organizaci\u00f3n, premisa que sustenta la estructuraci\u00f3n del supuesto f\u00e1ctico de la causal contenida en el No. 2 del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 793 de 2002 para proceder a la extinci\u00f3n del derecho de dominio, esto es, que el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad il\u00edcita. <\/p>\n
Por lo tanto, al analizar las decisiones se establece que hay congruencia f\u00e1ctica en el cual valga aclarar que si bien las conductas il\u00edcitas se desarrollaron a mediados de junio del 2000, tambi\u00e9n es verdad que no resulta razonable eximir de esta acci\u00f3n a los bienes comprados a mediados [de los] noventas, pues en el evento que no se justifique su origen procede la extinci\u00f3n de los mismos; en cuanto al aspecto jur\u00eddico debe precisarse que en la resoluci\u00f3n de inicio se invoc\u00f3 la causal 1, 2 y 3 de extinci\u00f3n de dominio establecidas en el art\u00edculo 2 de la Ley 793 de 2002, sin embargo, en el prove\u00eddo de requerimiento de procedencia se aludi\u00f3 \u00fanicamente a las causales 1, 2 y 4 ibidem; y en cuanto al aspecto real se observa que los prove\u00eddos se corresponden con los bienes que son objeto de este fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, atendiendo lo antes expuesto se predica la legalidad de la presente actuaci\u00f3n y el respeto por el principio de congruencia. <\/p>\n
1.7. Frente a la aplicaci\u00f3n del instituto de la carga din\u00e1mica de la prueba, por virtud del cual se traslad\u00f3 a los afectados el deber de demostrar la procedencia l\u00edcita de los bienes involucrados en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, el Colegiado acusado advirti\u00f3 que a dicha figura era viable acudir, por as\u00ed disponerlo el precepto 152 de la Ley 1708 de 2014, as\u00ed como el articulado de la Ley 793 de 2002. <\/p>\n
2. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que el Tribunal convocado estim\u00f3 lo que viene. Primero, que el tr\u00e1mite adelantado en el decurso criticado no violentaba el principio de congruencia. Segundo, que a casos como el de marras correspond\u00eda al interesado probar el origen legal de los bienes cuya procedencia se discutiere. Y, tercero, que los bienes de los aqu\u00ed accionantes -y los de las sociedades en que ellos ten\u00edan o tuvieron alg\u00fan grado de participaci\u00f3n- s\u00ed deb\u00edan ser objeto de la medida de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
3. Como tales conclusiones, independientemente de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de sustento probatorio o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela peticionada no se abre paso. Adem\u00e1s, se precisa que la jurisprudencia ha clarificado suficientemente que a tramitaciones como la cuestionada, de extinci\u00f3n de dominio, s\u00ed resulta aplicable el instituto de la carga din\u00e1mica de la prueba (cfr. Sentencias T-590 de 2009, T-441 de 2020, ambas emanadas de la Corte Constitucional). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la parte solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia10. Esto es, el juez constitucional no puede precaver u obviar la incuria del actor, a prop\u00f3sito de su carga de exhibir la protuberante v\u00eda de hecho del asunto sub examine. Tampoco es esta una instancia para reabrir el debate probatorio, porque <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios\u202fde acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (\u2026)\u2019 (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en CSJ STC7213-2020). <\/p>\n
5. Aunado a lo anterior, como lo indic\u00f3 la Hom\u00f3loga Penal, la alegaci\u00f3n de que el ente acusador los despoj\u00f3 (al decomisarles o incautarles) los elementos financieros y contables para acreditar la procedencia de los bienes, no es suficiente para desvirtuar la legalidad de la decisi\u00f3n adoptada. Porque aqu\u00e9llos contaban con la posibilidad de reconstruir tales documentales, siguiendo los lineamientos establecidos en el art\u00edculo 135 del Decreto 2649 de 1993. O de recabar con terceros la informaci\u00f3n que soportase las actividades l\u00edcitas de las cuales derivaron los recursos para adquirir el cuantioso patrimonio sobre el que se decret\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio, pero no allegaron pruebas suficientes para acreditar esa circunstancia. <\/p>\n
6. Esto es, se ratifica el fallo de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo digital \u00abSENTENCIA 1RA INT. (2011-003-14).pdf\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo digital \u00abSENTENCIA COMPLEMENTARIA 2011-033-14.pdf\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital \u00ab2011-003-3 AUTO ADICIONA SENTENCIA 19 JULIO 2018.pdf\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo digital \u00abSEGUNDA INSTANCIA TRIBUNAL.pdf\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo digital \u00ab2011-003-3 ENERO 12 DE 2022 ACLARACI\u00d3N SENTENCIA 2DA INSTANCIA.pdf\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Esto, por cuanto, en diligencia del 19 de julio de 2004, practicada a la sociedad Inversiones Herrera Goez, se decomisaron diversos documentos contables, tributarios y legales, que nunca fueron devueltos y que conten\u00edan la informaci\u00f3n pertinente para demostrar la procedencia l\u00edcita de varios de los bienes. <\/p>\n
7\u0002 La Sala analizar\u00e1 las decisiones concernientes a los aqu\u00ed accionantes, es decir, se har\u00e1 alusi\u00f3n a las determinaciones que afectaron los bienes de Egotours Ltda., Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez, Gisela Goez Blanco, Flavio Rold\u00e1n Bol\u00edvar y Jos\u00e9 Antonio, Gustavo Adolfo y Julieth Paulina Herrera Goez. <\/p>\n
8\u0002 Sus socios son: Gisela Goez Blanco, Jos\u00e9 Antonio Herrera, Flavio Rold\u00e1n Bol\u00edvar y Leonel Murillo Quintero. <\/p>\n
9\u0002 De la cual eran accionistas Jos\u00e9 Antonio Herrera Hern\u00e1ndez, Gisela Goez Blanco y Julieth Paulina Herrera Goez, as\u00ed como Blanco Santos Castrill\u00f3n y Jos\u00e9 Antonio Herrera Goez. <\/p>\n
10\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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STC16075-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16075-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01066-01 (Aprobado en sala de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69217","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69217"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69217\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}