STC16076-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16076-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2022-00158-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Deisy Yurany y Nelson Javier Acosta Rueda frente al fallo proferido el 20 de octubre de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ellos contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Paipa, Primero Civil del Circuito de Duitama y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Paipa, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En concreto, solicitaron, ordenar \u00abrevocar las decisiones del 25 de octubre de 2019, 7 de julio\u2026, 28 de julio\u2026 y 25 de agosto de 2022, \u2026respecto de no o\u00edr[los]\u2026 como poseedores hasta tanto no efect\u00faen el pago de \u201ccanon de arrendamiento\u201d dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado promovido por Maritza Pedraza Rosas contra Blanca Isabel Ruiz Becerra y Jos\u00e9 Misael Acosta Pedraza, notificada la primera de los demandados y ante el fallecimiento del \u00faltimo, desde antes de la iniciaci\u00f3n del proceso, el 16 de marzo de 2017 el Juzgado municipal convocado declar\u00f3 prospera \u00abla excepci\u00f3n previa denominada \u201cno comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios\u201d\u00bb, a la vez que dispuso citar i) \u00aba los dem\u00e1s propietarios del inmueble objeto de restituci\u00f3n\u00bb y ii) \u00aba los herederos determinados e indeterminados de Jos\u00e9 Misael Acosta Pedraza\u00bb. <\/p>\n
2.2. Luego, \u00ab[e]vacuado el tr\u00e1mite de la instancia\u00bb, el 22 de agosto de 2019, el referido estrado municipal emiti\u00f3 sentencia, en la cual declar\u00f3 terminado el mentado contrato y orden\u00f3 a la pasiva restituir el predio a su antagonista. Los ac\u00e1 accionantes formularon apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, a la vez que deprecaron la nulidad de todo lo actuado, en lo medular, por haberse continuado el tr\u00e1mite contra una persona fallecida. <\/p>\n
2.3. El 12 de septiembre de 2019 el a-quo reconoci\u00f3 a los quejosos \u00aben calidad de interesados y\/o herederos del causante Jos\u00e9 Misael Acosta Pedraza\u00bb, concedi\u00f3 dicha alzada y agreg\u00f3 al plenario la petici\u00f3n de invalidez para que fuera atendida por el Superior; sin embargo, el 25 de octubre siguiente el Juzgado del circuito accionado declar\u00f3 inamisible tal censura vertical, tras concluir que los recurrentes no pod\u00edan ser o\u00eddos al no haber acreditado el pago de los c\u00e1nones debidos, acorde con los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. Ante esa situaci\u00f3n, al considerar afrentados sus derechos fundamentales con todas las decisiones adoptadas en el mentado juicio, los quejosos instauraron una primera acci\u00f3n de tutela contra las referidas sedes judiciales, salvaguarda que el 12 de junio de 2020 les deneg\u00f3 la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo al considerar i) ausente el presupuesto de la subsidiariedad, porque aqu\u00e9llos contaban con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n para hacer valer sus alegaciones; y ii) razonable la inadmisibilidad de la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia all\u00ed proferida. Sin embargo, aunque el 10 de julio siguiente esta Corte confirm\u00f3 ese fallo, lo hizo porque hall\u00f3 insatisfecho el presupuesto de la inmediatez, especialmente frente al prove\u00eddo que declar\u00f3 inadmisible la rese\u00f1ada alzada (CSJ STC, rad. 2020-00075-01). <\/p>\n
2.5. Luego, el comisionado para la entrega del predio rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n propuesta frente a la misma por los quejosos y, el 7 de julio de 2022, tras rese\u00f1ar que al ellos actuar como sucesores procesales deb\u00edan haber acreditado el pago de los c\u00e1nones debidos, lo que no hicieron, el Juzgado municipal acusado dispuso no escuchar la nueva solicitud de nulidad que formularon insistiendo en los planteamientos de la propuesta en el a\u00f1o 2019 y aduci\u00e9ndose poseedores del inmueble; motivo mismo por el que el 28 de julio \u00faltimo y el 25 de agosto posterior resolvi\u00f3 no escuchar, en su orden, su apelaci\u00f3n frente a aquella decisi\u00f3n, la reposici\u00f3n y queja frente a \u00e9sta. <\/p>\n
2.6. En esta nueva oportunidad, los accionantes, insistiendo en los argumentos planteados en sus solicitudes de nulidad y enfatizando que no act\u00faan como arrendatarios sino como poseedores, por lo que les era inexigible el pago de los c\u00e1nones debidos para ser escuchados, atacaron el auto que en el a\u00f1o 2019 declar\u00f3 inadmisible su apelaci\u00f3n frente a la sentencia, as\u00ed como las \u00faltimas decisiones adoptadas en el a\u00f1o 2022. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir link de acceso al expediente contentivo del asunto fustigado. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y pidi\u00f3 \u00abnegar la acci\u00f3n de tutela\u00bb porque \u00ab[l]as decisiones objeto de reproche\u2026 se fundamentan en la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb, a m\u00e1s que \u00ablos hoy accionantes pretenden actuar en calidad de poseedores, cuando procesalmente fueron reconocidos como sucesores procesales desde el el auto del 12 de septiembre de 2019, al tenor del art. 68 del C.G.P. y como lo dispone la sentencia T-355 de 2012\u00bb. <\/p>\n
3. La abogada Laura Esmeralda Romero Ballestas, quien dijo obrar como \u00abapoderada especial de\u2026 Martiza (sic) Pedraza Rosas\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el mandato especial conferido por \u00e9sta para actuar en su representaci\u00f3n en esta sumaria tramitaci\u00f3n, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
4. La Inspecci\u00f3n Rural de Polic\u00eda de Paipa se opuso a las pretensiones del reclamo tutelar porque \u00abno es la causante de la vulneraci\u00f3n que se alega y[,] por lo tanto[,] no es la llamada a garantizar el ejercicio de los derechos invocados\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Efra\u00edn Augusto Am\u00e9zquita Bernal, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 10 de octubre (ATC1497-2022), neg\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir que \u00aba los accionantes en tr\u00e1mite y desarrollo del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado se le[s] han garantizado todos los medios legales ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, los cuales\u2026 han sido resueltos en los t\u00e9rminos establecidos por la Ley y con fundamento en la normatividad aplicable a cada solicitud, \u2026no se vislumbra vulneraci\u00f3n alguna\u2026, se torna ostensible que el actuar del Juez 01 Promiscuo Municipal de Paipa y el Juzgado 01 Civil del Circuito de Duitama, en las respectivas instancias, ha sido respetuosas (sic) de las garant\u00edas procesales pertinentes a cada una de las partes, haciendo uso de todos los recursos de ley (reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, suplica, queja y revisi\u00f3n), e incluso las oposiciones propuestas en desarrollo del proceso, los cuales fueron atendidos de manera oportuna por el a quo y los superiores funcionales en las providencias hoy atacadas (25 de octubre de 2019, 7 de julio de 2022, 28 de julio de 2022 y 25 de agosto de 2022), sin que en las mismas se logre observar que la decisi\u00f3n all\u00ed tomada adolezca de fundamentos f\u00e1cticos o jur\u00eddicos y, por ende, no resultan contrarias a derecho y menos arbitraria[s], sino que se encuentra[n] debidamente cimentada[s] en las normas aplicables, previo an\u00e1lisis del acervo probatorio incorporado al proceso, reiterando el hecho que dichas determinaciones fueron controvertidas en el momento procesal oportuno\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatizando que acudieron al proceso fustigado en calidad de poseedores que no de sucesores procesales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una determinaci\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las decisiones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte, de los documentos obrantes en el expediente, que el amparo incoado estaba llamado al fracaso, imponi\u00e9ndose la ratificaci\u00f3n del fallo de primer grado, pero por las razones que aqu\u00ed se pasa a exponer, que no por las del a-quo constitucional, atendiendo a que lo realmente pretendido por los gestores es que, restando efectos a la determinaci\u00f3n adoptada desde el 25 de octubre de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama, se disponga escucharlos en el juicio recriminado, no como sucesores procesales sino como supuestos poseedores del predio objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Tal inviabilidad del resguardo dimana de que la jurisdicci\u00f3n constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones expuestos en el asunto del ep\u00edgrafe, con ocasi\u00f3n de una inicial acci\u00f3n de tutela que formularon los quejosos frente al mismo asunto que aqu\u00ed cuestionan, de donde est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio de esa tem\u00e1tica a la luz de los derechos fundamentales, subsumi\u00e9ndose la presente acci\u00f3n en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo a lo extractado en el fallo de tutela proferido por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 10 de julio de 2020 (CSJ STC, rad. 2020-00075-01), al confirmar el dictado el 12 de junio anterior por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, denegatorio de la preliminar salvaguarda referida, se tiene que en aquella oportunidad los petentes, luego de rese\u00f1ar gran parte de las supuestas irregularidades aqu\u00ed reiteradas en cuanto a la actuaci\u00f3n surtida en el juicio fustigado hasta el a\u00f1o 2019, \u00abacusaron al Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama de declarar inadmisible la apelaci\u00f3n, (25 oct. 2019), bajo el sofisma de \u00abno haber cancelado el canon de arrendamiento\u00bb (incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso), lo cual no les es aplicable por ser poseedores del predio junto con su progenitora Juan Cecilia Rueda Umay, y era su deber \u00abdeclarar la nulidad por ser absoluta e insubsanable\u00bb, por lo que es inminente que \u00abun inspector nos saque del inmueble que tenemos en posesi\u00f3n\u00bb\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Y ante esa contingencia esta Corte confirm\u00f3 la negativa dispuesta por el Tribunal a-quo, pero no por los motivos exteriorizados por \u00e9ste (quien consider\u00f3 i) ausente el presupuesto de la subsidiariedad por la posibilidad de agotar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n y ii) razonable la motivaci\u00f3n exteriorizada para declarar inadmisible la apelaci\u00f3n frente a la sentencia), sino porque encontr\u00f3 insatisfecho el presupuesto de la inmediatez. As\u00ed lo consign\u00f3: <\/p>\n
\u2026De la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, muy pronto se advierte el fracaso de la salvaguarda y la confirmaci\u00f3n de lo opugnado, pues lo cierto es que para la fecha en que los quejosos acudieron ante esta sede excepcional (28 may. 2020), transcurrieron algo m\u00e1s de seis (6) meses contados desde que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama \u00abdeclar\u00f3 improcedente la apelaci\u00f3n\u00bb del fallo que accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n (25 oct. 2019), tiempo que sin lugar a dudas conspira contra el anhelo de los precursores, ya que si bien en el ordenamiento no existe una regla de caducidad para incoar este instrumento tuitivo y residual, s\u00ed se impone entablarlo dentro de un \u00abplazo razonablemente prudencial\u00bb, que no desnaturalice su finalidad de \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales\u00bb, cuandoquiera que sean conculcados o, al menos, amenazados. <\/p>\n
Ciertamente, aunque la ley no contempla un lapso perentorio que conlleve el decaimiento de este instrumento frente a la actividad jurisdiccional por falta del comentado elemento, \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb, contados a partir de la expedici\u00f3n de la \u00abprovidencia\u00bb en pugna, en procura de que la petici\u00f3n superlativa \u00abno pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC 3097-2016; reiterada en STC6481-2018). <\/p>\n
Adicionalmente, cabe resaltar que los actores no expusieron causa alguna para excluir la aplicaci\u00f3n del principio de temporalidad ya referido y tampoco adosaron prueba alguna que lo demostrara, lo que descarta la posibilidad de someter a debate constitucional el actuar de los funcionarios reprochados, en raz\u00f3n, it\u00e9rese, al prolongado e inexcusable mutismo de los hermanos Acosta Rueda. <\/p>\n
Por lo tanto, lo referente a la supuesta irregularidad de no escuchar a los accionantes se trata de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
2.2. En adici\u00f3n, cabe anotar que lo dicho tampoco sufre ninguna afectaci\u00f3n por las solicitudes posteriores que dieron lugar a los prove\u00eddos de 7 de julio, 28 siguiente y 25 de agosto de 2022, si en cuenta se tiene que ese proceder de ninguna manera reviv\u00eda las oportunidades fenecidas, pues el juzgador all\u00ed simplemente se ocup\u00f3 de reiterar lo definido en el ejecutoriado auto de 25 de octubre de 2019 de su Superior, refrendado por la cosa juzgada constitucional derivada del anterior reclamo tutelar -atr\u00e1s rememorado-, de donde ello en nada cambia las conclusiones atr\u00e1s consignadas. <\/p>\n
En ese sentido, en casos con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed auscultado, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
(\u2026) la solicitud de dejar sin efecto lo actuado no tiene la virtualidad de neutralizarla ni se erige como un mecanismo de defensa contra la providencia, en este caso particular, dado que no suple los remedios que debieron interponerse oportunamente y tampoco altera el an\u00e1lisis efectuado sobre la incuria. <\/p>\n
En un caso similar, en que se pretendi\u00f3 desvirtuar el principio enunciado mediante la presentaci\u00f3n de una solicitud posterior a la ejecutoria de la providencia, la Sala expuso <\/p>\n
\u201c\u2026a diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta \u2026retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio analizado, como razonadamente lo consider\u00f3 el Tribunal\u201d (CSJ STC, 27 may. 2011, exp. 00096-01) (se destac\u00f3 – CSJ STC, 10 mar. 2016, rad. 2016-00075-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones ac\u00e1 condensadas que no por las del a-quo supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a todos los interesados, por el medio m\u00b4s expedito, y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC16076-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16076-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2022-00158-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Deisy Yurany y Nelson Javier […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69218","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69218"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69218\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}