STC16080-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16080-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03074-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Norbey Antonio Ballesteros Osorio frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes e interesados en el proceso constitucional 730012213000202100075001. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, doble instancia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establece que el actor promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela frente a los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Civil del Circuito de L\u00e9rida -Tolima-, con ocasi\u00f3n del proceso reivindicatorio instaurado en su contra por Ana Mar\u00eda Hoyos Pach\u00f3n (Rad. 2018-00025), por cuanto, en primera instancia, no se le permiti\u00f3 sustentar una apelaci\u00f3n interpuesta el 10 de septiembre de 2021, en el desarrollo de la audiencia inicial, contra la decisi\u00f3n que dio por saneado el proceso y rechaz\u00f3 la nulidad propuesta, y porque el ad quem inadmiti\u00f3 el recurso por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
El 7 de mayo de 2021, esta Sala, con sentencia CSJ STC5059-2021, modific\u00f3 la de primera instancia y orden\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de L\u00e9rida que adoptara la determinaci\u00f3n pertinente para permitirle al accionante sustentar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 10 de septiembre de 2020 y que remitiera las diligencias al ad quem, para que resolviera la alzada. <\/p>\n
El 10 de mayo siguiente, el Juzgado Promiscuo Municipal, en acatamiento a lo resuelto, corri\u00f3 el traslado establecido en el numeral 3 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El actor promovi\u00f3 un incidente de desacato, el cual, previo requerimiento del 2 de noviembre de 2021, admisi\u00f3n del 11 de noviembre siguiente y decreto de pruebas del 23 de los mismos mes y a\u00f1o, se decidi\u00f3 por el Tribunal accionado, en prove\u00eddo del 10 de diciembre de 2021, absteni\u00e9ndose de imponer sanci\u00f3n a la Juez Primero Promiscuo Municipal de L\u00e9rida. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el tutelante la impugn\u00f3, recurso que fue negado, por improcedente, el 14 de enero de 2022. Contra esa decisi\u00f3n, el actor interpuso s\u00faplica, tr\u00e1mite que fue rechazado, por improcedente, el 8 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Frente a esta \u00faltima decisi\u00f3n, el se\u00f1or Ballesteros Osorio formul\u00f3 nulidad, por indebida notificaci\u00f3n, la cual fue negada el 27 de julio de 2022. El 5 de agosto de 2022, se rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra esa providencia. <\/p>\n
3. La parte actora censura el auto del 10 de diciembre de 2021, por el cual el Tribunal se abstuvo de imponer sanci\u00f3n por desacato, dado que lo se\u00f1alado en el numeral 3 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abfue interpretado de manera distinta o equivocada, porque el fallo de tutela del 7 de mayo de 2021 [\u2026] deja de manera muy clara que la intervenci\u00f3n de la Juez Primero contrar\u00eda esta norma\u00bb, pues se debi\u00f3 correr el traslado para sustentar el recurso en la audiencia y, por tanto, no se ha acatado la orden constitucional. <\/p>\n
A su vez, ataca el prove\u00eddo del 27 de julio de 2022, que neg\u00f3 la solicitud de nulidad formulada, porque la notificaci\u00f3n del auto del 8 de marzo de 2022 fue incorrecta. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que: i) se deje sin efectos el auto del 10 de diciembre de 2021, se ordene tener en cuenta el fallo de tutela CSJ STC5059-2021 y hacer un control de legalidad del tr\u00e1mite incidental; ii) en caso de ser procedente, se conceda la alzada interpuesta contra esa decisi\u00f3n por el incidentante; iii) que se disponga la suspensi\u00f3n del proceso reivindicatorio, por estar programada la continuaci\u00f3n de la audiencia inicial para el 28 de noviembre y se imponga hacer un control de legalidad. <\/p>\n
5. El 23 de noviembre del a\u00f1o en curso, se admiti\u00f3 la tutela de la referencia2 y se neg\u00f3 la medida provisional solicitada, por no los requisitos establecidos en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que se atiene a lo resuelto en el auto proferido el 27 de julio de la presente anualidad, que neg\u00f3 la solicitud de nulidad promovida respecto del auto del 8 de marzo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de L\u00e9rida afirm\u00f3 que el tutelante no contest\u00f3 la demanda reivindicatoria adelantada en su contra y, por esa raz\u00f3n, ha tratado de retrotraer la actuaci\u00f3n. Precis\u00f3 que, mediante auto del 10 de mayo de 2021, corri\u00f3 el traslado establecido en el numeral 3 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, en cumplimiento de la decisi\u00f3n adoptada en sede constitucional, y que el Juzgado Civil del Circuito de ese municipio, el 23 de mayo de los corrientes, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Procurador 20 Judial II Ambiental y Agrario realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones constitucionales surtidas y respald\u00f3 su legalidad. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considerada vulnerados con ocasi\u00f3n del auto del 10 de diciembre de 2021, por el cual el Tribunal accionado se abstuvo de imponer sanci\u00f3n por desacato, y el del 27 de julio de 2022, que neg\u00f3 una solicitud de nulidad, pues, en su criterio, la Corporaci\u00f3n accionada interpreta de manera equivocada el numeral 3 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso y, por tanto, no puede concluirse que se hubiera cumplido la sentencia constitucional, sumado a que la decisi\u00f3n del 8 de marzo del presente a\u00f1o presenta \u00abserias dudas en la notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En primer lugar, la Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad respecto del auto del 10 de diciembre de 2021, en tanto no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se emiti\u00f3 la providencia recriminada y la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo -1 de septiembre de 2022-, pues se super\u00f3 el plazo de 6 meses que se ha estimado razonable para acudir a esta senda extraordinaria3. <\/p>\n
Este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
Sin embargo, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues, si bien contra el auto del 10 de diciembre de 2021 el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, negado por improcedente el 14 de enero de 2022, y recurso de s\u00faplica contra este \u00faltimo, tambi\u00e9n rechazada por improcedente el 8 de marzo siguiente, lo cierto es que, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, contra aquella decisi\u00f3n del 10 de diciembre de 2021 no proced\u00eda recurso alguno y, por tanto, las solicitudes posteriores no extienden el plazo para acudir a la acci\u00f3n constitucional. Sobre el particular, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
De la evidencia allegada, muy pronto se advierte que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque respecto de la directriz atacada proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, por cuanto entre la fecha de la sentencia cuestionada (15 dic. 2020) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (27 ag. 2021), transcurri\u00f3 un lapso de ocho (8) meses y doce (12) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Ahora, contrario a lo apreciado por los precursores, en el sub lite no se encuentra satisfecho dicho \u2018presupuesto\u2019, como quiera que el debate suscitado en dicho asunto se cerr\u00f3 con el fallo confutado y no cuando el juzgador del circuito dilucid\u00f3 el \u2018recurso de queja\u2019 propuesto -15 mar. 2021-, habida cuenta de la inidoneidad de la impugnaci\u00f3n propuesta, al tratarse de un juicio \u2018verbal sumario\u2019, por ende, de \u00fanica instancia. (Se resalta, CSJ, STC13613-2021). <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, la Sala ha concluido, respecto de los recursos improcedentes y el t\u00e9rmino de inmediatez, que las \u00abfalencias de los interesados en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador en el curso del respectivo proceso no excusan el requisito de interposici\u00f3n oportuna de esta acci\u00f3n excepcional y subsidiaria\u00bb (CSJ STC521-2022). <\/p>\n
3. Ahora bien, frente al auto de 27 de julio del presente a\u00f1o, que neg\u00f3 la solicitud de nulidad respecto de la notificaci\u00f3n del auto emitido el 8 de marzo de 2022, que rechaz\u00f3 el recurso de s\u00faplica interpuesto contra la providencia del 10 de diciembre de 2021, se advierte que la Corporaci\u00f3n accionada precis\u00f3 que el actor alegaba falta de claridad en la notificaci\u00f3n realizada a su correo electr\u00f3nico y, tras citar el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, precis\u00f3 que como lo reclamado \u00abno es la ausencia o falta de notificaci\u00f3n de esas providencias, la nulidad pretendida no encaja en el numeral ya indicado\u00bb. <\/p>\n
A su vez, destac\u00f3 que, contrario a lo afirmado por el tutelante, el acto de enteramiento s\u00ed fue claro y preciso, pues el oficio 499 del 9 de marzo indicaba que se le estaba notificando el auto que rechaz\u00f3 por improcedente el recurso de s\u00faplica propuesto. Con base en ello, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
ninguna duda emerge del contenido de la notificaci\u00f3n que se efect\u00fao al correo electr\u00f3nico del incidentante. En el mismo se indica la providencia que se notifica y la respectiva decisi\u00f3n. Por tanto, es indiscutible que no le asiste raz\u00f3n alguna al accionante, de un lado, porque la causal invocada no se configura y, por \u00faltimo, porque el acto de notificaci\u00f3n efectuado y que echa de menos aquel fue claro y preciso. <\/p>\n
Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de la actuaci\u00f3n surtida y de la normatividad que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Se evidencia, entonces, una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el actor, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, en cuanto a la solicitud tendiente a la suspensi\u00f3n del proceso reivindicatorio, por estar programada la audiencia inicial para el 28 de noviembre del presente a\u00f1o, se advierte que lo pretendido es improcedente, pues, estando el juicio en curso, todas las peticiones deben formularse ante el juez de la causa y resolverse por este, dado que el juez de tutela no es el llamado a dirigir el proceso ni a reemplazar al operador judicial competente, en raz\u00f3n a la naturaleza subsidiaria y residual de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5. Por las razones anotadas, se declarar\u00e1 improcedente la protecci\u00f3n constitucional impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Civil del Circuito, ambos de L\u00e9rida, y Ana Mar\u00eda Hoyos Pach\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Previo tr\u00e1mite de impedimentos manifestados por algunos magistrados de la Sala, que fueron negados por CSJ ATC1668-2022. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2414-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16080-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16080-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03074-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Norbey Antonio Ballesteros Osorio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69222","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69222"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69222\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}