STC16081-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16081-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2022-00438-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Rodrigo Ropero Palomino frente al fallo proferido el 21 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada al no darle respuesta a la solicitud de informaci\u00f3n que le present\u00f3 el pasado 29 de junio, respecto a diferentes omisiones que consider\u00f3 se presentaron en el tr\u00e1mite disciplinario que impuls\u00f3 y fue archivado frente a la funcionaria Francisca Pallares. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la encausada que \u00abresponda de fondo, claramente, concretamente en derecho, a cada uno de los interrogantes planteados y solicitados en el derecho de petici\u00f3n invocado el 29 de junio 2022\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca rog\u00f3 \u00abno acceder al amparo deprecado por el se\u00f1or Ropero Palomino, en virtud a que ha sido plenamente acreditado que no se ha vulnerado su derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que su Secretar\u00eda dio respuesta a la petici\u00f3n del quejoso el 6 de julio \u00faltimo, mediante comunicaci\u00f3n remitida a su correo electr\u00f3nico, en la cual le inform\u00f3: <\/p>\n
En atenci\u00f3n a sus escritos de derechos de petici\u00f3n recibidos v\u00eda electr\u00f3nica en esta dependencia el 20 y 29 de junio de 2022\u2026, a trav\u00e9s de los cuales depreca, en s\u00edntesis, que se le aclare por parte de los magistrados sustanciadores dentro de los procesos 5400111020002017-00898 00 y 5400111020002018-00595 00, las decisiones adoptadas en cada uno de ellos, toda vez que, seg\u00fan su sentir hubo situaciones que fueron omitidas, sumada a que la valoraci\u00f3n probatorio adoleci\u00f3 de la aplicaci\u00f3n de las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
En tal sentido, me permito informarle que revisado el sistema Justicia XXI, se pudo establecer que dichos procesos se encuentran archivados, as\u00ed mismo, que, sobre el particular, ya se hab\u00eda emitido respuesta el pasado 28 de octubre de 2021, mediante el oficio CSDJ-S-01454, a la cual deber\u00e1 atenerse. <\/p>\n
Y es que, en este momento procesal, se torna inviable e infructuosa cualquier clase de valoraci\u00f3n o explicaci\u00f3n, como lo pretende usted, ya que como se expres\u00f3 en l\u00edneas anteriores, los procesos se hallan archivados y todos y cada una de las decisiones que se tomaron en su momento se realiz\u00f3 bajo el amparo de las normas que gobiernan el procedimiento disciplinario tanto de abogados como de funcionarios, respetando los derechos de los intervinientes y quejoso. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que revisado \u00abel contenido integral de su petici\u00f3n se puede concluir que lo pretendido en esencia es cuestionar la conducta de la\u2026 Juez Tercera Civil Municipal de Oca\u00f1a\u2026, Doctora\u2026 Pallares Angarita dentro del proceso ejecutivo\u2026 201300467 00[,] as\u00ed como los fundamentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos por los cuales la Comisi\u00f3n archiv\u00f3 la indagaci\u00f3n preliminar adelantada contra la citada funcionaria bajo el radicado 2018 00595; decisi\u00f3n que\u2026 se encuentra en firme y frente a la cual el aqu\u00ed accionante no interpuso recurso de apelaci\u00f3n\u00bb; de donde era inviable que \u00aba trav\u00e9s de la figura del derecho de petici\u00f3n\u00bb pretendiera que esa magistratura \u00abcontrovierta cada uno de sus reparos frente a la actuaci\u00f3n de la [aludida] funcionaria\u2026, ni mucho menos le explique las razones por las cuales la Sala profiri\u00f3 una decisi\u00f3n de fondo, pues\u2026 estas justamente quedaron contenidas en la providencia\u2026 que[,] se itera[,] no fue recurrida por el actor\u00bb. <\/p>\n
2. La curadora ad-litem designada en este tr\u00e1mite para representar a Javier Eduardo \u00c1lvarez Torado indic\u00f3 que no pudo contactarse con \u00e9ste y que no le consta lo manifestado ni lo pretendido por el quejoso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a \u00abtodas las partes e intervinientes en las actuaciones disciplinarias adelantadas bajo los radicados 54001-11-02-000-2017-00898-00 y 54001-11-02-000-2018-00595-00\u00bb, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 10 de octubre (ATC1498-2022), neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por el accionante porque \u00abla Corporaci\u00f3n accionada se pronunci\u00f3 frente a sus quejas y le expres\u00f3 las razones por las cuales no puede referirse a cada una de ellas en misiva del 06 de julio de 2022. Por otra parte, las cuestiones all\u00ed discutidas guardan \u00edntima relaci\u00f3n con el proceso disciplinario, motivo por el cual no est\u00e1n sujetas a los t\u00e9rminos de la Ley 1755 de 2015 y deben plantearse de conformidad con el rito previsto en el C\u00f3digo \u00danico Disciplinario\u00bb; sumado a que, \u00aben esencia, lo pretendido con el derecho de petici\u00f3n del 29 de junio de 2022 es controvertir la decisi\u00f3n que dispuso el archivo de la actuaci\u00f3n disciplinaria, prop\u00f3sito para el cu\u00e1l el quejoso deb\u00eda interponer recurso de apelaci\u00f3n, oportunidad que dej\u00f3 vencer en silencio, de conformidad con lo informado por el Colegio disciplinario y por esa raz\u00f3n no es dable reabrir el debate sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte accionante insistiendo en la concesi\u00f3n del resguardo, enfatiz\u00f3 en la falta de respuesta a la petici\u00f3n frente a cuestionamientos espec\u00edficos de cara al proceso disciplinario 2018-00595, en el que, adujo, no apel\u00f3 la determinaci\u00f3n de archivo en la etapa de investigaci\u00f3n preliminar al considerar que all\u00ed no contaba con garant\u00edas. <\/p>\n
Pidi\u00f3 aclarar i) si la respuesta de la accionada se refer\u00eda a ese tr\u00e1mite disciplinario o al identificado bajo el radicado 2017-00898; y ii) cu\u00e1l fue el motivo para involucrar ese asunto en esta actuaci\u00f3n constitucional si \u00e9l nunca impetr\u00f3 la salvaguarda frente al mismo, lo que injustificadamente le cercena la oportunidad de controvertirlo m\u00e1s adelante a trav\u00e9s de esta herramienta excepcional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo, y por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De cara a la impugnaci\u00f3n propuesta, se anticipa su fracaso, por lo cual habr\u00e1 de confirmarse el fallo del Tribunal a-quo, dada la inviabilidad del resguardo impetrado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales o disciplinarias, como lo es la accionada de cara al tr\u00e1mite para el cual el censor dirigi\u00f3 la solicitud que adujo irresoluta, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
2.2. Por otro lado, en todo caso, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, se observa que, ciertamente, como lo concluy\u00f3 el Tribunal a-quo, en el hipot\u00e9tico caso que el invocado hubiese sido el derecho al debido proceso, tampoco se present\u00f3 vulneraci\u00f3n del mismo porque si alguna inconformidad ten\u00eda aqu\u00e9l respecto al archivo de las diligencias que se produjo frente a la funcionaria Pallares Angarita en la etapa de indagaci\u00f3n preliminar, tuvo que apelar tal decisi\u00f3n para que fuese el juzgador natural quien se pronunciara en cuanto a tal aspecto, herramienta que, por la raz\u00f3n que fuera y como aqu\u00ed lo reconoci\u00f3, resolvi\u00f3 no utilizar. <\/p>\n
Esa circunstancia evidencia el descuido del reclamante en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el fallador natural e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria, sin que pueda pretenderse revivir oportunidades clausuradas, como aqu\u00ed ocurre, a trav\u00e9s de la proposici\u00f3n de un inviable derecho de petici\u00f3n encaminado a cuestionar las conclusiones del juzgador disciplinario. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Corte ha sostenido que si el gestor de la protecci\u00f3n \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 117 del C\u00f3digo General del Proceso] -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.3. As\u00ed mismo, si lo pretendido por el censor es obtener copias o certificaciones respecto de las actuaciones surtidas en el asunto reprochado, ha de efectuar la solicitud respectiva en los t\u00e9rminos contemplados en los c\u00e1nones 114 y 115 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. Finalmente, se aclara que aunque el decurso de la tutela lleva a concluir que los cuestionamientos del actor reca\u00edan \u00fanicamente sobre la actuaci\u00f3n disciplinaria adelantada bajo el radicado 54001-11-02-000-2018-00595-00, lo cierto es que la vinculaci\u00f3n de los intervinientes tanto en \u00e9sta como en la seguida bajo el radicado 54001-11-02-000-2017-00898-00, deriv\u00f3 de la respuesta brindada por la Comisi\u00f3n accionada frente al ruego tutelar, en la que cual se aludi\u00f3 a esos dos asuntos disciplinarios, sin que ello constituya variaci\u00f3n alguna del escrito de tutela, como erradamente lo considera el censor. <\/p>\n
3. Lo sucintamente dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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