STC16083-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16083-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00469-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Luis Eduardo Herrera Delgado (quien de forma inicial simplemente dijo actuar como \u00abapoderado judicial dentro del proceso de la referencia\u00bb y despu\u00e9s aclar\u00f3 que ello obedec\u00eda al mandato que le otorg\u00f3 Orlando Delgado Herrera) frente al fallo proferido el 24 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias del mismo lugar, las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abpatrimonial\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales convocadas, con ocasi\u00f3n de las decisiones adoptadas en el juicio ejecutivo fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse revoque [el] auto calendado 15 de septiembre de 2016[,] emitido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga\u2026[,] y en su lugar[,] se ordene al despacho retrotraer el proceso hasta el auto revocado, emiti\u00e9ndose nueva providencia en la cual sean valoradas las excepciones propuestas por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el proceso ejecutivo que Fredy Mauricio V\u00e1squez Ballesteros (siendo actual cesionario ejecutante Jos\u00e9 Antonio Celis Sarmiento) promovi\u00f3 contra Ernesto Herrera Valencia, el 15 de septiembre de 2016 se dispuso seguir adelante el cobro, tras tener por tard\u00edas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el ac\u00e1 accionante, como apoderado judicial del \u00faltimo. <\/p>\n
2.2. Luego, tras el deceso del ejecutado, ocurrido el 27 de febrero de 2019, con auto del 4 de abril de 2022, el Juzgado vinculado dispuso \u00abtener como heredero determinado y demandado\u2026 [a] Evaristo Herrera Valencia\u00bb, para continuar la actuaci\u00f3n en su contra; a la vez que no accedi\u00f3 a reconocer \u00abcomo demandados [a] los hijos de los finados hermanos del demandado ERNESTO HERRERA VALENCIA(+), siempre que no allegaron prueba conducente para ello (sic)\u00bb. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, el actor critic\u00f3 tal devenir procesal indicando que, como apoderado de Ernesto Herrera Valencia, no pudo allegar oportunamente el escrito de excepciones al desconocer que el horario judicial de ese distrito era diferente al de otras localidades, aduciendo que aunque se present\u00f3 el d\u00eda en el que fenec\u00eda el t\u00e9rmino para su presentaci\u00f3n, lo hizo pasadas las 4 de la tarde para cuando, seg\u00fan se le indic\u00f3, ya hab\u00eda operado el cierre de la sede judicial, por lo que tuvo que radicarlo un d\u00eda despu\u00e9s. <\/p>\n
Adujo que de haberse tenido en cuenta las defensas planteadas, dando prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, \u00abse hubiera dado un giro radical al proceso y favorable al demandado; pues con ellas se demostraba la incapacidad jur\u00eddica para contraer obligaciones del anciano Ernesto\u2026[,] dada su condici\u00f3n f\u00edsica y mental acreditada medicamente; la falsedad ideol\u00f3gica del t\u00edtulo valor, la inducci\u00f3n al error por maniobras fraudulentas de la parte demandante, la falta de consentimiento por incapacidad mental absoluta[,] entre otras\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que para contrarrestar esa situaci\u00f3n instaur\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n (en el que tras haberse admitido la demanda se anul\u00f3 lo actuado al considerar que frente al auto que orden\u00f3 seguir adelante el cobro es inviable esa censura especial) y denuncio penal, el cual \u00abno ha tenido un avance significativo\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, indic\u00f3 que, desde el 29 de septiembre de 2016, remiti\u00f3 el asunto fustigado, para la continuaci\u00f3n de su curso, a los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de ese lugar, en donde le correspondi\u00f3 por reparto al Segundo de dicha categor\u00eda; y deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite porque \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la capital vallecaucana solicit\u00f3 \u00abnegar el amparo invocado\u00bb al advertir que con el mismo el accionante busca subsanar, tard\u00edamente, el error en que incurri\u00f3 al allegar extempor\u00e1neamente las excepciones de m\u00e9rito que refiri\u00f3; sumado a que \u00e9l carece de legitimaci\u00f3n para impulsar la demanda de amparo porque \u00aba la fecha no ejerce la defensa de la parte demandada, en virtud de la muerte del mismo\u00bb; y lo cierto es que frente a las decisiones adoptadas por esa sede judicial no formul\u00f3 ning\u00fan recurso. <\/p>\n
3. Evaristo Herrera Valencia, a trav\u00e9s de apoderada judicial, manifest\u00f3 que su hermano Ernesto (q.e.p.d.) \u00abfue enga\u00f1ado\u2026 por su avanzada edad [para] que suscribiera la letra de cambio\u00bb objeto de recaudo en el juicio recriminado, por lo que \u00abexiste denuncio penal en la Fiscal\u00eda, el cual est\u00e1 demorado y teme que primero salga el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00aben la actualidad hay 18 herederos de Ernesto Herrera Valencia que, aunque no han sido reconocidos en el proceso ejecutivo, por no poder sacar [\u00e9l]\u2026 los registros civiles de nacimiento\u2026[,] s\u00f3lo responde por su cuota parte y no por todo el pasivo (sic)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Jos\u00e9 Antonio Celis Sarmiento, conforme a lo ordenado por esta Corte en auto del pasado 7 de octubre (CSJ ATC1496-2022), neg\u00f3 el resguardo por falta de legitimaci\u00f3n del quejoso, porque aunque fue apoderado del ejecutado en el juicio fustigado, lo cierto es que \u00e9ste falleci\u00f3 y el primero no ten\u00eda poder otorgado por el mismo para la formulaci\u00f3n de la tutela; y aunque alleg\u00f3 mandato conferido por Orlando Delgado Herrera para actuar en su nombre, igualmente era innegable que el nombrado tambi\u00e9n carec\u00eda de legitimaci\u00f3n porque no ha sido reconocido como parte o interviniente en el proceso atacado, donde s\u00f3lo se ha tenido como sucesor a Evaristo Herrera Valencia. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, la salvaguarda propuesta insatisface el presupuesto de la inmediatez, porque desde la emisi\u00f3n de la orden de seguir adelante el cobro, el 15 de septiembre de 2019, a la fecha de interposici\u00f3n del ruego tutelar, han pasado m\u00e1s de 6 a\u00f1os. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales; adicion\u00f3 que ning\u00fan pronunciamiento le mereci\u00f3 al sentenciador de primer grado el que los vinculados Jos\u00e9 Antonio Celis Sarmiento y Fredy Mauricio V\u00e1squez Ballesteros guardaran silencio frente a la solicitud de protecci\u00f3n; que su representando, Orlando Delgado Herrera, s\u00ed est\u00e1 legitimado para impulsar este tr\u00e1mite, como heredero del difunto Ernesto Herrera Valencia, sin que ello pierda vigencia por el hecho de no haber solicitado su reconocimiento en el juicio ejecutivo fustigado, a lo que, por dem\u00e1s, no ha procedido porque tal acto \u00abnada modifica [en] el tr\u00e1mite y resultado del mismo\u00bb; y en punto a la verificaci\u00f3n del presupuesto de la inmediatez, adujo que era desacertado argumentar que ha existido inactividad de su parte, porque desde la emisi\u00f3n de las actuaciones reprobadas intent\u00f3 agotar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n y denunci\u00f3 penalmente al ejecutante inicial y a su cesionario por \u00abfraude procesal, falsedad en documento privado y abuso de circunstancias de inferioridad\u00bb, pero este \u00faltimo asunto, desafortunadamente, no ha tenido un avance significativo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. De cara al fondo de la impugnaci\u00f3n propuesta, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, al margen de las alegaciones del censor y el silencio de algunos de los vinculados al tr\u00e1mite, anticipa la Sala el fracaso de tal cesura, lo que impone confirmar el fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el peticionario, Luis Eduardo Herrera Delgado, ya en nombre propio ora como apoderado judicial de Orlando Delgado Herrera, muy a pesar de sus observaciones, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio ejecutivo fustigado -incoado por Fredy Mauricio V\u00e1squez Ballesteros contra Ernesto Herrera Valencia, en el cual es actual cesionario-ejecutante Jos\u00e9 Antonio Celis Sarmiento y, tras el fallecimiento del ejecutado, s\u00f3lo ha sido reconocido como tal su heredero determinado Evaristo Herrera Valencia-, por no ser parte ni intervinientes reconocidos en dicha contienda. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quien integra alguno de los extremos del litigio o fue reconocido como interviniente. <\/p>\n
En cuanto al alcance del citado canon 10\u00ba, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
Y en un caso de similares contornos al aqu\u00ed propuesto, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
…\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Entonces, se itera, habida cuenta que el tutelante ni su mandatario Orlando Delgado Herrera son parte ni intervinientes reconocidos en el proceso que por v\u00eda de tutela se cuestion\u00f3, emerge di\u00e1fana su falta de legitimaci\u00f3n que le impide al primero promover el resguardo a t\u00edtulo personal o en representaci\u00f3n del \u00faltimo, lo que no sufre ninguna alteraci\u00f3n por la afirmaci\u00f3n de \u00e9ste en punto a tener la condici\u00f3n de heredero del fallecido Ernesto Herrera Valencia, pues ello es algo que previamente debe acreditar y discutir ante el fallador natural, sin que el de tutela pueda anticiparse a lo que de primera mano le corresponde definir a aqu\u00e9l, en tanto que lo contrario implicar\u00eda desnaturalizar esta acci\u00f3n excepcional, dejando de lado, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, especialmente, el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad que la gobierna. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y env\u00edense las actuaciones pertinentes a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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