STC16085-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16085-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00296-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Abraham D\u00edaz Bertel contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN y el Banco Agrario de Colombia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En concreto solicita \u00abse ordene a las entidades demandadas actualizar la base de datos que guardan sobre embargos; (\u2026) el cumplimiento a los oficios No. 388 de fecha 19 de octubre de 2021 expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga; (\u2026) el cumplimiento al comunicado n\u00famero 20220232002652 de fecha 2 de agosto de 2022\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 28 de agosto de 2022 la DIAN le envi\u00f3 al Banco Agrario el precitado oficio con que pidi\u00f3 el levantamiento del embargo que hab\u00eda decretado en un proceso de cobro coactivo seguido en contra del aqu\u00ed accionante, ello, porque en el mes de julio anterior la entidad financiera le neg\u00f3 a \u00e9ste un cr\u00e9dito agropecuario debido a la vigencia de esa cautela y de la decretada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, dentro de un proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual seguido en su contra, respecto del cual se adelantaba la ejecuci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
2.2. El 19 de octubre de 2021 el precitado estrado hab\u00eda enviado al Banco el oficio de desembargo, luego de que termin\u00f3 la aludida ejecuci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, sin embargo, dice el accionante, la entidad no ha actualizado sus bases de datos levantando los embargos, lo que le genera un grave perjuicio debido a que requiere un pr\u00e9stamo dinero para una inversi\u00f3n agr\u00edcola, que adem\u00e1s \u00abgenera empleo y desarrollo en la regi\u00f3n del sur de Bol\u00edvar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. CIFIN S.A.S. \u2013 Transuni\u00f3n inform\u00f3 que en sus bases de datos no est\u00e1n registrados embargos por parte de la DIAN o el Juzgado accionado, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Experian Colombia S.A. Datacr\u00e9dito indic\u00f3 que si registra un embargo en el Banco Agrario de Colombia S.A., que levantar\u00e1 una vez se lo instruya la entidad que comunic\u00f3 la medida. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga manifest\u00f3 que conoci\u00f3 de la ejecuci\u00f3n en contra del aqu\u00ed accionante, pero la termin\u00f3 el 30 de abril de 2021 por desistimiento t\u00e1cito, ordenando el levantamiento de las medidas cautelares, lo cual comunic\u00f3 mediante oficio No. 386 de 19 de octubre de esa anualidad. <\/p>\n
4. La DIAN pidi\u00f3 que se declare la carencia actual de objeto de lo reclamado contra esa entidad, porque ya fueron resueltas todas las solicitudes elevadas por el gestor. <\/p>\n
5. El Banco Agrario de Colombia inform\u00f3 que ya levant\u00f3 el embargo decretado por la DIAN, pero que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga no le ha comunicado el levantamiento del embargo, ni el oficio respectivo viene adjunto a la tutela, por lo cual el gestor \u00abse encuentra facultado para interponer los recursos necesarios ante el ente ordenante de la medida, dado que el Banco Agrario cumpli\u00f3 con los procedimientos establecidos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que para el levantamiento del embargo requiere del oficio original con sello legible de recibido del banco o evidencia de su envi\u00f3 por correo electr\u00f3nico remitido por el juzgado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta neg\u00f3 el amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, porque el accionante no ha elevado petici\u00f3n al juzgado ni al Banco Agrario para obtener lo que reclama en la tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor del resguardo, informando que el 24 de octubre de los corrientes envi\u00f3 petici\u00f3n al Banco Agrario para que cumpla con la orden de desembargo comunicada por el juzgado accionado mediante oficio 386 de 15 de octubre de 2021, sin que la entidad haya procedido de conformidad, lo que deja en evidencia la necesidad de la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
Recibido el expediente por la Corte, el accionante alleg\u00f3 sendas comunicaciones provenientes del Banco Agrario, del 9 y 16 de noviembre pasado, donde la entidad primero le solicit\u00f3 allegar el oficio de desembargo y posteriormente, al recibirlo (No. 386 de 15 de octubre de 2021), lo consider\u00f3 insuficiente para proceder de conformidad, porque \u00abno registra el n\u00famero de identificaci\u00f3n del demandado (\u2026), siendo un dato indispensable para la b\u00fasqueda de la informaci\u00f3n en el sistema del Banco, por tanto, no es posible el levantamiento de las medidas. Por lo anterior quedamos atentos al env\u00edo del oficio por parte del Juzgado para proceder con lo ordenado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a los motivos de inconformidad expuestos en la impugnaci\u00f3n por el accionante, se advierte que recaen sobre la supuesta omisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, Magdalena y el Banco Agrario de Colombia S.A. para materializar la orden de desembargo decretada el 30 de abril de 2021 por aquel, dentro del proceso ejecutivo seguido del verbal \u00ab2013-00146\u00bb, comunicada mediante oficio No. 386 de 15 de octubre de 2021. <\/p>\n
3. No obstante, tal como lo considerara el a quo constitucional, auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo no se vislumbra que el accionante hubiese agotado el mecanismo de defensa con el que contaban. <\/p>\n
En efecto, se constata del an\u00e1lisis de la documental adosada al expediente constitucional, que, si bien el 19 de octubre de 2021 el juzgado accionado envi\u00f3 al Banco Agrario el mencionado oficio de desembargo, la entidad financiera afirm\u00f3 durante este tr\u00e1mite que no ten\u00eda registro del mismo, por lo cual se hac\u00eda necesaria la radiaci\u00f3n o env\u00edo del documento para proceder como corresponda. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio para solventar la situaci\u00f3n denunciada en sede constitucional, valga precisar, que el accionante gestione el envi\u00f3 del oficio al Banco con el lleno de requisitos exigidos por la entidad, no es posible acceder a la s\u00faplica de \u00e9ste, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir o peticionar t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que el interesado, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agota, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. Valga se\u00f1alar que, si bien en su escrito de impugnaci\u00f3n el accionante inform\u00f3 que elev\u00f3 petici\u00f3n al Banco Agrario insistiendo en que procediera conforme al oficio No. 386 de 15 de octubre de 2021 del juzgado accionado, el cual adjunt\u00f3 a su solicitud, y el 16 de noviembre siguiente la entidad le respondi\u00f3 que no proced\u00eda a ello, porque en dicho documento no estaba debidamente identificado aquel, al faltar su n\u00famero de identificaci\u00f3n, es patente la inviabilidad de que el juez constitucional, en esta oportunidad se ocupe de esas alegaciones, comoquiera que constituyen \u00abhechos nuevos\u00bb, no propuestos en el liminar escrito de tutela (como no pod\u00eda serlo, pues para entonces no exist\u00edan esa petici\u00f3n y su respuesta), situaci\u00f3n por la cual ese aspecto no pudo ser controvertida en este tr\u00e1mite, de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los intervinientes. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
5. Por ese sendero, de los hechos narrados por el recurrente, especialmente en su impugnaci\u00f3n, y muy a pesar de sus alegaciones, no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, dado que, como queda en evidencia, a\u00fan est\u00e1 en sus manos logar el levantamiento de la medida que reclama en este escenario, sin que entretanto se vislumbre la posible causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable derivado de no poder obtener un cr\u00e9dito de la entidad bancaria; mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos que, por lo aqu\u00ed dicho, est\u00e1n ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
6. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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