STC16087-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16087-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03905-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Alberto Forero Sierra contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abseguridad y confianza jur\u00eddica\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene \u00abdejar sin efecto las providencias del 5 de agosto de 2022\u2026 y la del 10 de octubre de 2022\u2026 y en su lugar admitir el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en audiencia p\u00fablica del 21 de septiembre de 2021, para que el mismo sea sustentado a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, una vez \u2018ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas\u2019, tal y como lo ordena el art\u00edculo 14 del, entonces vigente, Decreto 806 de 2020\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Silvia Soraya, H\u00e9ctor Humberto Gonz\u00e1lez Gomez y Mar\u00eda Floripes G\u00f3mez Camelo promovieron juicio de pertenencia contra Carlos Alberto Forero Sierra, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 21 de septiembre de 2021, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones de los demandantes, decisi\u00f3n que fue apelada en la audiencia. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad en prove\u00eddo de 5 de agosto de 2022 declar\u00f3 prematuro el pronunciamiento del fallador al conceder la alzada, en tanto que no se presentaron reparos concretos, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, recursos rechazados en auto de 16 de septiembre siguiente y adecuados al de s\u00faplica; y con prove\u00eddo de 10 de octubre de los corrientes se confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el gestor que el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso y el 14 del Decreto 806 de 2020 eran dos normas que regulaban de manera integral y aut\u00f3noma y no integrada el recurso de apelaci\u00f3n contra sentencias, limitadas por el espacio temporal en que estuvo vigente el Decreto 806; y que dicha posici\u00f3n la apoyaban distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que la \u00fanica causal posible para declarar desierta la alzada era que el apelante no cumpliera con la carga de sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los 5 d\u00edas siguientes, entre su interposici\u00f3n y hasta los 5 d\u00edas despu\u00e9s de la ejecutoria del auto que lo admit\u00eda; y que era desproporcionado que se sancionara con base en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que la distinci\u00f3n no la realizaba el legislador y era una interpretaci\u00f3n restrictiva. <\/p>\n
2.5. Adujo que en los eventos en que se declaraba desierto el recurso en vigencia del Decreto 806 de 2020, por no cumplir con las exigencias de los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se incurr\u00eda en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto o aplicaci\u00f3n rigurosa del derecho procesal, en tanto que la norma vigente era el Decreto 806, en donde no se hizo menci\u00f3n del art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887 sobre el tr\u00e1nsito legislativo de normas y aplicaci\u00f3n en el tiempo. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que si la intenci\u00f3n del legislador era articular el C\u00f3digo General del Proceso con el Decreto 806 as\u00ed se hubiere redactado, incluyendo el cumplimiento de las cargas establecidas en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso; y que se deb\u00eda dar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en providencia de 5 de agosto de los corrientes declar\u00f3 prematuro el pronunciamiento del Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de esta ciudad al conceder la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia, pues no se hab\u00edan presentado reparos concretos, en la forma y oportunidad prevista en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso; que dicha decisi\u00f3n fue confirmada el 10 de octubre siguiente; que en los prove\u00eddos criticados se estableci\u00f3 de manera razonada, con fundamento en la ley y en la jurisprudencia que no era viable admitir la alzada, argumentos a los que se remit\u00eda; y que no se configuraban los presupuestos de procedencia del amparo. Envi\u00f3 el link del expediente censurado. <\/p>\n
2. Silvia Soraya y H\u00e9ctor Humberto Gonz\u00e1lez se\u00f1alaron que la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal acusado estaba ajustada a derecho, en tanto que el apelante deb\u00eda precisar de manera breve los reparos concretos sobre los que versar\u00eda la sustentaci\u00f3n que presentar\u00eda ante el superior; que el abogado del gestor no lo hizo, por lo que se deb\u00eda declarar desierto el recurso; que no se pod\u00eda pretender usar la tutela para revivir etapas que se dejaron vencer por la errada interpretaci\u00f3n de la norma; y que no se transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. Jorge Alberto Garc\u00eda, curador ad-litem de indeterminados, se pronunci\u00f3 frente a los hechos del libelo inicial y adujo que la parte interesada no sustent\u00f3 el recurso; que el extremo pasivo no lo contact\u00f3 para entregarle ning\u00fan documento; que el gestor no dio cumplimiento a la carga que le correspond\u00eda; que el accionante no mencionaba que guard\u00f3 silencio desde que se emiti\u00f3 la sentencia hasta seis meses despu\u00e9s cuando pidi\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al superior, sin que tampoco presentara sus reparos en esa ocasi\u00f3n; y que la tutela no exist\u00eda para corregir falencias de las partes, por lo que deprecaba se denegara el resguardo solicitado. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 5 de agosto de 2022 declar\u00f3 prematuro el pronunciamiento del juzgador de primer grado al conceder la alzada frente a la sentencia emitida, tras considerar que: <\/p>\n
\u2026De acuerdo con los lineamientos normativos y jurisprudenciales, se colige que es ante el juzgador de primera instancia que debieron presentarse los reparos concretos contra el fallo censurado, durante la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento o, en el plazo de los 3 d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n, los cuales transcurrieron el 24, 27 y 28 de septiembre postrero, por cuanto los d\u00edas 25 y 26 fueron inh\u00e1biles. <\/p>\n
En el caso presente, se advierte que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra de la sentencia proferida el 23 del citado mes del a\u00f1o anterior, por el Estrado Veintis\u00e9is Civil del Circuito, en la diligencia de que trata el canon 373 del C.G.P., no se formularon los reparos concretos, seg\u00fan se corrobora en la grabaci\u00f3n, como tampoco se radic\u00f3 dentro los 3 d\u00edas siguientes a su terminaci\u00f3n, el escrito correspondiente, pues revisado el expediente digitalizado que se envi\u00f3, no se encontr\u00f3 memorial alguno en ese sentido; adem\u00e1s, hasta el 31 de marzo de la presente anualidad, la parte impugnante present\u00f3 una misiva, solicitando se diera tr\u00e1mite al remedio vertical, el cual dijo sustentar\u00eda ante el superior, vale decir, esa comunicaci\u00f3n no contiene los reparos extra\u00f1ados, aunado a que, de todas maneras se alleg\u00f3 por fuera del plazo legal. <\/p>\n
Supuestos que, se verifican con la certificaci\u00f3n expedida el d\u00eda de hoy por la secretaria de ese Despacho, raz\u00f3n por la cual el funcionario judicial de primer grado debi\u00f3 declarar desierta la impugnaci\u00f3n y no remitir el expediente a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, no es viable resolver el referido recurso vertical, porque el a quo act\u00fao de manera apresurada al enviar la encuadernaci\u00f3n a esta Colegiatura, por lo cual se dispondr\u00e1 su devoluci\u00f3n, para que el administrador de justicia proceda conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 322 transcrito, tome los correctivos pertinentes y, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para superar esas falencias, con el fin de evitar un desgaste injustificado de la administraci\u00f3n de justicia, afectando con ello a los intervinientes en el juicio… <\/p>\n
Y en auto de 10 de octubre de los corrientes, al resolverse la s\u00faplica impetrada frente a la anotada decisi\u00f3n, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026como es bien sabido, constituye un deber del apelante manifestar los reparos concretos contra la sentencia proferida en audiencia, en ese mismo acto o dentro de los tres d\u00edas posteriores a su celebraci\u00f3n, so pena, de declararse desierta la alzada, tal como lo consagra el inciso 2 del numeral 3 del art\u00edculo 322 ibidem, y lo record\u00f3 la ponente. <\/p>\n
Cabe resaltar que la rese\u00f1ada normativa adoptada en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica -de car\u00e1cter transitorio-, se incorpor\u00f3 a la Legislaci\u00f3n Colombiana ya existente, por lo que no cre\u00f3 un r\u00e9gimen especial con exclusi\u00f3n de las reglas previstas en el Estatuto Adjetivo, sino que disciplin\u00f3 el tr\u00e1mite de la alzada en segunda instancia. <\/p>\n
Frente a los supuestos normativos en menci\u00f3n, se distinguen dos escenarios procesales: la oportunidad para la formulaci\u00f3n, en que bien puede enarbolar los reparos concretos o no, y de otro, la temporalidad con la que cuenta para sustentar. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, ha realizado varios pronunciamientos, de los que adem\u00e1s de los citados en el prove\u00eddo impugnado, vale la pena rese\u00f1ar en el que se precisa para lo que nos interesa, donde resalta que una : \u201c\u2026 es la ocasi\u00f3n para interponer el recurso que indudablemente es \u00abinmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb, lo cual da lugar a que se verifique el requisito tempestivo, y otro es el momento del desarrollo argumentativo del reproche, que trat\u00e1ndose de sentencias presenta una estructura compleja, seg\u00fan la cual la sustentaci\u00f3n debe principiarse frente al a quo y luego ser desarrollada \u00abante el superior\u00bb, conforme lo contemplan los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del numeral 3 del citado canon 322\u2026\u201d. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, la Alta Colegiatura ha puntualizado \u201c\u2026quien apela una sentencia cuenta con dos oportunidades para exponer los reparos concretos que le hace, a saber: i) al \u00abinterponer el recurso en la audiencia\u00bb y ii) \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u00bb, sin que puedan considerarse tard\u00edos los efectuados en el \u00faltimo estadio…\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub lite, es patente que el litigante confunde las dos etapas ata\u00f1ederas a la formulaci\u00f3n de la censura con su sustentaci\u00f3n que, como bien se extrae de la normativa, presentan notable diferenciaci\u00f3n, por ende, se erig\u00eda en la insoslayable obligaci\u00f3n, esbozar en forma clara y sucinta cu\u00e1les eran las razones por las que consideraba que el veredicto recurrido deb\u00eda ser revocado, se insiste ante el a-quo, lo que aqu\u00ed indefectiblemente no satisfizo dentro de las oportunidades procesales pertinentes, en el entendido que el profesional del derecho se limit\u00f3 a enarbolar el recurso, sin aducir los supuestos de discordia, por ende, como no lo efectu\u00f3 en esa audiencia, ni dentro de los tres d\u00edas siguientes, proced\u00eda entonces la deserci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
En consecuencia, se impone ratificar el pronunciamiento. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en las providencias censuradas; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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