STC16088-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16088-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2022-00180-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se \u00abanul[e] la providencia de fecha 12 de julio\u2026 a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho y se le permita\u2026 dar la versi\u00f3n e interrogatorio de parte de los hechos que fueron debatidos en el proceso, como se le permita contrainterrogar los testimonios practicados en audiencia, es decir, se haga nuevamente la audiencia, con el fin de garantizar los derechos vulnerados\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Josefina V\u00e9lez Castillo adelant\u00f3 un proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital y disoluci\u00f3n de sociedad patrimonial contra Erick Alfonso P\u00e9rez Salamanca, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Tunja, el que en audiencia de 12 de julio de 2022 no accedi\u00f3 a la solicitud de aplazamiento deprecada por la parte demandada y dict\u00f3 sentencia declarando la uni\u00f3n marital de hecho desde el 22 de mayo de 2013 al 28 de mayo de 2020, as\u00ed como la existencia y disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial, ordenando su liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que la parte actora radic\u00f3 una constancia de su notificaci\u00f3n personal, empero, su abogado alleg\u00f3 un memorial solicitando la nulidad procesal de lo actuado porque no se le remiti\u00f3 copia del auto o de la demanda; y que se present\u00f3 constancia de que lo hab\u00edan notificado el 29 de julio de 2021. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que en el t\u00e9rmino de traslado su abogado pidi\u00f3 se decretara el desistimiento t\u00e1cito, pues el enteramiento no se surti\u00f3 en el plazo de 30 d\u00edas; y que en el traslado su apoderado no contest\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.4. Adujo que a la audiencia inicial y de juzgamiento asisti\u00f3 la parte demandante, pero no la pasiva; que se alleg\u00f3 la incapacidad m\u00e9dica; y que el juzgador dijo que se hab\u00eda remitido la misma a las 6:00 am, pero fue a las 9:45 pm del d\u00eda anterior. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que fue excusado, pero no se le concedi\u00f3 la oportunidad de dar su versi\u00f3n sobre los hechos ni defenderse; que la audiencia deb\u00eda ser anulada; y que si bien su apoderado no contest\u00f3, ni formul\u00f3 excepciones, lo debieron escuchar. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que no pudo ser o\u00eddo por su estado de salud con incapacidad de 5 d\u00edas y por la negligencia de su apoderado al no asistir a la diligencia. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Tunja remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital. <\/p>\n
2. Uriel Francisco Bonilla Currea, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Mar\u00eda Josefina V\u00e9lez Castillo, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la parte pasiva no ejerci\u00f3 su defensa con seriedad, pues no contest\u00f3 la demanda; que la actuaci\u00f3n del apoderado no pod\u00eda serle endilgada al juzgado ni a la parte actora; que la incapacidad del gestor fue allegada el mismo d\u00eda de la diligencia a las 6 am, por lo que el actuar del profesional del derecho no era leal con el tr\u00e1mite del proceso, pues el hecho que representado no pudiera asistir no significaba que \u00e9l no lo hiciera e interpusiera recursos; que no se transgredieron derechos, pues el juez concedi\u00f3 los t\u00e9rminos y la acciones que hab\u00eda lugar, sin que se hiciera uso de ellas; que el juez nunca indic\u00f3 que el interrogatorio de la parte no era de importancia, sino que se\u00f1al\u00f3 que el hecho de que no pudiera asistir no daba lugar a que el apoderado tampoco lo hiciera, raz\u00f3n por la que acept\u00f3 la excusa para no imponer sanciones, pero no aplazaba la misma porque no hab\u00eda impedimento para que el apoderado fuera; y que se pretend\u00eda retrotraer etapas que debieron ser cuestionadas por los medios ordinarios de defensa, sin que esta acci\u00f3n excepcional fuera otra instancia para suplir la negligencia del apoderado. <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el fundamento de la falta de defensa t\u00e9cnica no era suficiente para ignorar la ley procesal y constitucional; que no pretend\u00eda retrotraer etapas procesales, sino que se respetaran los derechos inherentes al proceso; que por el actuar del abogado no se deb\u00edan sacrificar sus prerrogativas; y que se le ocasionaba un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el promotor no contest\u00f3 la demanda, no formul\u00f3 excepciones y su apoderado no asisti\u00f3 a la audiencia inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en donde se dej\u00f3 de recurrir el auto que dispuso continuar con el tr\u00e1mite a pesar de la excusa allegada por la parte, destac\u00e1ndose que dicho profesional del derecho no justific\u00f3 en forma alguna su incomparecencia. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, en lo atinente a las supuestas anomal\u00edas en las que incurri\u00f3 el abogado del gestor, se advierte que la supuesta negligencia de dicho profesional: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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