STC16090-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16090-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04018-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Leonardo Antonio Ram\u00edrez Fl\u00f3rez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abrevocar los fallos de primera y segunda instancia\u00bb y, en consecuencia, se ordene al Tribunal \u00abemitir un nuevo fallo ajustado al precedente judicial y a la constituci\u00f3n nacional\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Leonardo Antonio Ram\u00edrez Fl\u00f3rez radic\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra la comisionista de bolsa Credicorp Capital Colombia S.A., con el fin de que se le restituya la suma de $117.691.495 que fue invertida y se le repare por los da\u00f1os sufridos a causa de la p\u00e9rdida de dicho dinero; asunto cuyo conocimiento avoc\u00f3 la Superintendencia Financiera, empero, despu\u00e9s rehus\u00f3 su competencia, al considerar que el convocante no suscribi\u00f3 ning\u00fan contrato con la demandada, sino con la casa de valores Correval Panam\u00e1, por lo que al no existir un v\u00ednculo contractual entre las partes, no puede asumir el tr\u00e1mite, toda vez que, conforme al art\u00edculo 57 de la Ley 1480 de 2011 solo puede conocer de controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas en cumplimiento de las obligaciones contractuales, remitiendo las diligencias a los Juzgados del Circuito, correspondi\u00e9ndole al despacho Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien previo conflicto de competencia suscitado, asumi\u00f3 el conocimiento. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 25 de febrero de 2021 el estrado judicial declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras advertir que la inversi\u00f3n que el actor autoriz\u00f3 fue en desarrollo del contrato que suscribi\u00f3 con Correval casa de Valores Panam\u00e1 S.A., sin que exista alg\u00fan acuerdo de voluntades entre \u00e9l y la demandada; determinaci\u00f3n que, el 12 de mayo de 2022 confirm\u00f3 el Tribunal, al considerar que, no era factible declarar responsable civilmente a Credicorp Capital Colombia S.A. por el detrimento patrimonial, toda vez que, no existe prueba de una conducta culposa, negligente, imprudente o descuidada de la pasiva, as\u00ed como tampoco un nexo causal entre su comportamiento y el resultado da\u00f1oso, por lo que no se configuran los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, el Juzgado \u00abno adecu\u00f3 la demanda como lo indica el art\u00edculo 90 del C.G.P., tras meses de dilaci\u00f3n emiti\u00f3 un fallo inhibitorio (un a\u00f1o y nueve meses de dilaci\u00f3n)\u00bb, comoquiera que, lo procedente era que la hubiese adecuado a la de responsabilidad civil extracontractual; que se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que, el mismo se puede pedir en cualquier instancia del proceso, raz\u00f3n por la que la pedida no deb\u00eda declararse extempor\u00e1nea <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que los estrados judiciales omitieron \u00abhechos probados en el proceso, como [su] perfil de riesgo\u2026 y la negligencia desplegada por Credicorp Capital al faltar a su deber de asesor\u00eda profesional en sentido material y al deber de informaci\u00f3n, dado que Credicorp Capital se limit\u00f3 a obtener [sus] firmas\u2026 en formatos leoninos, llenos de vac\u00edos, mentiras e irrealidades. Ning\u00fan inversionista profesional, mucho menos no profesional, es experto al mismo tiempo en renta variable y renta fija en todas sus especies; existen traders para bonos, \u2026 para divisas, \u2026 para derivados, acciones y existen gestores de fondos de inversi\u00f3n colectiva\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que la culpa de Credicorp qued\u00f3 demostrada \u00abdada la impericia, imprudencia, descuido y negligencia de su actuar. El deber de cuidado fue faltado dada la existencia de normas jur\u00eddicas y conductuales demostradas en las declaraciones tomadas dentro del proceso\u00bb, adem\u00e1s que, \u00ablos vicios en el consentimiento por [\u00e9l] otorgado\u2026 en la actividad negocial son claros durante el proceso, los cuales bastan para comprender que [\u00e9l] fue burlado y perjudicado por una entidad\u00bb. <\/p>\n
2.6. Manifest\u00f3 que el Tribunal desnaturaliz\u00f3 el precedente jurisprudencial SC397-2021 \u00abal deducir que el documento ad substantuiam actus y ad probationem de la \u201ccertificaci\u00f3n de asesor\u00eda\u201d no es discutible en su contenido falso. Seg\u00fan el ad quem, a pesar de las falsedades e irregularidades que dicho documentos presenta, le dio prevalencia frente a los dem\u00e1s medio de prueba que apuntan a que a [\u00e9l]\u2026 lo enga\u00f1aron y le vendieron un producto no apto para su perfil de lego en materia de operaci\u00f3n burs\u00e1til y de mercado de capitales\u00bb, por lo que, en su sentir, \u00abel deber de asesor\u00eda profesional, no se reduce a un formato de informaci\u00f3n firmado por el cliente\u00bb, pues no se indic\u00f3 que qui\u00e9n lo debe proteger ante una reclamaci\u00f3n, ni los riesgos asociados, asimismo, que el perfil del cliente lo debe perfilar la comisionista, en este caso, la demandada. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el contrato de corresponsal\u00eda suscrito entre Correval Panam\u00e1 y Credicorp, le impon\u00eda a este \u00faltimo la obligaci\u00f3n de asesorar en debida formar, lo que no hizo, pues no elabor\u00f3 un perfil del inversionista, ni de producto, no realizaron el an\u00e1lisis de convivencia del producto para el inversionista, y no suministraron recomendaciones profesionales, asimismo, el asesor que lo atendi\u00f3 por primera vez no estaba inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, adem\u00e1s, que hay un \u00abvicio del consentimiento por dolo\u00bb, porque le indicaron que deb\u00eda diligenciar y completar unos formularios, sin recibir previa orientaci\u00f3n y asesor\u00eda profesional, en punto al riesgo de la p\u00e9rdida de capital que pod\u00eda tener. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que perdi\u00f3 sus pocos ahorros por culpa de Credicorp Colombia, pues \u00abdebi\u00f3 inadmitirlo de entrada por ser principiante e inexperto en trading a trav\u00e9s de la debida asesor\u00eda profesional, [dinero] que hubiera podida dirigir a las deudas que contrajo anteriormente con los bancos, actualmente cr\u00e9ditos castigados y en proceso jur\u00eddico y hubiera servido para la manutenci\u00f3n y sostenimiento de sus hijos menores de edad\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida en esa instancia obedece a la valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, sin que se evidencia alguna nulidad que pueda invalidar lo actuado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 en esa instancia atendi\u00f3 una valoraci\u00f3n en integridad de las pruebas, as\u00ed como de las disposiciones sustanciales y procesales llamadas a disciplinar el caso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Credicorp Capital Colombia S.A. \u2013 Sociedad Comisionista de Bolsa, a trav\u00e9s de apoderado judicial, inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que las decisiones emitidas por las autoridades querelladas no lucen arbitrarias, pues obedecen a todo un tr\u00e1mite procesal adelantado; indic\u00f3 que la efectividad al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no implica necesariamente la prosperidad de las pretensiones; que la acci\u00f3n de tutela \u00abno puede suplir una insuficiente y poco clara formulaci\u00f3n de la demanda\u00bb; que si se le pretende imputar una obligaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n derivada de la responsabilidad extracontractual o contractual, es necesario que el accionante determine de manera precisa la forma en que correspond\u00eda al juez adecuar el tr\u00e1mite que dio al proceso y de qu\u00e9 forma esta omisi\u00f3n implica una violaci\u00f3n a derechos fundamentales; que el promotor pudo reformar la demanda o retirarla e iniciar el proceso en otra jurisdicci\u00f3n, tanto local como extranjera, para asegurar el ejercicio de derecho de acceso a la justicia; destac\u00f3 que la solicitud de amparo no cumple con el presupuesto de inmediatez, comoquiera que, el fallo criticado data de 12 de mayo de 2022 y la salvaguarda formulada el 15 de noviembre siguiente; que el precedente que cita el promotor no resulta v\u00e1lido para derivar una subregla de derecho que resulta contradictoria, adem\u00e1s, los supuestos f\u00e1cticos son diferentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa y descendiendo al caso de autos, la Corte concluye que la solicitud de resguardo es inviable toda vez que carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha del fallo de segunda instancia -con la que se zanjo el juicio fustigado- (12 de mayo de 2022) y la de interposici\u00f3n de la demanda que nos ocupa, esto es, 15 de noviembre de 2022, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, se precisa que el an\u00e1lisis que se efectuar\u00e1 en esta instancia se limitar\u00e1 a la sentencia del 12 de mayo de 2022, que confirm\u00f3 la dictada el 25 de febrero de 2021 por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, toda vez que fue esa decisi\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate relacionado con la responsabilidad endilgada a la demandada. <\/p>\n
Dicho lo anterior, tambi\u00e9n se destaca que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal convocado, en el mentado fallo del 12 de mayo de 2022, explic\u00f3 los motivos por los cuales no era procedente a estudiar la alegaci\u00f3n relativa al amparo de pobreza, consignando que: <\/p>\n
Por mandato del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, la actividad del Tribunal se concretar\u00e1 a los precisos reparos presentados ante la juzgadora de primera instancia debidamente sustentados por el impugnante en esta sede. De ah\u00ed que queda por fuera de an\u00e1lisis en esta oportunidad el reparo propuesto contra el ordinal cuarto de la parte resolutiva del fallo que impuso condena en costas al litigante vencido, afianzado en una extempor\u00e1nea solicitud de amparo de pobreza (art. 152 C.G.P.), as\u00ed como los reproches sobre la negativa del a quo a tener como prueba una grabaci\u00f3n allegada por el demandante, toda vez que esa decisi\u00f3n fue adoptada en audiencia del 6 de febrero de 2019 y era ese el momento para cuestionarla por la v\u00eda de los recursos ordinarios, de modo que vencido el t\u00e9rmino para el efecto, la misma alcanz\u00f3 firmeza. <\/p>\n
Zanjado lo anterior, estudi\u00f3 lo relativo al reproche de que el fallador de primera instancia estudi\u00f3 en caso desde la responsabilidad civil contractual, pese a que no mediaba contrato entre las partes, sin adecuar la demanda, precisando que: <\/p>\n
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en curso de la actuaci\u00f3n procesal, encontr\u00f3 que el asunto debatido desbordaba la competencia que le asign\u00f3 el art\u00edculo 57 de la Ley 1480 de 2011, toda vez que entre el actor y la demandada no exist\u00eda un contrato, postura que, como ya se indic\u00f3, fue avalada por esta Corporaci\u00f3n al desatar el conflicto de competencia suscitado con el Juez que finalmente asumi\u00f3 conocimiento del asunto. Con ese panorama, luce evidente que, despejado el origen del conflicto, su definici\u00f3n no pod\u00eda zanjarse a la luz de la responsabilidad civil contractual, descartada a priori en este mismo escenario judicial. <\/p>\n
De otra parte, si bien cada una de las etapas procesales establecidas por el legislador son de obligatorio cumplimiento, en todo caso las caracter\u00edsticas del tema escrutado ser\u00e1n las que fijen los derroteros para su aplicaci\u00f3n, en la medida en que aun cuando en este caso se bas\u00f3 la juzgadora en la fijaci\u00f3n del litigio que se realiz\u00f3 por la delegatura mencionada, lo cierto es que la misma se efectu\u00f3 antes de ser remitido el expediente por falta de competencia funcional, precisamente, ante la conclusi\u00f3n de que no mediaba una relaci\u00f3n contractual entre las partes enfrentadas en juicio. Y dada la forma como se sucedi\u00f3 el cambio de juez de conocimiento, es claro que los derechos al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n de las partes est\u00e1n resguardados, pues la literalidad de la reclamaci\u00f3n no cambi\u00f3 y la convocada por pasiva se opuso conforme a aquella. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, el estatuto del Consumidor no contempla restricciones para promover la responsabilidad aquiliana por parte de los consumidores, en ese sentido le asiste raz\u00f3n a la opugnante al alzarse contra el encasillamiento en que el a quo realiz\u00f3 sus cavilaciones, lo que no significa que sus reparos tengan suficiente entidad para conseguir el decaimiento de la decisi\u00f3n fustigada. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 las disposiciones que regulan el contrato de corresponsal\u00eda (Decreto 2555 de 2010), asimismo, con apoyo en el precedente SC397-2021, destac\u00f3 las obligaciones que surgen que surgen para los comisionistas de bolsa, precisando que: <\/p>\n
Col\u00edgese que el corresponsal en el contrato en menci\u00f3n, tiene un deber de informaci\u00f3n y asesor\u00eda frente a quien desee vincularse como inversor, el cual, si bien no es ilimitado, tampoco es facultativo para aquella. Entonces, la comisionista de bolsa que act\u00faa en tal condici\u00f3n, por lo menos debe advertir al cliente interesado en vincularse con la sociedad for\u00e1nea, los \u00edtems enlistados en la norma citada, carga probatoria que debe satisfacerse a cabalidad de lo cual deber\u00e1 dejar constancia escrita, tal y como se deduce de las disposiciones citadas. <\/p>\n
2.3. La Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-397 de 2021, se pronunci\u00f3 acerca de este tipo de contrato y expuso las obligaciones que surgen para la comisionista de bolsa, providencia que se rese\u00f1a en extenso dada su pertinencia en este asunto: <\/p>\n
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6. El contrato de corresponsal\u00eda (mecanismo de acceso) <\/p>\n
(\u2026) la corresponsal\u00eda es un negocio jur\u00eddico, seg\u00fan el cual, una instituci\u00f3n del mercado de valores del exterior acuerda con una sociedad comisionista de bolsa nacional, llamada \u00abcorresponsal\u00bb, servir de \u00abpunto de enlace\u00bb para promocionar o publicitar sus \u00abproductos y servicios financieros en el mercado colombiano o a sus residentes\u00bb. Se trata de una actividad ajena a las labores de intermediaci\u00f3n propias del mercado de valores. De tal manera que se estructura como una relaci\u00f3n contractual bilateral, directa, onerosa, conmutativa y formal entre un ente colombiano vigilado (comisionista o corporaci\u00f3n financiera) y una entidad financera extranjera, cuyo objeto negocial sirve de enlace para informar, promocionar, ofertar productos y servicios financieros en donde sobresalen los deberes de informaci\u00f3n al consumidor financiero y el de asesor\u00eda profesional. <\/p>\n
(\u2026). El desarrollo de la actividad, para la corresponsal comporta, adem\u00e1s de las diligencias administrativas inherentes, \u00abasesorar a los clientes sobre los diferentes tipos de riesgos que asumir\u00edan con las operaciones\u00bb. <\/p>\n
El regulador, con particular preocupaci\u00f3n, se encarg\u00f3 de circunscribir el objeto de ese convenio exclusivamente a la promoci\u00f3n o publicidad. Lo delimit\u00f3 celosamente, de tal suerte que la comisionista de bolsa, frente al inversor, bajo ninguna circunstancia implicara intervenir a nombre de la instituci\u00f3n financiera for\u00e1nea. Ello refulge de las normas que le imponen abstenerse de (i) representar a la instituci\u00f3n del exterior para suscribir o perfeccionar los contratos celebrados con residentes en el territorio nacional; (ii) realizar cualquier actividad relacionada con el cierre, registro o autorizaci\u00f3n final de las operaciones relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios por parte de la instituci\u00f3n del exterior; y de (iii) obligarse directa o indirectamente en las operaciones que promuevan. <\/p>\n
Se procura garantizar dos cosas. La primera, la integridad jur\u00eddica y financiera de la comisionista de bolsa. Se blinda as\u00ed de un juicio de responsabilidad derivado de la relaci\u00f3n entidad extranjera-inversor. La promoci\u00f3n o publicidad de productos o servicios financieros, dentro de los l\u00edmites regulatorios fijados, \u201cen ning\u00fan momento puede significar la asunci\u00f3n de obligaciones o riesgos propios de la actividad financiera o del mercado de valores\u201d. <\/p>\n
La segunda, el inversor no debe tener duda de lo publicitado, en tanto, se trata de una operaci\u00f3n de valores con una entidad del exterior, con las implicaciones que conlleva; ello con el fin de clarificar que el comisionista de bolsa al actuar como corresponsal, no hace parte del negocio, y que en el punto, las reglas que regulan la adquisici\u00f3n del producto extranjero son las del ordenamiento jur\u00eddico for\u00e1neo, motivo por el cual se predica la sustracci\u00f3n de la supervisi\u00f3n del Estado, para radicarse en la jurisdicci\u00f3n de origen del ente extranjero. <\/p>\n
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6. Deber de asesor\u00eda profesional especial (mecanismo de protecci\u00f3n) <\/p>\n
El Estado, al permitir el acceso de instituciones extranjeras al mercado nacional a trav\u00e9s del suministro transfronterizo, procede conforme a sus obligaciones internacionales. Empero, al introducir la promoci\u00f3n y publicidad de productos y servicios de otro pa\u00eds, la falla de la informaci\u00f3n asim\u00e9trica viene de la mano. Es necesario, entonces, que la din\u00e1mica del mercado de valores arrope al inversor, para garantizar as\u00ed la estabilidad e integridad del sector. El Acuerdo de Marrakech establece que el comercio de servicios puede ir acompa\u00f1ado de medidas para proteger el sistema econ\u00f3mico local. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El cumplimiento de los deberes de abstenci\u00f3n dichos, son insuficientes. El ordenamiento jur\u00eddico consciente de la incertidumbre y en reciprocidad al ingreso del comercio de aquellos productos, dispuso como mecanismo de protecci\u00f3n aut\u00f3nomo brindar asesor\u00eda profesional al consumidor, como un \u00abdeber natural\u00bb de las actividades de las comisionistas de bolsa; adicionando la informaci\u00f3n relacionada con el funcionamiento de la instituci\u00f3n extranjera, la operaci\u00f3n ofertada y el r\u00e9gimen legal aplicable. El art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, patentiza esos deberes: <\/p>\n
\u201cEn el desarrollo de sus actividades autorizadas, deber\u00e1n dar a los clientes una asesor\u00eda profesional, en relaci\u00f3n con los productos y servicios que promociona. A tal efecto se deber\u00e1 manifestar expresamente a sus clientes y usuarios que los productos y servicios que promueven son prestados por la instituci\u00f3n del exterior e ilustrarlos detalladamente acerca de las condiciones jur\u00eddicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que esta desarrolla sus operaciones; el alcance de sus responsabilidades como oficina de representaci\u00f3n; la responsabilidad que la instituci\u00f3n del exterior asume frente a los servicios ofrecidos, las caracter\u00edsticas principales de la supervisi\u00f3n que ejercen las autoridades respectivas sobre la instituci\u00f3n del exterior representada; la existencia de garant\u00edas o seguros, incluyendo seguro de dep\u00f3sitos u otra garant\u00eda estatal, si es del caso, que amparen incumplimientos de la instituci\u00f3n del exterior a los clientes y los l\u00edmites con que los mismos operan, as\u00ed como la jurisdicci\u00f3n y la ley aplicable a los productos y servicios que promociona. La oficina de representaci\u00f3n solicitar\u00e1 al cliente constancia del cumplimiento del suministro de la informaci\u00f3n mencionada en este numeral\u201d. <\/p>\n
El mecanismo de protecci\u00f3n del consumidor tiene por objeto superar el obst\u00e1culo en la consecuci\u00f3n de la informaci\u00f3n del agente y el valor extranjero; recomendar profesionalmente el producto y enterar al inversor de los riesgos y si se ajusta a su perfil e intereses, mediante el suministro de informaci\u00f3n objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara. Ahora, esto no quiere significar que con ello se eviten los riesgos asociados a la operaci\u00f3n transfronteriza promocionada. El objeto es que los conozca y est\u00e9 al tanto de las particularidades que rodean esa negociaci\u00f3n, para que comprenda de la mejor manera la inversi\u00f3n, previo a adoptar alguna decisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El alcance de la salvaguarda normativa va m\u00e1s all\u00e1. Impone a la corresponsal solicitar al cliente \u00abconstancia del cumplimiento del suministro de la informaci\u00f3n\u00bb. Con ello cierra cualquier discusi\u00f3n acerca de la materializaci\u00f3n de tan sensible proceder. Su ocurrencia no puede quedar simplemente retratada en el recuerdo; como se trata de negociaciones enrevesadas y desiguales, la constancia es el \u00fanico dispositivo de defensa del inversor frente al derecho a la informaci\u00f3n y frente al deber del corresponsal. <\/p>\n
La guarda de la seriedad, estabilidad y solidez del mercado demanda del regulador, dada la compleja situaci\u00f3n enfrentada por el inversor nacional, adoptar respuestas proporcionales. De tal modo, que la exigencia del art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, reiterada en el 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 del 2010, tocante con que la sociedad comisionista de bolsa solicite al cliente constancia del cumplimiento del suministro de la informaci\u00f3n relacionada con los productos y servicios que promociona, constituye una obligaci\u00f3n ad sustamtiam actus, en cabeza de las entidades encargadas de adelantar la labor de promoci\u00f3n de productos de entidades del exterior, para el caso del contrato de corresponsal\u00eda. La prueba de esa obligaci\u00f3n resulta central y esencial porque da cuenta de haberse llevado a cabo el deber de informaci\u00f3n y de asesor\u00eda profesional especial, ante la asimetr\u00eda del inversionista nacional frente a la entidad extranjera. <\/p>\n
El requisito de la constancia cobra importancia suma ante la asimetr\u00eda de la informaci\u00f3n y la posibilidad de eventos como el abuso y el fraude. Esto exige disciplinar y ordenar el escenario de capitales documentado. El escrito de haberse satisfecho la obligaci\u00f3n, es una solemnidad acorde con la seguridad jur\u00eddica que reviste el sistema. <\/p>\n
Se trata de una formalidad ad substantiam actus y ad probationem. El \u00abdocumento sirve tanto para constituir v\u00e1lidamente el acto jur\u00eddico, como para probarlo\u00bb. La suerte de los hechos sujetos a esas formalidades legales, en caso de omisi\u00f3n, determina que la relaci\u00f3n no produce efecto jur\u00eddico alguno, por supuesto, como \u00abdesconocimiento o alteraci\u00f3n\u00bb \u00abde las consecuencias\u00bb, \u00abpartiendo de la propia negativa del ser o inexistencia (\u2026) fen\u00f3meno (\u2026) de indispensable contemplaci\u00f3n desde un punto de vista l\u00f3gico y pragm\u00e1tico, frente a ocurrencias vitales\u00bb. (Negrilla intencional) <\/p>\n
Luego, aplic\u00f3 tales derroteros al caso concreto, consignando que: <\/p>\n
Dentro de esta causa qued\u00f3 establecido que Correval Panam\u00e1 Casa de Valores S.A. y Correval S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, ahora Credicorp Capital Colombia S.A., en calidad de corresponsal, el 3 de diciembre de 2010 celebraron \u201ccontrato de corresponsal\u00eda\u201d, cuyo objeto fue \u201cestablecer los t\u00e9rminos y condiciones bajo los cuales El Corresponsal promover\u00e1 y publicitar\u00e1 en el mercado colombiano a sus residentes los productos y servicios del mercado de valores que ofrece Correval CV.\u201d, de manera que la relaci\u00f3n existente entre el demandante y la convocada tuvo su g\u00e9nesis en ese contrato, de ah\u00ed, que la segunda en su labor de intermediaria, asumi\u00f3 frente al primero los deberes de informaci\u00f3n y asesor\u00eda regidos por disposiciones legales, en su actividad de promoci\u00f3n y publicidad de los productos que la empresa extranjera ofrec\u00eda en el mercado de valores de Colombia. <\/p>\n
Las referidas obligaciones legales, son las que el actor calific\u00f3 de incumplidas por la demandada, por no haberle indicado la responsabilidad de la instituci\u00f3n extranjera y de la corresponsal, a la par que el personal de \u00e9sta \u00faltima, lo aconsej\u00f3 para vincularse a una plataforma de trading lejos de su nivel de conocimiento y participar como inversionista profesional, cuando su perfil era conservador. <\/p>\n
Pese a que en la demanda y en el interrogatorio de parte absuelto, el demandante insisti\u00f3 en que no recibi\u00f3 de la accionada la informaci\u00f3n exigida, dicha afirmaci\u00f3n fue desvirtuada con el documento fechado \u201c16 de febrero de 201_ \u201d(sic), firmado por el se\u00f1or Ram\u00edrez Fl\u00f3rez, quien no lo tach\u00f3 de falso y, por el contrario, reconoci\u00f3 haberlo suscrito. El alcance demostrativo de este documento es innegable, como quiera que all\u00ed se indic\u00f3 que la comisionista de bolsa le present\u00f3 al demandante informaci\u00f3n relacionada con los siguientes aspectos: <\/p>\n
El portafolio de productos y servicios de la instituci\u00f3n extranjera, promocionados con ocasi\u00f3n del contrato de corresponsal\u00eda; le explic\u00f3 detalladamente sobre bonos corporativos e instrumentos de renta fija emitidos por entidades privadas, bonos soberanos, bonos de entidades supranacionales, bonos de entidades p\u00fablicas extranjeras, acciones, ETF, swaps, futuros, opciones, NDF\u00b4S, y otros instrumentos derivados, notas estructuradas, fondos de inversi\u00f3n administrados por proveedores independientes a Correval Panam\u00e1. Adem\u00e1s, se especific\u00f3 que Credicorp Capital Colombia S.A. de forma clara le manifest\u00f3 que los productos y servicios no son prestados por ella, sino por la entidad internacional, con la que el inversionista suscribe los contratos; igualmente, se dej\u00f3 constancia que se le informaron las condiciones jur\u00eddicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que Correval Panam\u00e1 presta sus servicios y las leyes que regulan su actividad. <\/p>\n
Qued\u00f3 certificada la entrega de informaci\u00f3n acerca de la responsabilidad tanto de la empresa extranjera como de la comisionista de bolsa, por lo que al final el se\u00f1or Ram\u00edrez Fl\u00f3rez aval\u00f3 el contenido en el cual se consign\u00f3: \u201c[e]n consecuencia con lo anterior, me permito manifestar que he recibido de Credicorp Capital Colombia Sociedad Comisionista De Bolsa (antes Correval S.A.) la informaci\u00f3n y asesor\u00eda necesarias para un adecuado entendimiento del producto o servicio promovido por ellos\u201d. Adem\u00e1s, obra en el expediente constancia de que Ana Mar\u00eda Ch\u00e1vez, empleada de la accionada, el 9 de febrero de 2015, le remiti\u00f3 un correo electr\u00f3nico al actor en el que dej\u00f3 a su disposici\u00f3n el \u201cdemo de correval e-trading\u201d, para que se familiarizara con la plataforma por medio de la que a futuro har\u00eda las transacciones en el mercado de valores internacional. <\/p>\n
En ese estado de cosas, el argumento de la insatisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de la comisionista de bolsa de informar y asesorar al cliente en torno a los espec\u00edficos puntos que consagr\u00f3 el legislador qued\u00f3 abatido, pues fue el mismo demandante quien suscribi\u00f3 la certificaci\u00f3n del cumplimiento del deber de informaci\u00f3n y asesor\u00eda por parte de la ahora demandada; sin que pueda pasarse por alto, que la primera inversi\u00f3n que el se\u00f1or Ram\u00edrez Fl\u00f3rez realiz\u00f3, tuvo lugar en julio de 2015, es decir, con posterioridad de haber recibido la informaci\u00f3n y asesor\u00eda de la comisionista de bolsa sobre los servicios que ofrec\u00eda Correval Panam\u00e1. <\/p>\n
Ahora, sobre el reproche a que al promotor se le permiti\u00f3 participar como br\u00f3ker profesional, situaci\u00f3n que no se acompasa con su perfil de no profesional, raz\u00f3n por la que, a su parecer, llev\u00f3 a la p\u00e9rdida del capital invertido, dijo que: <\/p>\n
La asimetr\u00eda que implica la relaci\u00f3n del inversionista con una empresa extranjera es de tal magnitud que se requieren formas de protecci\u00f3n del primero para que no resulte defraudado o enga\u00f1ado en los mercados internacionales. Para ello, cumple una tarea definitiva el Decreto 2555 de 2010, al imponer obligaciones a la comisionista de bolsa que, en condici\u00f3n de corresponsal, act\u00fae en la promoci\u00f3n y publicidad de los productos y servicios del ente extranjero. <\/p>\n
En este caso particular, se acredit\u00f3 que al se\u00f1or Ram\u00edrez Fl\u00f3rez se le enter\u00f3 de la responsabilidad de cada sociedad, nacional o for\u00e1nea, que intervino en el proceso de vinculaci\u00f3n con Correval Panam\u00e1 S.A, as\u00ed como del uso de la plataforma de e-trading global, debido a que, como ya se vio, se le envi\u00f3 el demo o pantalla de pr\u00e1ctica con disponibilidad por 15 d\u00edas para su entrenamiento, y \u201cen los meses de febrero y marzo de 2015\u201d se le hizo una inducci\u00f3n presencial sobre el uso de la plataforma durante dos horas. <\/p>\n
El 5 de mayo de 2015, Correval Panam\u00e1 S.A. envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico del inversionista un mensaje en el que le remiten \u201ctutorial, manual y plataformas de descarga que le facilitar\u00e1n el proceso\u201d, la contrase\u00f1a para ingresar a la plataforma, un enlace con las instrucciones y la siguiente advertencia: \u201cImportante antes de realizar su primera operaci\u00f3n por favor habilite el perfil NO PROFESIONAL en la plataforma\u201d. <\/p>\n
Se infiere de lo precedente, que la intervenci\u00f3n del actor en el mercado de valores a trav\u00e9s de la plataforma e-trading global de Correval Panam\u00e1 S.A., en condici\u00f3n de br\u00f3ker profesional la escogi\u00f3 \u00e9l mismo como inversionista, y aunque en su interrogatorio de parte dijo desconocer la forma de tomar la opci\u00f3n de no profesional, como viene de verse, se le ofrecieron los insumos para enterarse del funcionamiento de la plataforma y no hay ninguna evidencia de que la expresi\u00f3n de su voluntad en ese sentido haya estado precedida de alg\u00fan vicio o forzada por alguna circunstancia insuperable. <\/p>\n
A esto se suma, que las inversiones que el se\u00f1or Ram\u00edrez Fl\u00f3rez hizo en la plataforma fueron escogidas directamente por \u00e9l, comoquiera que ni la comisionista de bolsa ni la sociedad extranjera eran asesoras en temas de inversi\u00f3n, pues mientras \u00e9sta prestaba la plataforma para acceder a los activos en mercados internacionales, la primera solamente sirvi\u00f3 de enlace para que el inversor y la instituci\u00f3n extranjera celebraran el contrato. <\/p>\n
Se vislumbra, entonces, que no era dable para la comisionista de bolsa hacer un perfilamiento del cliente, o catalogarlo como br\u00f3ker profesional o no profesional, en su actividad dentro de la plataforma, o respecto a la forma en que invertir\u00eda sus recursos, debido a que esto solamente podr\u00eda revelarse con la conducta observada por el inversionista al momento de ingresar a la plataforma y adquirir activos en ejecuci\u00f3n del contrato con Correval Panam\u00e1 S.A., es decir, por fuera de las competencias de Credicorp. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, se aport\u00f3 el formulario de \u201cencuesta de perfil de inversionista\u201d de persona natural, que \u201cpermite identificar el portafolio que m\u00e1s se ajusta a sus caracter\u00edsticas y as\u00ed ayudarlo a tomar las mejores decisiones de inversi\u00f3n\u201d; en formato de propiedad de Correval Panam\u00e1 S.A., como encargada de prestar los servicios de la plataforma al actor. Emerge, entonces, que no era tarea espec\u00edfica de la demandada efectuar un perfilamiento del cliente como br\u00f3ker profesional o no profesional, dadas las caracter\u00edsticas en que se verificaban las transacciones, por lo que no puede endilg\u00e1rsele responsabilidad alguna soportada en la violaci\u00f3n de normas de protecci\u00f3n al consumidor en ese sentido. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no hay discusi\u00f3n en torno a que el se\u00f1or Leonardo Antonio Ram\u00edrez Fl\u00f3rez invirti\u00f3 dinero en acciones de diversas empresas extranjeras a trav\u00e9s de la plataforma e-trading global a la que le permiti\u00f3 el acceso Correval Panam\u00e1 S.A. y que lejos de obtener ganancias en esas transacciones solo registr\u00f3 p\u00e9rdidas, lo que dar\u00eda cuenta del da\u00f1o irrogado a su patrimonio. <\/p>\n
Tambi\u00e9n qued\u00f3 dilucidado que entre el actor y la convocada por pasiva no medi\u00f3 un contrato, y que la imputaci\u00f3n de responsabilidad a la \u00faltima se bas\u00f3 en el incumplimiento de las normas como comisionista de bolsa en ejecuci\u00f3n de una corresponsal\u00eda, en especial, de su deber de informaci\u00f3n. No obstante, revisado el acervo probatorio, se concluye que, contrario a lo afirmado por el promotor, la demandada atendi\u00f3 sus obligaciones y no actu\u00f3 por fuera de la ley o contra los intereses del cliente. <\/p>\n
Est\u00e1 averiguado que la p\u00e9rdida econ\u00f3mica que aleg\u00f3 el se\u00f1or Ram\u00edrez se deriv\u00f3 de actuar como br\u00f3ker profesional en el mercado internacional y de algunas fallas en la plataforma, que aparejaron que las acciones que adquiri\u00f3 fuesen \u201cdeslistadas\u201d, situaciones que en modo alguno son atribuibles a la demandada porque la plataforma no es de su propiedad o responsabilidad y el movimiento de las acciones en los mercados internacionales tampoco era del resorte de sus funciones. <\/p>\n
Las apreciaciones realizadas en este prove\u00eddo, permiten concluir que, con independencia de los motivos que tuvo el a quo para declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en todo caso auscultados los argumentos del recurrente para que se decida de fondo y de manera favorable la controversia, no es factible declarar responsable civilmente a Credicorp Capital Colombia S.A. por el detrimento patrimonial del que fue v\u00edctima, pues al no existir prueba de una conducta culposa, negligente, imprudente o descuidada en cabeza de la pasiva en el desarrollo de su actividad de intermediaci\u00f3n frente al recurrente, tampoco se establece un nexo causal entre su comportamiento y el resultado da\u00f1oso, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1n dados los axiomas para acoger el petitum. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la m\u00e1s amplia interpretaci\u00f3n del Estatuto del Consumidor en comuni\u00f3n con el an\u00e1lisis del caso bajo la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual, no son suficientes para acoger las pretensiones impetradas, al no concurrir los presupuestos propios de esta clase de acci\u00f3n; por consiguiente, se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed planteo el quejoso es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada analiz\u00f3 la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto (SC397-202), valor\u00f3 el material probatorio allegado al plenario, concluyendo que, la p\u00e9rdida de la inversi\u00f3n del promotor obedeci\u00f3 a su actuar, pues si bien entre las partes no medi\u00f3 ning\u00fan contrato, lo cierto es que la responsabilidad endilgada a Credicorp por el supuesto incumplimiento de las normas como comisionista de bolsa en ejecuci\u00f3n de una corresponsal\u00eda, especialmente, sobre su deber de informaci\u00f3n, qued\u00f3 desvirtuado, toda vez que, conforme las probanzas allegadas al plenario, dicha sociedad otorg\u00f3 toda la informaci\u00f3n al gestor, adem\u00e1s que, el detrimento patrimonial obedeci\u00f3 a que pese a la advertencia dada a aqu\u00e9l de activar la plataforma como \u00abno profesional\u00bb, la activ\u00f3 como \u00abbr\u00f3ker profesional\u00bb destendiendo la informaci\u00f3n dada, asimismo, porque si bien hubo alguna falla en dicha plataforma, la misma no puede ser atribuible a la demandada, comoquiera que, aqu\u00e9lla no es de su propiedad o responsabilidad y el movimiento en los mercados internacionales no es de su resorte. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC16090-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16090-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04018-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Leonardo Antonio Ram\u00edrez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69232","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69232"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69232\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}