STC16091-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC16091-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00536-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 9 de noviembre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 del Rosario Grimaldos Ochoa contra los Juzgados Primero y Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad, Cosme Giovani Bustos Bellos -liquidador del proceso de reorganizaci\u00f3n-, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica y m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por los acusados. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a los accionados \u00abel pago de [sus] honorarios parciales por [su] administraci\u00f3n e interventor\u00eda, \u2026 y definitivos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Miguel Antonio Gal\u00e1n Due\u00f1as promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Alberto Casta\u00f1eda Reinel, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, proceso en el que el 5 de julio de 2011 se adelant\u00f3 diligencia de secuestro respecto de 6 predios rurales, nombrando como secuestre a Jos\u00e9 del Rosario Grimaldos Ochoa. <\/p>\n
2.2. Por otra parte, el 8 de agosto de 2011 el Juzgado Primero Civil de Circuito de Bucaramanga decret\u00f3 la apertura del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de persona natural del deudor Alberto Casta\u00f1eda Reinel, raz\u00f3n por la que el referido juicio ejecutivo se traslad\u00f3 para el presente tr\u00e1mite concursal. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 el accionante que, en calidad de secuestre del proceso ejecutivo, nunca le informaron que su nombramiento hab\u00eda terminado, tampoco le solicitaron rendici\u00f3n de cuentas finales, para se\u00f1alarle honorarios definitivos por terminaci\u00f3n del proceso, raz\u00f3n por la que \u00abpresen[t\u00f3] varios informes de [su] actuaci\u00f3n profesional, solicitando que se [le] cancelaran [sus] honorarios parciales por [su] administraci\u00f3n e interventor\u00eda conforme lo establec\u00eda el acuerdo 1518 del Consejo Superior de la Judicatura del a\u00f1o 2002 y el Juzgado Primero Civil del Circuito, juntamente con el se\u00f1or liquidador\u2026 guardaron silencio durante 4 a\u00f1os y un mes, sin pronunciarse al respecto\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que el 21 de julio de 2022 solicit\u00f3 al estrado judicial la \u00abcancelaci\u00f3n de [sus] honorarios parciales por la administraci\u00f3n e interventor\u00eda\u00bb, raz\u00f3n por la que el 10 de agosto siguiente el juzgado puso en conocimiento tal petici\u00f3n al liquidador, quien el 19 de octubre de los corrientes, esto es, a los 43 d\u00edas, \u00abmanifiesta al parecer que se liquiden [sus] honorarios solamente por una periocidad de seis a\u00f1os. Igualmente, manifiesta que de los a\u00f1os 2017 al 2021, nunca [se] hi[zo] parte dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb, lo que no es de recibo, toda vez que, lo auxiliares de la justicia no pueden ser parte en ning\u00fan proceso judicial. <\/p>\n
2.5. Manifest\u00f3 que el pago de sus honorarios \u00abes un cr\u00e9dito de primera prelaci\u00f3n\u00bb, por lo que se debe ordenar el pago de honorarios por los 12 a\u00f1os que hasta la fecha lleva prestando el servicio. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que la salvaguarda es procedente, comoquiera que, es un adulto mayor de 69 a\u00f1os de edad, padece de \u00abdiabetes tipo II y afectado gravemente por el covid 19\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio censurado; indic\u00f3 que el 10 de agosto de 2022 puso en conocimiento la solicitud del secuestre al liquidador, as\u00ed como el 4 de octubre siguiente lo requiri\u00f3 nuevamente, por lo que el 20 de octubre de los corrientes Cosme Bustos present\u00f3 escrito, sin que a la fecha el despacho judicial haya emitido pronunciamiento al respecto; que el proceso ha seguido la aplicaci\u00f3n de la ley 1116 de 2006; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
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2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga manifest\u00f3 que desde hace 11 a\u00f1os el proceso ejecutivo se remiti\u00f3 al juicio de reorganizaci\u00f3n que curso ante su hom\u00f3logo Primero Civil del Circuito. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Banco Davivienda S.A., la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Naciones -DIAN, el Municipio de Bucaramanga, en escritos separados, pidieron su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que, el llamado al responder las peticiones constitucionales es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
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4. Cosme Giovani Bustos Bello, en calidad de liquidador en el proceso de reorganizaci\u00f3n de Alberto Casta\u00f1eda Reinel, indic\u00f3 que su funci\u00f3n es de auxiliar de la justicia, por lo que no tiene facultad para ordenar el relevo del secuestre, por lo que es funci\u00f3n del juez del concurso, relievando que, conforme al art\u00edculo 54 de la Ley 1116 de 2006 el liquidador tiene facultades de secuestre, sin que puedan existir 2 secuestres en un mismo proceso, sin desconocer la labor de Grimaldos; que la fijaci\u00f3n de los honorarios del accionante debe ser pronunciamiento del fallador judicial, pues en su facultad de liquidador no puede decretar fijaci\u00f3n de honorarios. <\/p>\n
5. Miryam Zulay Espinoosa Salinas, como curadora ad litem de Ana Rita Balaguera de Gal\u00e1n, Henry Augusto Romero Ni\u00f1o, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez Mantilla, Carlos Murcia, Natalia Ballesteros e Ignacio Almeida, refiri\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo adecuado para exigir las acreencias judiciales, los cuales est\u00e1n en cabeza el fallador judicial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo rogado al considerar que si bien existi\u00f3 una mora en imprimirle tr\u00e1mite a las solicitudes de pago de honorarios al promotor, lo cierto es que a la fecha, ya se le imprimi\u00f3 celeridad e imparti\u00f3 el tr\u00e1mite respectivo corri\u00e9ndole traslado de tal pedimento al liquidador Cosme Bustos con auto de 10 de agosto de 2022, quien dio respuesta el 20 de octubre siguiente, tardanza que no es atribuible al despacho judicial. <\/p>\n
Destac\u00f3 que se incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, el Juzgado a\u00fan no he efectuado un pronunciamiento al respecto, resaltando que desde el 20 de octubre de 2022 a la fecha \u00abno ha transcurrido un plazo desbordante e irrazonable para continuar el tr\u00e1mite tendiente al pago de los honorarios del actor\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que se debe ordenar el pago de sus honorarios por la funci\u00f3n de secuestre por 12 a\u00f1os. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, el resguardo resulta prematuro, toda vez que, el estrado judicial ya imparti\u00f3 celeridad a la solicitud del promotor en punto al pago de honorarios reclamado como auxiliar de la justicia, corriendo traslado al liquidador en el juicio de reorganizaci\u00f3n, \u00faltimo que se pronunci\u00f3 el pasado 20 de octubre de 2022, sin que para cuando se formul\u00f3 la presente petici\u00f3n de amparo (26 de octubre de los corrientes), el despacho accionado hubiese emitido pronunciamiento de fondo, siendo ese el escenario propicio para dilucidar la controversia que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso, entre ellos, la temporalidad respecto a la funci\u00f3n ejercida. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el referido medio de defensa est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
3. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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