STC16095-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16095-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04087-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia G\u00f3mez, Edelmira G\u00f3mez de Menguan, Obdulio, Luis Ismael, Isidro, Teresa, Miguel \u00c1ngel y Floresmiro G\u00f3mez Miranda contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada en el asunto fustigado. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar al Juzgado convocado \u00abdecretar la ilegalidad de la sentencia\u2026 del 22 de abril del 2019\u2026, a partir del traslado del trabajo de partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio divisorio que contra los accionantes inco\u00f3 Mar\u00eda Gloria G\u00f3mez Miranda, respecto del predio con folio inmobiliario Nro. 370-227864, surtidas las etapas de rigor, tras no haberse objetado el trabajo de partici\u00f3n, con sentencia del 22 de abril de 2019 el Juzgado acusado decret\u00f3 la \u00abdivisi\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb del inmueble entre las partes. <\/p>\n
2.2. Frente a esa decisi\u00f3n los quejosos incoaron recurso de apelaci\u00f3n, el que, concedido por el Juzgado, el 9 de septiembre de 2019 declar\u00f3 inadmisible la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al advertir que el veredicto del a-quo no era susceptible de alzada debido a que el trabajo de partici\u00f3n no se objet\u00f3, acorde con lo reglado en el numeral 2\u00ba del canon 611 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 471 ib\u00eddem. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, con autos de 10 de febrero de 2020 y 10 de junio de 2022, en su orden, el Juzgado corrigi\u00f3 y aclar\u00f3 aquella sentencia; adem\u00e1s, en ese \u00faltimo prove\u00eddo, rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad planteada por los quejosos. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, cuestionaron los reclamantes que al emitir su sentencia el a-quo atacado incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y procedimental, en lo medular, al \u00abotorgarle un alcance indebido\u00bb a la partici\u00f3n arrimada por el auxiliar de la justicia designado para su elaboraci\u00f3n, estableciendo una cabida distinta y errada para el bien objeto del juicio (comoquiera que aunque de conformidad con el t\u00edtulo antecedente se advert\u00eda que ten\u00eda un \u00e1rea de \u00ab32 hect\u00e1reas y 2.208 metros\u00bb, seg\u00fan el \u00ablevantamiento de planimetr\u00eda – altimetr\u00eda – divisi\u00f3n material\u00bb que se arrim\u00f3 con el trabajo de distribuci\u00f3n, realmente el \u00e1rea era de \u00ab21 hect\u00e1reas y 5472.04 m2\u00bb), situaci\u00f3n misma que impon\u00eda el buen suceso de su petici\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Tambi\u00e9n criticaron que el Tribunal ad-quem, \u00aba pesar de que ley\u00f3 la sentencia para decir que no era procedente el recurso, tampoco avizor\u00f3 ese error que ten\u00eda\u2026 y que bien pod\u00eda sanearla o decretar la nulidad oficiosamente, pero solo se limit\u00f3 a revisar la procedencia o no del recurso\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali solicit\u00f3 \u00abdenegar [la] prosperidad [de] la petici\u00f3n\u2026 frente a [esa] Corporaci\u00f3n\u00bb porque \u00aben el escrito de tutela no se se\u00f1ala ninguna acci\u00f3n vulneradora de derechos fundamentales [que le sea] atribuible… Las determinaciones de las que se duelen los accionantes fueron adoptadas por el juzgador de primera instancia\u00bb; adem\u00e1s, su competencia \u00aben el proceso cuestionado estaba limitada al estudio del recurso de apelaci\u00f3n formulado, y efectuado el estudio preliminar de que trata el art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso, se encontr\u00f3 que la alzada deb\u00eda declararse inadmisible, por las razones anotadas en el prove\u00eddo de 9 de septiembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali pidi\u00f3 \u00abse niegue la acci\u00f3n constitucional de la referencia, por cuanto, adem\u00e1s de no estar demostrada la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso\u2026[,] no cumple con el requisito de inmediatez, si se tiene en cuenta que en sus pretensiones el accionante solicita declarar la ilegalidad de una actuaci\u00f3n surtida en abril de 2019, es decir con m\u00e1s de 41 meses de generado el hecho\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abha estado prest\u00f3 a hacer las correcciones necesarias en cuanto al \u00e1rea del inmueble materia de divisi\u00f3n, n\u00fameros de c\u00e9dulas de los comuneros, y el Juzgado donde inicialmente hab\u00eda iniciado el proceso\u00bb; y que rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n de nulidad, \u00abde conformidad con el Art. 135 inciso 4 del C.G.P., advirtiendo que el proceso tiene sentencia debidamente notificada y ejecutoriada\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abla partici\u00f3n\u2026, la cual se encuentra en firme y fue realizada por partidor\u2026[,] en asocio con\u2026 top\u00f3grafo\u2026, quien realiz\u00f3 las labores de campo y medici\u00f3n contando con equipos de alta precisi\u00f3n, realiz\u00f3 el trabajo de levantamiento de planimetr\u00eda, altimetr\u00eda y divisi\u00f3n material\u2026[,] arroj\u00f3 que el \u00e1rea real es de 215.472,084 metros cuadrados, sobre los cuales se realiz\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, y as\u00ed qued\u00f3 finalmente corregido en el oficio No. 636 de 8 de julio de 2022\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazad… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, de entrada, observa la Corte que el amparo deprecado, en los t\u00e9rminos propuestos por los censores, est\u00e1 llamado al fracaso, al estar insatisfechos los presupuestos de procedibilidad de la inmediatez y de la subsidiariedad para su buen suceso. <\/p>\n
3.1. En efecto, desde las fechas en que el Juzgado acusado emiti\u00f3 la sentencia en el juicio fustigado -dictada el 22 de abril de 2019- y el Tribunal convocado inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta frente a la misma -9 de septiembre de 2019-, hasta la data de formulaci\u00f3n de este ruego supralegal -6 de septiembre de 2022-, transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3.2. Ahora, respecto al prove\u00eddo proferido el pasado 10 de junio, mediante el cual el a-quo enjuiciado, entre otras disposiciones, rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad propuesta por los accionantes, \u00e9stos tuvieron la posibilidad de plantear sus inconformidades ante el fallador natural, a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que resultaban viables de acuerdo a los c\u00e1nones 318 y 321 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, pero omitieron hacerlo, con lo cual abandonaron la posibilidad de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n al respecto, lo que permite evidenciar su descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, quedando, por su propia desatenci\u00f3n, muy a pesar de sus alegaciones, atados a lo definido en la providencia que reprochan. <\/p>\n
Frente al particular, la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; y STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
En el mismo sentido, en diversidad de oportunidades se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 en. 2003, rad. 23023; reiterada en CSJ STC5341-2014; y STC, 27 may. 2016, rad. 2016-00401-01). <\/p>\n
4. No obstante, aunque el reclamo constitucional no est\u00e1 llamado a prosperar en los t\u00e9rminos que fue propuesto por los accionantes, en esta oportunidad observa la Corte que debe acceder al mismo pero de oficio y contra el Juzgado acusado, teniendo de presente que el juez de tutela, \u00abcuando los asuntos a su cargo se lo impongan, al evidenciar el desconocimiento de garant\u00edas esenciales, est\u00e1 investido de facultades especiales para emitir decisiones ultra y extra petita en pro del principio de prevalencia del derecho sustancial (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991)\u00bb (CSJ STC9771-2019, 25 jun., rad. 2019-00104-02). <\/p>\n
4.1. Lo anterior, porque en el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que el Juzgado recriminado aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n sin efectuar el debido control de legalidad al que estaba obligado, lo que conllev\u00f3 a que le impartiera aprobaci\u00f3n a pesar de su inconsistencia frente a las \u00e1reas distribuidas. <\/p>\n
Y es que aunque no se discute que la cabida del bien variara (de m\u00e1s de treinta y dos hect\u00e1reas a poco m\u00e1s de veintiuna), debido a que en el proceso de sucesi\u00f3n previo (del cual derivaron su t\u00edtulo las partes), seg\u00fan lo resalt\u00f3 el a-quo atacado, nunca se midi\u00f3 el bien, como s\u00ed ocurri\u00f3 en el divisorio auscultado, con herramientas de alta precisi\u00f3n; lo cierto es que no se encuentra ninguna justificaci\u00f3n para que el partidor s\u00f3lo distribuyera poco m\u00e1s de diecisiete hect\u00e1reas, excluyendo, entre otras, m\u00e1s de tres por concepto de \u00abreserva forestal\u00bb y m\u00e1s de una por \u00abcallej\u00f3n-servidumbre\u00bb, sin que exista anotaci\u00f3n alguna que reste tales \u00e1reas de la cabida total del bien, de donde su falta de reparto, erradamente, mantiene la indivisi\u00f3n reprochada por los litigantes. <\/p>\n
4.2. Esa evidente \u00abv\u00eda de hecho\u00bb permite superar la inmediatez e incuria derivadas de la falta de ejercicio oportuno de los recursos pertinentes frente a las actuaciones cuestionadas, de no olvidar que, como de vieja data lo tiene por sentado la Sala, la ausencia de esos presupuestos en la solicitud de amparo constitucional no son un obst\u00e1culo insalvable para el amparo de los derechos esenciales cuando estos resultan grosera y abiertamente quebrantados, como aqu\u00ed ocurri\u00f3. <\/p>\n
En ese sentido, se ha precisado que: <\/p>\n
\u2026a\u00fan si los mencionados requisitos no se reunieran\u2026, excepcionalmente esta Corporaci\u00f3n ha admitido la concesi\u00f3n del amparo, en algunos casos, en los que la decisi\u00f3n judicial vulner\u00f3 de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, en tanto que no resultaba conveniente anteponer tales exigencias, pues no constitu\u00edan un obst\u00e1culo insuperable que impidiera otorgar la protecci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01). <\/p>\n
Igualmente, se acept\u00f3 que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) \u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n. (CSJ STC, 13 ago. 2013, rad. 2013-093-01) (CSJ STC11770-2017, 9 ago., rad. 2017-01980-00). <\/p>\n
4.3. N\u00f3tese que aunque en la demanda del juicio divisorio auscultado, al denunciar el inmueble objeto de la misma, se describi\u00f3 como \u00ab[u]n lote de gran extensi\u00f3n de 32 hect\u00e1reas – dos mil doscientos ocho (2.208) m2. con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-227864\u00bb; en el trabajo de partici\u00f3n allegado por el auxiliar de la justicia designado para su elaboraci\u00f3n se afirm\u00f3, con apoyo en un plano topogr\u00e1fico que \u00abcontiene la planimetr\u00eda – altimetr\u00eda – divisi\u00f3n material del predio\u00bb, que su \u00e1rea real no era aqu\u00e9lla sino \u00ab21 hect\u00e1reas y 5472.04 M2\u00bb; a pesar de lo cual, entre los copropietarios, tan s\u00f3lo distribuy\u00f3 174.189,1048 m2, \u00abrespetando\u00bb, seg\u00fan \u00e9l, \u00ablas siguientes \u00e1reas: 935.00 M2 de propiedad de\u2026 Ana Luc\u00eda Cabrera Ochoa, 119.00 M2 de propiedad de\u2026 Flor Esnelda G\u00f3mez Miranda, 38363.51 M2, correspondiente al \u00e1rea de reserva forestal, y a los 1865.46924632, del callej\u00f3n-servidumbre\u00bb. <\/p>\n
Y en la sentencia emitida el 22 de abril de 2019 se aprob\u00f3 dicho trabajo distributivo, evidenci\u00e1ndose que, al hacerlo, el juzgador a-quo acusado desatendi\u00f3 el contenido del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 611 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1 (norma que mantuvo su vigencia para la tramitaci\u00f3n de ese asunto), pues debi\u00f3 advertir y tomar las medidas pertinentes para clarificar los motivos por los cuales el auxiliar de la justicia, a pesar de determinar que el \u00e1rea de terreno a distribuir era de m\u00e1s de 21 hect\u00e1reas, tan s\u00f3lo reparti\u00f3 entre los litigantes algo m\u00e1s de 17, excluyendo parte del metraje sin justificaci\u00f3n en la informaci\u00f3n contenida en el respectivo folio inmobiliario o en alg\u00fan otro documento; por el contrario, la autoridad judicial procedi\u00f3 a aprobar tal distribuci\u00f3n sin hacer el control de legalidad respectivo, al margen de que dicha partici\u00f3n no hubiera sido reprochada por las partes; imprecisi\u00f3n con la que, en \u00faltimas, simplemente se mantuvo la indivisi\u00f3n que precisamente dio lugar al juicio divisorio fustigado. <\/p>\n
4.4. Se encuentra, entonces, que el Juzgado accionado no sustent\u00f3 de forma suficiente y precisa su veredicto de 22 de abril de 2019 y, en esa medida, esta Corporaci\u00f3n considera que su argumentaci\u00f3n fue insatisfactoria, comoquiera que, se recuerda, \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica\u2026 (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01). <\/p>\n
5. Lo considerado impone conceder, de oficio, el resguardo, ordenando al Juzgado acusado que, tras dejar sin efecto la sentencia que emiti\u00f3 el 22 de abril de 2019, proceda a emitir la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda para reencausar su actuaci\u00f3n. En lo dem\u00e1s, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, oficiosamente concede el resguardo al derecho al debido proceso de las partes en el juicio recriminado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin efecto alguno la sentencia que emiti\u00f3 el 22 de abril de 2019 en el proceso divisorio que Mar\u00eda Gloria G\u00f3mez Miranda promovi\u00f3 contra los accionantes (rad. 76001-31-03-011-2012-00438), junto con todas las decisiones que de ella dependan, proceda a emitir la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda para reencausar su actuaci\u00f3n, atendiendo las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este veredicto. <\/p>\n
Dicha autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se declara improcedente la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y si este fallo no es impugnado, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abArt\u00edculo 611. Presentaci\u00f3n de la Partici\u00f3n, Objeciones y Aprobaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
5. H\u00e1yanse o no propuesto objeciones, el juez por auto apelable ordenar\u00e1 que la partici\u00f3n se rehaga cuando no est\u00e9 conforme a derecho y el c\u00f3nyuge o alguno de los herederos fuere incapaz o estuviere ausente y carezca de apoderado\u00bb. <\/p>\n
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STC16095-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16095-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04087-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia G\u00f3mez, Edelmira […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69237","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69237"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69237\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}