STL15654-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL15654-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b068598 <\/p>\n
Acta 38 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por MAR\u00cdA VICTORIA MEJ\u00cdA TABARES contra la SALA TERCERA DE DECISI\u00d3N LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Mar\u00eda Victoria Mej\u00eda Tabares promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Para sustentar su solicitud de amparo manifest\u00f3 que inici\u00f3 un proceso ordinario laboral en contra de la Empresa Metropolitana para la Seguridad \u2013 METROSEGURIDAD, del que conoci\u00f3 en primera instancia el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, autoridad judicial que declar\u00f3 probadas las excepciones de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva e inexistencia de las obligaciones reclamadas y absolvi\u00f3 a la parte demandada. <\/p>\n
Inform\u00f3 que apel\u00f3 la mencionada sentencia y que de la causa conoci\u00f3 en segunda instancia la Sala Primera Dual de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, la cual, mediante prove\u00eddo de 27 de febrero de 2015: (i) revoc\u00f3 la sentencia del juez de conocimiento; (ii) declar\u00f3 que entre demandante y demandado existieron tres contratos fictos de trabajo a t\u00e9rmino indefinido cada uno; y (iii) conden\u00f3 a la demandada a reconocer y pagar a la actora $1.892.167 por primas de servicio, $1.715.917 por vacaciones, $1.715.917 por prima de vacaciones, $667.817 por primas de navidad, $2.638.612 por cesant\u00edas, $228.019 por intereses de cesant\u00edas, $44.521 por concepto de indemnizaci\u00f3n por despido injusto y la suma de $44.521 diarios, a partir del 20 de diciembre de 2007 y hasta cuando se cubra lo debido por prestaciones sociales e indemnizaci\u00f3n por despido injusto, como sanci\u00f3n moratoria. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue resuelto por esta Sala mediante providencia SL4958-2019, Radicaci\u00f3n n.\u00b0 71480, del 23 de octubre de 2019, en la que se decidi\u00f3 no casar la sentencia dictada en segunda instancia. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, con el prop\u00f3sito de darle cumplimiento a la sentencia y previo a la resoluci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, la Empresa Metropolitana para la Seguridad \u2013 METROSEGURIDAD hoy Empresa para la Seguridad Urbana \u2013 ESU, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 206 del 9 de marzo de 2015 en la que orden\u00f3 reconocer y pagar a la convocante la suma de $8.902.970 por primas de servicios, vacaciones, primas de vacaciones, primas de navidad, cesant\u00edas, intereses a las cesant\u00edas e indemnizaci\u00f3n por despido injusto; y que el pago se efectu\u00f3 a trav\u00e9s de un dep\u00f3sito judicial constituido el 10 de marzo de 2015, para suspender la sanci\u00f3n moratoria en caso de que la misma no fuera casada al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Expuso que, una vez resuelto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la empresa demandada expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 276 del 19 de noviembre de 2020 en la que orden\u00f3 el reconocimiento y pago a favor de la aqu\u00ed convocante de $147.139.435, discriminados as\u00ed: (i)115.754.600 correspondiente al pago de la sanci\u00f3n moratoria, equivalente a un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de retraso, en cuant\u00eda de $44.521, a partir del 20 de diciembre de dos mil siete 2007 y hasta el pago efectivo de las prestaciones sociales, esto es, hasta el 10 de marzo de 2015; y (ii) $31.384.835 por concepto de costas. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, si bien, el 10 de marzo de 2015, la empresa consign\u00f3 en dep\u00f3sito judicial $8.902.970 por concepto de prestaciones sociales e indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa, lo cierto es que, en esa fecha, ella no recibi\u00f3 el pago correspondiente, dado que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn a\u00fan no estaba ejecutoriada; sino que el desembolso se hizo efectivo despu\u00e9s del 16 de diciembre de 2019, cuando el expediente fue devuelto al juez de conocimiento, lo que, en su concepto, significa que la suma pagada por sanci\u00f3n moratoria debe ser reajustada en el sentido de sumarle el valor de la sanci\u00f3n diaria de los d\u00edas que hay entre el 11 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, que a raz\u00f3n de $44.521 diarios (valor de la sanci\u00f3n impuesta) arrojan como resultado la suma de $77.021.330. <\/p>\n
Adujo que, con el prop\u00f3sito de obtener el pago de los $77.021.330, inici\u00f3 un proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n del proceso ordinario en contra de ESU; que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, mediante auto de 19 de abril de 2022, neg\u00f3 el mandamiento de pago por considerar que la sanci\u00f3n moratoria se suspendi\u00f3 el 10 de marzo de 2015, cuando se pag\u00f3 el valor por concepto de prestaciones sociales y despido sin justa causa, por medio de dep\u00f3sito judicial; que contra el mencionado auto interpuso recurso de apelaci\u00f3n; y que la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, mediante providencia de 19 de agosto de 2022, lo confirm\u00f3. <\/p>\n
Argument\u00f3 que la providencia proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn incurri\u00f3 en defecto sustantivo porque adopt\u00f3 una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, ya que no expuso argumentos que sustentaran lo decidido, pues se limit\u00f3 a hacer una exposici\u00f3n de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo sin tener en cuenta el perjuicio que se le caus\u00f3 al no poder recibir el pago que le correspond\u00eda desde el a\u00f1o 2015. Asimismo, consider\u00f3 que, la mencionada providencia, incurri\u00f3 en una violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, ya que no interpret\u00f3 las normas aplicables al caso a favor de la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
Con base en los anteriores supuestos f\u00e1cticos, solicit\u00f3 que se ordenara a la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn que modificara la decisi\u00f3n del 19 de agosto de 2022. <\/p>\n
Mediante auto de 28 de octubre de 2022, esta Sala admiti\u00f3 la acci\u00f3n de amparo, vincul\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn y a las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral criticado y les dio traslado para que ejercieran su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En respuesta a la acci\u00f3n de tutela, la magistrada ponente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn inform\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia del proceso ejecutivo laboral formulado por la convocante contra la empresa ESU; y que, mediante providencia del 19 de agosto de 2022, se desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la parte ejecutante, en el que se confirm\u00f3 el auto interlocutorio de primera instancia que hab\u00eda denegado el mandamiento de pago deprecado, y orden\u00f3 el archivo del proceso, al considerar que la consignaci\u00f3n efectuada por la parte ejecutada por el valor de las prestaciones debidas y que originaron la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria, tuvo la virtualidad de suspender la sanci\u00f3n, sin que se le pueda imputar a dicha parte la tardanza en el pago efectivo, ni mucha menos mala fe, por lo que no existi\u00f3 merito ejecutivo para librar el mandamiento de pago. Asimismo, remiti\u00f3 copia del auto censurado. <\/p>\n
La accionante alleg\u00f3 nuevamente el escrito de tutela y copia de los documentos que en \u00e9l se relacionan. <\/p>\n
No se aportaron m\u00e1s pronunciamientos dentro del t\u00e9rmino concedido para tal efecto. <\/p>\n
i)CONSIDERACIONES <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acci\u00f3n de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de tr\u00e1mite preferente y sumario, la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten lesionados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
La Corte Constitucional desarroll\u00f3 una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, orientada a procurar un equilibrio entre dos elementos fundamentales del orden constitucional: la primac\u00eda de los derechos fundamentales y el respeto por los principios de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
El Alto Tribunal Constitucional en sentencia CC SC-590-2005, busc\u00f3 hacer compatible el control de las decisiones judiciales por v\u00eda de tutela, con los principios de cosa juzgada, independencia y autonom\u00eda judiciales y seguridad jur\u00eddica, para ello, identific\u00f3 algunos requisitos espec\u00edficos que se deben cumplir para que proceda la tutela en contra de providencia judiciales, que los dividi\u00f3 en requisitos formales de procedibilidad y causales especiales de procedencia. <\/p>\n
Indic\u00f3, espec\u00edficamente, que antes de examinar si se incurri\u00f3 en alguna de las causales de procedencia, es decir, en un defecto espec\u00edfico, se debe constatar el cumplimiento de los siguientes requisitos formales de procedibilidad, a saber: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petici\u00f3n cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que \u00e9sta tenga incidencia directa en la decisi\u00f3n que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violaci\u00f3n y que \u00e9sta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela. <\/p>\n
Adecuando los requisitos de procedibilidad al presente caso, se tiene que la providencia criticada super\u00f3 el an\u00e1lisis de los requisitos de procedibilidad, dado que: <\/p>\n
<\/p>\n
i. el asunto tiene relevancia constitucional porque involucra la discusi\u00f3n sobre la presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de la parte accionante;<\/p>\n
ii. la convocante agot\u00f3 todos los recursos ordinarios propios de la naturaleza de la causa;<\/p>\n
iii. la providencia criticada se profiri\u00f3 el 19 de agosto de 2022 y la tutela fue presentada en octubre del mismo a\u00f1o, lo que significa que entre las dos fechas no han transcurrido m\u00e1s de 6 meses, por lo que se cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez;<\/p>\n
iv. no se discute propiamente una irregularidad procesal; y<\/p>\n
v. la providencia atacada no se profiri\u00f3 en el marco de una acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se pasar\u00e1 a analizar las causales espec\u00edficas de procedencia. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia CC C-590-2005 se\u00f1al\u00f3 que procede la tutela contra providencias judiciales si estas han incurrido en: \u00ab(i) Defecto org\u00e1nico; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido o por exceso ritual manifiesto; (iii) defecto f\u00e1ctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, con el prop\u00f3sito de determinar si incurri\u00f3 en alguno de los defectos mencionados, emerge la necesidad de revisar el auto criticado en cuanto a las censuras planteadas. <\/p>\n
Luego de relatar los antecedentes del asunto, las pretensiones de la parte ejecutante y los argumentos que sustentaron la decisi\u00f3n de primera instancia, el Tribunal cit\u00f3 los art\u00edculos 100 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y 422 del C\u00f3digo General del Proceso, con el prop\u00f3sito de analizar la factibilidad de la ejecuci\u00f3n, an\u00e1lisis del que concluy\u00f3: <\/p>\n
En este caso, es hecho probado, conforme as\u00ed lo puso de manifiesto el abogado de la parte demandante en su escrito de apelaci\u00f3n4, y se dej\u00f3 sentado en el auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago, que la EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD \u201cMETROSEGURIDAD\u201d, consign\u00f3 a \u00f3rdenes del Despacho, el 10 de mayo de 2015, la suma de $115.754.600,00 por concepto de sanci\u00f3n moratoria, causada desde el 20 de diciembre de 2007 al 10 de marzo de 2015, en cumplimiento de la orden judicial emitida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
De entrada, advierte esta Sala, que comparte el argumento del juez de la primera instancia, en el sentido que, en efecto, la consignaci\u00f3n efectuada por la demandada EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD \u201cMETROSEGURIDAD\u201d, por el valor de las prestaciones debidas y que originaron la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria, tuvo la virtualidad de suspender la sanci\u00f3n en comento en esa fecha, es decir, impidi\u00f3 que siguiera corriendo la misma, resaltando la Colegiatura que, tambi\u00e9n en esa data, el deudor consign\u00f3 el valor de la sanci\u00f3n moratoria para ese momento. <\/p>\n
Con base en las circunstancias descritas, para esta Sala la consignaci\u00f3n que efectu\u00f3 la demandada EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD \u201cMETROSEGURIDAD\u201d, el 10 de mayo de 2015, producto de un desembolso efectuado voluntariamente por el deudor, extingui\u00f3 la obligaci\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria a esa fecha, sin que pueda imputarse a la parte demandada tardanza en el pago efectivo, ni muchos menos mala fe, por cuanto, al adelantarse un proceso judicial en el que se pretend\u00eda la condena por dichos conceptos, que a\u00fan se encontraba en tr\u00e1mite, opt\u00f3 por consignar a \u00f3rdenes del despacho de conocimiento lo debido, resaltando la Sala que ya la entrega del t\u00edtulo judicial no depend\u00eda de dicho deudor sino del Juzgado de primera instancia. <\/p>\n
De lo anterior se deduce que, en concepto del Tribunal, no se configur\u00f3 la factibilidad de la ejecuci\u00f3n, ya que el demandado, el 9 de marzo de 2015, reconoci\u00f3 y pag\u00f3 a la convocante las sumas se\u00f1aladas en el fallo de segunda instancia, por concepto de prestaciones econ\u00f3micas laborales e indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa, pago que se efectu\u00f3 a trav\u00e9s de un dep\u00f3sito judicial constituido el 10 de los mismos mes y a\u00f1o, dep\u00f3sito que, a su vez, suspendi\u00f3 la sanci\u00f3n moratoria y, por tanto, el c\u00e1lculo de la misma debe hacerse hasta esa fecha. <\/p>\n
Encuentra esta Sala que los argumentos planteados por el Tribunal criticado no devienen en irracionales o caprichosos, sino que se compadecen con las normas que son aplicables, cuya interpretaci\u00f3n frente al caso concreto, est\u00e1 en consonancia con lo pretendido por esa normativa. <\/p>\n
Al margen de que se compartan tales razonamientos, lo cierto es que la decisi\u00f3n cuestionada no resulta alejada del ordenamiento jur\u00eddico, sino que la misma se soport\u00f3 en los criterios definidos para su estimaci\u00f3n y es producto de una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica respetable, con apego a las normas que gobiernan el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, por lo que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Es necesario hacer \u00e9nfasis en que resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en discrepancias de criterio debido a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales, como si se tratara de una instancia m\u00e1s, y pretender que en sede de tutela se sustituyan dichas apreciaciones, pues, la circunstancia de que la parte aqu\u00ed accionante, no coincida con el criterio de la autoridad judicial a quien la ley le asign\u00f3 competencia para resolver el caso concreto, o no la comparta, en ning\u00fan caso invalida su actuaci\u00f3n y mucho menos la hace susceptible de ser modificada por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
Debe insistirse en que, por mandato constitucional y legal, los jueces naturales est\u00e1n revestidos de autonom\u00eda en la formaci\u00f3n de su convencimiento, del cual bien se puede discrepar, sin que implique necesariamente violaci\u00f3n de derecho fundamental alguno, de tal suerte que la intervenci\u00f3n del juez de tutela \u00fanicamente es viable cuando lo prove\u00eddo es desproporcionado y arbitrario, lo cual, sin lugar a duda, no se configur\u00f3 en la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
Por las razones expuestas se negar\u00e1 el amparo deprecado. <\/p>\n
ii)DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados telegr\u00e1ficamente o por cualquier otro medio expedito. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si esta decisi\u00f3n no fuere impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
SCLAJPT-02 V.00 <\/p>\n
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