AC5033-2022 (2018-01179-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC5033-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-003-2018-01179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre del dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 08 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal que en su contra instaur\u00f3 INVGROUP 18 S.A., al cual fue llamado en garant\u00eda SBS Seguros Colombia S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n. <\/p>\n
INVGROUP 18 S.A. present\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero con el fin de que se ordene a la demandada \u00abla devoluci\u00f3n TOTAL de los recursos depositados por la sociedad INVGROUP 18 S.A., esto es la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES M\/L ($7.970.000.000,00)\u00bb de conformidad con los veinti\u00fan contratos de encargo fiduciarios individuales suscritos entre las partes. Ello como consecuencia del \u00abincumplimiento en las obligaciones legales y contractuales derivadas de los referidos contratos de Encargos Fiduciarios Individuales\u00bb. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho. <\/p>\n
El 17 de diciembre del 2013, la demandada celebr\u00f3 \u00abcontrato de encargo fiduciario de preventas promotor MR-799 Marcas Mall\u00bb con Urbo Colombia S.A.S. -promotor- con el objeto de constituir \u00abEncargos Fiduciarios para la inversi\u00f3n de los recursos recaudados por parte de la FIDUCIARIA bajo el esquema de preventas, los cuales ser\u00e1n aportados por los INVERSIONISTAS al proyecto inmobiliario denominado MARCAS MALL, en adelante el PROYECTO, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el PROMOTOR\u00bb1. El proyecto constar\u00eda de un total aproximado de 340 unidades comerciales, 139 oficinas, 1800 parqueaderos, \u00e1reas especiales corporativas, \u00e1reas culturales, de exposiciones y eventos; \u00abel cual se desarrollar\u00e1 en una \u00fanica Etapa que ser\u00e1 desarrollada sobre el lote de terreno identificado con el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria n\u00famero 370-695292 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali\u00bb. Tal negocio fue posteriormente cedido a la Promotora Marcas Mall Cali S.A.S. <\/p>\n
Posteriormente, Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria suscribi\u00f3 con la sociedad Promotora Marcas Mall S.A.S. contrato de fiducia mercantil inmobiliaria Fideicomiso FA-2351 Marcas Mall Cali el 28 de marzo del 20142. <\/p>\n
Adujo que las partes celebraron los encargos fiduciarios individuales 100011949, 100011951, 100011953, 100011954, 100011955, 100011956, 100011957, 100011958, 100011959, 100011960, 100011962, 100011963, 100011964, 100011965, 100011966, 100011967, 100011968, 100011969, 100011970, 100011971, 1000112021, cuyo objeto se circunscribi\u00f3 a \u00abla administraci\u00f3n de los recursos que depositen el (los) INVERSIONISTA (S), correspondientes a las sumas de dinero acordadas entre \u201cPROMOTORA MARCAS MALL CALI S.A.S\u201d (\u2026), en su calidad de PROMOTOR del proyecto inmobiliario denominado \u201cMARCAS MALL\u201d (\u2026) con el fin de que estos recursos sean transferidos al PROMOTOR, una vez se cumplan por estos, las condiciones de transferencia de recursos que se establecen a continuaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. Las convenciones, en conjunto, tuvieron un precio de $7.970.000.000, \u00abcuyo pago y entrega de los recursos a la fiduciaria se efectu\u00f3 de contado\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que cumpli\u00f3 con todas las obligaciones adquiridas en virtud de dichos negocios. Pese a ello, la demandada, con maniobras enga\u00f1osas, \u00abindujo a mi representada a la suscripci\u00f3n de los Encargos Fiduciarios Individuales relacionados en el hecho primero todos de fecha 11 de diciembre de 2014, ya que los mismos se suscribieron cuando la FIDUCIARIA HAB\u00cdA TRANSFERIDO LOS RECURSOS A LA PROMOTORA, tal y como consta en el \u201cACTA DE VERIFICACI\u00d3N DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS PROMOTOR MT-799 MARCAS MALL\u201d de fecha 4 de noviembre de 2014\u00bb. Indic\u00f3 que solo tuvo conocimiento de la referida acta hasta 1 de febrero del 2018, por la informaci\u00f3n entregada por el Gerente del Proyecto en una reuni\u00f3n llevada a cabo en Medell\u00edn. <\/p>\n
En ese orden, afirm\u00f3 que la fiduciaria omiti\u00f3 informarles, para la fecha en que se celebraron los referidos contratos de adhesi\u00f3n, que ya hab\u00eda suscrito el acta de verificaci\u00f3n de cumplimiento de los requisitos y hab\u00eda transferido los recursos a la promotora. A su juicio, tal situaci\u00f3n implic\u00f3 \u00abel incumplimiento de su deber legal derivado del art\u00edculo 97 del EOSF\u00bb. Adem\u00e1s, evidenci\u00f3 que los recursos fueron transferidos sin el cumplimiento de todos los requisitos formales: i) no se aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n actualizado del lote identificado con F.M.I. no. 370-695292 \u00aben donde deb\u00eda constar \u201cque la propiedad del mismo est\u00e1 en cabeza de un fideicomiso administrado por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria\u201d, pero al solicitar el referido certificado, se pudo confirmar en la Anotaci\u00f3n No. 11 que la transferencia a favor del FIDEICOMISO FA-2351 MARCAS MALL, \u00daNICAMENTE SE SURTI\u00d3 mediante escritura p\u00fablica No. 2845 del 19 de NOVIEMBRE de 2014, otorgada por la Notar\u00eda 11 del C\u00edrculo de Cali, REGISTRADA en el Folio el d\u00eda 01 de DICIEMBRE de 2014\u00bb; ii) tampoco se hab\u00edan celebrado el total de contratos de encargos fiduciarios individuales equivalentes al 52% de las ventas estimadas; y, iii) no se contaba con la carta de aprobaci\u00f3n o pre aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito constructor. <\/p>\n
Acusa a la demandada de haber influido sobre el \u00e1nimo o la intenci\u00f3n de la inversionista, \u00abquien suscribi\u00f3 los contratos de Encargos Fiduciarios Individuales de fecha 11 de Diciembre de 2014, cuando Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. para la fecha de los referidos documentos conoc\u00eda la existencia del acta de verificaci\u00f3n del 4 de noviembre de 2014 y que la misma PLASMABA hechos ajenos a la realidad, toda vez que no CUMPL\u00cdA con las condiciones contractuales sine qua non para la transferencia de los recursos a la promotora\u00bb. Denunci\u00f3 que tal hecho le ocasion\u00f3 perjuicios, en tanto que, a la fecha, no se le ha reintegrado la inversi\u00f3n, ni cuenta con el bien inmueble pues no le fue escriturado ni entregado y el proyecto se encuentra paralizado desde hace m\u00e1s de 3 a\u00f1os. Aleg\u00f3, adem\u00e1s, el incumplimiento de la Fiduciaria de sus deberes de lealtad y buena fe, informaci\u00f3n, diligencia, profesionalidad y especialidad, previsi\u00f3n y protecci\u00f3n de los bienes fideicomitidos. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n de los demandados. <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, el apoderado de la demandada plante\u00f3 las siguientes excepciones de m\u00e9rito: \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb; \u00abinducci\u00f3n a error judicial a causa de un negocio \u201csimulado\u201d\u00bb; \u00abacci\u00f3n sociedad fiduciaria no es contractualmente responsable\u00bb; \u00aberror en la identificaci\u00f3n del contrato celebrado\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. Y la gen\u00e9rica. Adem\u00e1s, llam\u00f3 en garant\u00eda a SBS Seguros Colombia S.A., la que contest\u00f3 el llamamiento alegando la ausencia de cobertura de la p\u00f3liza secci\u00f3n III de responsabilidad profesional de la p\u00f3liza No. 1000099 \u00aben cuanto sea aplicable cualquier de las exclusiones dispuestas en las condiciones del seguro, en especial las exclusiones consignadas en el los numerales 3.7 y 3.14 de las condiciones generales del seguro\u00bb; \u00abImprocedencia de la indemnizaci\u00f3n de cualquier suma que resulte superior al l\u00edmite asegurado de la secci\u00f3n III de responsabilidad profesional de la p\u00f3liza No. 1000099 expedida por SBS Seguros Colombia S.A\u00bb; \u00abAgotamiento del valor asegurado\u00bb. \u00abAplicaci\u00f3n del deducible a cargo del asegurado pactado en la p\u00f3liza No. 1000099 para la secci\u00f3n III de responsabilidad civil profesional\u00bb. Y la \u00abSujeci\u00f3n a los t\u00e9rminos, l\u00edmites y condiciones previstos en la secci\u00f3n III de responsabilidad profesional de la p\u00f3liza No. 1000099 expedida por SBS Seguros Colombia S.A.\u00bb. Adicionalmente, se pronunci\u00f3 frente a la demanda al proponer las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abInexistencia de responsabilidad civil en cabeza de la demandada acci\u00f3n sociedad fiduciaria S.A. por no acreditarse los elementos de la responsabilidad civil por parte de la demandante\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva- acci\u00f3n fiduciaria no est\u00e1 llamado a responder por el actuar de Marcas Mall S.A.S.\u00bb; \u00abprocedencia de la sentencia anticipada, en cuanto se concreten los supuestos que dan lugar a su configuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.- Primera instancia. <\/p>\n
La clausur\u00f3 la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia en sentencia del 10 de febrero del 2020, por la cual declar\u00f3 civilmente responsable a Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. de los perjuicios causados a la demandante, \u00aben desarrollo de su vinculaci\u00f3n contractual, en particular del ENCARGO MT 799\u00bb. En consecuencia, la conden\u00f3 a pagar a la parte activa la suma de $7.255.128.520. Por dem\u00e1s, declar\u00f3 probadas las excepciones propuestas por la aseguradora. <\/p>\n
5.- Segunda instancia. <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte pasiva contra el fallo de primera instancia fue desatado por el Tribunal -con sentencia del 08 de septiembre de 2020-. All\u00ed modific\u00f3 el numeral cuarto del fallo impugnado \u00aben el sentido de indicar que el monto de la condena impuesta a la pasiva corresponde a la suma de $7.348.512.621\u00bb. En lo dem\u00e1s, fue confirmado el prove\u00eddo. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por precisar que los embates del apelante \u00fanico se circunscribieron a los siguientes aspectos \u00abi) imposibilidad de emitir un fallo de m\u00e9rito y acudir a la jurisdicci\u00f3n, invocando un contrato que la demandada no firm\u00f3 ni recibi\u00f3 recursos de la demandante; ii) incongruencia e indebida motivaci\u00f3n del fallo; iii) indebida coligaci\u00f3n contractual iv) defectuosa valoraci\u00f3n probatoria; v) no hubo incumplimiento contractual al no realizar las conciliaciones bancarias de los recursos depositados por INVGROUP 18; vi) procedencia del llamamiento en garant\u00eda; y vii) errada liquidaci\u00f3n de la condena impuesta\u00bb. <\/p>\n
Delimitada de esta forma la problem\u00e1tica, procedi\u00f3 a explicar la especial protecci\u00f3n que se impone al consumidor financiero, as\u00ed como las facultades jurisdiccionales -y sus limitantes- de la Superintendencia Financiera. Efectuadas tales acotaciones y tra\u00eddos de presente los fundamentos de hecho y pretensiones del libelo inicial y las consideraciones del a quo, asever\u00f3 que la cr\u00edtica sobre la inexistencia de la responsabilidad contractual de Acci\u00f3n Fiduciaria \u00abno puede abrirse paso, comoquiera que, al leerse detenidamente el escrito introductor, emerge, sin escollo alguno, que la accionante di\u00e1fanamente persigue la devoluci\u00f3n de los dineros entregados a la pasiva, los cuales relacion\u00f3 con los 21 encargos individuales ajustados con la convocada a la actuaci\u00f3n, por considerar, basilarmente, que tales recursos monetarios han sido mal gerenciados por \u00e9sta; sustrato petitorio y factual que, aunque resultara concatenado a otras contrataciones celebradas por la Fiduciaria, en puridad, rutila asaz habilitador para que la Superintendencia, como sentenciadora de primer grado, emitiera un pronunciamiento de m\u00e9rito, con ocasi\u00f3n del acusado quebrantamiento negocial trabado con un cliente de una sociedad vigilada por dicha entidad de supervisi\u00f3n, vigilancia y control; situaci\u00f3n que enmarca a la propulsora de este juzgamiento en la noci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 2, liberal d), de la Ley 1.328 de 2.009, y, a su vez, autoriza el ejercicio de la presente acci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 57 del al Ley 1.480 de 2.011\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la presunta incongruencia, hall\u00f3 impr\u00f3spero el alegato en tanto que el ejercicio de las amplias atribuciones que el Estatuto del Consumidor le confiere a la Superintendencia \u00abno reluce transgresor de los derechos del debido proceso y defensa de la demandada, por circunscribirse a las s\u00faplicas invocadas en el pliego ingresivo, -restituci\u00f3n de dineros depositados- y a los supuestos de hecho all\u00ed expuestos, que en esencia, apuntan al incumplimiento de los encargos fiduciarios suscritos por la actora; y pese a que el a quo no hizo mayor detenimiento en la espec\u00edfica acusaci\u00f3n relativa a la ausencia de informaci\u00f3n concerniente a la suscripci\u00f3n de la pluricitada acta de verificaci\u00f3n, lo ver\u00eddico es que, en \u00faltimas, la queja de la activante radic\u00f3 en la negligente administraci\u00f3n de sus recursos confiados a la conminada, de los que dice ignorar su ubicaci\u00f3n, denunciando, en adici\u00f3n, que el proyecto destino de su inversi\u00f3n se encuentra detenido desde hace un trienio\u00bb. As\u00ed pues, la denuncia sobre la pobre gesti\u00f3n de los recursos confiados a la demandada impon\u00eda verificar las normas contenidas en el Decreto 2649 de 1993, as\u00ed no hubieran sido aducidas en el cuerpo de la demanda pues \u00abseg\u00fan el art\u00edculo 1, \u00eddem, \u201c(\u2026) la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente econ\u00f3mico, en forma clara, completa y fidedigna\u201d; datos que trascienden a los terceros con quienes el comerciante se relaciona y al inter\u00e9s p\u00fablico, en los que debe apoyarse todo gestor profesional de intereses ajenos, como lo es la sociedad fiduciaria citada al pleito, de quien se corroboraron anomal\u00edas en su sistema de control interno\u00bb, sumado a las malas pr\u00e1cticas enrostradas respecto de la administraci\u00f3n de los recursos entregados y la desatenci\u00f3n de sus deberes de informaci\u00f3n, asesor\u00eda, protecci\u00f3n de los bienes fideicomitidos lealtad y buena fe, diligencia, profesionalismo y especialidad, previsiones establecidas en el Decreto 2555 de 2010, la Circular Externa 007 y el C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Conclusiones fundadas en la inspecci\u00f3n ocular con exhibici\u00f3n de documento practicada por el Auditor General de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria, quien avizor\u00f3 operaciones inusuales e incumplimientos y debilidades en los procedimientos de control interno. Tal escenario comprobatorio, a juicio del ad quem dista de ser sorpresivo y violatorio de las prerrogativas \u00abprocesales de la encausada, en raz\u00f3n a que su misma organizaci\u00f3n empresarial fue la g\u00e9nesis de dichos elementos de convicci\u00f3n, develadores de irregularidades ventiladas dentro del presente tr\u00e1mite, garantiz\u00e1ndose su derecho de contradicci\u00f3n; realidad que da al traste con la reprobaci\u00f3n referente a un exceso de las facultades incorporadas en el art\u00edculo 58, numeral 9, de la Ley 1.480 de 2.011\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, se refiri\u00f3 la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria respecto de los pagos efectuados por la demandante con anterioridad a la suscripci\u00f3n de los encargos fiduciarios individuales. Sobre ello, el apelante manifest\u00f3 que tales recursos no ten\u00edan como destino el proyecto Marcas Mall sino que fueron depositados en el encargo del Fideicomiso FG-291 GUM, de acuerdo con la voluntad plasmada en los soportes de consignaci\u00f3n bancaria. <\/p>\n
Para el efecto, el Tribunal acudi\u00f3 a la certificaci\u00f3n expedida el 16 de diciembre de 2013 por la Fiduciaria, en calidad de vocera del patrimonio aut\u00f3nomo Fondo Abierto Acci\u00f3n Uno; as\u00ed como las consignaciones efectuadas por la actora desde el 17 de diciembre de 2013 hasta el 2 de julio de 2014. A su turno, de la inspecci\u00f3n judicial y la consulta al software contable de la demandada se pudo determinar que \u00ablos dineros depositados por la compa\u00f1\u00eda accionante en la citada cuenta recaudadora, no fueron aplicados a los encargos fiduciarios individuales, sino que se transfirieron a favor del Fideicomiso FG-291 GUM; hecho corroborado con las documentales aportadas por la Fiduciaria, particularmente, la certificaci\u00f3n emitida el 9 de septiembre de 2.019, as\u00ed como con la declaraci\u00f3n de la representante legal de la parte demandada, quien, en ese sentido, puso en conocimiento del juzgador el indicado supuesto factual\u00bb. Aunado a ello, en los correos electr\u00f3nicos allegados por la demandada s\u00ed se verifica que sus funcionarios ordenaron aplicar los recursos al mencionado fideicomiso. No obstante, \u00aben ninguno de ellos aparece la autorizaci\u00f3n o instrucci\u00f3n dada por la inversionista dirigida a efectuar esos movimientos, pues en los mensajes de datos enviados, s\u00f3lo se adjuntaban los soportes de las consignaciones o transferencias, sin que se mencionara la destinaci\u00f3n de los dineros\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, valoradas las declaraciones de la demandante al momento de descorrer el traslado de excepciones, evidenci\u00f3 que tales manifestaciones no demuestran en absoluto la existencia de una relaci\u00f3n negocial consolidada con el se\u00f1or Uribe, dirigida a invertir recursos en el Fideicomiso FG-291 GUM. Por el contrario, \u00abtales explanaciones permiten reafirmar que la intenci\u00f3n del convocante era participar en el proyecto del Centro Comercial Marcas Mall, mediante la vinculaci\u00f3n formal con la Fiduciaria; circunstancia que guarda relaci\u00f3n con la certificaci\u00f3n que emitiera la demandada el 16 de diciembre de 2.013, haciendo constar que Gustavo Uribe pidi\u00f3, con destino a la demandante, la informaci\u00f3n referente a la cuenta donde deb\u00edan consignarse los dineros del proyecto Marcas Mall, instrumento que no fue desconocido ni desvirtuado su contenido por ninguna de las partes\u00bb. Estim\u00f3 que, de los medios suasorios adosados por la pasiva, as\u00ed como de las declaraciones recibidas, no es posible aseverar con certeza \u00abla presunta negociaci\u00f3n que adelantaron la sociedad convocante y Gustavo Uribe, toda vez que ninguna de las probanzas muestra, de forma contundente, su celebraci\u00f3n, t\u00e9rminos y condiciones. En efecto, los contratos de fiducia mercantil MM1 y MM2 orquestados en noviembre de 2.013, por Uribe Molina, en calidad de representante legal del Grupo Empresarial Pincaso S.A.S. y la encartada, no evidencian la intervenci\u00f3n de la convocante. En igual sentido, la compraventa ajustada entre Proyectos y Construcciones San Jos\u00e9 Ltda. y los Fideicomisos FA-2256 MM1 y FA-2257 MM2, tampoco es indicativa de la vinculaci\u00f3n del extremo inversor a tales negocios, por lo que la alegaci\u00f3n del censor no puede tener acogida por este Colegiado\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, al haberse comprobado que los recursos entregados por la activa fueron transferidos a otro fideicomiso sin mediar autorizaci\u00f3n previa del cliente, resulta palmario el incumplimiento de los deberes contenidos en los numerales 2 y 3 del art\u00edculo 1234 del C\u00f3digo de Comercio; los cuales son exigibles en la ejecuci\u00f3n de los 21 encargos fiduciarios por disposici\u00f3n del canon 146 del EOSF. Destac\u00f3 los hallazgos evidenciados en la auditor\u00eda efectuada en el curso del proceso pues, adem\u00e1s de sacar a la luz las operaciones inusuales que, a la postre, llevaron a que Jorge Moscote -representante legal de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria Cali- dejara en conocimiento de la justicia penal tales anomal\u00edas, \u00abcristalizan un comportamiento censurable que, de suyo, pone en tela de juicio la observancia de la enjuiciada al literal a), art\u00edculo 3 de la Ley 1328 de 2009\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, para la Sala fue claro que est\u00e1 acreditada \u00abla acusaci\u00f3n avisada en el texto incoativo, consistente en que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. no inform\u00f3 a la demandante que, para el momento de la firma de los encargos fiduciarios individuales aqu\u00ed litigados, esto es, el 10 de diciembre de 2014, ya hab\u00eda suscrito \u201cEL ACTA DE VERIFICACI\u00d3N DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS PROMOTOR MR-99 MARCAS MALL\u201d, de fecha 4 de noviembre de 2014\u00bb. Anot\u00f3 que, sobre tal hecho, la demandada adopt\u00f3 una actitud evasiva en la contestaci\u00f3n de la demanda pues omiti\u00f3 indicar si admit\u00eda, negaba o no le constaba tal inculpaci\u00f3n. Dicha circunstancia conduce a tener por cierto tal hecho de conformidad con el numeral 2 del art\u00edculo 96 del C.G.P; circunstancia que se ve refrendada por la confesi\u00f3n de Laura Jasm\u00edn L\u00f3pez Garc\u00eda -representante legal de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A.- en su interrogatorio de parte. Situaciones que evidencian el incumplimiento de la obligaci\u00f3n contemplada en el literal c) del art\u00edculo 7 de la Ley 1328 de 2009 y el numeral 1) del art\u00edculo 97 del EOSF. <\/p>\n
En ese sentido, consider\u00f3 que le correspond\u00eda a la enjuiciada poner al tanto a la convocante \u00abcon antelaci\u00f3n al perfeccionamiento de los encargos fiduciarios objeto de este litigio, el hecho cierto de haber suscrito la aludida acta, porque esa sola circunstancia, a no dudarlo, se izaba relevante para la inversora aqu\u00ed demandante, comoquiera que el conocimiento de tal insumo factual eventualmente habr\u00eda afectado su juicio resolutorio de celebrar o no dichos negocios jur\u00eddicos\u00bb. Considera el Colegiado que guardar \u00abmalicioso silencio sobre la rubricaci\u00f3n del mentado documento, se erige como una preterici\u00f3n abiertamente contraria al principio de la buena fe, amparado en los art\u00edculos 83 de la Carta Pol\u00edtica, 1.603 del C\u00f3digo Civil, y 863 y 871 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, se refiri\u00f3 a la censura efectuada por el apelante al juez de primer nivel, quien extendi\u00f3 retroactivamente, a una relaci\u00f3n nacida en el mes de diciembre de 2014, la responsabilidad contractual por situaciones ajenas a la Fiduciaria y al Proyecto Inmobiliario Marcas Mall, \u00abno pudi\u00e9ndose tener como un solo contrato el Encargo Fiduciario Individual celebrado con INVGROUP y el Fideicomiso FG-291 GUM, refutaci\u00f3n sobre la que, inauguralmente, huelga acotar que \u00e9stos negocios no fueron los tenidos como coligados por la delegatura de cognici\u00f3n\u00bb. Adicionalmente, escrutados los documentos aportados por la demandante, el encargo fiduciario MR799 y la Fiducia mercantil FA2351, \u00abse alcanza a percibir que la operaci\u00f3n econ\u00f3mica de la cual \u00e9stos hacen parte es la construcci\u00f3n y comercializaci\u00f3n del proyecto inmobiliario \u201cMarcas Mall\u201d, que se vino adelantando desde el a\u00f1o 2.013; inferencia que encuentra asidero persuasivo en la estimaci\u00f3n hol\u00edstica de los objetos de los mentados actos mercantiles\u00bb. Por tal raz\u00f3n, a juicio del Tribunal, no luce desacertado el tratamiento de coligaci\u00f3n contractual que el juez a quo dio a dichos negocios. <\/p>\n
Ahora bien, en punto del ataque esbozado por el impugnante consistente en la inviabilidad de la coligaci\u00f3n cuando no son las mismas partes quienes suscriben los pactos relacionados, \u00abno puede desconocerse que un sector de la doctrina ha emprendido el estudio del fen\u00f3meno en ciernes bajo la denominaci\u00f3n de \u201ccontrato rec\u00edproco y contratos vinculados\u201d\u00bb; reflexiones que, aplicadas al caso en concreto, \u00abdejan entrever que la propia naturaleza del entorno negocial ut supra delineado, acerca m\u00e1s su catalogaci\u00f3n a una vinculaci\u00f3n contractual que a la reciprocidad entre fiducia y encargo fiduciario, esclarecimientos que, sin m\u00e1s, pretextaban el an\u00e1lisis de los negocios previamente rese\u00f1ados como un todo; por lo que tal ataque se encuentra condenado al fracaso\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al embate seg\u00fan el cual la entrega del dinero no convirti\u00f3 a la demandante en beneficiaria y que la entidad convocada tiene la potestad de implementar sus procedimientos de control, el Tribunal llam\u00f3 la atenci\u00f3n en que tales argumentos carecen de la fuerza persuasiva suficiente para controvertir lo demostrado en el proceso. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que \u00ablos dineros depositados por la entidad accionante desde el 2.013 no fueron aplicados al proyecto \u201cMarcas Mall\u201d, sino transferidos a favor del Fideicomiso FG- 291 GUM; hecho corroborado con las documentales aportadas por la fiduciaria, particularmente, la certificaci\u00f3n emitida el 9 de septiembre de 2.019, 27 y las propias aseveraciones de la representante legal de la conminada en el interrogatorio de parte rendido al interior de esta contienda judicial; sin que milite medio suasorio contundente que pruebe que tal destinaci\u00f3n provino de una directriz de la actora. A contrario sensu, obran en el legajo declaraciones que revelan que tal decreto fue emitido por funcionarios de la demandada sin el consentimiento de aqu\u00e9lla\u00bb. Tal conclusi\u00f3n deviene de los correos electr\u00f3nicos allegados al legajo, en donde se evidencia que el administrador de los recursos de la demandada fue la persona que dio la orden de aplicar los dineros al citado fideicomiso. Empero, no aparece ninguna autorizaci\u00f3n de la activa con el fin de efectuar tales movimientos. <\/p>\n
Dichas evidencias, a juicio de la Sala, permiten concluir que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. es responsable del incumplimiento de sus obligaciones contractuales y de los deberes legales \u00abcontenidos en los art\u00edculos 1.234, numerales 2 y 3, del C\u00f3digo de Comercio; art\u00edculos 2-literalc), 3- literal a), 7-literal c), de la Ley 1.328 de 2009; art\u00edculo 97, numeral 1, del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero; art\u00edculos 83 de la Carta Pol\u00edtica, 1.603 del C\u00f3digo Civil, y 863 y 871 de la codificaci\u00f3n mercantil; encontr\u00e1ndose particularmente inadvertidas normas contables y de control interno que rigen la operaci\u00f3n fiduciaria, en las varias auditor\u00edas internas a la sucursal de Cali, que motivaron la interposici\u00f3n de la denuncia penal correspondiente; con el complemento del mutismo adoptado por la demandada, contraventor de su deber de brindar informaci\u00f3n oportuna, necesaria y cierta a la consumidora gestora de esta reyerta procesal, por no enterarla, de manera previa a la suscripci\u00f3n de los encargos fiduciarios individuales, que ya se hab\u00eda levantado formalmente \u201cEl ACTA DE VERIFICACI\u00d3N DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS PROMOTOR MR-99 MARCAS MALL\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, advirti\u00f3 que, si bien Invgroup 18 S.A. efectu\u00f3 los dep\u00f3sitos con anterioridad a los contratos de encargos fiduciarios individuales, \u00abesta situaci\u00f3n no facultaba a la querellada para disponer de los recursos en la forma irregular como lo hizo en el caso examinado, ni menos pretender excusarse de su compromiso frente a la actora, si en cuenta se tiene que en los procedimientos y manuales de la entidad se ten\u00eda establecido la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n para la elaboraci\u00f3n de las conciliaciones bancarias de las carteras colectivas, as\u00ed como la identificaci\u00f3n de los recursos, en aras de lograr la correcta aplicaci\u00f3n de los dineros en los encargos correspondientes; reglamentaci\u00f3n interna que, como en l\u00edneas anteriores se explic\u00f3, seg\u00fan las auditor\u00edas efectuadas a la oficina de Cali, no fue implementada por la fiduciaria; descarrilamiento administrativo que no se logra superar ni siquiera en el eventual escenario de no haberse informado la demandante sobre los productos o servicios que pensaba adquirir, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6, literal b), de la Ley 1.328 de 2.009, si se toma en consideraci\u00f3n que el par\u00e1grafo 1, ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
En lo que concierne con la procedencia del llamamiento en garant\u00eda, llam\u00f3 la atenci\u00f3n en que las condiciones del contrato de seguro eximen de responsabilidad al asegurador en relaci\u00f3n con cualquier reclamo derivado de una conducta deshonesta, fraudulenta, maliciosa o intencional del asegurado; \u00abcontenido convencional que, ciertamente, exime al ente aseguraticio de salir al amparo de su asegurada, dado que aparece demostrado en el presente asunto que, fruto del actuar irregular de varios de los empleados y funcionarios de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., sucursal ubicada en Cali, que ten\u00edan a su cargo la administraci\u00f3n de los dineros entregados por la actora, \u00e9stos fueron \u201cdispersados\u201d a otros fideicomisos\u00bb. Y si bien en el expediente no reposa ninguna sentencia proferida por autoridad penal frente a las actividades desplegadas por los empleados de la entidad fiduciaria en relaci\u00f3n con el manejo inadecuado de los recursos, \u00abtambi\u00e9n lo es que esta anomal\u00eda, acorde con el texto aseguraticio transliterado, es susceptible de ser acreditada con su aceptaci\u00f3n proveniente de la demandada, en calidad de asegurada, quien, en efecto, durante el curso del proceso, reconoci\u00f3 las rese\u00f1adas irregularidades como defraudatorias, que, entre otros asuntos, corresponden a los capitales de la impulsora que no fueron ingresados a sus respectivos encargos fiduciarios, pese a obrar constancia de su dep\u00f3sito, situaci\u00f3n que s\u00ed configura la exclusi\u00f3n contenida en el literal b) numeral 3.7. del clausulado citado\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a los argumentos presentados en torno a la forma en que se estableci\u00f3 el monto de la condena, el ad quem evidenci\u00f3 que la f\u00f3rmula matem\u00e1tica utilizada por el a quo no se aviene err\u00f3nea. Adem\u00e1s, ote\u00f3 que la orden impartida se circunscribi\u00f3 a la restituci\u00f3n de las sumas inicialmente entregadas sin ning\u00fan tipo de componente indemnizatorio. Por ende, y en tanto la correcci\u00f3n monetaria no implica ning\u00fan reconocimiento de perjuicios, conforme al inciso 2 del art\u00edculo 283 del C.G.P., procedi\u00f3 a indexar el monto estatuido hasta la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon cinco cargos, de los cuales ser\u00e1 inadmitido el cuarto por no cumplir con los requisitos formales impuestos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. El resto de los embates ser\u00e1n admitidos. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal quinta de casaci\u00f3n, el censor acusa la sentencia de haber viciado de nulidad el proceso, \u00abpor no atender los l\u00edmites a la competencia que le correspond\u00edan tanto a la Delegatura de la Superintendencia Financiera que fall\u00f3 en primera instancia, como al Tribunal en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que \u00abno era competencia de la Superintendencia Financiera en sede jurisdiccional, por no tratarse de una reclamaci\u00f3n de naturaleza contractual ni existir un contrato entre las Partes trabadas en el litigio al momento de la realizaci\u00f3n de los pagos objeto de la demanda\u00bb. Consider\u00f3 que, al no ser la Superintendencia la competente para conocer del asunto, \u00abmal podr\u00eda el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la sentencia que se acusa en casaci\u00f3n, proceder como competente de segunda instancia. En consecuencia, la sentencia debi\u00f3 ser inhibitoria en la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto, trajo de presente el art\u00edculo 57 de la Ley 1480 de 2011 en relaci\u00f3n con las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, as\u00ed como el canon 24 del C\u00f3digo General del Proceso. Ello para indicar que la competencia de este \u00f3rgano es bastante restringida pues se limita a conocer de las controversias relacionadas con la ejecuci\u00f3n y cumplimiento de obligaciones contractuales en negocios jur\u00eddicos financieros. Sin embargo, \u00abno fue probado en el proceso y tampoco es posible afirmar que existi\u00f3 una relaci\u00f3n contractual entre las partes en la \u00e9poca de las consignaciones cuya devoluci\u00f3n constituye la pretensi\u00f3n principal de la demanda. La Demandante consign\u00f3 unas sumas de dinero en virtud de negocios jur\u00eddicos celebrados con otras personas, a una cuenta com\u00fan de la fiduciaria, como lo hac\u00edan todos aquellos inversionistas que negociaran con los promotores de los diferentes proyectos. Por lo tanto, las controversias que surjan en relaci\u00f3n con dichas consignaciones no est\u00e1n \u201crelacionadas exclusivamente con la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las obligaciones contractuales\u201d, sino que deber\u00edan haberse tratado bajo la \u00f3ptica de la responsabilidad civil extracontractual, escapando as\u00ed de la competencia de la Superintendencia Financiera y, por ende, tambi\u00e9n del Tribunal como juez de segunda instancia en ese preciso proceso\u00bb. <\/p>\n
Para el impugnante, el objeto del litigio no responde a ninguna relaci\u00f3n contractual entre las partes del proceso, sino a situaciones precedentes totalmente ajenas a ella. As\u00ed, \u00abse puede concluir que la Superintendencia Financiera carec\u00eda de competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda con base en hechos que no se desprenden de una relaci\u00f3n contractual en materia financiera\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que se trata de una nulidad afincada en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, totalmente insubsanable, puesto que \u00abla Delegatura de la Superintendencia Financiera carece no solamente de competencia, sino tambi\u00e9n de jurisdicci\u00f3n para pronunciarse sobre un asunto que corresponde a los jueces ordinarios\u00bb. Asever\u00f3 que una actuaci\u00f3n como la realizada por el Tribunal \u00abflagrante rebeld\u00eda contra los l\u00edmites que le impone a su competencia, vicia la actuaci\u00f3n procesal, la torna espuria y violenta en forma clara el debido proceso, contraviniendo la garant\u00eda que establece el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que \u00abla \u00fanica v\u00eda l\u00f3gica para atacar una sentencia como la del presente caso, por una usurpaci\u00f3n de competencias, no puede ser otra que la causal quinta que se refiere a las nulidades, incluyendo las que tienen asiento en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, conocidas como nulidades constitucionales, con fundamento en el art\u00edculo 29 de la carta y en el art\u00edculo 4, que establece la primac\u00eda de la Constituci\u00f3n sobre las dem\u00e1s normas jur\u00eddicas\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El cargo transcrito adolece de defectos t\u00e9cnicos que ameritan su inadmisi\u00f3n. Las razones de esta determinaci\u00f3n se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuando se invoca la causal quinta de casaci\u00f3n, referida a \u00ab[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, es imperativo que el casacionista demuestre que los hechos se subsumen dentro de una de las causales de nulidad taxativamente consagradas por la ley, que tenga el inter\u00e9s para alegar el vicio denunciado y que este no haya sido convalidado. Esto en tanto que \u00fanicamente logran romper la providencia denunciada las inconsistencias determinadas e insuperables que deban ser regularizadas en sede extraordinaria de casaci\u00f3n. Al respecto, se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la alegaci\u00f3n de una causal de nulidad es insuficiente para viabilizar su estudio de fondo, si al sustentar su ocurrencia no se tienen en cuenta los principios de especificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n que la rigen, pues la ausencia de cualquiera de \u00e9stos conducir\u00e1 a descartar la retroacci\u00f3n del tr\u00e1mite cumplido y a la repulsa del escrito de sustentaci\u00f3n, en guarda de caros postulados, como el de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
En otras palabras, el inconforme tiene la carga de demostrar que los hechos alegados se subsumen dentro de alguna de las causales de invalidaci\u00f3n consagradas en la legislaci\u00f3n, que la misma no fue saneada, que est\u00e1 legitimado para invocarla y que la vulneraci\u00f3n es trascendente\u00bb. (AC4497-2018, citado en AC5808-2021). <\/p>\n
Pese a lo anterior, en el caso en concreto, el embate no se soporta en ninguna de las causales de nulidad consagradas por la legislaci\u00f3n adjetiva. No est\u00e1 expuesta expl\u00edcita ni impl\u00edcitamente ninguna de las causales de nulidad previstas en las distintas normas del ordenamiento adjetivo. Se observa que la argumentaci\u00f3n del censor se dirige a criticar la presunta falta de competencia del juez de primera instancia para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda \u00abcon base en hechos que no se desprenden de una relaci\u00f3n contractual en materia financiera\u00bb. En ese sentido, consider\u00f3 que las controversias surgidas en el caso en concreto \u00abdeber\u00edan haberse tratado bajo la \u00f3ptica de la responsabilidad civil extracontractual, escapando as\u00ed de la competencia de la Superintendencia Financiera y, por ende, tambi\u00e9n del Tribunal como juez de segunda instancia en ese preciso proceso\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, tal reproche no se circunscribe a ninguna de las irregularidades procesales que ameritan la anulaci\u00f3n de lo actuado. As\u00ed mismo, la queja tampoco se ci\u00f1e a la causal de nulidad consagrada en el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que de manera concreta advierte que ser\u00e1 \u00abnula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb. Al respecto, ha aseverado esta Sala que: <\/p>\n
\u00abExpresado de otro modo, como en la normativa actual no se previ\u00f3 la falta de competencia como motivo de nulidad procesal, no resulta factible admitir a tr\u00e1mite el cargo en estudio. Lo anterior en tanto que, como lo tiene sentado la Corte en casos similares, <\/p>\n
\u00ab(…) en cuanto al motivo de casaci\u00f3n contemplado en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 336 ejusdem, atinente a \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, esta Sala ha sostenido que las condiciones requeridas para que pueda invocarse con \u00e9xito son las siguientes: (a) la solicitud de invalidaci\u00f3n debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley; (b) el tratamiento que debe darse a las nulidades como motivo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n est\u00e1 igualmente sometido a los principios generales que gobiernan este instituto procesal y, en concreto, al de la \u201cespecificidad\u2026; (c) es menester que se evidencie inter\u00e9s en el recurrente para obtener la invalidaci\u00f3n que solicita\u2026 emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona; y (d) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. (CSJ AC, 18 dic. 2009, rad. 2002-00007-01; CSJ AC, 25 jul. 2011, rad. 2006-00090-01; AC6886-2016, rad. 1998-00337-01). <\/p>\n
La demanda de casaci\u00f3n, en este caso, no cumple los requisitos establecidos por la ley, y por tal raz\u00f3n se inadmitir\u00e1. En el cargo primero, la demandada acus\u00f3 a la sentencia de haber sido proferida en un proceso viciado de nulidad porque la Superintendencia de Industria y Comercio carec\u00eda de competencia (…). La acusaci\u00f3n, sin embargo, carece de la debida claridad y precisi\u00f3n que exige el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el censor no la enmarc\u00f3 en ninguna de las causales all\u00ed previstas y examinados los supuestos f\u00e1cticos en que se sustenta, pronto se advierte que no se adec\u00faa a ninguna de las hip\u00f3tesis taxativamente previstas por el legislador como generadoras de la pretendida invalidez. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan el numeral primero de aquel precepto, la actuaci\u00f3n ser\u00e1 nula en todo o en parte \u00ab[c]uando el juez act\u00fae en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia.\u00bb As\u00ed mismo, el art\u00edculo 16 ejusdem se\u00f1ala que \u00abLa jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo. (Subraya para resaltar)\u00bb (CSJ AC AC1178-2018, 23 mar.)\u00bb (AC3274-2019, 12 de agosto de 2019. Negrilla aparte). <\/p>\n
En consecuencia, no es posible derivar de la argumentaci\u00f3n esgrimida el cumplimiento del referido requisito de taxatividad que impone la invocaci\u00f3n de la causal quinta de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- En conclusi\u00f3n, se inadmitir\u00e1 el cargo cuarto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR el cargo cuarto, formulados por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. contra la sentencia del 08 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: ADMITIR la demanda en cuesti\u00f3n respecto de los cargos primero, segundo, tercero y quinto. <\/p>\n
TERCERO: Del libelo, atendiendo lo aqu\u00ed resuelto, c\u00f3rrase traslado a la parte opositora, en la forma y t\u00e9rminos previstos en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CUARTO: Cumplido lo anterior vuelva la actuaci\u00f3n al despacho. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 46 del PDF \u00abCuadernoPrimeraInstanciaPrincipal.PDF\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 247 del PDF \u00abCuadernoPrimeraInstanciaPrincipal.PDF\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC5033-2022 (2018-01179-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC5033-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-003-2018-01179-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre del dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69242","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69242"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69242\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}