AC5333-2022 (2016-00297-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5333-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-020-2016-00297-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda formulada por Jos\u00e9 Francisco Rodr\u00edguez Maldonado para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia del 24 de agosto de 2002, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal del recurrente contra C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra y personas indeterminadas. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se pidi\u00f3 en el libelo declarar que Jos\u00e9 Francisco Rodr\u00edguez Maldonado adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del inmueble ubicado en la Calle 18 #68D-79 de Bogot\u00e1, de folio inmobiliario Nro. 50C-784748, respecto del cual el demandante desde el 29 de abril de 2005, \u00abtom\u00f3 de buena fe la posesi\u00f3n material, la defensa, la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, la direcci\u00f3n, el mando, un inter\u00e9s real; y el manejo del mencionado bien inmueble sin estorbo de persona alguna\u00bb, siendo reconocido ante los vecinos como el \u00fanico poseedor, amo, se\u00f1or y due\u00f1o del mismo. <\/p>\n
2.- Notificada del auto admisorio, la accionada se opuso al \u00e9xito de las pretensiones, y como excepciones de m\u00e9rito alego: i) siendo el demandante un cesionario del contrato de arrendamiento sobre el predio, de esa situaci\u00f3n jur\u00eddica no ha surgido posesi\u00f3n ni derecho de dominio, y, ii) falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
3.- El a quo declar\u00f3 probada la \u00abexcepci\u00f3n oficiosa de simulaci\u00f3n respecto del negocio celebrado entre Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano (\u2026) y C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra (\u2026) para tener al primero como verdadero propietario del bien, y por ende, carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra\u00bb, y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
4.- El superior al desatar la apelaci\u00f3n de la accionante, revoc\u00f3 el ordinal primero y en lo dem\u00e1s confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. Para decidir de ese modo, en resumen, expuso: <\/p>\n
4.2.- Como el convocado est\u00e1 habilitado para resistir la acci\u00f3n es procedente estudiar los presupuestos de la misma, concretamente el concerniente a la prueba de la posesi\u00f3n alegada. <\/p>\n
La ley admite que el simple tenedor var\u00ede su posici\u00f3n jur\u00eddica de tal por la de poseedor, situaci\u00f3n que solo alcanza eficacia desde el momento en que aquel \u00abrompe para s\u00ed y ante toda persona el nexo jur\u00eddico que lo ligaba con el propietario, rebel\u00e1ndose expresa y p\u00fablicamente contra el derecho de \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas premisas, en este caso, la circunstancia de haber entrado el demandante a detentar el bien disputado a partir de la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual de arrendador que le hiciera el propietario, suprime toda posibilidad de acceder a la pretensi\u00f3n formulada \u00aben tanto el acervo probatorio obrante en el plenario no evidencia la transformaci\u00f3n de este t\u00edtulo de mero tenedor a la de poseedor, pues los actos ejecutados en el inmueble cuya usucapi\u00f3n pretende, no son inequ\u00edvocos de se\u00f1or\u00edo y, por tanto, no ofrecen certidumbre sobre la posesi\u00f3n alegada\u00bb. <\/p>\n
A esa conclusi\u00f3n lleg\u00f3 la sala tras analizar la totalidad de la prueba recaudada apreciada en su conjunto, de donde emerge que Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano le transfiri\u00f3 a C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra \u00abel \u201cderecho de dominio y agregarle la posesi\u00f3n\u201d que dijo detentar sobre el inmueble ubicado en la calle 18 Nro. 68D-79 de Bogot\u00e1, mediante el contrato de compraventa (\u2026) como tambi\u00e9n que Rodr\u00edguez Sierra desde antes de esa negociaci\u00f3n hab\u00eda arrendado el bien a la sociedad Comercializadora Portobello Ltda.\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se demostr\u00f3 que el contrato de arrendamiento fue cedido a Jos\u00e9 Francisco Rodr\u00edguez Maldonado en abril de 2005, y a partir de esa convenci\u00f3n el usucapiente proclama ejercer la posesi\u00f3n, pero all\u00ed qued\u00f3 estipulado que \u00abel contrato de arrendamiento se cede en sus dos partes, como arrendador al se\u00f1or Jos\u00e9 Francisco Rodr\u00edguez Maldonado\u00bb, por tanto, ninguna discusi\u00f3n admite que en virtud de esa cesi\u00f3n entr\u00f3 a disponer del bien como mero tenedor, y de los dem\u00e1s medios probatorios \u00abno es factible inferir con certitud el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o y, mucho menos, la interversi\u00f3n de esa calidad a la de poseedor\u00bb. <\/p>\n
Las copias de los cheques girados por Setas Colombianas S.A. (arrendataria), la consignaci\u00f3n a la cuenta del arrendador, los comprobantes de egreso del mismo y las facturas de venta expedidas por aquel, dan cuenta del pago de la renta generada entre los a\u00f1os 2005 y 2016 al se\u00f1or Rodr\u00edguez Maldonado, como acto que corresponde al cumplimiento de la principal obligaci\u00f3n a cargo del arrendador, conforme al art\u00edculo 2000 del C\u00f3digo Civil, sin que, por si solo, acredite acto de se\u00f1or\u00edo. <\/p>\n
De los documentos que refieren labores de mantenimiento de la bodega en litigio, emerge que la arrendataria informaba al demandante las obras realizadas en el inmueble y ped\u00eda su contribuci\u00f3n en la asunci\u00f3n de los gastos como gesti\u00f3n inherente a ese tipo de relaci\u00f3n contractual, por lo que, necesariamente, no comporta \u00abreconocer a su arrendatario (sic) como propietario del bien\u00bb. <\/p>\n
Tampoco acreditan la calidad de poseedor del convocante los gastos relacionados con compra de materiales, recibos de pago de impuesto predial, ni el hecho de que la arrendataria le haya comunicado el excesivo aumento del valor del servicio de acueducto y alcantarillado, o que Codensa le diera a conocer la proyecci\u00f3n del consumo de energ\u00eda, porque ello solo concierne con los servicios p\u00fablicos requeridos para el goce del bien. Los derechos de petici\u00f3n remitidos por el actor a la Secretar\u00eda Distrital de Movilidad quej\u00e1ndose de las condiciones del espacio p\u00fablico, tampoco demuestran nada al respecto, pues las mismas pudieron ser remitidas por cualquier ciudadano. <\/p>\n
En cuanto al incremento del canon de arrendamiento y dem\u00e1s comunicaciones remitidas por el arrendatario, no pueden catalogarse como actuaciones propias \u00fanicamente de quien ostente la condici\u00f3n de due\u00f1o de la cosa cuyo goce concede por el pago de un precio, en esta especie de convenci\u00f3n \u00abel arrendador no necesariamente tiene que ser el due\u00f1o, pues bien podr\u00eda ser, verbi gratia, un administrador\u00bb. Los testimonios e interrogatorios de parte recaudados no aportan nada distinto a lo que se evidencia con los documentos referidos. <\/p>\n
Escrutada la totalidad de las pruebas recaudadas concluy\u00f3 que el actor, a quien le incumb\u00eda la carga de probar, \u00abomiti\u00f3 demostrar que trasmut\u00f3 su condici\u00f3n de tenedor a la de poseedor, esto es, la interversi\u00f3n del t\u00edtulo y la \u00e9poca en que ella ocurri\u00f3, habida cuenta que ninguno de los actos desplegados sobre el bien son \u201cinequ\u00edvocos\u201d de posesi\u00f3n, sin que se avizore su ejercicio con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, ni el acervo probatorio ofrezca certidumbre de actos irrefutables de rebeld\u00eda contra el derecho del due\u00f1o\u00bb\u00b8 y por el contrario, la arrendataria dirigi\u00f3 algunas comunicaciones relacionadas con el contrato de arrendamiento, al \u00abGrupo Rodr\u00edguez, Atn. se\u00f1or Jos\u00e9 Francisco Rodr\u00edguez\u00bb, se\u00f1alando a esa forma societaria en su texto como \u00abpropietaria\u00bb, y varias de las misivas suscritas por el actor est\u00e1n en papeler\u00eda con membrete de aquella. <\/p>\n
II.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n y en la debida oportunidad sustent\u00f3 un cargo, con soporte en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Acus\u00f3 violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y de los art\u00edculos 762, 764, 770, 780, 981, 1973, 1997, 1998, 2000, 2512, 2513, 2518, 2527 y 2532 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de manifiestos y trascendentes errores de hecho en la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas, al haber concluido que los actos desplegados por el demandante sobre el inmueble fueron realizados en calidad de mero tenedor y no como poseedor. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal desfigur\u00f3 el contenido de algunas pruebas y omiti\u00f3 analizar otras con lo cual incurri\u00f3 en el evidente error de considerar que el demandante no modific\u00f3 su t\u00edtulo de mero tenedor al de poseedor, lo cual le llev\u00f3 a violar de manera indirecta la ley sustancial. En s\u00edntesis, por lo siguiente: <\/p>\n
1.- Desfigur\u00f3 el contenido de las siguientes pruebas: <\/p>\n
(i) Documentos relacionados con la cesi\u00f3n de la calidad de arrendador seg\u00fan el otro s\u00ed al contrato de arrendamiento del 20 de agosto de 2004, que daba cuenta de que en realidad el accionante modific\u00f3 el t\u00edtulo de tenedor a poseedor con pleno conocimiento del demandado, propietario inscrito de la cosa pretendida en usucapi\u00f3n. <\/p>\n
(ii) Documentos relacionados con el nuevo contrato de arrendamiento celebrado el 1\u00ba de septiembre de 2006, que constituy\u00f3 el inicio de la \u00abinterversi\u00f3n\u00bb del t\u00edtulo de tenedor a poseedor, porque ese segundo contrato de arrendamiento fue ajeno e independiente a la posici\u00f3n contractual cedida, siendo una muestra de rebeld\u00eda del demandante frente al dominio ajeno. <\/p>\n
(iii) Las pruebas documentales relacionadas con: los cheques, consignaciones, comprobantes de egreso, facturas de venta de 2005 a 2016 que acreditan los pagos que recibi\u00f3 el promotor por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento, cuyo contenido s\u00ed demuestra su calidad de poseedor y recibi\u00f3 m\u00e1s de $1.200.000.000, por concepto de c\u00e1nones mensuales de arrendamiento durante 10 a\u00f1os, sin reportarlos o transferirlos al demandado o a alg\u00fan tercero, ni fue demandado para el efecto. <\/p>\n
(iv) Las relacionadas con el mantenimiento y arreglos del inmueble, que demuestran que el convocante era quien lideraba y tomaba decisiones respecto del inmueble en el curso del contrato de arrendamiento, por ser el \u00fanico que recib\u00eda los ingresos por concepto de c\u00e1nones. <\/p>\n
(v) Las relacionadas con la compra de materiales y los recibos de pago de impuesto predial, acreditaban que esos rubros fueron cubiertos por el accionante con recursos propios, no como tenedor o administrador sino como verdadero se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
(vi) Las peticiones ante autoridades s\u00ed demuestran la calidad de poseedor del gestor porque acreditan los actos realizados, no como tenedor o administrador, por ser el \u00fanico interesado en cuidar el inmueble y su entorno. <\/p>\n
(vii) Las pruebas documentales relacionadas con el incremento del canon (algunos en papeler\u00eda membreteada como \u201cGrupo Rodr\u00edguez\u201d); la aceptaci\u00f3n de la pr\u00f3rroga y la renovaci\u00f3n, as\u00ed como el otro contrato donde el demandante aparece como arrendador, s\u00ed demostraban la calidad de poseedor del demandante porque: <\/p>\n
(a) el demandante era el \u00fanico que tomaba las decisiones contractuales en su relaci\u00f3n con el arrendatario, y fue el \u00fanico que recibi\u00f3 el beneficio econ\u00f3mico mensual por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento, con pleno conocimiento del demandado, sin que \u00e9ste o ning\u00fan tercero hubiera iniciado acci\u00f3n judicial en su contra para reclamarle por el inmueble o por los ingresos que este genera; (b) el que algunos de esos documentos estuvieran en papeler\u00eda membreteada como \u201cGrupo Rodr\u00edguez\u201d no suprime la calidad de poseedor porque no desvirt\u00faa el hecho de que el accionante ha sido el \u00fanico que, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, ha recibido los beneficios econ\u00f3micos de ese inmueble con pleno conocimiento del demandado; (c) el que hubiera celebrado un contrato de arrendamiento aut\u00f3nomo e independiente, como el del 1\u00ba de septiembre de 2016, en frontal desconocimiento de la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual, fue una clara muestra de rebeld\u00eda y mutaci\u00f3n del t\u00edtulo. <\/p>\n
(viii) La prueba documental relacionada con la actividad econ\u00f3mica registrada por el demandante en la c\u00e1mara de comercio denominada \u00abactividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados\u00bb, demuestra la condici\u00f3n de poseedor, ya que \u00e9ste en ejercicio de actos de se\u00f1or y due\u00f1o puede dar en arrendamiento la cosa objeto de posesi\u00f3n. <\/p>\n
(ix) El uso de papeler\u00eda con el membrete \u201cGrupo Rodr\u00edguez\u201d, no acredita que el accionante estuviera obrando como administrador reconociendo dominio ajeno a favor del demandado o del citado grupo empresarial. <\/p>\n
(x) Los testimonios de Jos\u00e9 Reinaldo Maldonado y Jos\u00e9 Faustino Boh\u00f3rquez, s\u00ed probaban la calidad de poseedor del demandante porque ambos declararon que fue \u00e9l quien los contrat\u00f3 para hacer trabajos de reparaci\u00f3n al inmueble. <\/p>\n
(xi) El testimonio de Larry Barahona, quien manifest\u00f3 que el promotor se comportaba como se\u00f1or y due\u00f1o del inmueble, siendo \u00e9l radicaba el que radicaba, por orden del accionante, las facturas de arriendo y lo acompa\u00f1aba a pagar los impuestos prediales y a verificar si el inmueble se encontrara en buen estado. <\/p>\n
2.- El Tribunal omiti\u00f3 apreciar los siguientes medios de prueba, de haberlos tenido en cuenta, no hubiera incurrido en el evidente error de no reconocer la \u201cinterversi\u00f3n\u201d del t\u00edtulo de tenedor al de poseedor, ni hubiera dictado sentencia en el sentido que lo hizo: <\/p>\n
(i) La confesi\u00f3n del demandado C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra, quien al contestar el hecho 12 de la demanda reconoci\u00f3 que le solicit\u00f3 al arrendatario que el contrato suscrito con el demandante fuera revocado, realizaran uno nuevo y cancelaran los arriendos a su nombre, pero la arrendataria no acept\u00f3 esas solicitudes; ello acredita el pleno conocimiento de \u00e9ste frente a los actos de rebeld\u00eda del actor, \u00fanico que recib\u00eda y dispon\u00eda de los c\u00e1nones de arrendamiento sin report\u00e1rselos al demandado. Igualmente, el demandado en su declaraci\u00f3n de parte, ante la pregunta de si el actor le reportaba dinero por los diferentes c\u00e1nones de arrendamiento, respondi\u00f3: \u201cNo, nunca me ha manifestado a mi cuentas o cosas as\u00ed\u201d. <\/p>\n
(ii) La comunicaci\u00f3n del 5 de agosto de 2016 en la que el demandado le solicit\u00f3 a Setas Colombianas que el contrato de arrendamiento celebrado con el demandante fuera revocado y se realizara un nuevo contrato de arrendamiento; as\u00ed como la del 24 de agosto de 2016 en la cual le solicit\u00f3 al arrendatario Setas Colombianas que pagara el arriendo a nombre de C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez. <\/p>\n
(iii) La comunicaci\u00f3n del 21 de octubre de 2016 en la que el arrendatario Setas Colombianas le inform\u00f3 al demandado que no aceptaba lo solicitado por el demandado y adem\u00e1s le record\u00f3 que \u201cJos\u00e9 Francisco no est\u00e1 actuando como \u201cautorizado\u201d o \u201cfacultado\u201d o \u201cmandatario\u201d, sino que mediante otros\u00ed al contrato, usted cedi\u00f3 su posici\u00f3n contractual al se\u00f1or Jos\u00e9 Francisco y esta cesi\u00f3n no se deshace mediante una declaraci\u00f3n extrajuicio\u201d. <\/p>\n
(iv) El indicio de que el demandante s\u00ed actu\u00f3 en calidad de poseedor, tomando como hechos indicadores la prueba documental que acredita que \u00e9l fue el \u00fanico que recibi\u00f3 y dispuso de los c\u00e1nones de arrendamiento; que el demandante no le report\u00f3 o transfiri\u00f3 al demandado ning\u00fan dinero por ese concepto, y que el demandado no inici\u00f3 acci\u00f3n judicial contra aquel para reclamarle por la posesi\u00f3n o los beneficios econ\u00f3micos producidos por el inmueble. <\/p>\n
Los graves y trascendentes errores de hecho cometidos por el Tribunal se refieren a todas las pruebas referidas en su decisi\u00f3n y a aquellas que obrando en el expediente fueron pretermitidas, lo cual deja ver la equivocada valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas, pues s\u00ed se demostr\u00f3 la \u00abpretermisi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb, as\u00ed como los actos de rebeld\u00eda del demandante, de no haber sido as\u00ed, el sentido de la decisi\u00f3n hubiere sido distinto. <\/p>\n
III.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb1. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, incluye que esta debe contener: <\/p>\n
2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias. (\u2026). <\/p>\n
Por otra parte, las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- Cuando se invoca la causal segunda prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es preciso que el impugnante determine en cu\u00e1l de las dos modalidades que permite el reproche se inscribe el desafuero del tribunal, es decir, si por incursi\u00f3n en errores de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba; o de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria. Igualmente, ser\u00e1 menester que indique en qu\u00e9 consiste el yerro de acuerdo con las especificidades de aquellas, con expresa referencia de las normas de orden sustancial aplicables en la definici\u00f3n de la controversia que resulten transgredidas y, en el segundo evento, adem\u00e1s, las de car\u00e1cter probatorio que se consideren violadas. <\/p>\n
3.- En el sub judice, la sustentaci\u00f3n presenta un grave defecto que impide darle tr\u00e1mite, por cuanto ninguna de las normas invocadas por el recurrente como vulneradas de manera indirecta por el fallo del tribunal, tiene la connotaci\u00f3n de norma sustancial con incidencia medular en la decisi\u00f3n impugnada, omisi\u00f3n que contraviene la exigencia consagrada en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del estatuto procesal, a cuyo tenor \u00abcuando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb, tal y como pasa a explicarse. <\/p>\n
Seg\u00fan lo tiene decantado la Sala, una norma es de naturaleza sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n dirigida a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas, por lo tanto, como se memor\u00f3 en AC4591-2018, \u00abcarecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb. Partiendo de esa premisa, en punto a las normas que la censura afirma infringidas, se advierte lo siguiente: <\/p>\n
a) El art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que garantiza la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, no es de car\u00e1cter sustancial, pues como se analiz\u00f3 en CSJ AC1241-2019, esa disposici\u00f3n no consagra \u00abderechos ni obligaciones concretas a las partes, ligadas por un v\u00ednculo especial (AC-051, 2 abr. 2008, rad. 2000-06151-01; AC, 25 oct. 1996, rad. n.\u00b0 6228)\u00bb. Adem\u00e1s, en t\u00e9rminos generales, la Corte ha precisado que, los preceptos constitucionales, \u00abno son id\u00f3neos para apalancar, por s\u00ed solos, el motivo inicial de casaci\u00f3n, toda vez que por su naturaleza o estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jur\u00eddicas concretas y, por ende, es la que, en l\u00ednea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario\u00bb. (CSJ AC5435-2017). <\/p>\n
b) La Sala tambi\u00e9n se ha pronunciado respecto a la falta de esa connotaci\u00f3n respecto de los art\u00edculos 762, 764, 2512, 2518 y 2527 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed, por ejemplo, en AC2133-2020, reiterada en AC334-2021, se indic\u00f3 que en en el cargo formulado, \u00abla inconforme cit\u00f3 gran cantidad de pautas legales y constitucionales que no revisten la aludida naturaleza, como el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, los art\u00edculos 762, 764, 765, 768, 769, 2512, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2534 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
El mismo raciocinio se memor\u00f3 con referencia al art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil, en CSJ AC943-2020, reiterado, entre otros, en AC4210-2021 y AC1793-2022: <\/p>\n
(\u2026) en el escrito que la contiene mencion\u00f3 los art\u00edculos 2512, 2518 y 2532 del C\u00f3digo Civil, este \u00faltimo modificado por la Ley 791 de 2002, art\u00edculo 6\u00ba, habida cuenta que, como ha tenido oportunidad de exponerlo la Corte, esas disposiciones no son normas de car\u00e1cter sustanciales (providencias de fechas 18 de junio, 13 de agosto y 15 de agosto de 1996, expedientes 4013, 6116 y 6026; 28 de junio de 2012, expediente 2004-00222-01, entre otras). <\/p>\n
A mayor abundamiento, el art\u00edculo 2512 se limita a definir la prescripci\u00f3n en general y distingue la prescripci\u00f3n adquisitiva o usucapi\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva, m\u00e1s no se ocupa de consagrar derechos subjetivos; igual predicamento cabe a los c\u00e1nones 2518 y 2532, modificado por la Ley 791, art.6\u00ba, que en su orden establecen los requisitos de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria y el t\u00e9rmino legal para adquirir el dominio por medio de esa especie de usucapi\u00f3n, la \u00faltima nombrada redujo a diez (10) a\u00f1os el lapso veintenario que reg\u00eda desde la expedici\u00f3n de la Ley 50 de 1936, art.1\u00ba. <\/p>\n
Y a la misma conclusi\u00f3n arrib\u00f3 la Sala en providencias como AC1483-2019 y AC2411-22, respecto del canon 2513 del C\u00f3digo Civil que alude a la obligatoriedad de alegar la prescripci\u00f3n; AC10295-2014 y AC5470-2021, en lo que ata\u00f1e al art\u00edculo 981 ibidem que refiere la prueba de la posesi\u00f3n, y en AC5862-2021, AC4218-2021, frente al precepto 770 del mismo compendio, que define la posesi\u00f3n irregular. <\/p>\n
c) Por otra parte, el art\u00edculo 780 del C\u00f3digo Civil regula la presunci\u00f3n de la continuidad de la posesi\u00f3n de quien ha empezado a poseer a nombre propio hasta el momento en que se alega, y al mismo tiempo, que si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume la continuaci\u00f3n del mismo orden de cosas; no obstante, al margen de que esta norma s\u00ed pueda catalogarse como sustancial, lo cierto es que el demandante se limit\u00f3 a enunciarla en la parte inicial de la sustentaci\u00f3n del reproche, pero no despleg\u00f3 ning\u00fan esfuerzo argumentativo destinado a demostrar por qu\u00e9 raz\u00f3n result\u00f3 indirectamente vulnerada con la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
La omisi\u00f3n advertida le resta claridad al cargo, y tampoco es factible predicar que esa disposici\u00f3n fuera la llamada a orientar la resoluci\u00f3n jur\u00eddica de la litis, toda vez que, precisamente, fue ante la falta de acreditaci\u00f3n del momento a partir del cual el demandante transform\u00f3 su condici\u00f3n de tenedor a poseedor que se vieron frustradas sus aspiraciones como usucapiente, de manera que ning\u00fan yerro podr\u00eda predicarse, a priori, por no haberse aplicado una presunci\u00f3n legal por parte del juzgador, que en su an\u00e1lisis concluy\u00f3 la ausencia de la prueba del supuesto f\u00e1ctico que la viabilizaba. <\/p>\n
N\u00f3tese que el punto de referencia del ad quem para resolver del modo que lo hizo, fue adoptado a partir de la jurisprudencia de la Corte y se centr\u00f3 en que, en eventos como el presente, acompasa con la justicia y la equidad, exigir a quien alega haber \u00abintervertido su t\u00edtulo\u00bb probar plenamente desde cuando se produjo esa trascendente mutaci\u00f3n y los actos de se\u00f1or\u00edo que afirma haber ejercido. Y fue a partir de esas premisas, que estim\u00f3 que en este asunto, \u00abla circunstancia de haber entrado el demandante a detentar el bien disputado a partir de la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual de arrendador que le hiciera el propietario, suprime toda posibilidad de acceder a la pretensi\u00f3n aqu\u00ed formulada, en tanto el acervo probatorio obrante en el plenario no evidencia la transformaci\u00f3n de este t\u00edtulo de mero tenedor a la de poseedor, pues los actos ejecutados en el inmueble cuya usucapi\u00f3n pretende, no son inequ\u00edvocos de se\u00f1or\u00edo y, por tanto, no ofrecen certidumbre sobre la posesi\u00f3n alegada\u00bb. De all\u00ed que ninguna vulneraci\u00f3n indirecta del ordenamiento podr\u00eda inferirse por falta de aplicaci\u00f3n de la norma en menci\u00f3n, pues en la forma c\u00f3mo se abord\u00f3 el estudio del caso, ni siquiera estaba llamada a integrar el marco jur\u00eddico de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En esas condiciones, no se da el supuesto de invocaci\u00f3n de normas pertinentes exigido en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso para la causal en estudio. <\/p>\n
d) Las dem\u00e1s normas del C\u00f3digo Civil invocadas por el inconforme, con independencia de que pudieran o no tener naturaleza sustantiva, en todo caso, no son adecuadas para satisfacer la exigencia que se analiza, toda vez que ata\u00f1en a la definici\u00f3n del contrato de arrendamiento (art\u00edculo 1973); a la responsabilidad del arrendatario en la conservaci\u00f3n de la cosa (art\u00edculo 1997); a las reparaciones locativas a que est\u00e1 obligado el arrendatario (art\u00edculo 1998); a la responsabilidad por culpa del arrendatario extendida a su familia, hu\u00e9spedes y dependientes (art\u00edculo 1999) y a la obligaci\u00f3n del arrendatario de pagar el precio o renta (art\u00edculo 2000). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que las pretensiones se inscriben en el plano de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio alegada por el demandante aduciendo su calidad de poseedor y formuladas contra el propietario inscrito del bien, de manera que las normas de arrendamiento y, en especial, las que aluden a la responsabilidad y obligaciones a cargo del arrendatario, resultan por completo ajenas a este litigio, precisamente, porque en \u00e9l no subyace ninguna controversia contractual de ese calado. <\/p>\n
Y no se diga que la transgresi\u00f3n de esas disposiciones obedece al entendimiento que el tribunal les confiri\u00f3 a los medios demostrativos relacionados con la calidad de cesionario del contrato de arrendamiento que ostent\u00f3 el accionante, a las prestaciones recibidas en esa condici\u00f3n por parte del arrendador o a las determinaciones y gastos asumidos por \u00e9l, al aducir que, dichos actos no pod\u00edan catalogarse necesariamente como actuaciones del due\u00f1o, ni comportaban que as\u00ed fuera reconocido por los arrendatarios. Lo anterior, por cuanto tales elucubraciones no se realizaron para zanjar cuestiones relacionadas propiamente con el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios, sino para definir si del comportamiento del cesionario de esa relaci\u00f3n contractual pod\u00eda derivarse la prueba de su condici\u00f3n de verdadero poseedor, todo lo cual revela que las normas de arrendamiento referidas en la formulaci\u00f3n del reproche, no eran las llamadas a delinear los juicios del juzgador para definir la suerte de las aspiraciones del ahora recurrente. <\/p>\n
4.- En suma, al carecer las disposiciones mencionadas por el impugnante de calidad sustantiva o de relevancia en la soluci\u00f3n de la controversia jur\u00eddica que lo enfrent\u00f3 con su oponente, emerge que no se satisface el requisito esencial del ataque por la causal segunda de casaci\u00f3n, referido a la \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u00bb, y, por lo mismo, no existe el referente jur\u00eddico necesario para verificar una posible afrenta al ordenamiento en ese sentido. <\/p>\n
Tal defecto impide el estudio del cargo, tal y como lo tiene establecido la Sala, entre otras providencias, en AC6809-2017, <\/p>\n
(\u2026) el interesado tiene la carga de se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n \u00abde derecho sustancial\u2026 que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb (par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso); huelga explicarlo, el promotor deber\u00e1 se\u00f1alar por lo menos un mandato, de aquellos que crean, modifican o extinguen v\u00ednculos jur\u00eddicos concretos, desatendido con el fallo de segundo grado, siempre que sea relevante para la resoluci\u00f3n del caso. <\/p>\n
Tal ha sido la l\u00ednea jurisprudencial consolidada sobre la materia SC, 20 en. 1995, exp. n\u00b0 4305; AC, 4 sept. 1995, exp. n\u00b0 5555; AC, 25 oct. 1996, exp. n\u00b0 6228; AC, 7 dic. 2001, rad. n\u00b0 1999-0482-01; AC, 5 ag. 2009, rad. n\u00b0 1999-00453-01; AC1762, 7 ab. 2014, rad. 2008-00094-01; entre otras.), y que propende porque la Corte cumpla con su rol como \u00f3rgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a trav\u00e9s de la unificaci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n de los mandatos que son citados como sustento de la acusaci\u00f3n, sin convertirse en una nueva instancia a trav\u00e9s del reexamen del caso. <\/p>\n
Recientemente, en AC334-2021, se memor\u00f3 que, al omitirse la invocaci\u00f3n de una norma sustancial, con incidencia en la definici\u00f3n del caso, queda incompleta la acusaci\u00f3n, pues, \u201c(\u2026) se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
5.- En conclusi\u00f3n, como el ataque no se ci\u00f1e a los requerimientos formales de esta senda extraordinaria, y toda vez que no se aprecian razones que justifiquen darle v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso al no advertirse que el fallo impugnado comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico o atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, de conformidad con el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, se declarar\u00e1 inadmisible. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Jos\u00e9 Francisco Rodr\u00edguez Maldonado, en el asunto referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Presidente E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
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AC5333-2022 (2016-00297-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC5333-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-020-2016-00297-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda formulada por Jos\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69245","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69245"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69245\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}