AC5335-2022 (2013-00283-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5335-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-004-2013-00283-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la Comercializadora Avante Ltda., para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 5 de abril de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario que promovi\u00f3 junto con Juan Felipe Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez en contra de Jorge Eli\u00e9cer Parrado Bola\u00f1os y la sociedad Met\u00e1licas JEP S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO <\/p>\n
1.- En la demanda principal se solicit\u00f31: <\/p>\n
1.1.- Declarar que los convocados son civil y contractualmente responsables por las acciones y omisiones en que incurrieron, con ocasi\u00f3n del contrato de mandato conferido mediante escritura p\u00fablica n.\u00b0 2566 de 17 de agosto de 2007, protocolizada en la Notar\u00eda Octava del C\u00edrculo de Cali, cuya gesti\u00f3n llev\u00f3 al detrimento patrimonial y consecuente \u00abbancarrota\u00bb de los actores. <\/p>\n
1.2.- Condenar a los demandados al pago de perjuicios materiales (da\u00f1o emergente y lucro cesante) y morales. <\/p>\n
2.- En sustento de tales pedimentos, se plantearon los hechos que pasan a sintetizarse2: <\/p>\n
2.1.- En 1997, Juan Felipe Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez constituy\u00f3 la Comercializadora con el objeto de distribuir y comercializar diferentes bienes y servicios relacionados con el sector mobiliario, motivo por el cual, durante los a\u00f1os siguientes, tanto la persona natural como la jur\u00eddica implementaron diversas estrategias de mercadeo, dise\u00f1aron marcas propias y adquirieron un amplio reconocimiento en el mercado nacional e internacional, lo que llev\u00f3 al posicionamiento de ambos nombres en su entorno econ\u00f3mico; de ello dan cuenta m\u00faltiples revistas y publicaciones especializadas en la materia. <\/p>\n
2.2.- Entre los productos innovadores que la comercializadora introdujo al mercado mobiliario, destacan las marcas \u00abAvante Modular\u00bb y \u00abMurano\u00bb, registradas mediante Resoluciones n.\u00b0 16265 de 12 de julio de 2005 y 10203 de 26 de abril de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente. <\/p>\n
2.3.- Debido a su gran reputaci\u00f3n en el mercado, expansi\u00f3n y crecimiento, la sociedad demandante contaba con m\u00e1s de 100 clientes institucionales y 250 particulares. <\/p>\n
2.4.- En el mes de mayo de 2007, una firma especializada en valoraciones econ\u00f3micas certific\u00f3 que, para el a\u00f1o 2005, la comercializadora era la \u00abempresa con crecimiento en venta m\u00e1s importante del Valle del Cauca\u00bb al tener \u00ablos m\u00e1s altos niveles de productividad del capital de trabajo, lo que la perfila como la m\u00e1s eficiente dentro de las empresas analizadas\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que su valor financiero era de $2.698\u00b4000.000.oo. <\/p>\n
2.5.- Aunque desde la constituci\u00f3n de la sociedad mantuvo relaciones comerciales con los aqu\u00ed demandados, se intensificaron durante el per\u00edodo comprendido entre 2003 y 2007, dada la cercan\u00eda personal que exist\u00eda entre Juan Felipe Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez y Jorge Eli\u00e9cer Parrado Bola\u00f1os. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, cuando aqu\u00e9l sufri\u00f3 una \u00abcrisis psiqui\u00e1trica\u00bb por el c\u00famulo de trabajo, el se\u00f1or Parrado se ofreci\u00f3 a administrar la comercializadora; por tal motivo, se otorg\u00f3 un poder general mediante escritura p\u00fablica n.\u00b0 2566 de 17 de agosto de 2007, protocolizada en la Notar\u00eda Octava del C\u00edrculo de Cali. <\/p>\n
2.6.- Dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento del mandato, el apoderado llev\u00f3 al cierre definitivo de las operaciones comerciales de la empresa y a su quiebra total, al apropiarse ilegalmente de la cartera, del capital de trabajo y de la mercanc\u00eda. <\/p>\n
2.7.- Incluso, a pesar de que renunci\u00f3 al poder mediante escritura n.\u00b0 3956 de 14 de diciembre de 2007, elevada ante la misma Notar\u00eda, contin\u00faa \u00abusufructuando fraudulenta e ilegalmente\u00bb la marca \u00abMurano\u00bb a trav\u00e9s de la sociedad Met\u00e1licas JEP S.A. <\/p>\n
3.- Por intermedio de apoderado judicial, los demandados contestaron oportunamente, se pronunciaron individualmente acerca de los fundamentos f\u00e1cticos y plantearon tanto excepciones previas3 como de m\u00e9rito4, las primeras tituladas: \u00abPrescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n contractual comercial\u00bb, \u00abIncapacidad o indebida representaci\u00f3n del demandante\u00bb, \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb e \u00abInepta demanda por falta de los requisitos formales\u00bb, y las segundas denominadas: \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00abAusencia de los requisitos y presupuestos formales de la demanda Nos. 1, 2 y 3\u00bb, \u00abInexistencia de los supuestos para que haya lugar a la declaraci\u00f3n judicial de responsabilidad civil contractual\u00bb, \u00abCobro de lo no debido\u00bb y \u00abGen\u00e9rica e innominada\u00bb. <\/p>\n
4.- Mediante providencia de 8 de junio de 20185, se declararon probadas las excepciones previas de falta de legitimidad en la causa por activa y pasiva, respecto de Juan Felipe Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez y Met\u00e1licas JEP S.A., al tratarse de una acci\u00f3n de responsabilidad civil derivada de un contrato de mandato; por ende, el proceso continu\u00f3 \u00fanicamente frente a Jorge Eli\u00e9cer Parrado Bola\u00f1os y la Comercializadora Avante Ltda. <\/p>\n
5.- En sentencia calendada el 4 de noviembre de 2020, el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas6. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n se mostr\u00f3 inconforme la parte actora quien interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
6.- Mediante fallo de 5 de abril de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali \u2013 Sala Civil confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado7. <\/p>\n
6.1.- Para arribar a tal conclusi\u00f3n, aclar\u00f3 de entrada que la acci\u00f3n de la referencia se enmarca dentro de la \u00f3rbita de la responsabilidad civil contractual, derivada del mandato comercial celebrado entre la Comercializadora Avante Ltda., y Jorge Eli\u00e9cer Parrado Bola\u00f1os, contenido en el poder general otorgado en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 2566 del 17 de agosto de 2007, protocolizada en la Notar\u00eda Octava del C\u00edrculo de Cali. <\/p>\n
6.2.- Tras efectuar una revisi\u00f3n de las pruebas recaudadas en el diligenciamiento, el ad quem tuvo como probados los siguientes hechos: i) A trav\u00e9s de la citada escritura n.\u00b0 2566, se confiri\u00f3 al se\u00f1or Jorge Eli\u00e9cer Parrado Bola\u00f1os un poder general, amplio y suficiente, \u00abCON LAS IRRESTRICTIVAS FACULTADES DISPOSITIVAS Y ADMINISTRATIVAS\u00bb, a t\u00edtulo gratuito, para que, entre otras cosas, administrara bienes, celebrara toda clase de contratos y recaudara cualquier acreencia [en dinero o en especie] adeudada a la comercializadora. ii) Dicho contrato termin\u00f3 con la renuncia materializada en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 3956 del 14 de diciembre de 2007. iii) Entre la comercializadora y Emcali EICE E.S.P., se celebr\u00f3 el contrato de suministro n.\u00b0 180-GA-CS-0011-2007 de 30 de enero de 2007, por la suma $89\u00b4701. 910.oo, al que se adicion\u00f3 otro por $64\u00b4000.000.oo. iv) La marca mixta \u00abMurano\u00bb se encuentra registrada a nombre de Comercializadora Avante Ltda., mediante Resoluci\u00f3n No. 15379 de la Superintendencia de Industria y Comercio. v) El proceso penal adelantado contra el convocado por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de abuso de confianza, administraci\u00f3n desleal agravada, abuso de condiciones de inferioridad, uso ileg\u00edtimo de patentes y fraude procesal, termin\u00f3 por extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
Con ese panorama, no encontr\u00f3 configurados los elementos axiol\u00f3gicos de la responsabilidad civil contractual, puesto que, de un lado, en la especialidad penal no se emiti\u00f3 un fallo que confirmara comisi\u00f3n de los delitos por los que se acus\u00f3 al se\u00f1or Parrado, y del otro, no se allegaron pruebas que demostraran que el detrimento patrimonial de la empresa deriv\u00f3 de las gestiones encomendadas al mandatario. <\/p>\n
6.3.- Del interrogatorio absuelto por el demandado, destac\u00f3 que la empresa de su propiedad se encargaba de distribuir productos a la comercializadora; sin embargo, ante el impago de algunos, se rehus\u00f3 a suministrarle m\u00e1s mercanc\u00eda. <\/p>\n
No obstante, como hab\u00eda celebrado un contrato con EMCALI, el cual requer\u00eda para su cumplimiento de varios productos de Met\u00e1licas JEP, Juan Felipe Gonz\u00e1lez propuso otorgarle un poder general para que recaudara los dineros de esa negociaci\u00f3n y, al mismo tiempo, cubriera otras acreencias pendientes a favor de su empresa. <\/p>\n
De tal declaraci\u00f3n el Tribunal concluy\u00f3 \u00abque el contrato de mandato existi\u00f3, que observando la literalidad del poder a \u00e9l otorgado se tiene que el demandado si bien abon\u00f3 a la deuda que ten\u00eda con la empresa MET\u00c1LICAS JEP se encontraba plenamente facultado para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
6.4.- Al analizar individualmente los testimonios rendidos dentro del juicio, se pronunci\u00f3 en el siguiente sentido: <\/p>\n
6.4.1.- Jorge Arleth Henao P\u00e9rez, Andr\u00e9s Felipe Calder\u00f3n Ceballos y Alexander Jaramillo, quienes trabajaron para la comercializadora durante la \u00e9poca en que se ejecut\u00f3 el mandato, coincidieron en manifestar que el traslado de la mercanc\u00eda a la bodega de Met\u00e1licas JEP devino de una orden directa del representante legal de la sociedad demandante, m\u00e1s no de una actuaci\u00f3n arbitraria del se\u00f1or Parrado Bola\u00f1os. <\/p>\n
6.4.2.- V\u00edctor Hugo Salazar Vidarte, dio cuenta de que fue el convocado quien cumpli\u00f3 la entrega de los muebles que hab\u00eda encargado a la comercializadora. <\/p>\n
6.4.3.- Leonardo Manrique, quien manifest\u00f3 haber asesorado administrativa y financieramente a la sociedad demandante entre 2006 y 2007, en ning\u00fan momento se refiri\u00f3 al presunto incumplimiento que constituye la base de esta acci\u00f3n, menos aun cuando ni siquiera estaba vinculado a la empresa cuando se suscribi\u00f3 el poder. <\/p>\n
6.4.4.- Alan Vargas, asesor jur\u00eddico de Met\u00e1licas JEP resalt\u00f3 que, a pesar de haberse otorgado un mandato general, no se hizo uso de algunas de las atribuciones conferidas, entre esas, la de administrar la comercializadora. <\/p>\n
6.4.5.- Dos trabajadores del \u00e1rea financiera y contable de Met\u00e1licas JEP, coincidieron en que el poder que recibi\u00f3 el convocado, tuvo como finalidad el cumplimiento del contrato con EMCALI, para que de all\u00ed se recaudaran [o por lo menos abonaran] los dineros que la sociedad actora adeudaba para ese momento. <\/p>\n
6.4.6.- De otro lado, el testimonio rendido por el psiquiatra que atendi\u00f3 a Juan Felipe Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez tampoco comport\u00f3 utilidad para lo que se buscaba probar en este proceso, al limitarse a analizar la historia cl\u00ednica del paciente durante el a\u00f1o 2007. <\/p>\n
Lo mismo se predica de la prima del se\u00f1or Gonz\u00e1lez, quien adem\u00e1s de referirse a su estado de salud, asegur\u00f3 que conoci\u00f3 de la existencia del poder general en el mes de diciembre de 2007, cuando se dio por finalizado. <\/p>\n
6.5.- En definitiva, el ad quem no encontr\u00f3 demostradas las conductas reprochadas por la parte impugnante, puesto que, \u00abadem\u00e1s que las declaraciones por si solas no acreditan dicho incumplimiento, tampoco hay prueba de que el desfalco al que se hizo alusi\u00f3n en la demanda haya sido producto de las malas gestiones de parte del se\u00f1or Jorge Eli\u00e9cer Parrado, pues no hay prueba que determine el estado real de la empresa al momento de suscribir el mandato y luego de su terminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6.6.- Tambi\u00e9n destac\u00f3 que en la apelaci\u00f3n se incluy\u00f3 como tema novedoso el proceso penal adelantado contra el hermano del demandado. <\/p>\n
Por lo tanto, record\u00f3 que, si la discusi\u00f3n primigenia se circunscribi\u00f3 a la responsabilidad civil derivada de un contrato de mandato, ante las presuntas conductas defraudatorias en que incurri\u00f3 Jorge Eli\u00e9cer Parrado Bola\u00f1os, junto con el uso no autorizado de la marca \u00abMurano\u00bb, no pod\u00eda fundarse la alzada en el supuesto incumplimiento de otras cl\u00e1usulas plasmadas en el mencionado contrato, al no haberse ventilado durante el curso de la primera instancia. <\/p>\n
6.7.- En lo atinente a que el demandado incumpli\u00f3 sus deberes como administrador bajo los apremios de la Ley 222 de 1995, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que esa normativa se aplica a los representantes legales, liquidadores, factor y miembros de juntas o consejos directivos, por lo que no puede predicarse del convocado, \u00abpues su actuar es proveniente del contrato de mandato comercial a t\u00edtulo gratuito celebrado con la empresa demandante, a fin de cumplir una generalidad de gestiones\u00bb. <\/p>\n
6.8.- Por \u00faltimo, frente al argumento de que el asunto debi\u00f3 analizarse bajo la \u00f3ptica de la responsabilidad civil extracontractual, m\u00e1s no de la contractual, enfatiz\u00f3 en que las pretensiones se enfilaron por esta \u00faltima senda; am\u00e9n de que tal controversia se dilucid\u00f3 al momento de resolver las excepciones previas mediante providencia de 8 de julio de 2018, al determinar que por tratarse de una responsabilidad civil contractual, derivada de un contrato de mandato, los extremos litigiosos solo estar\u00edan integrados por quienes intervinieron en su celebraci\u00f3n; es decir, la comercializadora Avante Limitada y Jorge Eli\u00e9cer Parra Bola\u00f1os. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La sociedad actora, por intermedio de apoderado judicial, formul\u00f3 cuatro acusaciones contra la sentencia proferida el 5 de abril de 2022. <\/p>\n
2.- Con fundamento en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la sociedad recurrente denunci\u00f3 en el primer cargo la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 66, 1603 del C\u00f3digo Civil; 1\u00ba, 200, 871, 1271 del C\u00f3digo de Comercio, 23 de la Ley 222 de 1995; 27 de la Ley 1258 de 2008; 42 (numeral 5\u00ba), 132, 166, 372 (numeral 8\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.1.- En referencia a los art\u00edculos 83 del Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 1603 del C\u00f3digo Civil y 871 del C\u00f3digo de Comercio, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal no tuvo en cuenta los postulados de la buena fe que rigen todas las actividades comerciales, por lo que no analiz\u00f3 la conducta del se\u00f1or Parrado desde esa perspectiva. <\/p>\n
Al no haberse efectuado dicho estudio, no repar\u00f3 en el proceso penal que se adelant\u00f3 contra aqu\u00e9l, en el que se denunci\u00f3 la comisi\u00f3n de los delitos de abuso de confianza, administraci\u00f3n desleal, abuso de condiciones de inferioridad, uso ileg\u00edtimo de patentes y fraude procesal, sin importar que dicho tr\u00e1mite terminara por la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
De otro lado, dicha conducta tambi\u00e9n debi\u00f3 predicarse del hermano del demandado, contra quien se sigue una causa penal por el delito de destrucci\u00f3n, supresi\u00f3n y ocultamiento de documento privado. <\/p>\n
2.2.- Frente al art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995, el ad quem consider\u00f3 err\u00f3neamente que no existi\u00f3 infracci\u00f3n alguna a los deberes de administraci\u00f3n de la sociedad, aun cuando qued\u00f3 demostrado que fueron varias las transgresiones cometidas por el se\u00f1or Parrado Bola\u00f1os como, por ejemplo, i) no realizar las gestiones inherentes al encargo de forma diligente; ii) actuar en contravenci\u00f3n a los l\u00edmites del mandato, al apropiarse, dilapidar y acabar con el capital de la comercializadora; iii) omitir la salvaguarda de la reserva comercial industrial de la sociedad; iv) utilizar indebidamente informaci\u00f3n privilegiada para favorecer la empresa de su propiedad y; v) haber ejecutado actos de competencia desleal en detrimento de la parte actora para beneficiar exclusivamente a Met\u00e1licas JEP S.A. <\/p>\n
2.3.- En lo que respecta a los art\u00edculos 27 de la Ley 1258 de 2008, 1\u00ba y 200 del C\u00f3digo de Comercio, 66 del C\u00f3digo Civil, y 166 del C\u00f3digo General del Proceso, el impugnante manifest\u00f3 que el Tribunal omiti\u00f3 aplicar la figura de la responsabilidad de los administradores de hecho de las sociedades mercantiles, al ser una analog\u00eda forzada para casos como el presente. En tal sentido, indic\u00f3 que \u00abcontrariamente a lo que apreci\u00f3 [dicha Corporaci\u00f3n], que Jorge Parrado se constituy\u00f3 como representante legal de la mercantil demandada, como administrador de hecho, sujeto a r\u00e9gimen de responsabilidad, que es considerada como especial (\u2026) y a partir de la presunci\u00f3n de culpa del administrador, y no invertir, contra legem, la carga de la prueba para desvirtuar esa presunci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con ese panorama, debi\u00f3 tenerse probada la administraci\u00f3n de hecho que ejerci\u00f3 el convocado entre el 17 de agosto y el 14 de diciembre de 2007 y, por ende, la presunci\u00f3n de culpa que oper\u00f3 en este caso y que nunca desvirtu\u00f3. <\/p>\n
2.4.- Por su parte, aunque el art\u00edculo 1271 del C\u00f3digo de Comercio proh\u00edbe la libre disposici\u00f3n de los fondos sociales, en el asunto sub examine qued\u00f3 acreditado que el demandado incumpli\u00f3 dicha limitante y, en su lugar, utiliz\u00f3 los recursos de la comercializadora para lucrarse en beneficio propio y de la empresa a su nombre. <\/p>\n
2.5.- En referencia a los art\u00edculos 42 (numeral 5\u00ba), 132 y 372 (numeral 8\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, asegur\u00f3 que este proceso no debi\u00f3 seguir la senda de la responsabilidad civil contractual ni extracontractual, al corresponder a un tipo de responsabilidad especial por la administraci\u00f3n de una sociedad comercial. De suerte que, en aras de propender por la efectividad de la administraci\u00f3n de justicia, \u00abdeb\u00eda el Tribunal sentenciar que era obligaci\u00f3n del Juzgado 11 Civil del Circuito haber adoptado las medidas necesarias para interpretar la demanda para poder decidir de fondo el asunto\u00bb. <\/p>\n
3. En el segundo cargo, la sociedad impugnante anunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, de conformidad con lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 \u00eddem, como consecuencia de un error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda; en particular, \u00abal entender equivocadamente que est\u00e1bamos en presencia de un contrato de mandato comercial\u00bb. <\/p>\n
4. En el tercer cargo, el casacionista aludi\u00f3 a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial con sustento en la misma norma de la acusaci\u00f3n precedente, como consecuencia de errores de hecho y de derecho en la valoraci\u00f3n del acopio probatorio. <\/p>\n
Luego de citar las pruebas documentales y testimoniales practicadas durante el juicio, consider\u00f3 que su estudio permit\u00eda arribar a unas conclusiones muy diferentes a las que soportan la sentencia atacada, al quedar plenamente demostrado que el demandado durante su etapa como administrador cometi\u00f3 en su integridad las conductas reprochadas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n resalt\u00f3 que, bajo el precepto del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, de haberse apreciado el haz probatorio en debida forma, se habr\u00eda colegido que \u00abel demandado falt\u00f3 a los deberes impuestos por la ley, la costumbre, y por el propio poder en el ejercicio de la administraci\u00f3n desempe\u00f1ada, incurriendo en la responsabilidad endilgada, al menos por culpa o negligencia\u00bb. <\/p>\n
5. En el cuarto cargo, el recurrente solicit\u00f3 aplicar lo previsto en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, con la finalidad de que la Corte case la sentencia oficiosamente. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse al linde definido tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb8. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, incluye que esta debe contener: <\/p>\n
2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias. (\u2026). <\/p>\n
Las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- En el asunto sub lite, se advierte que el recurso se fund\u00f3 en cuatro cargos, los cuales pasar\u00e1n a calificarse para verificar, con rigorismo, si la demanda de casaci\u00f3n debe admitirse o, por el contrario, declararse inadmisible. <\/p>\n
3.- Respecto al primer cargo, teniendo en cuenta que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso ata\u00f1e a la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales, el inconforme debe se\u00f1alar por lo menos una de ese linaje, \u00absin que sea necesario incorporar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb, ni tampoco \u00abcomprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb (art. 344 Ib). <\/p>\n
Lo anterior supone que el recurrente acepta las conclusiones f\u00e1cticas y probatorias del Tribunal, pero est\u00e1 en desacuerdo con la manera en que aplic\u00f3 o dej\u00f3 de aplicar determinada disposici\u00f3n de orden sustancial, irrumpiendo as\u00ed de manera abrupta el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Las normas de esa categor\u00eda, como inveteradamente se ha dicho, son aquellas que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas; por lo tanto, no pueden confundirse con \u00ablos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (Reiterada en CSJ AC4591-2018). <\/p>\n
Cuando se invoca \u00fanicamente la transgresi\u00f3n de las normas sustanciales por v\u00eda directa, la labor de la Corte no gravita sobre el an\u00e1lisis de los hechos presentados por la parte quejosa, ni sobre las pruebas recaudadas, sino en el estudio pormenorizado de las violaciones endilgadas y su impacto en la sentencia; de suerte que el trabajo de esta Corporaci\u00f3n se limita al examen de las normas acusadas y no al desarrollo del litigio, pues se recuerda que el estudio debe ce\u00f1irse a los \u00abtextos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb ( CSJ, SC040-2000; SC 20 ago. 2014, rad. 00307; SC2342-2018; CSJ AC5875-2021). <\/p>\n
Descendiendo a la acusaci\u00f3n planteada, se advierte que el impugnante aludi\u00f3 a tres tem\u00e1ticas distintas para sustentarla, frente a cada una de las cuales rese\u00f1\u00f3 las normas que presuntamente transgredi\u00f3 el Tribunal; dichos \u00edtems corresponden a: i) la buena fe que debe regir todas las actividades comerciales; ii) los deberes, responsabilidades y sanciones de los administradores durante el ejercicio de sus funciones y; iii) las prohibiciones de los mandatarios en desarrollo de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
3.1.- Con ese panorama, lo primero que se advierte es que el recurrente se\u00f1al\u00f3 indistintamente varias normas de la codificaci\u00f3n civil, comercial y constitucional como soporte de su queja, sin detenerse siquiera a estudiar cu\u00e1les de ellas se califican en realidad como sustanciales; es decir, enunci\u00f3 varios c\u00e1nones que se ajustan a los reparos que enfil\u00f3 contra la sentencia del Tribunal, sin tener en cuenta que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso exige que las disposiciones que fundamenten la demanda de casaci\u00f3n sean de estirpe sustancial. <\/p>\n
Es as\u00ed que, por ejemplo, los art\u00edculos 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 1603 del C\u00f3digo Civil y 871 del C\u00f3digo de Comercio, atinentes al principio de la buena fe, calificados como sustanciales por el impugnante, no pertenecen a esa categor\u00eda, como en recientes pronunciamientos lo aclar\u00f3 la Sala en eventos de similares connotaciones: <\/p>\n
(\u2026) en lo que respecta al art\u00edculo 83 de entrada se advierte que, siguiendo los derroteros expuestos en precedencia, carece de la calificaci\u00f3n de sustancial, pues se trata de una presunci\u00f3n y se limita a consagrar el principio de la buena fe in genere, m\u00e1s no a definir una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta (\u2026)\u00bb (CSJ AC2438\u20132022). <\/p>\n
3.2.- Entre las disposiciones invocadas en el cargo, destaca el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, reconocido como sustancial por esta Sala (CSJ AC4117\u20132022). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como uno de los aspectos torales de la impugnaci\u00f3n busca atacar el argumento del Tribunal que descart\u00f3 la calidad de administrador del se\u00f1or Jorge Eli\u00e9cer Parrado, en principio resultar\u00eda viable inmiscuirse en su an\u00e1lisis, de no ser porque se avizora la falta de t\u00e9cnica en su formulaci\u00f3n, ya que, al tratarse de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, al recurrente le est\u00e1 vedado plantear discusiones de orden factual o probatorio, como en efecto lo hizo. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
Se ha explicado con suficiencia que cuando la acusaci\u00f3n se dirige por la v\u00eda directa, no es v\u00e1lido al impugnante hacer reproche alguno a la apreciaci\u00f3n de las pruebas, pues se presenta \u00abdirectamente, en l\u00ednea recta, sin rodeos, sin el medio o veh\u00edculo de los errores en el campo probatorio\u00bb (CSJ, GJ. LXXXVIII, 657). Pero, al margen de lo anterior, tambi\u00e9n constituye un requisito formal imprescindible, el precisar la forma de transgresi\u00f3n denunciada en tanto que el recurrente debe exponer el fundamento de cada acusaci\u00f3n, el cual se echa de menos en el desarrollo del cargo primero (CSJ AC2898-2018) (negrilla intencional). <\/p>\n
N\u00f3tese que al abordar en este cargo la tem\u00e1tica de la administraci\u00f3n, el censurante insisti\u00f3 en que no se tuvo en cuenta que durante el juicio se demostr\u00f3 que el se\u00f1or Parrado Bola\u00f1os fungi\u00f3 como administrador de la comercializadora y, en esa condici\u00f3n, se apropi\u00f3, dilapid\u00f3 y acab\u00f3 con su capital, utiliz\u00f3 en beneficio propio la informaci\u00f3n contable, el listado de clientes, de proveedores, de infraestructura y de propiedad intelectual y, adem\u00e1s, utiliz\u00f3 sin autorizaci\u00f3n y en beneficio propio la marca \u00abMurano\u00bb. Por lo tanto, al tener la calidad de administrador de hecho, debi\u00f3 sujetarse al r\u00e9gimen de responsabilidades que rigen la materia y, por consiguiente, hacerse acreedor a las sanciones correspondientes ante la presunci\u00f3n de culpa consagrada en el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En ese orden, resulta palmario que el recurrente no enfil\u00f3 su ataque a controvertir la norma sustancial, sino que descendi\u00f3 a la plataforma f\u00e1ctica y de valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
As\u00ed se relat\u00f3 en la demanda de casaci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) Jorge Eliecer Parrado Bola\u00f1os se apropi\u00f3 de planos y dise\u00f1os de los productos de Comercializadora Avante Ltda., muy especialmente de los relativos a la marca \u201cMurano\u201d, hasta el punto de que incluso tuvo la desfachatez de imprimir volantes con esta marca, y tenerla en su cat\u00e1logo (\u2026) <\/p>\n
Resulta evidente la ejecuci\u00f3n de actos de competencia, en primer lugar debido a la id\u00e9ntica actividad que Comercializadora Avante y Met\u00e1licas JEP S.A. desempe\u00f1aban, por lo que el demandado no debi\u00f3 haber aceptado (mucho menos exigido) el poder al existir incompatibilidad manifiesta, y al hecho de que Jorge Parrado \u00fanicamente se limit\u00f3 en su gesti\u00f3n a atender los pedidos existentes de mi prohijada, a cobrar el precio de tales comandas, y a destinar para s\u00ed y para su empresa los emolumentos percibidos, sin atender ni a nuevos y potenciales clientes (\u2026) ni al pago de sus proveedores y acreedores, ni al cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias (\u2026) <\/p>\n
Y m\u00e1s que probado est\u00e1 que Jorge Parrado no solo actu\u00f3 bajo las premisas de la presunci\u00f3n de culpa, sino que incurri\u00f3 flagrantemente en ella, puesto que, en resumidas cuentas, se apropi\u00f3 de la sociedad, de su patrimonio, y la llev\u00f3 a una bancarrota tan grave que en apenas 5 meses que duro su mandato la misma desapareci\u00f3. <\/p>\n
De suerte que, si lo pretendido por el censor era cotejar el material probatorio o los f\u00e1cticos con la aplicaci\u00f3n de las normas que en materia de administraci\u00f3n tuvo en cuenta el Tribunal para sustentar su fallo, el sendero que sigui\u00f3 result\u00f3 completamente equivocado, puesto que, se insiste, esta clase de reproches debe incursionar en la \u00f3rbita de lo estrictamente normativo y, por lo tanto, no se permite deambular entre los hechos ventilados ni entre las pruebas recaudadas durante el juicio. <\/p>\n
El mismo yerro se predica del art\u00edculo 1271 del C\u00f3digo de Comercio que contempla: \u00abEl mandatario no podr\u00e1 emplear en sus propios negocios los fondos que le suministre el mandante y, si lo hace, abonar\u00e1 a \u00e9ste el inter\u00e9s legal desde el d\u00eda en que infrinja la prohibici\u00f3n y le indemnizar\u00e1 los da\u00f1os que le cause, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes al abuso de confianza. La misma regla se aplicar\u00e1 cuando el mandatario d\u00e9 a los dineros suministrados un destino distinto del expresamente indicado\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que, a pesar de aludir a la transgresi\u00f3n de la norma por la v\u00eda directa, en su desarrollo el censor no plante\u00f3 ning\u00fan reparo frontal contra tal disposici\u00f3n; de hecho, lo \u00fanico que hizo fue limitarse a describir las actuaciones desplegadas por el se\u00f1or Parrado Bola\u00f1os durante su gesti\u00f3n, en una franca referencia al acervo probatorio recaudado durante el juicio, as\u00ed: \u00ab[el demandado] dispuso de los fondos de mi poderdante para beneficio propio, en concreto de productos y muebles acabados, materia prima y manufactura, de la camioneta (\u2026) conforme corroboraron los testigos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior permite concluir que, a pesar de haber aludido a la violaci\u00f3n directa, el casacionista no solo omiti\u00f3 explicar por qu\u00e9 se inaplic\u00f3 o aplic\u00f3 incorrectamente la norma, sino que adem\u00e1s descendi\u00f3 a la valoraci\u00f3n probatoria para sustentar su acusaci\u00f3n, lo que resulta inadmisible si se tiene en cuenta que para atacar las inconformidades frente a los medios de convicci\u00f3n, el legislador consagr\u00f3 una causal espec\u00edfica en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, que ata\u00f1e a la transgresi\u00f3n indirecta de la norma sustancial, como consecuencia de errores de hecho o de derecho. <\/p>\n
En ese orden, si la controversia gravitaba sobre las conclusiones a las que arrib\u00f3 el Tribunal tras analizar los testimonios rendidos en el curso del proceso, el ataque no debi\u00f3 enfilarse por la v\u00eda directa sino la indirecta; m\u00e1xime cuando en ning\u00fan momento se indic\u00f3 que dicha autoridad hubiera aplicado o inaplicado el precepto normativo 1271 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
4.- La segunda acusaci\u00f3n literalmente se anunci\u00f3 en el siguiente sentido: \u00abInvoco como otra causal de casaci\u00f3n la segunda se\u00f1alada en el numeral segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por considerar la sentencia acusada como violatoria indirectamente de la [l]ey sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n, en particular en su excepci\u00f3n 6, al entender equivocadamente que est\u00e1bamos en presencia de un contrato de mandato comercial\u00bb. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, brilla por su ausencia la individualizaci\u00f3n de la norma sustancial que soporte la queja, pues no se aludi\u00f3 a ninguna en particular, lo que impide ahondar en el estudio del cargo, ya que, se recuerda, conforme el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb; entonces, cuando se trata de la violaci\u00f3n indirecta, es necesario mencionar siquiera un canon de estirpe sustancial, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Sobre este asunto, se ha dicho: <\/p>\n
[C]uando el recurso se soporta en la infracci\u00f3n, directa o indirecta, de normas de derecho sustancial, como es el caso de las causales primera y segunda consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se torna indispensable que el disidente \u00ab\u2026se\u00f1ale cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada (CSJ AC749\u20132020). <\/p>\n
Entonces, como en el cuerpo de la acusaci\u00f3n no se cit\u00f3 ninguna norma que revista esa naturaleza, el presente ataque no reviste el requisito m\u00ednimo de t\u00e9cnica de la causal invocada. <\/p>\n
5.- La tercera acusaci\u00f3n contiene el mismo defecto descrito, por no estar sustentado en ning\u00fan canon de linaje sustancial, veamos: \u00abLa siguiente causal de casaci\u00f3n propuesta es la se\u00f1alada en el numeral segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por considerar la sentencia acusada como violatoria indirectamente de la [l]ey sustancial, como consecuencia de error de hecho y [d]erecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb (negrilla intencional). <\/p>\n
N\u00f3tese que esa mixtura de errores en el encabezado de la acusaci\u00f3n trascendi\u00f3 en su desarrollo, pues el censor se dedic\u00f3 a recapitular cada una de las pruebas documentales allegadas al expediente (poder general de mandato, informaci\u00f3n contable de la comercializadora y cuadro auxiliar contable), junto con los testimonios rendidos por Alan Vargas, Francia Elena Parra Trivi\u00f1o, Leonardo Manrique, Andr\u00e9s Felipe Calder\u00f3n, Jorge Arleth Henao P\u00e9rez, Alexander Jaramillo y Claudia Patricia Z\u00fa\u00f1iga Mazuera, se\u00f1alando frente a cada uno cu\u00e1l debi\u00f3 ser la conclusi\u00f3n del Tribunal en su an\u00e1lisis individual y por qu\u00e9 se tergivers\u00f3 su contenido. Por ende, aunque, en principio, se estar\u00eda en presencia de una formulaci\u00f3n de errores de hecho, inmediatamente se confundi\u00f3 la acusaci\u00f3n con errores de derecho, al manifestar que el ad quem omiti\u00f3 realizar una apreciaci\u00f3n conjunta de tales pruebas, en contravenci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abdesde la perspectiva de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Sobre este punto, la Corte ha reiterado que el principio de la apreciaci\u00f3n conjunta de las pruebas, dentro de un marco arm\u00f3nico que permita interconectarlas entre s\u00ed, ata\u00f1e a un error de derecho que no puede confundirse con el estudio discriminado de algunos elementos probatorios, cuyo significado legal deviene de explicar si se trat\u00f3 de una pretermisi\u00f3n, suposici\u00f3n o alteraci\u00f3n material de su contenido. <\/p>\n
Tal dicotom\u00eda resulta inaceptable toda vez que, \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n (CSJ, SC de 10 de agosto de 2001, Rad. 6898. Reiterada en AC999-2022)\u00bb (subrayado ajeno). <\/p>\n
Al haber incluido errores dis\u00edmiles dentro de una misma acusaci\u00f3n, con la intenci\u00f3n de que se estudiaran desde diferentes \u00f3pticas, el casacionista desatendi\u00f3 uno de los requisitos formales contemplados en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, deben proponerse \u00abpor separado\u00bb; es decir, debidamente individualizadas, no solo en su enunciaci\u00f3n sino tambi\u00e9n en su desarrollo. <\/p>\n
Sobre este punto, en pret\u00e9rita oportunidad la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
[L]os argumentos que componen el ataque formulado no deben venir mixturados; los motivos que dieren lugar a una u otra acusaci\u00f3n, una vez identificados, no se pueden agrupar indistintamente en una misma causal; cada fundamento debe exponerse por separado y respetando la correspondencia con el dislate esgrimido. Cuando as\u00ed ocurre, no s\u00f3lo se peca contra esa autonom\u00eda e individualidad, sino que, por esa v\u00eda, se desacata la exigencia atinente a que los fundamentos de las acusaciones sean claros, precisos y completos (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb (CSJ AC4048-2017) (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
[C]uando se denuncia el quebranto de normas de derecho sustancial, derivado de la apreciaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, resulta atentatorio de la t\u00e9cnica del recurso, la alegaci\u00f3n indistinta de errores de hecho y de derecho, pues entre unos y otros existen sustanciales diferencias y por lo mismo, a la censura no le es permitido confundirlos, ni mezclarlos (CSJ AC586-2017) (resaltado por la Sala). <\/p>\n
De suerte que, al haber aludido dentro del mismo cargo a dos tipos de errores, aunque por la misma v\u00eda indirecta, se desatendi\u00f3 la individualizaci\u00f3n del ataque y, en consecuencia, no se ahondar\u00e1 en su an\u00e1lisis. <\/p>\n
6.- Teniendo en cuenta que en la cuarta acusaci\u00f3n el recurrente solicita que se case de oficio la sentencia del Tribunal, resulta imperioso advertir que dicha petici\u00f3n no encuadra dentro de ninguna de las causales contempladas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por lo tanto, de la manera en que estructur\u00f3 el cargo, contravino abiertamente el principio de taxatividad sobre el que se erige la posibilidad de cuestionar el fallo de segundo grado a trav\u00e9s de esta senda extraordinaria. <\/p>\n
Es que, dadas las limitantes impuestas por el mencionado art\u00edculo, no es viable extender sus alcances a hip\u00f3tesis diferentes a las cinco all\u00ed planteadas, ni siquiera so pretexto de aplicar la analog\u00eda; de suerte que, por la causal de casaci\u00f3n, \u00abdebemos entender las diferentes circunstancias o motivos previamente establecidos por el legislador para la pertinencia de este recurso extraordinario (\u2026) que por su car\u00e1cter taxativo son de interpretaci\u00f3n restricta\u00bb9 <\/p>\n
Sobre este aspecto, en AC 112-2016, la Corte memor\u00f3, que, \u00ab[e]l car\u00e1cter extraordinario y limitado del recurso de casaci\u00f3n se proyecta, en la pr\u00e1ctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no s\u00f3lo a los motivos o causales para su procedencia, sino tambi\u00e9n a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con \u00e9l (\u2026) (CSJ SC. Sentencia de 29 de agosto de 1985, G. J., t. CLXXX, p\u00e1gina 344)\u00bb. <\/p>\n
De hecho, como la facultad de casar de oficio le est\u00e1 reservada a la Corte motu proprio en los eventos en que considere que se encuentra gravemente comprometido el orden o el patrimonio p\u00fablico, o se vulneren derechos o garant\u00edas constitucionales, no puede invocarse a instancia de parte como si de una hip\u00f3tesis del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso se tratara. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, no se observa que en este caso confluya alguna de las circunstancias excepcionales que permiten a la Corte intervenir de oficio para casar el fallo de segundo grado, mucho menos cuando el interesado omiti\u00f3 explicar de qu\u00e9 manera podr\u00eda estar comprometido el orden o el patrimonio p\u00fablico, por tratarse de un litigio de naturaleza econ\u00f3mica entre particulares; as\u00ed como tampoco se\u00f1al\u00f3 de qu\u00e9 manera pudieron transgredirse las garant\u00edas y derechos fundamentales de cualquiera de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular se ha indicado: <\/p>\n
[En] la actualidad la Corte se encuentra investida de tres facultades oficiosas complementarias, relacionadas con el recurso de casaci\u00f3n: (i) la selecci\u00f3n negativa, o posibilidad de desprenderse del conocimiento de una demanda de sustentaci\u00f3n formalmente adecuada, pero que no sirva a los prop\u00f3sitos del remedio extraordinario (art\u00edculo 347, C\u00f3digo General del Proceso); (ii) la selecci\u00f3n positiva, o potestad de estudiar de fondo un caso, pese a la ineptitud formal de la demanda (art\u00edculo 16, Ley 270 de 1996); y (iii) la posibilidad de casar de oficio la sentencia del tribunal, que se ejerce ante la incuestionable configuraci\u00f3n de una de las hip\u00f3tesis que prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil vigente, esto es \u201ccuando sea ostensible que la [sentencia impugnada] compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d. <\/p>\n
(\u2026) En ese sentido, la instituci\u00f3n que consagra el precepto 336 del C\u00f3digo General del Proceso no puede convertirse en un reclamo gen\u00e9rico de parte, que \u2013ante el fracaso de sus acusaciones\u2013 constri\u00f1a a la Corte a analizar sin limitaciones formales todos y cada uno de los aspectos de la controversia sometida a su escrutinio; menos a\u00fan ensayar soluciones totalmente diversas a las que se debatieron durante la primera y segunda instancia. <\/p>\n
7.- En suma, como la demanda no satisfizo los requisitos formales y t\u00e9cnicos que le son propios, habr\u00e1 de inadmitirse, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: INADMITIR la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que la Comercializadora Avante Ltda., interpuso frente a la sentencia de 5 de abril de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso en referencia. <\/p>\n
Segundo: Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Presidente E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia). Archivo (2013-00283 CUADERNO 1.pdf). Folios 611 a 613. <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia). Archivo (2013-00283 CUADERNO 1.pdf). Folios 600 a 611. <\/p>\n
3\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia). Archivo (2013-00283 CUADERNO 2.pdf). Folios 1 a 24. <\/p>\n
4\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia). Archivo (2013-00283 CUADERNO 1-2.pdf). Folios 826 a 857. <\/p>\n
5\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia). Archivo (2013-00283 CUADERNO 2.pdf). Folios 71 a 77. <\/p>\n
6\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia). Archivo (2013-00283 CUADERNO 1-3.pdf). Folio 1524. <\/p>\n
7\u0002 Expediente digital. Carpeta (Segunda instancia). Archivo (060 Sentencia.pdf). <\/p>\n
8\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
9\u0002 MURCIA BALLEN, Humberto. La Casaci\u00f3n Civil en Colombia. 4\u00b0 ed. 1996. Ediciones Jur\u00eddicas Gustavo Ib\u00e1\u00f1ez, p\u00e1g. 273. <\/p>\n
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AC5335-2022 (2013-00283-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC5335-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-004-2013-00283-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69247","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69247\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}