AC5406-2022 (2019-00240-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5406-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25286-31-10-001-2019-00240-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por la convocada frente a la sentencia de 4 de febrero de 2022, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Rafael Suri Dur\u00e1n Salcedo contra Mar\u00eda Elizabeth Valero Rico. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
El actor pidi\u00f3 declarar que entre \u00e9l y la se\u00f1ora Valero Rico existi\u00f3 \u00abuna uni\u00f3n marital de hecho, que se inici\u00f3 el 16 de diciembre de 2011 y perdur\u00f3 hasta el 9 de mayo de 2018\u00bb, dando lugar al surgimiento de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, que se encuentra disuelta y en estado de ser liquidada. <\/p>\n
En sustento de su s\u00faplica, el actor dijo haber conformado con su contraparte una comunidad de vida permanente y singular, \u00abconviviendo bajo el mismo techo, compartiendo todos los gastos del hogar y brind\u00e1ndose una ayuda econ\u00f3mica y espiritual permanente, comport\u00e1ndose socialmente como marido y mujer, prolong\u00e1ndose dicha uni\u00f3n en el tiempo\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que la vida de pareja de los litigantes, extendida por algo m\u00e1s de seis a\u00f1os, fue \u00abnotoria socialmente ante las respectivas familias y ante la comunidad de Cota y Bogot\u00e1, lugares donde resid\u00edan y realizaban sus actividades sociales, laborales y comerciales\u00bb, y que mientras perdur\u00f3 dicho lazo, adquirieron a t\u00edtulo oneroso dos inmuebles ubicados en los municipios de Cota y Nimaima (Cundinamarca), avaluados en $1.250.000.000. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Valero Rico compareci\u00f3 al proceso oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum, y formulando las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n\u00bb; \u00abinexistencia de certeza en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionados por el demandante con el inicio de convivencia\u00bb; \u00abel demandante se encontraba impedido legalmente para iniciar una convivencia permanente en las fechas de supuesto inicio de la relaci\u00f3n\u00bb; \u00abel inmueble identificado con FMI 50N-20537442 es un bien propio que adquiri\u00f3 Mar\u00eda Elizabeth Valero Rico\u00bb, y \u00ablos pasivos de la relaci\u00f3n de hecho no est\u00e1n debidamente relacionados\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 4 de agosto de 2021, el juzgador a quo declar\u00f3 infundadas las defensas propuestas por la demandada, a excepci\u00f3n de la que se finc\u00f3 en la \u00abinexistencia de certeza en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionados por el demandante con el inicio de convivencia permanente con la demandada\u00bb. Por consiguiente, declar\u00f3 que la uni\u00f3n marital de hecho se extendi\u00f3 entre el 1 de febrero de 2015, y el 9 de mayo de 2018. <\/p>\n
Ambas partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Respecto de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, el tribunal confirm\u00f3 lo decidido en primera instancia. En cambio, modific\u00f3 lo atinente a sus extremos temporales, con apoyo en los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) En lo que concierne con la fijaci\u00f3n del hito inicial de la uni\u00f3n marital, el legislador confiri\u00f3 libertad probatoria a la hora de certificar, en el escenario judicial, el establecimiento de la familia reglada en la Ley 54 de 1990, de donde se sigue que su demostraci\u00f3n \u2013en el campo judicial\u2013 no est\u00e1 sometida a tarifa legal o a determinada formalidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) Aun cuando \u00abla condici\u00f3n de compa\u00f1ero permanente, como los hitos temporales del v\u00ednculo amoroso, no son puntales que pueden derivar, per se, de una declaraci\u00f3n efectuada ante un fedatario\u00bb, en el expediente obra una declaraci\u00f3n ante notario de los propios litigantes, que \u00abse encuentra soportad[a] con Informaci\u00f3n relevante que exterioriza la libre declaraci\u00f3n de aquellos, como tambi\u00e9n descifra algunas circunstancias concluyentes que rodearon el grupo familiar, esto atendiendo a que los intervinientes de modo categ\u00f3rico dejaron plasmado (…) que establecieron un hogar \u201chace 4 a\u00f1os\u201d, es decir, el 25 de junio de 2012 y, adem\u00e1s, que habitaban \u201cbajo el mismo techo y dependemos econ\u00f3micamente de los dos, por ser nosotros quienes suministramos todo lo necesario para nuestra supervivencia\u201d\u00bb. <\/p>\n
(iii) Esa manifestaci\u00f3n de las partes coincide con el dicho de varios testigos, puntualmente, Flor Paulina Donado Garizao, quien adujo que \u00ablos compa\u00f1eros a finales del 2011 empezaron a comportarse como un matrimonio, en consideraci\u00f3n a que decidieron residir juntos en la misma vivienda y a interactuar como tal en diferentes actividades sociales\u00bb; y Martha Selene Pe\u00f1a Avenda\u00f1o, quien \u00abcertific\u00f3 que presenci\u00f3 que los intervinientes en marzo de 2012 ya vivi\u00e1n juntos en una casa ubicada en el municipio de Cota, que dorm\u00edan en la misma rec\u00e1mara, que se comportaban como esposos p\u00fablicamente en diferentes eventos a los que asisti\u00f3\u00bb\u2013. <\/p>\n
(iv) Analizadas en conjunto esas probanzas, es posible colegir que \u00abel sentenciador anduvo equivocado a la hora de detectar la \u00e9poca inaugural del v\u00ednculo marital examinado; son as\u00ed las cosas porque eslabonada aquella declaraci\u00f3n extrajuicio con algunas declaraciones [testimoniales], esa ecuaci\u00f3n ofrece como resultado que la familia principi\u00f3 el 25 de junio de 2012, cual y lo manifestaron los intervinientes en presencia del Fedatario \u00danico de Cota\u00bb. <\/p>\n
(v) Debe considerarse que \u00ablas versiones rendidas por los declarantes aludidos permite colegir que con holgura prohijaron las afirmaciones que los intervinientes plasmaron, dentro de la declaraci\u00f3n que rubricaron el 25 de junio de 2016 en la Notar\u00eda \u00danica de Cota, y de contera se sentenciar\u00e1 que la relaci\u00f3n marital principi\u00f3 el 25 de junio de 2012; son as\u00ed las cosas porque tales deponentes presenciaron que los intervinientes en esa fecha ya estaban viviendo juntos y en condici\u00f3n de compa\u00f1eros permanentes, cuyos dichos, se advierte, son de capital importancia para la soluci\u00f3n del caso, porque fueron testigos directos del diario vivir de los compa\u00f1eros\u00bb. <\/p>\n
(vi) La antedicha conclusi\u00f3n no var\u00eda a pesar de que un grupo de deponentes hubiera arg\u00fcido que el lazo more uxorio principi\u00f3 en febrero de 2015, ya que \u00absus dichos no vienen escoltados de los pertinentes pormenores de tiempo, modo y lugar, omisi\u00f3n que resta certeza a sus conclusiones, sumado al hecho de que la anualidad que se\u00f1alaron como fecha inaugural de la uni\u00f3n marital encuentra resistencia con lo que la propia demandada indic\u00f3 en la plurimentada declaraci\u00f3n notarial\u00bb. <\/p>\n
(vii) En lo que concierne a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n patrimonial, debe decirse que \u00abla sociedad patrimonial examinada no se hallaba prescrita cuando el actor activ\u00f3 esta jurisdicci\u00f3n en b\u00fasqueda de ser declarado compa\u00f1ero de la apelante\u00bb, a lo que se agrega que \u00abla no notificaci\u00f3n adecuada y temprana de la demanda no es producto de un actuar negligente del promotor del debate, sino que es fruto de (…) factores imputables al despacho de primer grado (…), de donde se sigue que ese yerro de valoraci\u00f3n y moroso actuar judicial no puede desembocar en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n patrimonial, menos cuando el convocante en oportunidad remiti\u00f3 los actos de comunicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La convocada formul\u00f3 tempestivamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Al sustentarlo, propuso dos reproches, ambos al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Alegando la transgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos \u00ab42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb y \u00ab1 y 2 de la Ley 54 de 1990\u00bb, la casacionista sostuvo que el ad quem \u00abincurri\u00f3 en un error de derecho relacionado con la apreciaci\u00f3n de las pruebas testimoniales de Flor Paulina Donado Garizao y Martha Selene Pe\u00f1a Avenda\u00f1o, as\u00ed como de la confesi\u00f3n vertida extrajudicialmente el d\u00eda 25 de junio de 2016, las cuales sirvieron de fundamento al juzgador para establecer la fecha inaugural de la Uni\u00f3n Marital de Hecho entre Rafael Suri Dur\u00e1n Salcedo y Mar\u00eda Elizabeth Valero Rico en el d\u00eda 25 de junio de 2012\u00bb. <\/p>\n
A esos respectos anot\u00f3 que, \u00abal haberse declarado la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre los sujetos procesales, dentro de las fechas en la sentencia establecida, sin que para el efecto mediara la apreciaci\u00f3n del material probatorio en conjunto, se desconocen los preceptos b\u00e1sicos de la instituci\u00f3n familiar como fundamento de nuestra sociedad\u00bb, a lo que debe sumarse que \u00abal funcionario judicial le asiste el deber legal de que [la] valoraci\u00f3n [probatoria] se d\u00e9 en observancia de las normas que al efecto ha dispuesto el legislador\u00bb. <\/p>\n
Por esa senda, insisti\u00f3 en que \u00abel ad quem desconoci\u00f3 su obligaci\u00f3n legal de apreciar los testimonios individualmente y en conjunto con los dem\u00e1s, analizando detalladamente la concordancia, discordancia y conclusiones de cada una de las pruebas individualmente consideradas y como un todo probatorio que sirve como base al arribo de una verdad procesal. M\u00e1s a\u00fan, la varias veces mencionada decisi\u00f3n se fundament\u00f3 exclusivamente en el dicho de dos testigos, sin que el mismo fuera contrastado con las m\u00faltiples pruebas documentales, incluidas fotograf\u00edas, obrantes en el proceso, y que dan cuenta del inicio de la comunidad de vida de la pareja en un espacio temporal distinto al que las amables testigos declaran haber percibido\u00bb. <\/p>\n
El tribunal \u00abtampoco explic\u00f3 razonadamente el m\u00e9rito que le asign\u00f3 a cada una de las pruebas obrantes en el proceso, pues no se observa en el fallo de instancia referencia alguna en cuanto a las razones por las cuales un conjunto de pruebas, esto es, las declaraciones de parte, las fotograf\u00edas, documentos del Sistema General de Seguridad Social y dem\u00e1s documentales, fueron desechados del an\u00e1lisis probatorio para el establecimiento de la fecha inaugural de la vida marital de las personas naturales aqu\u00ed involucradas\u00bb. <\/p>\n
En compendio, \u00absi del material probatorio se hubiera podido establecer las particularidades de una comunidad de vida en los t\u00e9rminos anteriormente referidos desde el veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012), no estar\u00edamos en el escenario de incurrir en el error de caracterizar una simple relaci\u00f3n de noviazgo como una que tiene la entidad de la instituci\u00f3n familiar, de que trata el Art\u00edculo 42 de nuestra Carta Superior, reglada en el Art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990 y con las consecuencias establecidas en el Art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990, modificado por el Art\u00edculo 1 de la Ley 979 de 2005\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo en el mismo motivo de casaci\u00f3n, y denunciando la infracci\u00f3n de las normas citadas supra, la convocada adujo la configuraci\u00f3n de un \u00aberror de hecho en la apreciaci\u00f3n\u00bb de los testimonios de Diana Carolina Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez y Ricardo Arturo Narv\u00e1ez Isurieta; la pretermisi\u00f3n \u00abde las pruebas documentales obrantes en el expediente\u00bb, y \u00abla indebida apreciaci\u00f3n de la confesi\u00f3n contenida en la declaraci\u00f3n extrajuicio signada el d\u00eda 25 de junio de 2016\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la versi\u00f3n de la primera deponente, dijo que el tribunal \u00abse equivoc\u00f3 al afirmar que no hab\u00eda especificado los pormenores de tiempo, modo y lugar en que se inaugur\u00f3 la relaci\u00f3n marital entre Rafael Suri Dur\u00e1n Salcedo y Mar\u00eda Elizabeth Valero Rico, siendo que dichos pormenores fueron expresamente ilustrados a trav\u00e9s del interrogatorio que dirigiese la Juez de Familia del Circuito de Funza, as\u00ed como el dirigido por el suscrito abogado. En este sentido, el Tribunal le cercen\u00f3 el real contenido a la prueba testimonial que aqu\u00ed se refiere\u00bb. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, reliev\u00f3 que la testigo Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez \u00abfue contratada por [la censora] con el objetivo de que cuidara a sus menores hijos, raz\u00f3n por la cual tuvo conocimiento directo de las circunstancias familiares durante el tiempo en que llev\u00f3 a cabo su encomendaci\u00f3n laboral. Esto es, desde mediados del a\u00f1o dos mil trece (2013) y hasta la actualidad. Siendo de esta forma, las circunstancias del modo en que la deponente tuvo conocimiento del principio de la relaci\u00f3n tienen que ver con el desarrollo de sus actividades laborales (\u2026), con anterioridad al inicio de la relaci\u00f3n marital y durante el mes de febrero de dos mil quince (2015)\u00bb. <\/p>\n
Y en lo que ata\u00f1e a \u00ablas circunstancias de lugar en que la testigo pudo percatarse de la forma en que se desarroll\u00f3 la relaci\u00f3n, primero de noviazgo, y luego marital, entre los aqu\u00ed sujetos procesales, tiene que ver con que las labores por ella desarrolladas tuvieron lugar en la Casa N\u00famero 3 de la Finca San Luis, del Municipio de Cota (Cundinamarca), donde [la recurrente] convivi\u00f3 y comparti\u00f3 techo con Ricardo Arturo Narv\u00e1ez Isurieta y sus menores hijos, hasta finalizado el a\u00f1o dos mil catorce (2014)\u00bb. <\/p>\n
El testimonio del se\u00f1or Narv\u00e1ez Usurieta tambi\u00e9n habr\u00eda sido obviado sin raz\u00f3n, pues \u00abtampoco es cierto que [el testigo] no hubiera especificado \u201clos pertinentes pormenores de tiempo, modo y lugar\u201d que le restaran certeza a sus conclusiones. En efecto (\u2026), indic\u00f3 con absoluta certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que adquiri\u00f3 sus conocimientos respecto de la relaci\u00f3n que sostuvieron Rafael Suri Dur\u00e1n Salcedo y Mar\u00eda Elizabeth Valero Rico (…) habida cuenta que era \u00e9l, como padre de los menores hijos de la Demandada, y no el se\u00f1or Rafael Suri Dur\u00e1n Salcedo, el que sosten\u00eda una convivencia con la Demandada, si bien no marital, s\u00ed de amistad por la estrecha relaci\u00f3n que se deriva de tener hijos en com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 igualmente que \u00abel Tribunal desconoci\u00f3 y desech\u00f3 la apreciaci\u00f3n de pruebas legalmente existentes dentro del proceso y que eran \u00fatiles a la hora de establecer a fecha cierta en que principi\u00f3 la relaci\u00f3n marital, esto es, el 1 de febrero de 2015\u00bb. En esa l\u00ednea, se refiri\u00f3 a la pretermisi\u00f3n de las fotograf\u00edas \u00aben que se registra la vida en com\u00fan de los aqu\u00ed intervinientes desde el mes de febrero del a\u00f1o dos 2015\u00bb; de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1449 de 7 de noviembre de 2014; de las declaraciones extraprocesales de los se\u00f1ores Narv\u00e1ez Isurieta, Su\u00e1rez Avenda\u00f1o, y Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez; de la p\u00f3liza de seguro de accidentes personales n.\u00ba AP0001313; y del formulario de afiliaci\u00f3n radicado ante Colpensiones el 23 de febrero de 2017. <\/p>\n
Para finalizar, resalt\u00f3 que la confesi\u00f3n extrajudicial de la demandada fue cercenada, toda vez que el tribunal, \u00abno tuvo en consideraci\u00f3n las aclaraciones y explicaciones que [la convocada] rindi\u00f3 en sede de declaraci\u00f3n de parte dentro de la Audiencia Inicial celebrada ante el Juzgado de Familia del Circuito de Funza, respecto de las razones por las cuales rindi\u00f3 la mentada Declaraci\u00f3n\u00bb, a saber, \u00abla necesidad de adquirir el Visado americano y, por esa v\u00eda, propiciar un viaje con sus menores hijos a Orlando, Florida\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho o de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio1, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio2, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, ser\u00e1 menester evidenciar que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de dejar en claro en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes3. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede estar saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
2. An\u00e1lisis conjunto de las censuras. <\/p>\n
La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico como el denunciado por la convocada, presupone que las inferencias en materia probatoria sobre las que el tribunal edific\u00f3 su fallo, sean manifiestamente incompatibles con el contenido objetivo de las evidencias admisibles. Esto impone al recurrente realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a las motivaciones del fallo que se consideran desacertadas, indicando con precisi\u00f3n las pifias del ad quem, y su relaci\u00f3n con la denunciada infracci\u00f3n a la ley sustancial. <\/p>\n
En esta precisa materia, la Sala ha explicado: <\/p>\n
\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). <\/p>\n
Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01). Dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, m\u00e1s recientemente se insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas (…), los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
Hechas estas precisiones, se advierte que, en la motivaci\u00f3n de su sentencia, el ad quem sostuvo que las pruebas recaudadas reflejaban \u2013sin duda\u2013 la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre los litigantes; sin embargo, estim\u00f3 que no eran un\u00e1nimes las versiones acerca del hito inicial de dicho v\u00ednculo, pues mientras unas probanzas apuntaban al 1 de febrero de 2015, otras lo hac\u00edan a una fecha bastante anterior. <\/p>\n
Para desentra\u00f1ar la cuesti\u00f3n, acudi\u00f3 a una declaraci\u00f3n extrajudicial que rindieron los propios compa\u00f1eros ante notario el 25 de junio de 2016, en la que dijeron llevar cuatro a\u00f1os consecutivos de convivencia familiar, afirmaci\u00f3n que tiene valor por provenir de los propios involucrados, y que adem\u00e1s se encuentra refrendada por dos testimonios de personas que compartieron diversos espacios en los albores de la vida familiar de la pareja. <\/p>\n
Ahora bien, en lugar de desvirtuar las inferencias que permitieron al tribunal elegir una hip\u00f3tesis sobre otra, la impugnante se limit\u00f3 a reiterar la existencia de otro grupo de pruebas, que permit\u00edan arribar a una conclusi\u00f3n opuesta, la cual ponderaron como correcta, sin haber contrarrestado los argumentos del fallo recurrido \u2013los cuales fueron descartados sin mayores reflexiones, por no ser coherentes con la teor\u00eda del caso de la defensa\u2013. <\/p>\n
La \u00fanica alusi\u00f3n que busc\u00f3 contrarrestar el raciocinio defendido por el tribunal no est\u00e1 referida a alguna prueba en concreto, sino a la ausencia de fotograf\u00edas o documentos que den cuenta de la uni\u00f3n marital de hecho antes del a\u00f1o 2015. Pero tal cosa, a lo sumo, podr\u00eda considerarse como un indicio, no como una objeci\u00f3n certera a la propuesta interpretativa de las evidencias que explic\u00f3, a espacio, la colegiatura de segundo grado. <\/p>\n
A ello cabe agregar que no se hizo ninguna menci\u00f3n acerca de las versiones de las testigos que fueron consideradas por el tribunal; la impugnante solo plante\u00f3 la existencia de otras declaraciones de contenido distinto. Y en cuanto a la confesi\u00f3n extrajudicial, solo dijo que hab\u00eda quedado desvirtuada con su declaraci\u00f3n de parte, en la que afirm\u00f3 haber mentido en aquella oportunidad pret\u00e9rita, con el prop\u00f3sito de que a su pareja le concedieran un visado para viajar a los Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
De nuevo, ambas circunstancias no pueden considerarse como una refutaci\u00f3n inequ\u00edvoca de las conclusiones del tribunal. Ello equivale a decir que la se\u00f1ora Valero Rico se desentendi\u00f3 de su carga de rebatir las deducciones sobre las que se edific\u00f3 la sentencia de segunda instancia, limit\u00e1ndose a defender su visi\u00f3n personal del conflicto, y perdiendo as\u00ed de vista que al acusar al ad quem de una pifia f\u00e1ctica, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente m\u00e1s que disentir, se [debe ocupar] de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada (\u2026)\u00bb (CSJ AC6243-2016, 26 oct.). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, cabe insistir en que la teorizaci\u00f3n que propone la recurrente involucra \u00fanicamente algunas probanzas \u2013las que favorecer\u00edan su versi\u00f3n de los hechos\u2013, pero deja de lado otras, precisamente las declaraciones sobre las que se finc\u00f3 el fallo censurado. En consecuencia, los cargos tambi\u00e9n son incompletos, pues no intentaron desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirvieron de apoyo a la determinaci\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, en punto a ese defecto de t\u00e9cnica, que <\/p>\n
\u00ab(…) no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que los ataques formulados en la demanda de casaci\u00f3n no resultan precisos, ni suficientes, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, como lo dispone el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por la se\u00f1ora Mar\u00eda Elizabeth Valero Rico, contra la sentencia de segunda instancia de fecha y procedencia indicadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC5406-2022 (2019-00240-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC5406-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25286-31-10-001-2019-00240-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69249","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69249","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69249"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69249\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69249"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69249"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69249"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}