AC5407-2022 (2018-00517-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5407-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-006-2018-00517-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022.) <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n formulada por Inversiones Garc\u00eda Vanegas y C\u00eda. S. en C. frente a la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo que promovi\u00f3 la hoy recurrente contra Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Por medio de demanda judicial, la sociedad Inversiones Garc\u00eda Vanegas S. en C. pidi\u00f3 declarar que cumpli\u00f3 a cabalidad con las obligaciones a su cargo derivadas de sendos contratos de compraventa, y que el vendedor, por el contrario, incumpli\u00f3 los referidos acuerdos, (i) por haber retardado la entrega de los bienes vendidos, y (ii) por haberlos entregado sin la instalaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos de acueducto, alcantarillado y energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordenara al demandado dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en las escrituras de compraventa y \u00abentregar todos los inmuebles con pleno funcionamiento de los servicios p\u00fablicos\u00bb. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 la condena al pago de una indemnizaci\u00f3n por el lucro cesante derivado del alquiler dejado de percibir en cada una de las bodegas, perjuicios que tas\u00f3 en la suma de $13.000\u00b4000.000. <\/p>\n
Los contratos de compraventa sobre los que recaen las pretensiones fueron solemnizados a trav\u00e9s de escrituras p\u00fablicas elevadas ante la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1 el 8 de octubre de 2014, y son los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
ESCRITURA <\/p>\n
N\u00b0 BODEGA <\/p>\n
F.M.I. <\/p>\n
CABIDA <\/p>\n
2455 <\/p>\n
5 <\/p>\n
50C-1868671 <\/p>\n
2526,56 <\/p>\n
2457 <\/p>\n
6 <\/p>\n
50C-1868672 <\/p>\n
2581,42 <\/p>\n
2458 <\/p>\n
7 <\/p>\n
50C-1868673 <\/p>\n
2444,33 <\/p>\n
2459 <\/p>\n
8 <\/p>\n
50C-1868674 <\/p>\n
2444,33 <\/p>\n
2460 <\/p>\n
9 <\/p>\n
50C-1868675 <\/p>\n
2473,64 <\/p>\n
2462 <\/p>\n
10 <\/p>\n
50C-1868676 <\/p>\n
2365,86 <\/p>\n
2463 <\/p>\n
50C-1868677 <\/p>\n
2338,08 <\/p>\n
2465 <\/p>\n
17 <\/p>\n
50C-1868683 <\/p>\n
2314,06 <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
Los hechos que sustentan los pedimentos de la parte actora admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
2.1. Las bodegas adquiridas forman parte del proyecto inmobiliario denominado Parque Industrial San Nicol\u00e1s, el cual fue desarrollado por el demandado en el predio rural \u00abLa Fragua N\u00famero Cuatro\u00bb, ubicado en la vereda San Jos\u00e9, municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca. <\/p>\n
2.2. Pese a que en las escrituras p\u00fablicas de compraventa se consign\u00f3 que el comprador recibi\u00f3 los bienes en un todo a satisfacci\u00f3n y en debido funcionamiento, eso no es cierto, puesto que se entregaron en fecha diferente y sin servicios p\u00fablicos en funcionamiento. <\/p>\n
2.3. Aunque la actora sufrag\u00f3 oportunamente la totalidad del precio convenido por la enajenaci\u00f3n de dichas bodegas, el incumplimiento del convocado ha impedido la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de las unidades como lo ten\u00eda previsto, gener\u00e1ndole una p\u00e9rdida aproximada de $12.500 por cada metro cuadrado de los inmuebles que no ha podido arrendar por no haber sido entregados en condiciones de aprovechamiento y utilidad. <\/p>\n
2.4. En reuni\u00f3n llevada a cabo el 9 de agosto de 2017, Carlos Alfonso Garz\u00f3n, progenitor y apoderado general del convocado, reconoci\u00f3 su responsabilidad y prometi\u00f3 solucionar las deficiencias hidr\u00e1ulicas y el\u00e9ctricas de los fundos, sin que hasta el momento se haya honrado ese compromiso. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
Enterado del auto admisorio de la demanda, fechado el 11 de octubre de 2018, el demandado excepcion\u00f3 \u00abcosa juzgada respecto del proceso que curs\u00f3 respecto de las bodegas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 17 que curs\u00f3 en el Juzgado Octavo Civil del Circuito, de Inversiones Garc\u00eda Vanegas S. en C. contra Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez\u00bb, \u00abcarencia de prueba de los elementos de la responsabilidad y culpa exclusiva del demandante\u00bb, \u00abcumplimiento del demandado frente a las obligaciones derivadas de los contratos de compraventa\u00bb y \u00abbuena fe del demandado y mala fe del demandante\u00bb. <\/p>\n
4. La sentencia de primer grado. <\/p>\n
En audiencia de 29 de enero de 2021, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia de primera instancia en la que acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada y, en consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Consider\u00f3 el a quo que en este caso exist\u00eda identidad de partes, de objeto y de causa respecto al proceso que con anterioridad curs\u00f3 ante su hom\u00f3logo Octavo de la misma ciudad, en el que la demandante solicit\u00f3 la declaratoria de incumplimiento de los contratos de promesa de compraventa de las mismas bodegas, pues se trata de los mismos hechos jur\u00eddicos y las mismas pretensiones ventiladas en la causa primigenia. <\/p>\n
5. El fallo impugnado <\/p>\n
Al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la convocante, el Tribunal confirm\u00f3 lo decidido por el juzgador de primer grado, con fundamento en los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) Con anterioridad a este litigio, la convocante demand\u00f3 el complimiento forzado con su respectiva indemnizaci\u00f3n ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con venero en los contratos de promesa de compraventa celebrados con antelaci\u00f3n al otorgamiento de las escrituras p\u00fablicas que son objeto de este nuevo proceso. <\/p>\n
(ii) Con id\u00e9ntica orientaci\u00f3n a lo aqu\u00ed planteado, en dicha actuaci\u00f3n la compradora denunci\u00f3 el incumplimiento de su contraparte, derivado de la falta de entrega de las bodegas en la fecha convenida, la cual hizo con posterioridad sin la instalaci\u00f3n y funcionamiento de los servicios p\u00fablicos de energ\u00eda el\u00e9ctrica, agua y alcantarillado, hechos de los que parte su pretensi\u00f3n indemnizatoria en uno y otro proceso. <\/p>\n
(iii) Como pedimentos consecuenciales al denunciado incumplimiento, reclam\u00f3 una indemnizaci\u00f3n del lucro cesante derivado de la imposibilidad de arrendar los inmuebles, pretensi\u00f3n que estuvo soportada en argumentos id\u00e9nticos a los que se esgrimen en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
(iv) Bajo ese entendido y al comparar los dos procesos se encuentra que tienen el mismo sustento, a saber, el incumplimiento del convocado, ante lo que resulta irrelevante que la contenci\u00f3n primigenia se hubiera fincado en los contratos de promesa y, esta, en los negocios jur\u00eddicos definitivos, puesto que el fundamento de las pretensiones esgrimidas aqu\u00ed y all\u00e1 es ese mismo incumplimiento, por lo que \u00abel escenario de ambos debates se trenz\u00f3 en derredor de las obligaciones surgidas de una misma relaci\u00f3n sustancial, esto es: de la que emana de la intenci\u00f3n de los contratantes de transferir el dominio de las bodegas, junto con las estipulaciones accesorias que a esa negociaci\u00f3n hubieran acordado, tal como lo es la fecha en que deb\u00edan entregarse los bienes, junto con la instalaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, petici\u00f3n \u00e9sta que es la m\u00e9dula para que la sociedad demandante aspire a una consecuencial reparaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(v) Ahora, si bien es cierto que en la sentencia con la que se defini\u00f3 el primer litigio, el Juzgado Octavo Civil del Circuito deneg\u00f3 las pretensiones por considerar que el objeto de los contratos preparatorios se hab\u00eda agotado con la celebraci\u00f3n de los negocios prometidos y que, en tal medida, la demanda debi\u00f3 fincarse en estos y no en aquellos, con tal planteamiento \u00aben ning\u00fan momento [la juez de conocimiento] le sugiri\u00f3 a las partes que deb\u00edan presentar un nuevo proceso; lo que hizo fue resolver el caso litigado con sustento en las consideraciones jur\u00eddicas que bajo su autonom\u00eda judicial percibi\u00f3 acordes para definir la controversia\u00bb; decisi\u00f3n que, en caso de inconformidad, pod\u00eda ser apelada por la parte actora. <\/p>\n
(vi) Sin que sea viable revisar en este asunto el acierto de los argumentos ofrecidos por la juzgadora del anterior litigio, debe tenerse en cuenta que el objeto principal de la promesa finaliza con la celebraci\u00f3n del negocio prometido, pero pueden existir cl\u00e1usulas accidentales contenidas en la promesa que subsistan a pesar del perfeccionamiento del contrato definitivo. <\/p>\n
(vii) En ese escenario, habiendo planteado ante el Juzgado Octavo las pretensiones de cumplimiento forzado con base en los incumplimientos denunciados, era posible que los pactos accesorios a la promesa pudieran ser estudiados en ese primer proceso, por lo que el afectado debi\u00f3 ejercer su derecho a la impugnaci\u00f3n. Como as\u00ed no lo hizo, pues desisti\u00f3 de la alzada que inicialmente hab\u00eda propuesto, la sentencia cobr\u00f3 ejecutoria y, con ello, se cerr\u00f3 la puerta a una segunda controversia por los mismos hechos. <\/p>\n
(viii) La sentencia del Juzgado Octavo desestim\u00f3 la ejecuci\u00f3n forzada de los contratos de promesa, lo que implica que s\u00ed hubo una decisi\u00f3n judicial que resolvi\u00f3 el asunto y que no pudo ser objeto de pronunciamiento por el ad quem ante el desistimiento de la alzada. En tal virtud, el nuevo debate es novedoso no m\u00e1s que en apariencia, por cuanto la esencia es id\u00e9ntica a la del primer proceso, solo que aqu\u00ed se toman los mismos motivos de incumplimiento ya no de la promesa sino de la compraventa, proceder que implica reabrir un litigio sobre una relaci\u00f3n jur\u00eddica que al d\u00eda de hoy goza de pronunciamiento judicial ejecutoriado en donde se negaron las pretensiones, abarcando tal decisi\u00f3n, por el motivo que fuera, las aspiraciones en las que se denunci\u00f3 mora en la entrega y ausencia de servicios p\u00fablicos. <\/p>\n
(ix) Aun cuando el estudio de la excepci\u00f3n de cosa juzgada no fue un aspecto tenido en cuenta por el juez a quo al momento de efectuar la fijaci\u00f3n del litigio, ello no impide que tal aspecto pueda ser analizado de fondo, m\u00e1s cuando corresponde a una de las defensas formuladas por el demandado. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso conmina al juez de conocimiento a declarar, aun de oficio, las excepciones que encuentre probadas, raz\u00f3n adicional para asumir que el juez de primer grado estaba facultado para declarar la prosperidad de este medio defensivo. <\/p>\n
(x) En este asunto concurren los presupuestos de la cosa juzgada, pues entre las mismas partes ya se ventil\u00f3 la controversia del incumplimiento del demandado, motivo suficiente para confirmar la decisi\u00f3n apelada, pese a que no fue del todo acertado el a quo cuando, al parecer, dio a entender que el contrato de promesa y el de compraventa son afines, cuando se trata de contratos sustancialmente diferentes. <\/p>\n
La demandante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia del Tribunal, y tras su admisi\u00f3n, present\u00f3 una demanda de sustentaci\u00f3n en la que enarbol\u00f3 tres cargos: el primero y \u00faltimo, con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y el segundo con apego a la tercera hip\u00f3tesis del mismo canon. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es apropiado advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Cargo primero. <\/p>\n
3.1.1. Formulaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Con base en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la actora denunci\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 303 del mismo estatuto adjetivo, como consecuencia de un error de hecho derivado de la incorrecta apreciaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el juicio declarativo n\u00b0 2015-00644. <\/p>\n
Aduce la recurrente que el litigio versa sobre el incumplimiento del demandado desde el mismo momento en que suscribieron las promesas de compraventa y a\u00fan despu\u00e9s de suscritas las escrituras p\u00fablicas, sin embargo, \u00abluego de dos juicios a\u00fan no existe un pronunciamiento judicial que defina, si efectivamente el demandado incumpli\u00f3 con las obligaciones que como vendedor de estas bodegas tiene\u00bb. Si bien en el primer proceso se demand\u00f3 el cumplimiento de los contratos de promesa, amparados en la persistencia de obligaciones que pueden ser exigibles con posterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato prometido, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no se pronunci\u00f3 sobre la existencia o inexistencia del incumplimiento, puesto que consider\u00f3 que, al haberse firmado las escrituras de compraventa, en atenci\u00f3n al principio de congruencia no pod\u00eda entrar a analizar estos nuevos contratos, que estaban por fuera del objeto del litigio. <\/p>\n
En tal virtud, no es cierto, como infundadamente lo coligi\u00f3 el Tribunal, que en la sentencia del Juzgado Octavo hubiera quedado definido lo atinente a los supuestos incumplimientos endilgados al demandado, pues en dicha causa no fue declarado como cumplido o incumplido respecto de las obligaciones adquiridas, lo que constituye un error en la interpretaci\u00f3n de la providencia judicial sobre la que el ad quem funda la cosa juzgada. <\/p>\n
Por el contrario, lo que se desprende para el demandante de la sentencia primigenia es, simplemente, \u00abque el instrumento contractual aportado no era el id\u00f3neo para la b\u00fasqueda de la compensaci\u00f3n merecida y que deb\u00eda acudir a los que s\u00ed desprendieran obligaciones a cargo del vendedor, es decir las escrituras p\u00fablicas de compraventa, para demostrar su incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Ese mal entendimiento del fallo dictado en el primer proceso, contin\u00faa la censora, condujo al ad quem a una trasgresi\u00f3n del art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso, pues del contenido de dicha providencia emerge con toda claridad que ambos juicios tuvieron causas y objetos diferentes; \u00aben uno, el elemento f\u00e1ctico es el incumplimiento a las promesas de compraventa en el otro lo es el incumplimiento a los contratos de compraventa, instituciones jur\u00eddicas absolutamente diferentes\u00bb. <\/p>\n
Es as\u00ed como la conclusi\u00f3n del ad quem conforme a la cual concurren los presupuestos de la cosa juzgada, \u00abno est\u00e1 soportada en ning\u00fan an\u00e1lisis serio de la configuraci\u00f3n de cada uno de los componentes que esta norma [art. 303 C.G.P] define para la materializaci\u00f3n de esta consecuencia sustancial y procesal\u00bb y de hecho, se aleja del razonamiento del juez de primer grado, para quien la identidad de causa ven\u00eda dada por la equivalencia entre el contrato de promesa y el de compraventa, quedando hu\u00e9rfano el Tribunal de raz\u00f3n jur\u00eddica para sostener la referida identidad. <\/p>\n
3.1.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Despu\u00e9s de hacer un nuevo recuento de lo acontecido en los procesos bajo an\u00e1lisis, la recurrente acusa al colegiado de incurrir en yerro f\u00e1ctico por la indebida interpretaci\u00f3n de la sentencia del Juzgado Octavo Civil del Circuito, en virtud de la cual sostiene que (i) no existe pronunciamiento judicial previo que definiera el cumplimiento o incumplimiento de los d\u00e9bitos a cargo del convocado, (ii) al haberse demandado en esa oportunidad el cumplimiento de la promesa de compraventa y en esta el de los contratos de compraventa, es clara la diferencia entre las causas jur\u00eddicas de los procesos, (iii) se desconoce la raz\u00f3n jur\u00eddica del ad quem para sostener que en este caso existe identidad de causa, pues el an\u00e1lisis de ese requisito de la cosa juzgada no aparece desarrollado en la sentencia. <\/p>\n
Conforme al numeral segundo del art\u00edculo 344 del estatuto adjetivo, los cargos contra la sentencia deben formularse en forma clara, precisa y completa. Cuando aquellos se finquen en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de hecho, deben comprender, necesariamente, todas las conclusiones probatorias que sustentan el fallo censurado y deben dirigirse puntualmente a derruir dichas conclusiones, cumpliendo as\u00ed con los requisitos de completitud y enfoque, exigibles en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuando los embates no se enfilan directamente en contra de las conclusiones del colegiado, se cae en el defecto t\u00e9cnico del desenfoque, que en esta sede resulta inadmisible, puesto que, como lo tiene sentado la Corte, <\/p>\n
\u00abel recurrente debe plantear una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, debe decirse que las reflexiones ofrecidas como sustento del primer embate no son aptas para derruir los fundamentos de la sentencia de segunda instancia, pues el cargo contiene varios defectos t\u00e9cnicos al incurrir en desenfoque, incompletitud y mixtura, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar que se acusa al colegiado de haber incurrido en un yerro f\u00e1ctico en virtud de una errada interpretaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito dentro del proceso 2015-00644; sin embargo, no indica si dicha prueba fue pretermitida, supuesta u alterada en su contenido material, omitiendo el deber de indicar con claridad la naturaleza del error endilgado al juzgador. <\/p>\n
La inadecuada hermen\u00e9utica se desprende, a decir de la recurrente, del mal entendimiento del Tribunal respecto al fallo primigenio, toda vez que en aqu\u00e9l no hubo definici\u00f3n sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del convocado, esto debido a que la juzgadora consider\u00f3 que, al haberse suscrito los contratos de compraventa, por congruencia no pod\u00eda pronunciarse sobre los d\u00e9bitos derivados de un negocio que estaba por fuera del objeto de la litis. En tal virtud, una adecuada interpretaci\u00f3n de la sentencia se\u00f1alada habr\u00eda demostrado que (i) no existe identidad de causa entre los dos procesos y (ii) el demandante deb\u00eda accionar contra los contratos de compraventa para obtener su reparaci\u00f3n. <\/p>\n
En este punto reluce el desenfoque del embate, puesto que el juzgador de segundo grado en modo alguno sostuvo que en la sentencia del Juzgado Octavo se hubiera definido si el convocado ten\u00eda la calidad de contratante cumplido o incumplido frente a unas espec\u00edficas obligaciones, pues lo que sostuvo fue que en aqu\u00e9l proceso efectivamente hubo un fallo de fondo en el que -independiente de su acierto o desacierto- se denegaron las pretensiones de la actora, entre ellas las relacionadas con la declaratoria de incumplimiento del demandado, porque a juicio de la funcionaria el objeto de la promesa se hab\u00eda agotado con la suscripci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas que conten\u00edan la enajenaci\u00f3n de los inmuebles. En ese sentido, la juez resolvi\u00f3 de fondo con sustento en las consideraciones jur\u00eddicas que, bajo su autonom\u00eda judicial, encontr\u00f3 pertinentes para definir la controversia. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, reliev\u00f3 el ad quem que, como eventualmente pueden subsistir cl\u00e1usulas accidentales pactadas en el contrato preparatorio (como podr\u00edan ser la forma de pago o las condiciones de entrega), era posible que pactos accesorios a la promesa pudieran ser estudiados al interior de ese primer proceso, ejerciendo el actor su derecho a la impugnaci\u00f3n. Sin embargo, como la hoy casacionista desisti\u00f3 en aquella oportunidad del recurso de alzada, la sentencia cobr\u00f3 ejecutoria, independientemente, se insiste, del acierto o desacierto de sus consideraciones. <\/p>\n
El embate es, adem\u00e1s, incompleto, pues no ataca la totalidad de las conclusiones probatorias del ad quem y deja sin cuestionamiento el argumento central del fallo impugnado, que es la consideraci\u00f3n conforme a la cual la novedad de este segundo debate es tan solo aparente, puesto que en ambos procesos las pretensiones de cumplimiento e indemnizaci\u00f3n de la actora se desprenden de una misma conducta, a saber, el incumplimiento del convocado en cuanto a (i) la entrega de las bodegas y (ii) la ausencia de servicios p\u00fablicos; conductas que sustentan la petici\u00f3n indemnizatoria de la demandante y que, en uno y otro proceso, consiste en el lucro cesante derivado de la imposibilidad de arrendar los inmuebles. <\/p>\n
La casacionista es insistente en se\u00f1alar que al ser los contratos de promesa y de compraventa sustancialmente distintos, se descarta de manera fulminante la identidad de causa necesaria para la prosperidad de la cosa juzgada; sin embargo, no ataca la consideraci\u00f3n toral de la magistratura conforme a la cual la esencia del proceso, esto es, el incumplimiento, ya fue ventilado ante la jurisdicci\u00f3n, siendo indiferente que aquel devenga de la promesa o de la compraventa, pues se trata de la misma conducta que sustenta la misma pretensi\u00f3n y por ello, el debate en ambos procesos se trenz\u00f3 alrededor de las obligaciones surgidas de una misma relaci\u00f3n sustancial. <\/p>\n
En ese sentido, el argumento fundamental de la decisi\u00f3n del Tribunal no se encuentra en una supuesta definici\u00f3n del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones accesorias por parte del convocado, como insistentemente sostiene el cargo, sino en el hecho de que la decisi\u00f3n del Juzgado Octavo, conforme a la cual la promesa se hab\u00eda agotado con la suscripci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos, conllev\u00f3 una decisi\u00f3n de fondo respecto a los incumplimientos deprecados (que se negaron por esa misma raz\u00f3n); la cual pod\u00eda haber sido apelada permitiendo el pronunciamiento del superior con respecto a esa especifica controversia, lo cual no pudo darse debido al desistimiento de la alzada de la actora, que conllev\u00f3 la ejecutoria de la decisi\u00f3n que, en esos t\u00e9rminos, defini\u00f3 el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Los anteriores razonamientos demuestran el desenfoque y la incompletitud del cargo, que, en consecuencia, no cumple con los requisitos formales del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, insiste la recurrente en se\u00f1alar que es evidente la diferencia en la causa jur\u00eddica que sustenta los procesos, al ser los contratos de promesa y de compraventa instituciones jur\u00eddicas diferentes. El embate es de nuevo desenfocado, toda vez que el motivo del colegiado para determinar la identidad de causa no est\u00e1 en una asimilaci\u00f3n entre los contratos de promesa y de compraventa, sino en que el hecho jur\u00eddico que sustenta las pretensiones de uno y otro proceso es realmente el mismo. Como ya se indic\u00f3, para la magistratura, la esencia de los dos juicios es id\u00e9ntica, pues los mismos motivos de incumplimiento del convocado se alegaron respecto a la promesa y a la compraventa, y se pidi\u00f3 la misma indemnizaci\u00f3n por los mismos argumentos y bajo el mismo rubro, consideraci\u00f3n toral que no fue objeto de ataque por parte de la casacionista. <\/p>\n
El fallador de segundo grado no desconoci\u00f3 la independencia de los dos tipos de contrato, por el contrario, afirm\u00f3 que al ser posible la subsistencia de pactos accesorios contenidos en la promesa con posterioridad a la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico prometido, debi\u00f3 apelarse la decisi\u00f3n del Juzgado Octavo que negaba tal posibilidad, contundente consideraci\u00f3n que tampoco fue objeto de ataque por parte de la recurrente. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el cargo no logra demostrar que el Tribunal haya errado en la interpretaci\u00f3n de la sentencia del Juzgado Octavo, puesto que, comprendiendo adecuadamente su alcance, consider\u00f3 que independientemente de su acierto o desacierto, los argumentos relacionados con la subsistencia de cl\u00e1usulas accesorias de la promesa pese a la suscripci\u00f3n del contrato de compraventa deb\u00edan ventilarse a trav\u00e9s de la impugnaci\u00f3n de dicho fallo, oportunidad que el actor desaprovech\u00f3, al desistir de la alzada5. <\/p>\n
Ahora bien, la demandante alega que lo que se desprend\u00eda de la primera sentencia para la parte actora era que el instrumento contractual allegado no era el id\u00f3neo para obtener su compensaci\u00f3n y que por lo tanto deb\u00eda acudir al que si lo era -el contrato de compraventa-; planteamiento que contiene una particular y subjetiva visi\u00f3n de la parte interesada, la cual, dicho sea de paso, fue descartada por el Tribunal cuando se\u00f1al\u00f3 que la sentencia del Juzgado Octavo en modo alguno conten\u00eda una sugerencia a la demandante para que iniciara un nuevo proceso con base en los contratos de compraventa. <\/p>\n
Esta novedosa intelecci\u00f3n, adem\u00e1s, entra en contradicci\u00f3n con actuaciones anteriores de la misma parte, quien en el proceso primigenio impugn\u00f3 dicha sentencia con los mismos argumentos que hoy esboza el colegiado, a saber, la subsistencia de obligaciones derivadas de la promesa cuyo cumplimiento pod\u00eda ser exigido incluso con posterioridad a la suscripci\u00f3n de los contratos prometidos6. <\/p>\n
Finalmente, en el mismo embate se acusa a la colegiatura de no tener ninguna raz\u00f3n jur\u00eddica que sustente su consideraci\u00f3n conforme a la cual la discutida identidad de causas se encuentra presente, indicando que existe un vac\u00edo en el fallo impugnado debido a que declar\u00f3 la cosa juzgada sin analizar uno de los elementos que, en virtud del art\u00edculo 303 del estatuto adjetivo, debe concurrir para que pueda predicarse su existencia. <\/p>\n
N\u00f3tese que en el planteamiento de la censura no se atendi\u00f3 la formalidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la formulaci\u00f3n de los cargos debe realizarse \u00abpor separado\u00bb y con \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb, puesto que la impugnante termin\u00f3 por entremezclar la naturaleza de las acusaciones formuladas en este primer cargo, toda vez que de un lado, denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta por errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito, pero al sustentar esa queja sostuvo, adem\u00e1s, que el yerro se configur\u00f3 \u2013entre otras cosas\u2013 porque el Tribunal no analiz\u00f3 la identidad de causas como elemento fundante de la cosa juzgada, situaci\u00f3n que no comporta un error en la apreciaci\u00f3n de la prueba sino en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de la norma que consagra los elementos de dicha instituci\u00f3n jur\u00eddica, esto es, del canon 303 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
En tal virtud, dichas argumentaciones debieron enfilarse por la v\u00eda de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, pues tal desacierto, de haberse presentado, realmente tendr\u00eda naturaleza jur\u00eddica y no f\u00e1ctica, seg\u00fan lo tiene decantado el precedente de esta Corporaci\u00f3n7. <\/p>\n
Pero incluso pasando por alto ese defecto, debe decirse que, siendo la causa el hecho jur\u00eddico que fundamenta las pretensiones, esto es, la situaci\u00f3n que el actor hace valer en la demanda como base de su reclamaci\u00f3n, encuentra la Sala que el colegiado efectivamente hizo un an\u00e1lisis concreto de la equivalencia de tales hechos jur\u00eddicos, misma que encontr\u00f3 en la denuncia de incumplimiento del convocado en cuanto a la entrega de las bodegas en la fecha convenida, y a la entrega posterior sin instalaci\u00f3n ni funcionamiento de servicios p\u00fablicos, de donde parte la petici\u00f3n indemnizatoria del demandante, con lo que en las consideraciones del colegiado se encuentra impl\u00edcito un detallado an\u00e1lisis del elemento identidad de causa. <\/p>\n
3.2. Cargo segundo. <\/p>\n
3.2.1. Formulaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Con base en la causal tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandante tild\u00f3 de incongruente el fallo del Tribunal, por no estar en consonancia con los argumentos planteados por ella en el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En sustento del embate sostuvo que, aunque el colegiado acogi\u00f3 la tesis de la censura en cuanto a la inexactitud en que incurri\u00f3 el a quo al identificar las causas de los dos litigios, termin\u00f3 por confirmar lo resuelto con base en argumentos diferentes a los esgrimidos en la sentencia apelada. <\/p>\n
Para acoger la excepci\u00f3n de cosa juzgada, el fallador de primera instancia sostuvo que las figuras jur\u00eddicas de la promesa y de la compraventa eran similares y por tal motivo, concluy\u00f3 que exist\u00eda una identidad de causas entre este proceso y el que en su d\u00eda conoci\u00f3 el Juzgado Octavo. <\/p>\n
En tal virtud, estando de acuerdo el Tribunal en el error de esa premisa, como lo dej\u00f3 ver al resaltar que \u00abesas dos tipolog\u00edas de contrato tienen diferencias sustanciales\u00bb, lo procedente, bajo los mandatos de los art\u00edculos 281 y 328 del estatuto procesal, era revocar la sentencia desestimatoria, pues resultaba evidente la divergencia de causas de ambos debates. Sin embargo, la magistratura decidi\u00f3 confirmar lo decidido a partir de \u00abargumentos contrarios a los de la apelaci\u00f3n\u00bb, desbordando as\u00ed la directriz que le impon\u00eda \u00abpronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
A juicio de la censora, el fallo es incongruente porque el ad quem se apart\u00f3 de los argumentos expuestos en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, confirmando la sentencia impugnada por razones que se encontraban por fuera de su marco de estudio, mismo que se hallaba delimitado por los motivos de la alzada. <\/p>\n
Sea lo primero recordar que, en embates como este, es indispensable que el casacionista emprenda una labor de cotejo8 para poner de presente en donde est\u00e1 la evidente y objetiva desviaci\u00f3n de la litis que configura la causal tercera de casaci\u00f3n, ello con el fin de evidenciar la inconsonancia alegada en esta sede extraordinaria. <\/p>\n
Y es que la alegaci\u00f3n se limita a indicar que el argumento central de la apelaci\u00f3n -del que no pod\u00eda salirse el colegiado-, era la inadecuada asimilaci\u00f3n que entre promesa y compraventa hiciera el a quo, sobre la que finc\u00f3 su conclusi\u00f3n de identidad de causa y, por ende, de cosa juzgada. A juicio de la opugnante, al desaparecer el fundamento de la conclusi\u00f3n del juez de primer grado se impon\u00eda la revocatoria de la sentencia, pues no le era dable al superior analizar ninguna otra circunstancia por fuera de las planteadas en la sustentaci\u00f3n del remedio vertical. <\/p>\n
Pero incluso pasando por alto la falta de cotejo se\u00f1alada, encuentra la Sala que, en este caso, fueron cinco los motivos esgrimidos por la recurrente en su alzada9, a saber, (i) la inexistencia de identidad de causa entre los dos procesos, entendida como el hecho jur\u00eddico que sirve de base a las s\u00faplicas, pues la primera demanda se bas\u00f3 en el incumplimiento del contrato de promesa mientras que la segunda lo hizo sobre el de la compraventa; (ii) las diferencias sustanciales existentes entre los dos tipos de contratos, en virtud de lo cual era errada la consideraci\u00f3n del a quo en cuanto a su asimilaci\u00f3n y consecuente identificaci\u00f3n como misma causa, (iii) la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del precedente contenido en la sentencia STC18789-2017, debido a que en este caso el Juzgado Octavo no resolvi\u00f3 de fondo el asunto, (iv) el desconocimiento de la fijaci\u00f3n del litigio y (v) la excesiva condena en costas. <\/p>\n
En tal virtud, si bien es cierto que uno de los reparos fue la indebida asimilaci\u00f3n de los contratos en comento por el a quo, tambi\u00e9n lo es que el apelante elev\u00f3 otro tipo de reproches relacionados con la inexistencia de la identidad de causas debido a la diferencia entre los hechos jur\u00eddicos que fundaban uno y otro proceso, meditaciones sobre las que vers\u00f3 in extenso la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al analizar el superior aspectos expresamente contenidos en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, como la alegada diferencia entre los hechos jur\u00eddicos que sirvieron de base a las pretensiones en los dos juicios y el contenido de la decisi\u00f3n del Juzgado Octavo, realiz\u00f3 una labor jur\u00eddica que armoniza plenamente con los contornos de la alzada. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, cuando la casacionista alega que al reconocerse la diferencia entre los referidos contratos quedaba sin piso la sentencia del a quo y se impon\u00eda su revocatoria, lo que hace es exponer su inconformidad con lo decidido, lo cual est\u00e1 lejos de comportar una labor comparativa que permita demostrar la alegada inconsonancia, incumpliendo en consecuencia los requerimientos formales del recurso. <\/p>\n
3.3. Cargo tercero. <\/p>\n
3.3.1. Formulaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Nuevamente con venero en el numeral 2\u00ba del citado canon 336, la impugnante le endilg\u00f3 al ad quem una trasgresi\u00f3n indirecta por error de hecho del art\u00edculo 303 del estatuto adjetivo, derivado de una indebida interpretaci\u00f3n de la demanda y de la pretermisi\u00f3n de las actas de entrega suscritas el 22 de diciembre de 2015. <\/p>\n
Insiste la censora en que la controversia obedece a un incumplimiento del demandado de su obligaci\u00f3n de entrega, infracci\u00f3n que inici\u00f3 desde el momento en que se suscribieron las susodichas promesas de compraventa y se extendi\u00f3 incluso hasta despu\u00e9s de ajustarse los contratos definitivos. Por tal desatenci\u00f3n, se inici\u00f3 un primer proceso ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y como en esa oportunidad la juez de conocimiento se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo de la contenci\u00f3n, se decidi\u00f3 promover un nuevo juicio, pero esta vez con fundamento en los contratos de compraventa, teniendo en cuenta que la infracci\u00f3n negocial del convocado a\u00fan segu\u00eda vigente. <\/p>\n
En ese contexto, contin\u00faa la demandante, es evidente la pifia valorativa del Tribunal, al no darse cuenta que esta nueva demanda \u00abse funda en un hecho jur\u00eddicamente diferente al de la primera y en la ocurrencia de un hecho nuevo y posterior a la presentaci\u00f3n de esa inicial demanda, que se fundament\u00f3 sobre el incumplimiento a las promesas de compraventa, mientras que esta segunda lo hace sobre los contratos de compraventa celebrados y sobre una entrega real y material incompleta de dichas bodegas, relacion\u00e1ndose los faltantes que presentaban tanto por el vendedor como por el comprador, seg\u00fan se deja constancia en las actas de entrega elaboradas el 22 de diciembre de 2015 y que desdice lo afirmado sobre la entrega de las mismas en las escrituras otorgadas, declaraci\u00f3n que admite prueba en contrario a voces del art\u00edculo 197 del C.G.P. si se tiene que lo plasmado en una escritura p\u00fablica tiene car\u00e1cter de confesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Partiendo de la base de que la entrega de las bodegas objeto de disputa se verific\u00f3 con posterioridad al inicio del primer proceso, en criterio de la impugnante resulta il\u00f3gico sostener que este segundo juicio comparte la misma causa de la primera actuaci\u00f3n, pues solo ahora se tuvo la oportunidad de denunciar las irregularidades que presentaban las unidades de almacenaje una vez fueron entregadas por el demandado. <\/p>\n
El error en la interpretaci\u00f3n de la demanda est\u00e1 en que el colegiado no verific\u00f3 que aquella se funda en un hecho jur\u00eddicamente diferente al del primer libelo y en la ocurrencia de un hecho nuevo y posterior al primer proceso, a saber, la existencia de las actas de entrega de diciembre de 2015. Si se hubiese analizado adecuadamente la segunda demanda, se habr\u00eda concluido que en ella se aduce un hecho jur\u00eddico sustancialmente diferente al del anterior proceso, con lo que se habr\u00eda constatado la inexistencia de la identidad de causa que fundamenta la declaratoria de la cosa juzgada. <\/p>\n
3.3.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
El error de hecho por indebida interpretaci\u00f3n de la demanda supone la desfiguraci\u00f3n del debate a causa de una grave equivocaci\u00f3n del juez en la comprensi\u00f3n del querer del actor, plasmado en la demanda. <\/p>\n
Sobre este yerro ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u00abla prosperidad de un cargo en casaci\u00f3n edificado sobre esa causal exige que efectivamente el sentenciador se haya extralimitado por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n en esa labor hermen\u00e9utica, \u00abcomo ocurre cuando tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, tambi\u00e9n cercena su real contenido\u00bb. (SC 22 ago. 1989), adicionalmente, debe demostrarse que el yerro es manifiesto u ostensible, as\u00ed como su incidencia en la decisi\u00f3n, pues, seg\u00fan se reiter\u00f3 en SC 27 ago. 2008, rad: 1997-14171-01, \u00absi \u201cno es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y m\u00e1s o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendr\u00e1 incidencia en el recurso extraordinario.\u201d (CXLII, 242)\u00bb. (CSJ, SC5430-2021, 7 dic.) <\/p>\n
En el \u00faltimo embate se acusa al Tribunal de incurrir en dicho yerro por no haber identificado que en la demanda que dio inicio a este proceso se aleg\u00f3 un hecho jur\u00eddico diferente al que sustent\u00f3 el primer libelo, pues mientras aqu\u00e9l se bas\u00f3 en el incumplimiento de la promesa, la nueva demanda descansa sobre el incumplimiento del contrato de compraventa. <\/p>\n
Sin embargo, el cargo no demuestra de qu\u00e9 manera el ad quem err\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de la demanda y entendi\u00f3 que, en este segundo caso, el libelo introductor denunciaba el mismo incumplimiento de las promesas esgrimido en el primer juicio, pues se limita a reiterar lo expuesto en el primer embate respecto a la independencia de los negocios jur\u00eddicos y la inexistencia de la identidad de causa que dicha autonom\u00eda demuestra. <\/p>\n
No hay en la exposici\u00f3n de la recurrente informaci\u00f3n que permita concluir que en este caso el colegiado se haya visto en la necesidad de interpretar la demanda y que, acometida dicha labor, la haya desarrollado en forma equivocada, con lo que el cargo queda hu\u00e9rfano en demostraci\u00f3n del yerro alegado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se encuentra que la censura parte de un supuesto contrario a la realidad, a saber, que el juzgador no se dio cuenta de que la segunda demanda se fundaba en el incumplimiento del contrato de compraventa de las bodegas, cuando la simple lectura del fallo impugnado muestra con claridad que el Tribunal comprendi\u00f3 perfectamente la situaci\u00f3n planteada. Al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn los hechos de la demanda verbal soporte del presente proceso, formulada por Inversiones Garc\u00eda y C\u00eda S. en C. contra Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez, se expuso que con ocasi\u00f3n de 8 contratos de compraventa celebrados respecto de 8 bodegas ubicadas en el proyecto de construcci\u00f3n Parque Industrial San Nicol\u00e1s, el demandado -vendedor- no acat\u00f3 dos compromisos en particular, esto es: entregar los predios en la fecha convenida en las respectivas escrituras p\u00fablicas, sino con posterioridad (22 de diciembre de 2015); y que para el momento de la entrega los predios no ten\u00edan instalados y en funcionamiento los servicios de energ\u00eda el\u00e9ctrica, acueducto y alcantarillado A partir de tales circunstancias es que parte la petici\u00f3n consecuencial de indemnizaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
Ahora, revisada en integridad la primera demanda que curs\u00f3 en el Juzgado 8\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que valga recabar tuvo como sustento los contratos de promesa de venta celebrados con antelaci\u00f3n a las escrituras anunciadas (\u2026)\u00bb (Resaltado propio). <\/p>\n
Seguidamente, la magistratura analiz\u00f3 c\u00f3mo los hechos jur\u00eddicos sobre los que se fundamentan las demandas y el objeto de las pretensiones son esencialmente los mismos, manifestando expresamente que: <\/p>\n
\u00abA partir del parang\u00f3n acabado de realizar, se extrae que el proceso que tuvo lugar en el Juzgado 8\u00b0 Civil del Circuito tiene un sustento similar al de este litigio, desde luego que el incumplimiento del vendedor, indiferentemente de que se trate de la promesa o del contrato de venta propiamente tal, se expuso como fundamento principal de las pretensiones -all\u00e1 y aqu\u00ed-. Por lo que a las claras el escenario de ambos debates se trenz\u00f3 en derredor de las obligaciones surgidas de una misma relaci\u00f3n sustancial\u00bb <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, el cargo no evidencia la trascendencia y gravedad del error denunciado, y ello se debe al desenfoque de un embate que, lejos de atacar este fundamento toral del fallo, se centr\u00f3 una vez m\u00e1s en la diferencia entre los contratos celebrado -misma que nunca desconoci\u00f3 el colegiado-, dejando de lado cualquier intento de demostrar c\u00f3mo no era cierto que el fundamento de las pretensiones fuera el mismo hecho jur\u00eddico del incumplimiento en la entrega y en los servicios p\u00fablicos, y como ese mismo hecho jur\u00eddico fundamentaba id\u00e9nticas pretensiones. <\/p>\n
Por otro lado, se incumple la exigencia t\u00e9cnica conforme a la cual los cargos deben formularse por separado, exponiendo los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, pues en esta oportunidad se denuncia en un mismo embate y en forma amalgamada la comisi\u00f3n de errores de hecho en la interpretaci\u00f3n de la demanda y en la pretermisi\u00f3n de una prueba, vali\u00e9ndose de la misma argumentaci\u00f3n para sustentar los dos yerros denunciados. <\/p>\n
Respecto a la referida pretermisi\u00f3n, se dice que el juzgador omiti\u00f3 valorar las actas de entrega de fecha 22 de diciembre de 2015, con las cuales se demostraba la verdadera fecha y las condiciones de entrega de las bodegas, se\u00f1alando adem\u00e1s que, al ser un hecho nuevo, tal circunstancia descartaba de tajo la existencia de la identidad de causas exigida para la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada. <\/p>\n
Sin embargo, no se acredita que el ad quem haya omitido la referida prueba, pues en el aparte antes transcrito se refiri\u00f3 a ella y posteriormente se\u00f1al\u00f3 en forma expresa que en ambos asuntos se denunci\u00f3 el incumplimiento en la entrega de las bodegas y la falta de instalaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, solo que en el primer proceso se dijo que la entrega se hab\u00eda realizado el 8 de octubre de 2014, mientras que en este se indica que se hizo el 22 de diciembre de 2015, entrando en contradicci\u00f3n con lo que anteriormente hab\u00eda se\u00f1alado la misma parte y pretendiendo incorporar las actas de entrega fechadas en esa \u00faltima data, mismas que no se hicieron valer en el primer juicio10. <\/p>\n
Lo anterior demuestra que la prueba si fue tenida en cuenta por el juzgador, lo que ocurre es que no le dio la valoraci\u00f3n que la demandante esperaba, pues mientras que para ella dichas actas, por ser posteriores al inicio del primer proceso, constituyen un hecho nuevo que descartar\u00eda la cosa juzgada, para el Tribunal lo relevante es que el incumplimiento en la fecha de entrega fue denunciado en los dos procesos, s\u00f3lo que en el presente se adujo fecha distinta conforme a los referidos documentos. <\/p>\n
Ahora bien, si el reproche del casacionista se refer\u00eda a la imposibilidad de considerar la existencia de la identidad de causa cuando se alegan hechos posteriores al primer proceso, nuevamente se estar\u00eda ante una situaci\u00f3n que no comporta un error en la apreciaci\u00f3n de la prueba sino de la falta de aplicaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n indebida o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma que consagra los elementos de la instituci\u00f3n jur\u00eddica de la cosa juzgada, con lo que en esa eventualidad el embate deb\u00eda dirigirse por la causal primera y no a trav\u00e9s de la denuncia de infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de hecho. <\/p>\n
3.4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que los ataques formulados en la demanda de casaci\u00f3n no cumplen con las exigencias formales contenidas en el estatuto procesal, se impone la inadmisi\u00f3n de la demanda en referencia con apoyo en el numeral 1 del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 N\u00f3tese que el embate de la casacionista ni siquiera hace referencia al hecho cierto de haber desistido del recurso de apelaci\u00f3n contra la primera sentencia, cuando, dicho sea de paso, los reproches que en su momento elev\u00f3 coincid\u00edan plenamente con la posici\u00f3n planteada por el Tribunal en este asunto, esto es, con el argumento jur\u00eddico conforme al cual es posible la subsistencia de obligaciones accesorias a la promesa a\u00fan despu\u00e9s de haberse suscrito el respectivo contrato prometido. <\/p>\n
6\u0002 Cfr. Folio 351 y siguientes, Cuaderno 1. <\/p>\n
7\u0002 CSJ 034 de 10 de agosto de 1999, SC, 25 may. 2004, rad 7127 y AC7250 de 2016, entre otros. <\/p>\n
8\u0002 Sobre esta vital labor de confrontaci\u00f3n a cargo del casacionista, ha dicho la Corte que \u00abpara establecer la presencia de esta irregularidad se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento f\u00e1ctico de las s\u00faplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, por la otra, en orden a determinar si evidentemente se ha materializado alguna distorsi\u00f3n, defecto o exceso que habilite al interesado para aducir esta causal en el recurso extraordinario.\u00bb (SC, 16 dic 2005, exp 1993-0232. Resaltado propio). <\/p>\n
9\u0002 Cfr. Documento 21, Carpeta digital de Primera Instancia. <\/p>\n
10\u0002 Cabe aclarar que tales actas quisieron ser incorporadas al primer proceso dentro del tr\u00e1mite de la segunda instancia, sin embargo, en esa oportunidad el superior decidi\u00f3 no tenerlas como prueba en la medida en que no se cumpl\u00eda con las condiciones del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC5407-2022 (2018-00517-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC5407-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-006-2018-00517-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022.) Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69250","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69250\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}